Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63106
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.106, "Rossi Juana Teresa c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) -Coady. Quintana Catalina- s/ Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan.
I. La señora Juana Teresa Rossi, por derecho propio, promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) con el objeto de que se anule la resolución 436.462/01, dictada por el Directorio de ese organismo, por medio de la cual se desestimó la revisión de la resolución 399.693 de fecha 3 de abril de 1997, que denegara el beneficio de pensión solicitado, en su condición de cónyuge separada de hecho del señor Andrés Eduardo Gromaz.
Además de la nulidad pretendida, requirió que se le reconozca derecho de pensión en forma compartida (50%) con la conviviente del causante, desde la fecha en que le fuera otorgado a esta última, en el mes de abril de 1997.
II. Corrido el traslado de ley, se presentó en autos la Fiscalía de Estado, contestó demanda y solicitó su rechazo sosteniendo la legitimidad de las resoluciones que impugna la accionante. Subsidiariamente, planteó la prescripción de los haberes devengados con anterioridad al 8 de junio de 1999 (art. 62 párr. segundo, dec. ley 9.650/80).
III. A fs. 61 este Tribunal resolvió citar como coadyuvante a la señora Catalina Quintana, conviviente en aparente matrimonio del causante, en los términos del art. 10 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. fs. 61).
IV. A fs. 76/80 se presentó mediante apoderado la señora Quintana, quien contestó la demanda pidiendo su rechazo.
V. A fs. 89/105 comparecieron los hijos de la actora Sandra Mariel Gromaz y Daniel Eduardo Gromaz en carácter de herederos, denunciaron su fallecimiento y acompañaron copia de partidas de nacimiento y defunción. Expresaron su voluntad de continuar con el proceso incoado.
VI. Agregadas las copias de las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la actora y coadyuvante, glosados los alegatos presentados por las partes, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Juana Teresa Rossi relata que contrajo matrimonio con el señor Andrés Eduardo Gromaz el día 24 de mayo de 1949.
Menciona que, como consecuencia del fallecimiento del señor Gromaz, ocurrido el 13 de noviembre de 1994, se presentó a requerir el beneficio de pensión en su carácter de esposa separada de hecho y viuda del causante, quien hiciera abandono del hogar unos diez años antes de tal pedido.
Añade que también solicitó el beneficio la señora Quintana, en su carácter de conviviente en aparente matrimonio e indica que por resolución 399.693 de fecha 3 de abril de 1997 se otorgó el beneficio a la mencionada, denegándosele la petición a la ahora actora en virtud de no haber acreditado alguno de los supuestos de excepción previstos en el art. 34, inc. 1 segundo párrafo del decreto ley 9.650/80.
Refiere que luego de recorrida la vía administrativa con la interposición de los recursos previstos legalmente, con fecha 8 de junio de 2000 pidió la revisión de la decisión por la cual se le denegara el beneficio, que fue rechazada mediante resolución 436.462.
Considera que en su carácter de cónyuge supérstite separada de hecho tiene derecho a coparticipar del beneficio de pensión derivado del fallecimiento del causante, tal como revelaría un correcto análisis de la prueba producida en las actuaciones.
Aduce que no puede imputársele culpa por la separación de hecho acaecida. Deja asentado que no cuestiona el derecho de la señora Quintana al beneficio de pensión, sino el suyo a coparticipar de éste.
Alega que existen elementos suficientes que acreditan que la ruptura se produjo por causas imputables a su esposo, quien hizo abandono del hogar conyugal y formó pareja con otra mujer durante los últimos años de su vida; encuadrando su conducta en el concepto de culpa del art. 34, inc. 1 párrafo segundo del decreto ley 9.650/80.
Puntualiza que la decisión adoptada por el organismo previsional denegando la revisión solicitada fue arbitraria.
Señala que la prueba obrante en el procedimiento permite inferir que el causante era culpable de la separación y que le ocasionó reiterados agravios.
Expresa que no solo se encuentra acreditada la intención del señor Gromaz de sostener económicamente y contribuir a su bienestar, sino que además fue el culpable de la ruptura.
Afirma también que luego de la separación gozó de la obra social de su marido hasta el momento de su muerte y resultó ser la única beneficiaria del seguro por fallecimiento.
Con invocación de lo dispuesto en el art. 39 del decreto ley 9.650/80, señala que no obra constancia alguna que permita atribuirle culpa en la separación.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
II. Al contestar, la Fiscalía de Estado recuerda que la demandante pretende la anulación de la resolución de fecha 6 de junio de 2001 mediante la cual el Instituto de Previsión Social rechazó el pedido de revisión de las decisiones por las cuales la Administración había desestimado el beneficio de pensión instado por la actora.
