Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63373
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.373, "Saez, Elena contra Municipalidad de Almirante Brown. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Torres , Kogan , Genoud.
I. La señora Elena Saez, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Almirante Brown y solicita se declare la caducidad de instancia y la prescripción de la acción disciplinaria en los expedientes administrativos 4003-32389/92 y 4003-32838/92.
Asimismo, pide se le abonen los salarios adeudados desde febrero de 1992, con más intereses y actualización, con costas.
Por último, ofrece prueba y practica liquidación.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Almirante Brown, opone excepción de prescripción de la acción y contesta la demanda. Sostiene la legitimidad de la actuación de la comuna y solicita el rechazo de la acción (fs. 47/59).
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y formula reserva de caso federal.
III. Corrido el traslado de la excepción opuesta, la actora lo contestó a fs. 61/62.
IV. Mediante resolución de 10-IX-2008 (v. fs. 73/74) este Tribunal denegó la medida cautelar solicitada por la accionante a efectos de que se le otorgue cobertura médica a través de la obra social para los agentes municipales (v. fs. 69/70 y 73/74).
V. Por resolución dictada el 30-IX-2009 (v. fs. 53/55) fueron admitidos los nuevos documentos acompañados a fs. 75/77, se denegó la solicitud de declarar abstracta la cuestión litigiosa y se rechazó la medida cautelar peticionada a fs. 79/80.
VI. A fs. 116/118 se presenta el doctor Alfredo Obdulio Negri, por su propio derecho, en su carácter de cónyuge supérstite de la actora, denunciando el fallecimiento de la señora Elena Saez ocurrido el 2 de diciembre de 2015.
VII. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 38 y 92), glosados los cuadernos de prueba (v. fs. 120/173 -actora- y 174/201 -demandada-) y el alegato presentado por la parte demandada (v. fs. 206/210), declarado por perdido a la parte actora el derecho que tenía de alegar y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La actora relata que comenzó a trabajar en la Municipalidad de Almirante Brown el 1 de junio de 1980, en la Categoría Administrativa II (Oficial Principal).
Agrega que con motivo de las inasistencias injustificadas en las que había incurrido se le inició sumario administrativo disciplinario. Señala que, en tal marco, en febrero de 1992, se la privó de sus haberes como empleada comunal, debiendo afrontar las consecuencias que ello importa tales como la pérdida de la obra social y la jubilación.
Manifiesta que a partir de este momento reclamó para que se aclarara su situación laboral y se le abonaran los salarios retenidos.
Apunta que en respuesta a tales intimaciones la comuna se limitó a recordarle que se encontraba bajo sumario administrativo por abandono de cargo.
Se agravia de que luego de más de ocho años el sumario administrativo y, en consecuencia, su situación laboral no ha sido resuelta. Por ello pide que se decrete la caducidad y la prescripción, y se condene a la demandada a abonar todos los haberes adeudados, con más intereses y actualización monetaria, con costas.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Almirante Brown, en primer lugar, opone excepción de prescripción. Dice que considerando que la supuesta deuda salarial que reclama la actora se habría originado a partir de febrero de 1992 y que, de acuerdo a la liquidación practicada culminaría en el año 2001, entonces concluye que al inicio de la demanda se encontraba vencido el plazo de cinco años contemplado en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Seguidamente, relata que la señora Saez cesó la prestación de servicios en la comuna de Almirante Brown el 1 de agosto de 1991, fecha a partir de la cual dejó de justificar sus inasistencias por enfermedad de largo tratamiento.
Apunta que con anterioridad a esa fecha la actora había agotado todas las licencias ordinarias y extraordinarias que por enfermedad de corta y de larga evolución autorizaba la ordenanza 3.172 -Estatuto para el Personal de la Municipalidad de Almirante Brown-.
Detalla que la omisión en justificar sus inasistencias generó la instrucción del pertinente sumario administrativo por abandono de cargo.
