Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64956
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.956, "Lara, Juan Carlos contra Municipalidad de Tigre. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani , Torres .
El señor Juan Carlos Lara, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Tigre pretendiendo la nulidad del decreto municipal 1.266/01 que dispuso su cese como empleado de esa comuna.
Solicita en consecuencia que se condene a la demandada a reincorporarlo y a abonarle los haberes que dejó de percibir, con actualización o, en su defecto, se le pague una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, más intereses.
Corrido el traslado de ley, la Municipalidad de Tigre, por apoderado, contestó la demanda y solicitó su rechazo. En primer lugar, sostuvo que el acto administrativo que dispuso el cese del señor Lara había adquirido firmeza por no haberse impugnado en tiempo y forma y, a todo evento, para el supuesto de no prosperar la defensa anterior, argumentó en favor de la legitimidad del accionar municipal.
Agregadas la prueba documental acompañada, las actuaciones administrativas remitidas por la demandada, glosados los cuadernos de pruebas de ambas partes, no habiendo hecho uso del derecho de alegar ninguna de ellas, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Procede la oposición formal al progreso de la acción formulada por la parte demandada?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El representante del municipio al contestar la demanda plantea -como cuestión preliminar- la inadmisibilidad de la vía judicial intentada (art. 18 inc. "a", ley 12.008 -según ley 13.101-).
Explica que el acto que dispuso el cese fue notificado al actor el día 27 de julio de 2001, quien recurrió la decisión el día 6 de agosto de 2002. En consecuencia, la Administración rechazó por inoportuna la impugnación deducida encontrándose firme la decisión (art. 89, ord. gral. 267; decreto 804/02, de 26-VIII-2002).
Entiende que la demanda articulada el día 25 de noviembre de 2002 resulta inadmisible, dado que ha superado con holgura el plazo legal para accionar judicialmente (art. 18 inc. "a", ley 12.008).
I.2. De las actuaciones administrativas glosadas a la causa surgen los siguientes datos útiles para la resolución:
I.2.a. Mediante decreto 1.266, el Intendente de Tigre dejó sin efecto, a partir del día 27 de julio de 2001, la designación como personal temporario mensualizado –decreto 1.943/00- del señor Juan Carlos Lara (legajo personal 5.462) dependiente del Sistema de Emergencias de Tigre.
Al pie de dicho acto el Director General de Personal indicó que el agente tomó vista en su presencia de la decisión y se negó a firmar para notificarse, con fecha 27 de julio de 2001 (v. fs. 160).
I.2.b. La medida fue notificada al interesado mediante telegrama del 27 de julio de 2001 (v. fs. 158).
I.2.c. Por carta documento 391163137 AR, el día 10 de agosto de 2001 el actor rechazó los términos de la misiva anterior. Solicitó la reincorporación inmediata alegando que la relación laboral con la comuna, si bien se inició con fecha 1 de septiembre de 1991 mediante contrato, que fue renovado año a año, y dado que excedió el plazo dispuesto en el art. 7 de la ley 11.757, había adquirido estabilidad, pasando a formar parte de la planta permanente del municipio (v. fs. 73).
I.2.d. Con fecha 15 de agosto de 2001 el Subsecretario de Gobierno municipal rechazó la carta del actor, por improcedente, y reiteró los términos de la anterior notificación, dando por cerrado el debate epistolar (v. fs. 156).
I.2.e. El 11 de septiembre de 2001 el actor remitió otra carta documento al municipio manifestando "Ante el silencio guardado a mi telegrama fecha 10/08/01, hago efectivo el apercibimiento contenido en el mismo. Procederé a reclamar judicialmente. Queda usted legalmente notificado" (fs. 72).
I.2.f. El día 6 de agosto de 2002 interpuso recurso en sede administrativa solicitando la nulidad del decreto de cese (dec. 1.266/01). Expresó que, si bien ingresó como personal temporario en septiembre de 1991 para trabajar como chofer de ambulancia, y firmó varios contratos de ese tenor, a partir del día 1 de junio de 1993 siguió prestando servicios sin contrato, pasando a integrar la planta permanente, hasta que intempestivamente, mediante el decreto 1.266/01, a partir del día 27 de julio de 2001 la comuna decidió rescindir un contrato que aduce nunca haber firmado.
Así, planteó la nulidad de la medida alegando ser personal de planta permanente, y la ausencia de sustanciación de sumario administrativo para su apartamiento, como también la invalidez de la notificación del cese por ser efectuada por un funcionario incompetente (v. fs. 57/60).