Explica que ante la firmeza de la situación jurídica aquella requirió la revisión de lo decidido; planteo también denegado en virtud de que no se habían abastecido ninguno de los requisitos que el ordenamiento prevé para reabrir un procedimiento previsional concluido.
Evalúa que la cuestión litigiosa se circunscribe únicamente a la determinación del derecho de la actora a la revisión de los actos denegatorios de la pensión que habían adquirido firmeza en sede administrativa, más a su entender no podría la sentencia condenar a que se conceda la prestación solicitada.
Indica que el presupuesto de la revisión (art. 118 inc. "a", dec. ley 7.647/70), al igual que la reapertura del procedimiento prevista para el trámite previsional (art. 75, dec. ley 9.650/80), presupone un acto firme. Arguye que el obrar administrativo ha sido legítimo por cuanto el procedimiento de reapertura solo es procedente cuando se alegan pruebas ignoradas o circunstancias de hecho novedosas, situación que -esgrime- no se presenta en el caso.
Resalta la insuficiencia de los elementos probatorios reunidos por la señora Rossi al solicitar la reapertura. Dice que no difieren sustancialmente de los considerados al inicio del trámite administrativo, siendo inconducentes tras haber sido debidamente apreciados y descartados en la primera petición. Alega que en el fondo tampoco resultan idóneos para acreditar los extremos excepcionales que habilitan a las viudas a acceder al beneficio de pensión en concurrencia con las convivientes.
Manifiesta que contrariamente a lo pretendido por la reclamante, no es posible inferir que su esposo fallecido haya sido culpable de la ruptura de la relación. Añade que el caso se trata de una simple separación de hecho y no existe decisión judicial que declare la responsabilidad de alguno de los cónyuges.
Por último, analiza cada una de las probanzas aportadas por la actora y cuestiona su fuerza de convicción a fin de demostrar la prestación alimentaria a su favor.
Subsidiariamente, opone la prescripción de los haberes devengados con anterioridad al 8 de junio de 1999, por aplicación del plazo previsto en el art. 62, segundo párrafo del decreto ley 9.650/80.
III. A su turno, la coadyuvante Quintana asegura que, existiendo conviviente, la regla es que ésta desplaza a la cónyuge supérstite y que la excepción es la coparticipación entre ambas, para lo cual el art. 34, inc. 1 del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994) prevé dos supuestos: que hubiera percibido alimentos o los hubiese reclamado en vida; o que el causante fuere el culpable de la separación. Explica que la señora Rossi no acreditó encontrarse en ninguna de dichas situaciones (v. fs. 76/80).
Para el hipotético caso de hacerse lugar a la demanda, en atención a una eventual coparticipación del beneficio y dado que la actora solicita haberes retroactivos, manifiesta que los períodos devengados con anterioridad al 15 de diciembre de 2009 (fecha en que tomó conocimiento de la demanda interpuesta) deben estar a cargo del Instituto accionado.
Finalmente opone la prescripción de los haberes percibidos, por aplicación del plazo previsto en el art. 62, segundo párrafo del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994).
IV. Del expediente previsional 2.918-051.623/90, agregado sin acumular, surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
IV.1. El señor Andrés Eduardo Gromaz falleció el 13 de noviembre de 1994 (v. copia certificado de defunción obrante a fs. 9).
IV.2. Con fecha 8 de marzo de 1995 la señora Catalina Quintana, en el carácter de conviviente, solicitó el beneficio de pensión (v. fs. 4/8).
En el informe ambiental realizado en el domicilio de la señora Quintana se consignó que conoció al causante en el año 1990 o 1991 y que convivieron desde entonces y hasta su fallecimiento. Añade que el señor Gromaz ya se hallaba separado de su cónyuge (v. fs. 45).
IV.3. El 6 de abril de 1995 la señora Juana Teresa Rossi, invocando la calidad de esposa del causante, solicitó el beneficio de pensión (v. fs. 79/83).
En el informe ambiental realizado en el domicilio de la viuda se señala que el señor Gromaz hizo abandono del hogar conyugal (v. fs. 94).
IV.4. Ante los pedidos de la cónyuge y la conviviente del causante, la Asesoría General de Gobierno dispuso, con carácter previo, dar vista a la señora Rossi a fin de que acredite alguno de los extremos legales previstos en el art. 34 del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994) y también a la conviviente a fin de que tome conocimiento de la petición (v. fs. 110).
IV.5. A fs. 114/116 se presentó nuevamente la aquí actora y manifestó que dependió económicamente del señor Gromaz hasta su fallecimiento. Adjuntó prueba documental (v. fs. 117/139) y ofreció testigos.
IV.6. A pedido de la Asesoría General de Gobierno se practicaron nuevos informes ambientales (v. fs. 194/198 y fs. 199/203).
