Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63609
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.609, "Catena, Miguel Ángel contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Pettigiani, Kogan .
I. El señor Miguel Ángel Catena, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 1.288/99 del 24 de junio de 1999 y la resolución notificada con fecha 16 de abril de 2001, dictadas por el Directorio de dicha entidad por las cuales se dispuso su cesantía y se rechazó el pedido de pronto despacho. Además, solicita se dejen sin efecto la resolución del Área de Sumarios del 19 de junio de 2001 y la de fecha 7 de diciembre de 2001, por las que se negara la existencia de irregularidades en la tramitación del sumario 9.764.
Pretende, en consecuencia, la reposición a sus tareas en el cargo que ocupaba, el pago de los salarios caídos desde que se dispusiera la suspensión preventiva, el resarcimiento del daño moral padecido y la imposición de las costas a la demandada.
II. Corrido que fuera el traslado de ley, se presenta el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires y opone, como excepción de carácter previo, la incompetencia del Tribunal, en los términos del art. 39 inc. 1 de la ley 2.961.
III. A fs. 73/77 comparece, por apoderado, la señora Mirta Iris Campestri de Catena, cónyuge del accionante, denuncia su fallecimiento ocurrido el 10 de marzo de 2005, acompaña copia del certificado de defunción y expresa su voluntad de continuar con el proceso incoado.
IV. Por resolución del 16 de abril de 2008 (v. fs. 75/83), se rechaza la excepción planteada por la accionada y se ordena reanudar el plazo para contestar la demanda.
V. Intimada por el Tribunal, la entidad bancaria contesta la acción, argumenta a favor de la legitimidad de los actos administrativos impugnados y requiere el rechazo de la pretensión incoada.
VI. Agregado el sumario administrativo 9.764, sin acumular, glosados los cuadernos de prueba de ambas partes y el alegato de la demandada, no habiendo hecho uso de ese derecho el actor, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El accionante cuestiona los actos administrativos dictados en el marco del sumario 9.764, en el que se le formularan diversos cargos vinculados con su desempeño como gerente de la sucursal Villa Urquiza del Banco.
Relata que presentó su descargo en tiempo útil y que con fecha 29 de junio de 1999 se le notificó la decisión de imponerle la medida expulsiva de cesantía como así también la suspensión preventiva.
Indica que la administración lo encontró responsable de los cargos que le formularan y encuadró su conducta en lo establecido en los arts. 21 incs. "a", "ñ" y "t" del Estatuto; 23 inc. "k" y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina de la institución accionada.
Luego de explayarse en punto a las anomalías cometidas por el Banco al notificar las resoluciones cuestionadas, manifiesta haber denunciado tales irregularidades al Directorio de la entidad crediticia.
En otro orden esgrime la ilegalidad de la sanción expulsiva dispuesta por el Banco.
Denuncia padecimientos emocionales provocados por la extensa duración de la investigación.
Por último, cuestiona la legitimidad de la medida separativa. Pide se dejen sin efecto los actos impugnados y se ordene su reincorporación.
Finalmente trae al Tribunal una pretensión indemnizatoria conformada por los salarios que debió haber percibido desde que fue suspendido preventivamente y reclama el resarcimiento del daño moral ocasionado.
Ofrece prueba y plantea el caso federal.
II. A su turno, la accionada argumenta a favor de la legitimidad del obrar administrativo y solicita el rechazo de las pretensiones del actor.
Destaca que, en el sumario instruido, quedaron acreditadas las graves irregularidades detectadas en la Sucursal General Urquiza y cometidas por Catena quien se desempeñaba como gerente.
A continuación, efectúa una pormenorizada negativa de las afirmaciones contenidas en la demanda.
En especial desconoce la ilegitimidad de las decisiones tomadas y afirma que la sanción expulsiva dispuesta es consecuencia de la investigación sumarial y la comprobación de la conducta atribuida al agente.
Considera que las resoluciones controvertidas fueron dictadas durante un amplio y exhaustivo proceso sumarial llevado a cabo con sujeción al Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Reglamento de Disciplina. Afirma que ha quedado debidamente probada la conducta imputada al demandante, y debidamente justificada la sanción expulsiva aplicada. Todo ello de acuerdo a las previsiones de los arts. 21 incs. "a", "ñ" y "t" del Estatuto para el Personal, 23 inc. "k" y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina.
Bajo el rótulo "improcedencia formal de la demanda" descalifica las objeciones de la actora relativas al trámite del procedimiento por entender que el sumario se desarrolló cumpliendo todos los requisitos procesales vigentes en la materia, negando que hubieran existido violaciones y arbitrariedades procedimentales en la instrucción llevada a cabo por la Gerencia de Sumarios del Banco.