I.2.g. El Ejecutivo, por su parte, rechazó el recurso (dec. 804/02, de 26-VIII-2002) con fundamento en la extemporaneidad de su presentación -fs. 79-.
I.2.h. El actor recurrió también este último acto. Indicó que los plazos para plantear la nulidad no se encontraban vencidos, sino que el tiempo transcurrido desde la fecha del decreto de cese hasta su recurso obedeció a que tuvo que presentarse en un proceso penal.
Explicó que el municipio al despedirlo intempestivamente con fundamento en la modalidad de designación obvió instar el sumario administrativo correspondiente para investigar una denuncia que hizo en su contra en sede penal (IPP 5215/01 "Zapata, Pablo y otros s/defraudación"), que resultó ser falsa.
I.2.i. La Asesoría Letrada de la comuna dictaminó nuevamente que se encontraban vencidos los plazos para impugnar y firme el acto de cese (v. fs.83).
Mediante el decreto 961/02, con transcripción del dictamen legal, el Intendente rechazó el recurso, siendo notificado el actor el día 1 de noviembre de 2002 (v. fs. 84).
I.2.j. El señor Lara interpuso la demanda judicial el día 25 de noviembre de 2002 (v. fs. 45/51).
I.3. Adelanto que, a la luz de la reseña anterior, el planteo que formula la demandada no puede prosperar.
En primer lugar, corresponde analizar si el decreto 1.266/01 ha adquirido firmeza en sede administrativa por falta de impugnación oportuna en dicha instancia.
La ordenanza general 267, que regula el procedimiento administrativo de los municipios de la provincia, determina que es impugnable toda decisión administrativa final, interlocutoria o de mero trámite que lesione un derecho o interés legítimo de un administrado o importe una transgresión de normas legales o reglamentarias o adolezca de vicios que la invaliden (art. 86). Así el afectado por una decisión administrativa puede interponer el recurso de revocatoria dentro del plazo de 10 días de la notificación de aquella (art. 89).
Como se desprende de los antecedentes, el actor una vez notificado el día 27 de julio de 2001 de la interrupción del contrato temporario que lo vinculaba con la comuna (dec. 1.266/01), intentó por la vía administrativa mediante las cartas documento que remitió los días 10 de agosto de 2001 y 11 de septiembre de 2001, manifestar su oposición y su voluntad de que se revea la decisión mediante un nuevo pronunciamiento de la Administración.
Conforme el principio de "formalismo moderado" que rige el procedimiento administrativo, por un lado, cabe razonablemente considerar las declaraciones del actor en su misiva del día 10 de agosto de 2001 como una impugnación oportuna y válida del decreto en cuestión, que, de este modo, no adquirió firmeza.
Por otro, el mismo principio exige a la Administración proveer y resolver el planteo del interesado (conf. art. 88, ord. gral. cit.).
Y en este aspecto, vale aclarar que el telegrama remitido por el Subsecretario de Gobierno de la comuna en la que expresa "Rechazo términos telegrama de fecha 10 de agosto de 2001 por improcedente reitero términos de mi anterior. Cierro debate epistolar", no constituye una decisión de rechazo a la impugnación del actor a partir de la cual se pueda iniciar el plazo para interponer la demanda judicial (arts. 108 inc. "b", ord. gral. 267 y 18 inc. "a", ley 12.008, texto según ley 13.101).
En rigor, para que exista acto administrativo éste tiene que haber sido dictado por el órgano competente a través del procedimiento establecido al efecto, expresar los motivos que fundan la decisión, tener un contenido ajustado al ordenamiento jurídico y una finalidad adecuada al mismo (doctr. causa B. 59.559, "Alvarez Sabas", sent. de 27-VII-2005).
Si bien es cierto que la normativa procesal aplicable no impone al interesado la carga de articular una revocatoria o reposición cuando existe un acto definitivo emanado de la autoridad administrativa con competencia resolutoria final -en el caso, decreto de cese del Intendente- ya que en tal supuesto la voluntad estatal se considera suficientemente expresada con dicha decisión (art. 14 inc. 1 apdo. "a", ley 12.008, según ley 13.101), resulta facultativo para el interesado el no estar sujeto a la carga de interponer un recurso, para aguardar su respuesta como condición de acceso a la jurisdicción.
Es así que dictado el acto administrativo quedan expeditas las vías impugnatorias. Sea mediante recurso administrativo o directamente judicial (arts. 86 y sigs. ord. gral. 267; 14 inc. 1 apdo. "a" y 18 inc. "a", ley 12.008, según ley 13.101).