IV.7. Ese organismo asesor consideró acreditada la convivencia en aparente matrimonio entre la señora Quintana y el señor Gromaz. Contrariamente, estimó que correspondía denegar la solicitud de la señora Rossi. Reparó que la aquí accionante no acompañó elementos que la eximan de las razones de exclusión previstas en el ordenamiento y calificó de insuficientes las probanzas que arrimara (v. fs. 174).
IV.8. A fs. 209/213 la señora Rossi formuló una nueva presentación. Alegó que le correspondía el derecho pensionario en su calidad de esposa del señor Gromaz desde la fecha de su fallecimiento. Ofreció prueba testimonial, informativa y documental.
IV.9. A fs. 220, la Asesoría General de Gobierno ratificó su dictamen anterior. Explicó que la prueba ofrecida por la viuda resultaba inconducente a efectos de acreditar los extremos establecidos en el art. 34, inc. 1 del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994).
IV.10. La Fiscalía de Estado, por su parte, sostuvo que la señora Quintana no acreditó en forma indubitable que la convivencia se extendiera durante todo el término exigido por la ley (art. 34 cit.), debiendo por tanto denegarse el beneficio solicitado. En relación a la viuda, destacó que la mera separación de hecho no enervaba su derecho pensionario. Entendió que de lo actuado surgía acreditado que el señor Gromaz hizo abandono del hogar y que según lo manifestado por la señora Rossi, dependía económicamente del causante y por tanto la asistía alimentariamente. En consecuencia, dictaminó que correspondería otorgar el beneficio a esta última y denegárselo a la conviviente Quintana (v. fs. 221/222).
IV.11. La Comisión de Prestaciones (v. fs. 226/227) estimó acreditada la convivencia entre la señora Quintana y el causante, en especial con la documental obrante en el expediente administrativo (v. fs. 10/15, 26, 27 y 31, 28/30, 56, 57, 32 y 58, numeración original).
Por su parte, respecto de la presentación de la cónyuge, destacó que acreditó el vínculo con el certificado de matrimonio. Adujo que si bien fue intimada en reiteradas oportunidades con el fin de demostrar las excepciones previstas por la regulación para coparticipar (art. 34 inc. 1, dec. ley 9.650/80 -t.o. dec. 600/94-), las pruebas que aportó resultaban insuficientes a tal fin.
Opinó que correspondía acordar el beneficio solicitado a la señora Quintana y denegárselo a la señora Rossi.
IV.12. Mediante resolución 399.693 del 3 de abril de 1997 el Directorio del IPS, habiéndose expedido la Fiscalía de Estado y de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno y la Comisión de Prestaciones, decidió denegar el beneficio pensionario solicitado por la señora Rossi (v. arts. 1 y 2) y acordarlo a favor de la señora Quintana (v. arts. 3 a 7; fs. 231).
IV.13. Contra dicha decisión, la aquí actora interpuso recurso de revocatoria (v. fs. 251), que fue rechazado mediante resolución 412.967 de fecha 26 de febrero de 1998, por considerarlo formalmente extemporáneo (v. fs. 258). Y luego, por medio de la resolución 428.610 del 24 de junio de 1999, la demandada -invocando el error en que incurriera -arg. contrario art. 114, dec. ley 7.647/70)- decidió revocar la resolución anterior y desestimar el remedio intentado por infundado (v. fs. 277).
IV.14. Con fecha 8 de junio de 2000 se presentó nuevamente la aquí demandante y pidió la revisión de la decisión adoptada (v. fs. 294/295). Esgrimió que el acto administrativo por el que se le denegara la pensión había incurrido en un error de hecho que surgía de las constancias de las actuaciones.
Indicó que del dictamen de la Fiscalía de Estado se desprendía que la mera separación de hecho no enervaba el derecho pensionario y que del expediente tramitado se infería que el causante hizo abandono del hogar, generándole reiterados perjuicios.
Afirmó que dependía económicamente de su esposo, gozaba de la asignación familiar como cónyuge, estaba a su cargo en la obra social y resultó beneficiara del seguro de vida.
IV.15. La Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Comisión de Prestaciones dictaminaron unívocamente que no correspondía la reapertura del procedimiento (v. fs. 300, 302 y 304).
IV.16. Por resolución de fecha 6 de junio de 2001 el Directorio del IPS rechazó la revisión solicitada por la actora (v. resol. 436.462, fs. 305).
V.1. A los fines de analizar la cuestión controvertida, cabe determinar si la presentación formulada por la señora Rossi que diere lugar a la resolución 436.462 tenía la virtualidad de reabrir el procedimiento previsional (arts. 75, dec. ley 9.650/80 -t.o. 1994- y 64, dec. 476/81). Solo así podría permitirse el reexamen de su pedido de beneficio pensionario en su condición de viuda separada de hecho del causante.