Plantea igualmente la improcedencia sustancial de la demanda. Afirma que no ha habido conculcación alguna de derechos o garantías constitucionales, que hubieran afectado siquiera provisoriamente los derechos a la defensa en juicio, al debido proceso o a la igualdad ante la ley como manifiesta la parte actora.
Por último, señala la improcedencia de los daños y perjuicios reclamados por el actor.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
III. Liminarmente cabe destacar que, si bien el sumario administrativo 9.764 fue agregado en original, la demandada no lo remitió en forma íntegra. Así las constancias de las actuaciones dan cuenta que presenta anomalías en la correlación de fojas, circunstancia que resulta al observar que luego de la foja 8, la siguiente lleva el número 329.
Sentado ello, de las evidencias incorporadas resultan los siguientes elementos útiles para la decisión de la controversia:
III.1. A fs. 1 se agrega la nota dirigida por el Gerente para la Pequeña y Mediana Empresa al Subgerente General Adjunto, en la que da cuenta de las objeciones efectuadas por parte de la Auditoría General a la actuación del Gerente de la filial General Urquiza, señor Miguel Ángel Catena y propicia la iniciación de un sumario administrativo.
III.2. A fs. 2/4 obra copia del informe con detalle de las deficiencias y observaciones al agente.
III.3. A fs. 330/333 prestó declaración indagatoria ampliatoria el agente Catena y nuevamente con fecha 24 de febrero de 1998 (v. fs. 341/343).
III.4. A fs. 344 se procede a la formulación de cargos al hoy actor: se imputó que "...1) Mereció por parte de Auditoría General la calificación de 'Regular' durante su gestión, toda vez que se le objetaron (7) tratamientos crediticios, fundamentalmente por liberalidad en su concesión e inadecuada generación de recursos de los deudores con relación a las atenciones concedidas; haber acordado dieciséis (16) préstamos amortizables a interés vencido, fuera de sus propias facultades resolutivas en cuanto al plazo; registrar numerosas operaciones excedidas en el lapso de espera en cartera activa, cuando las mismas se encontraban vencidas, sin que hubiese solicitado las correspondientes autorizaciones para ello y haber merecido por parte de la instancia revisora objeciones a veintiocho (28) operaciones ingresadas a cartera morosa, por un total de $1.220.536,47 a valores históricos. 2) Mereció por parte de las instancias correspondientes, desaprobaciones a cincuenta y siete (57) créditos concedidos durante su gestión, por un total a valores históricos de $2.333.847.-, por causales tales como haber utilizado márgenes y facultades que eran propios de otras instancias, recayendo sobre Ud. la absoluta responsabilidad sobre los mismos, y sobre el eventual perjuicio patrimonial que de la falta de cobro sobre ellos pudiere registrar... 3) Actuó contrariando elementales normas en la administración y regulación del crédito, toda vez que concedió descubiertos transitorios en la cuenta corriente n° 13.815-0... quien como actividad declarada poseía la de un establecimiento de jardín de infantes, alcanzando al 31-8-93 la suma de $200.291,45, con el agravante de estar Ud. en conocimiento que dicha cuenta corriente era utilizada [...] por el Sr. Aldo Alcides Venditto, quien canalizaba operaciones comerciales de su actividad vinculada al rubro heladería... 4) Haber omitido informar en tiempo y forma la vinculación comercial de su cónyuge, Sra. Mirta Iris Campestri, como titular de la cuenta corriente n° 16.089-8 radicada en la Sucursal Lanús...".
A continuación, el agente tomó vista y se notificó de lo actuado, así como del plazo concedido para su defensa (v. fs. 344). A fs. 345 solicitó y obtuvo fotocopias de lo actuado.
III.5. A fs. 347/425 efectuó su descargo, adjuntó documentación y desarrolló defensas y explicaciones en relación a cada uno de los cargos.
III.6. A fs. 427/431, el instructor sumariante presentó su informe final, en el que ratificó los cargos formulados en su momento.
III.7. A fs. 433/434 se adjuntó el dictamen de la Gerencia de Dictámenes e Informes que encuadró la conducta de Catena en los arts. 21 incs. "a", "ñ" y "t" del Estatuto del Personal; 23 inc. "k" y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina. Consideró como agravantes los del art. 11 incs. "b", "c" y "d" del Reglamento.
En relación a la sanción a imponerse, sugirió la de retrogradación (art. 3 inc. "f", Reglamento de Disciplina). Añadió que no correspondía efectuar denuncia penal.
III.8. Posteriormente la instrucción amplió el informe final y sus conclusiones (v. fs. 435/436).