Ahora bien, en el caso, al no existir una denegatoria expresa por parte del órgano competente, el actor urgió la revisión del cese mediante recursos administrativos presentados el día 6 de agosto de 2002 y sobre los que el Ejecutivo municipal, finalmente se expidió, en forma negativa (decs. 804/02, de 26-VIII-2002 y 961/02, de 1-XI-2002).
Dado que resulta improcedente intentar una revocatoria de la revocatoria (causa B. 58.409, "García de Giménez", resol. de 24-II-1998) entiendo que se debe tomar como día a partir del cual comienza el plazo perentorio para deducir la demanda judicial el día siguiente a la fecha de notificación del decreto que rechazó la impugnación (dec. 804/02, notificado al actor el 26-VIII-2002).
Siendo así, la demanda presentada el día 25 de noviembre de 2002 resulta admisible (art. 18 inc. "a", ley 12.008).
Por los fundamentos expuestos, juzgo que debe desestimarse la defensa opuesta por la Municipalidad de Tigre (arts. 89 y 90, ord. gral. 267/80 y 18 inc. "a", ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Voto por la negativa .
Costas por su orden (art. 17, CCA, ley 2.961 en función del art. 78 inc. 3, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar para la Municipalidad de Tigre a partir del día 1 de septiembre de 1991 por tres meses mediante la firma de un contrato de locación de servicios para desempeñarse como chofer de ambulancia del Servicio de Emergencias de Tigre, dependiente de la Secretaría de Salud.
Explica que el vínculo como personal temporario mensualizado fue renovado con posteriores contratos, firmando el último el día 30 de abril de 1996. Entiende que a partir de esta fecha continuó trabajando para la comuna sin contrato, pasando a formar parte de la planta permanente de personal.
Explica que además de sus tareas de chofer de ambulancia de 48 hs semanales, debía encargarse del estado y aseo del móvil y cargar el combustible.
Plantea que la relación laboral transcurrió con absoluta normalidad durante 10 años hasta que la demandada la interrumpió unilateral e ilegítimamente, al decretar en forma intempestiva su cese de funciones a partir del día 27 de julio de 2001.
Alega que en realidad la causa encubierta de su cese repentino obedeció a una infundada denuncia penal de defraudación en su contra que resultó archivada.
Solicita la nulidad de dicho acto (dec. 1.266/01). Funda su pedido en que se hallaba amparado por la garantía de estabilidad en el cargo que desempeñaba dado que a partir de abril de 1996 pasó a formar parte automáticamente de la planta permanente de la comuna y el único modo legítimo de separación de su cargo era mediante un sumario disciplinario previo. En consecuencia, solicita su reincorporación, el pago de los haberes dejados de percibir desde la fecha de cese o en su defecto el pago de una indemnización.
II. Por su parte la Municipalidad de Tigre al contestar la demanda solicitó su rechazo con costas.
Negó cada uno de los hechos invocados por el actor. Luego indicó que es cierto que el actor comenzó a trabajar para esa comuna a partir del día 1 de septiembre de 1991 mediante contrato, para desempeñarse en el Servicio de Emergencias de Tigre como chofer de ambulancia.
Expresa que a partir de la vigencia de la ley 11.757 se dictaron los decretos 851/96, 366/97, 393/98, 692/99, 2.083/99 y 1.943/00 en los cuales se designó al actor como personal temporario en la misma categoría y con las mismas funciones (art. 92 y concs., ley 11.757).
Alega que el agente conocía su situación de revista y así lo expresó en el telegrama 53362443 del día 10 de agosto de 2001.
Concluye que el señor Lara nunca revistió en la planta permanente de la comuna y por ello la demanda no puede prosperar.
III. Expuestas las postulaciones de las partes, corresponde decidir si el cese del señor Lara como agente del municipio de Tigre se ajustó a derecho.
La situación de revista del actor en la comuna demandada surge de la documentación obrante en estos actuados.
Se constata que el citado agente ingresó a trabajar en la Municipalidad de Tigre mediante contrato de locación de servicios, como personal temporario mensualizado desde el día 1 de septiembre de 1991 al 30 de noviembre de 1991 para desempeñarse como chofer de ambulancia en el Sistema de Emergencias de Tigre, dependiente de la Secretaría de Salud y Acción Social, bajo la vigencia de la ordenanza 380/86 (v. fs. 104 y 105, dec. 1.553/91 que aprueba el contrato).