Tal como tuve oportunidad de señalar en la causa B. 61.117, "Solezzi", sentencia de 1-III-2006, el Tribunal ha entendido aplicable el supuesto contemplado en el art. 75 de la norma previsional en diferentes casos.
Así, le ha reconocido viabilidad, por ejemplo, cuando constituía el único medio para obtener la rehabilitación de una pensión ya otorgada y que fuera dejada sin efecto por una causal sobreviniente -v.gr., matrimonio en segundas nupcias- (conf. causa B. 56.599, "Dib", sent. de 9-III-1999); cuando se invocaban pruebas ignoradas por el interesado al momento de iniciar el trámite denegado (conf. causa B. 57.185, "Marini", sent. de 12-IV-2000); como también, cuando mediaron pronunciamientos judiciales novedosos o la sanción de nuevas normas que permitían poner en duda la validez del criterio sentado por el ente previsional (conf. causa B. 54.111, "Salinas", sent. de 1-IV-1997). En la causa B. 62.308, "Clemeno", sentencia de 3-XII-2003, se entendió procedente la reapertura si el reclamante lo había solicitado acompañando nueva documentación, en tanto que en la causa B. 60.635, "Pérez de Vargas", sentencia de 2-IV-2003, también se la admitió en virtud de los argumentos que el peticionario había formulado, diversos a los que habían derivado en la decisión adversa o negativa.
Como podrá apreciarse, esta Suprema Corte ha tenido presente el carácter integral e irrenunciable de los derechos consagrados en las leyes de jubilaciones y pensiones, su imprescriptibilidad y las características de las contingencias que la previsión social tiende a cubrir, para interpretar las normas con amplitud, concluyendo que la Administración no puede denegar sin más una nueva solicitud del beneficio, absteniéndose de analizar si la nueva presentación es conducente o no para provocar una vez más la decisión, sin perjuicio de su contenido favorable o desfavorable (doctr. causas B. 50.905, "Monroy de Schiano", sent. de 4-X-1988; B. 63.686, "Severo Frers", sent. de 7-IX-2011; B. 63.425, "Herrera", sent. de 10-VIII-2016; B. 66.437, "Jofré", sent. de 3-X-2018; e.o.).
Bajo tales parámetros cabe analizar si los elementos traídos posteriormente por la peticionante eran conducentes para reexaminar lo decidido con anterioridad por el IPS, en sus resoluciones 399.693, 412.967 y 428.610.
V.2. El art. 75 del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994), norma sectorial aplicable en la especie más allá de la invocación del art. 118 inc. "a" del decreto ley 7.647/70, permite solicitar la reapertura del procedimiento aun en actuaciones en las que hubiera recaído resolución firme.
El art. 64 del decreto reglamentario 476/81 establece que salvo los casos donde el ordenamiento no habilita el replanteo, todo interesado o beneficiario puede intentar aquel reexamen de su pedimento, básicamente cuando corresponda relevar o determinar cuestiones fácticas. El reglamento de la normativa bajo estudio precisa el modo en que deben introducirse los pedidos de nueva prueba con el fin de acreditar tales circunstancias relevantes para el otorgamiento del beneficio. En lo que interesa, la norma reglamentaria estatuye que: 1) el interesado debe acompañar u ofrecer pruebas no propuestas antes o reiterar las que habiendo sido formuladas no se hubieran realizado; 2) también puede reiterar la prueba testimonial producida a condición de que manifieste que los testigos depondrán sobre hechos o circunstancias de los cuales no prestaron declaración; 3) la autoridad podrá desestimar la solicitud cuando la prueba acompañada o propuesta fuere manifiestamente inconducente; 4) la admisión de la reapertura del trámite no importa pronunciamiento o prejuzgamiento acerca del derecho peticionado.
V.3. En la especie, el pedido de reapertura formulado por la accionante constituyó un intento tardío de obtener la revocación de las resoluciones contrarias a su pretensión, que habían quedado firmes.
Conforme quedara expuesto, a través de la presentación efectuada el 8 de junio de 2000 la actora instó la reapertura del procedimiento limitándose a sostener que la Administración en su momento no valoró la prueba en su conjunto y que la procedencia del reclamo había sido oportunamente avalada en la vista fiscal (v. pedido de reapertura, fs. 294/295).
Sin embargo, estos elementos no eran novedosos. Por el contrario, se encontraban en el expediente y fueron ponderados por el Directorio del IPS al momento de denegarle el beneficio a la señora Rossi y concedérselo a la señora Quintana, todo esto al dictarse la resolución 399.693.
A tal situación se suma que con su petición no propuso nueva evidencia. No se acompañó prueba documental, ni se ofreció producirla; tampoco se pidió que se reiterara la declaración de algún testigo, sobre la base de nuevas circunstancias o la producción de alguna probanza denega
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