III.9. La Gerencia de Dictámenes e Informes completó su dictamen en lo que atañe a la evaluación del grado de responsabilidad y coincidió con la opinión del instructor (dolo) a fin de formular cargo patrimonial, de conformidad con la resolución 2.128/98 (v. fs. 438).
III.10. Con fecha 24-VI-1999, el Directorio del Banco, resolvió "...decretar la cesantía [...] al Jefe Principal de Departamento de Primera, señor Miguel Ángel Catena, por encontrarlo responsable de los cargos que se le formularan, encuadrando su conducta en lo establecido en los artículos 21 incisos 'a', 'ñ' y 't' del Estatuto para el Personal y 23 inc. 'k' y 24 inc. 'c' del Reglamento de Disciplina..." (art. 1 res. 1.288/99, fs. 439/443).
III.11. El encartado tomó vista de lo actuado y dedujo recurso de revocatoria (v. fs. 447/449).
III.12. Por resolución 1.806/99 el Directorio del Banco rechazó el remedio intentado (v. fs. 478).
IV. Preliminarmente he de referirme al reparo efectuado por la demandada en el punto "E" de su responde. El representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires titula dicho apartado como "Improcedencia formal de la demanda".
No obstante tal afirmación, no surge de la lectura de dicho capítulo (v. fs. 88 y vta.), argumento alguno que constituya una oposición a la admisibilidad de la pretensión.
Por ello el extremo denunciado, que se limita únicamente a descalificar las objeciones del actor relativas al trámite del procedimiento, carece de entidad para ser considerado una válida defensa o excepción procesal y en consecuencia, debe ser desestimado como tal y analizado junto con los argumentos de fondo.
V. Expuestos los antecedentes de la causa, el asunto materia de decisión se circunscribe a determinar si las resoluciones del Banco demandado, por las cuales se impuso a Miguel Ángel Catena la sanción expulsiva de cesantía, resultan ajustadas a derecho.
El actor funda su agravio en los siguientes puntos: a) denuncia vicios en el procedimiento administrativo consistentes en no haber podido tomar vista de las actuaciones, objeta las notificaciones practicadas, dice haber denunciado tales deficiencias al Directorio de la entidad y aduce que se afectó su derecho de defensa y el debido proceso b) califica de ilegítima la sanción disciplinaria dispuesta por el Banco.
Por su parte la accionada esgrime que no ha habido conculcación alguna de derechos o garantías constitucionales que afecten siquiera provisoriamente los derechos a la defensa en juicio, al debido proceso o a la igualdad ante la ley del actor.
Anticipo mi opinión contraria al acogimiento de las pretensiones del accionante. Ello así, en razón de las consideraciones que se exponen seguidamente.
VI. En primer lugar, corresponde que me expida en relación a los cuestionamientos al procedimiento sumarial.
VI.1. En este orden de ideas, respecto a la posibilidad de revisar la existencia de este tipo de vicios, en mi opinión, a partir del precedente B. 59.986, "Caselli", sentencia de 16-II-2005 para la mayoría de este Tribunal, la tesis que pregona la posibilidad de subsanar en sede judicial las ilegitimidades del trámite administrativo, en el sentido de disminuir el factor invalidante de las nulidades acontecidas por vicios en el procedimiento, no es aceptable como regla general de la materia.
A lo dicho en tal precedente -en punto a que el principio de legalidad impone a las Administraciones Públicas un obrar consistente con el ordenamiento jurídico que se traduce en esta materia en el adecuado cumplimiento del procedimiento como elemento inherente a la legitimidad del acto administrativo (conf. art. 103 dec. ley 7.647/70) y que entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial no cabe predicar la existencia de una relación de continuidad, en la que la indefensión producida en el primero pueda solucionarse en el segundo- cabe adunar que el estándar tradicionalmente asignado por este Tribunal para determinar las excepciones que le permitirían ingresar al análisis de la regularidad del procedimiento; eso es, "cuando ha mediado un claro atentado al derecho de defensa" (doctr. causas B. 48.976, "Fernández", sent. de 20-IV-1999; B. 53.911, "Moyano", sent. de 7-III-2001; e. o.); por su latitud, resulta incompatible con la garantía constitucional de la tutela efectiva y continua en sede administrativa (causas B. 55.958, "Morosi de Ferraro", sent. de 26-X-2011; B. 62.884, "Ríos", sent. de 1-VI-2011; B. 61.139, "Credaro", sent. de 19-IX-2012; B. 62.942, "Vilche", sent. de 18-XII-2013; B. 61.813, "Rodríguez", sent. de 1-IV-2015 y B. 65.448, "Vela", sent. de 13-VII-2016).