Pone de resalto que la propia accionante reconoce que desde marzo de 1990 no prestó servicios en forma efectiva en la comuna. Señala que existieron discrepancias entre los dictámenes de la Dirección de Reconocimientos Médicos y el Ministerio de Trabajo en orden al grado de incapacidad que padecía la actora. Mientras la primera determinó una incapacidad del 40% de la total obrera, el segundo entendió que era de un 70%.
Explica que, en atención a esta divergencia, en un intento de resolver favorablemente la situación de la agente Saez, la Municipalidad remitió las actuaciones administrativas a consideración del Instituto de Previsión Social a fin de evaluar la posibilidad de concederle la jubilación por incapacidad física. Agrega que, de este modo, resultó suspendido el trámite del sumario administrativo que, por acreditadas y reconocidas inasistencias sin justificar, se había iniciado.
Concluye que en tales circunstancias no surge que la comuna haya producido perjuicio alguno en contra de la demandante pues, desde 1990 no ha existido contraprestación alguna de su parte a favor de la Administración comunal. Subraya que ello no reconoce causas imputables a la comuna, por lo que de hacerse lugar al pago reclamado, entiende que se generaría un enriquecimiento sin causa de la accionante.
III. De la prueba producida, surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo 2803-73215/90:
III.1.a. Con fecha 12 de julio de 1990 la señora Elena Sáez, encontrándose en actividad, solicita ante el Instituto de Previsión Social el beneficio de jubilación por incapacidad (v. fs. 1/6).
III.1.b. Con fecha 13 de diciembre de 1990 la Junta Médica especializada en Cardiología estimó una incapacidad psicofísica valorable en un 40% y de carácter permanente. Señaló que la afección no era imputable a las tareas desarrolladas para la Administración y aconsejó que la causante continuara con sus tareas habituales (v. fs. 10).
III.1.c. El 4 de febrero de 1991, ya notificada la interesada de lo dictaminado por la Junta Médica, pidió la remisión urgente a la Dirección de Reconocimientos Médicos señalando que la demora en el reconocimiento la perjudicaría "puesto que se dejaría de abonar el salario que percibo [percibía] en la Municipalidad de Almirante Brown por haber agotado los días de licencia por enfermedad prolongada" (fs. 12).
III.1.d. El 15 de diciembre de 1993 acompañó copia del informe de la Junta Médica practicada el 24 de febrero de 1993 en jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la que se había estimado que poseía una incapacidad actual, permanente y parcial equivalente al 70% de la total obrera (v. fs. 14/38).
III.1.e. Remitidas las actuaciones a la Dirección de Reconocimientos Médicos para evaluar el estado de salud de la aquí actora, el expediente fue devuelto al Instituto de Previsión Social detallando que la causante no informó ni acompañó los elementos de diagnóstico que se le solicitaron, por lo que la Junta Médica se vio imposibilitada para emitir el dictamen de su competencia (v. fs. 40/41).
III.1.f. A fs. 44, se agregaron los expedientes administrativos 4003-11547/84 (licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 15 de noviembre de 1984 al 7 de febrero de 1985 y desde el 16 de agosto de 1988 al 8 de agosto de 1991; notificaciones infructuosas a Junta Médica convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación), 4003-32838/92 (sumario administrativo disciplinario) y 4003-32389/92.
III.1.g. Expediente 4003-32389/92:
III.1.g.i. En atención a la situación de la señora Saez relatada por el Director de Personal a fs. 1/2, la Dirección de Asuntos Legales aconseja instruir sumario administrativo por abandono de cargo (v. fs. 7).
III.1.g.ii. La Dirección de Personal informó que a partir del 1 de agosto de 1991 la actora dejó de justificar su largo tratamiento. Detalló que "...cobró medio sueldo hasta el 31-XII-1991 y a partir del 1-I-1992 quedó sin liquidación..." (fs. 15).
III.1.g.iii. Declaración testimonial de la señora Saez (v. fs. 17).
III.1.g.iv. Informe sobre citaciones efectuadas por la Municipalidad a la señora Saez a efectos de su comparecencia ante la autoridad comunal (v. fs. 25).