Dicha contratación fue renovada anualmente mediante decretos del mismo tenor (decs. 88/92; 138/92; 1.488/92; 106/93; 892/93; 1.698/93; 441/94; 1.323/94; 771/95; 1.542/95; 851/96; 366/97; 393/98; 692/99; 2.083/99 -fs. 103/137-) hasta la última designación de carácter anual que consta en las actuaciones -decreto 1.943/00- del día 27 de diciembre de 2000, bajo la vigencia de la ley 11.757, como personal temporario mensualizado (arts. 92 y 101).
Para esta última designación, y en concordancia con las anteriores, el Intendente consideró "...que en la planta permanente se carece de personal que pueda afectarse al Programa "b" de la Secretaría de Salud y Acción Social (destinado a cubrir necesidades del Servicio de Emergencias de Tigre, que por su carácter eventual o extraordinario quedan fuera del espectro de prestaciones comunes y corrientes a cargo del personal de planta permanente)...", siendo designado desde el día 1 de enero de 2001 hasta el día 31 de diciembre de 2001 para desempeñarse en tareas de chofer de ambulancia, imputando el gasto que demande su retribución de Categoría B (48 hs. semanales de labor, art. 15, ord. vig.) a la partida correspondiente a personal temporario mensualizado del presupuesto de gastos vigente (v. fs. 137, dec. 1.943/00).
Las actuaciones prueban que el vínculo con la Municipalidad se prolongó durante 10 años mediante sucesivas contrataciones hasta el día 27 de julio de 2001, fecha en que, aún en ejecución la designación temporaria (dec. 1.943/00) se le dio de baja mediante el decreto 1.266/01 (v. fs. 77).
Los contratos acompañados evidencian que la condición de revista del actor como personal temporario de la comuna demandada nunca se modificó, desde su ingreso el día 1 de septiembre de 1991 hasta el día 27 de julio de 2001, fecha de su cese.
De tal modo, no le asiste razón al demandante cuando afirma que había adquirido la estabilidad en el cargo y pertenecía a la planta permanente de la Municipalidad de Tigre.
En reiteradas oportunidades este Tribunal ha resuelto, por mayoría, que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación, sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato, o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 57.551, "Portillo", sent. de 10-IX-1997; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 69.913, "Villafañe", sent. de 13-XI-2012; B. 66.055, "Hortel", sent. de 6-VIII-2014).
Asimismo, ha dicho esta Corte que los agentes de planta temporaria -mensualizados o jornalizados- participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 57.741, cit.; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", cit.; e.o.).
La ley 11.757 -Estatuto del Empleado municipal- cuya constitucionalidad no ha sido planteada en el caso, comenzó a regir las relaciones laborales entre las partes a partir del día 2 de febrero de 1996 y se encontraba vigente al momento del cese cuestionado.
En el art. 12 la norma prevé dos tipos de ordenamiento del personal: la planta permanente (inc. 1) y la planta temporaria (inc. 2 apdo. "a"). Y define al personal temporario mensualizado o jornalizado como aquellos agentes necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados con personal permanente de la Administración municipal diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o por jornal (art. 92).
Además, en la enumeración de derechos correspondientes a esta categoría (art. 98) no incluye la estabilidad y especifica en el art. 101 que: "...podrá ser dado de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen..." y en el art. 102 que "...cualquiera fuera el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad de aplicación que corresponda según fuere la jurisdicción...".
De tal modo la situación estatutaria de un agente temporario no impide que la Administración haga uso de las facultades que le han sido asignadas en punto a la remoción de los empleados que carecen de estabilidad, cobrando plena operatividad la tradicional doctrina de esta Corte, en cuanto a que resulta legítima la facultad de la Administración municipal de disponer el cese de un agente no amparado con garantía de estabilidad invocando razones de servicio, cuando existe una autorización normativa expresa, que en el caso viene dada por los ya referidos arts. 101 y 102 de la ley 11.757.
En el caso, el Intendente de Tigre para dejar sin efecto la designación en curso del actor, fundamentó la decisión en un reordenamiento y reestructuración del personal de la Secretaría de Salud y Acción Social (ver a fs. 138 el decreto 1.266/01 del 27-VII-2001).
Ahora bien, aún con ese marco legal, considero que el vínculo entre las partes que se prolongó durante 10 años mediante sucesivas renovaciones contractuales cumpliendo el actor siempre la misma tarea como chofer de ambulancia del Sistema de Emergencias municipal no se condice con la naturaleza de la modalidad de contratación empleada.
Con lo actuado, entiendo que del conjunto de pautas dadas por la Corte federal en la causa "Ramos" (CSJN Fallos: 333:3
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