En adición, en tanto exige que el vicio procedimental se evidencie en forma manifiesta, ese defecto inicial de postulación no se reconduce válidamente con la simple explicitación de una categorización en función de la gravedad, de modo de permitir una graduación que comienza en irregularidades intrascendentes, pasa por defectos subsanables y culmina en anomalías insanables (voto del doctor Hitters en la causa B. 59.451, "Buffarini de Rakijar", sent. de 23-III-2010). Exige, como queda dicho, un plus: que el vicio resulte palmario.
Cierto es que, ante determinadas circunstancias, la decisión de declarar judicialmente la nulidad del acto puede imponer una dilación temporal en la adopción definitiva de la decisión de fondo, que tornaría ineficaz la solución anulatoria propiciada.
Con ser ponderable esa preocupación, cabe tener en cuenta que, en esta materia -como en general en toda cuestión jurídica- no es dable predicar la nulidad por la nulidad misma. Por ello, la postura que mantengo en modo alguno trata de afirmar que cualquier irregularidad en el procedimiento, por intrascendente que fuere, habrá de proyectar la nulidad absoluta de toda decisión ulterior y en manera inexorable (causa B. 59.986, cit.; e. o.). Por el contrario, se requiere la inobservancia o el quebrantamiento por la Administración Pública de trámites esenciales, que ello se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o la coloque en estado de indefensión (causa B. 62.840, "Acosta", sent. de 27-III-2008) y que la cuestión sea planteada en esos términos por el afectado (causa B. 63.335, "Moreno", sent. de 5-V-2010).
Conforme este criterio y bajo las pautas indicadas, procede examinar las irregularidades denunciadas.
VI.2. Adelanto que, a mi juicio, no aparecen configurados en el trámite sumarial los vicios de procedimiento de los que el actor se agravia ni se evidencia el menoscabo del derecho de defensa.
El demandante esgrime en forma genérica la violación de su derecho de defensa, mas no plantea cuáles serían las defensas desatendidas, las pruebas relevantes no consideradas o las conclusiones no razonadas. Cabe hacer notar que su intervención activa en el procedimiento sumarial se inicia con la declaración indagatoria; es decir, que a partir de esta etapa, pudo haberse presentado en autos las variadas oportunidades que contempla la ley aplicable para aportar, entonces, todos los elementos que estimara pertinentes para su defensa.
En mi criterio, la afirmación del actor relativa a que se le ha impedido una adecuada defensa de sus derechos, no refleja la realidad que emana de las actuaciones administrativas.
En oportunidad de formularle los cargos, la Administración describió con claridad las conductas imputadas al reclamante y lo impuso de ellas (v. fs. 344, act. adm.). Cabe destacar asimismo que el interesado tomó vista de las actuaciones (v. fs. 344), solicitó y se le expidieron fotocopias (v. fs. 345); se encontró en condiciones normales de ejercer su derecho de defensa, y así lo hizo, presentando su descargo, justificando su proceder y agregando documentación que consideró pertinente (v. fs. 347/425) e interpuso recurso de revocatoria contra la sanción con suficiente oportunidad de hacerse oír en sede administrativa (v. fs. 447/449).
Tampoco cabe acoger el planteo relativo a que no tuvo oportunidad de tomar vista de las actuaciones.
Se encuentra acreditado que se le confirió vista (v. fs. 344), para que efectuara su defensa y aportara prueba hasta la última impugnación que presentara en sede administrativa.
Además, cabe reparar que el actor fue oído en más de una ocasión (pues prestó distintas declaraciones indagatorias, las que obran a fs. 330/333 y 341/343), y que contó con dos oportunidades para hacerse -mediante la toma de vista y extracción de fotocopias (v. fs. 345 y 444)- de todo el material que consideró necesario, para así aclarar, ampliar o rectificar cualquier declaración anterior; con lo que su agravio carece de sustento.
Las nulidades por vicios del procedimiento, como es sabido, procuran evitar que el incumplimiento de las formas o trámites esenciales se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión. Si, como sucede en el caso de autos, no se ha invocado ni acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni puesto en evidencia la infracción a la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez del acto (arg. art. 103, dec. ley 7.647/70; causas B. 58.506, "Giatti", sent. de 3-III-2004; B. 62.840, "A", sent. de 27-III-2008; B. 63.335, "Moreno", sent. de 5-V-2010; B. 61.507, "Sued", sent. de 4-IV-2012; B. 65.448, "Vela", sent. de 13-VII-2016; e. o.).
Para más, el carácter genérico de las manifestaciones de la parte actora y la ausencia de agravio específico en relación a las falencias denunciadas invalidan su pretensión. Como he sostenido con anterioridad, la mera invocación de violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo no habilita, sin más, a invalidar la decisión de la autoridad, si el impugnante -tal cual ocurre en el sub lite- , no ha cuestionado en for
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