III.1.g.v. En atención al estado de las actuaciones, con fecha 4 de setiembre de 1992, los instructores sumariantes solicitan la realización de una junta médica ante la Subsecretaría de Trabajo o el Hospital Lucio Melendez de Adrogué (v. fs. 26). El mencionado sanatorio informó la imposibilidad de cumplir el requerimiento por no contar con médico legista (v. fs. 29).
III.1.g.vi. En atención a la diferencia de criterios entre la Dirección de Reconocimientos Médicos y el Ministerio de Trabajo que determinaron un 40% y 70% de incapacidad de la total obrera, parcial y permanente, el 26 de julio de 1993, se remitieron las actuaciones al Instituto de Previsión Social a fin de evaluar si correspondía otorgar el beneficio de jubilación por invalidez (v. fs. 40/41 y 44/46).
III.1.g.vii. Con fecha 7 de agosto de 1998, el organismo previsional dejó constancia de que la señora Saez no aportó la documentación médica que certifique su incapacidad laboral (v. fs. 69 y 73).
III.1.g.viii. En 2010 la señora Saez se presentó nuevamente ante el Instituto de Previsión Social, solicitó el desarchivo del expediente y su remisión a la Dirección de Auditoría para su análisis (v. fs. 80).
III.1.g.ix. A fs. 84 se presentó nuevamente la interesada ante el Instituto de Previsión Social, requirió la urgente resolución y que, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio de Trabajo de la Nación (70% de incapacidad de la total obrera) se le concediera la jubilación por invalidez reclamada desde 1991.
III.1.g.x. En este escenario, sin acto de cese en la actividad, el Instituto de Previsión Social requirió a la interesada acompañar cierta documentación imprescindible para la continuación y resolución de su solicitud. En esta misma oportunidad advirtió que la señora Saez estaba percibiendo una jubilación del ámbito nacional, por lo que apuntó que, en su caso, debería determinarse el rol de caja otorgante y la supuesta incapacidad alegada (v. fs. 93/95).
III.1.g.xi. Con fecha 23 de enero de 2013 el Instituto de Previsión Social ordenó el archivo de las actuaciones en atención a que la interesada no acompañó la documentación requerida para la realización de la Junta Médica, además de no constar el cese en la actividad (v. fs. 124).
III.1.g.xii. Mediante resolución 823.687 de fecha 7-X-2015 el Instituto de Previsión Social denegó el beneficio de jubilación por invalidez solicitado por la señora Elena Saez (v. fs. 139). Para así decidir consideró que se intimó a la solicitante para que acompañara documentación tendiente a acreditar el derecho invocado, concluyendo el trámite en el archivo de las actuaciones habida cuenta de la inacción de la parte interesada. Por ello, al no acreditar la concurrencia en el caso de los recaudos exigidos en el art. 29 del decreto ley 9.650, decidió denegar el beneficio solicitado.
Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso y las postulaciones de las partes, la cuestión a decidir se circunscribe a determinar si asiste a la actora el derecho a percibir haberes desde febrero de 1992.
IV.1.a. Destaco que en el sub lite la actora no cuestiona un cese ilegítimo. No existen constancias de que la comuna haya dictado un acto de cese ni ninguna otra medida segregativa. A su vez, de los términos en que fue enunciada en la demanda resulta que la pretensión de autos no es de naturaleza indemnizatoria.
Por el contrario, a través de la presente acción la actora, en su calidad de agente municipal, intenta exclusivamente el cobro de haberes dejados de percibir a partir del mes de febrero de 1992. A tal fin, se agravia de que el sumario que se le inició por abandono de cargo nunca fue resuelto, por lo que pide que se declare la caducidad del procedimiento y prescripta la potestad disciplinaria.
IV.1.b. No existe controversia entre las partes en orden a que la actora percibió sus haberes como agente comunal hasta el 31 de diciembre de 1991.
Tampoco es un hecho controvertido que la autoridad municipal inició a la señora Saez un sumario administrativo disciplinario por abandono de cargo por haber dejado de concurrir a prestar servicios y omitir justificar las inasistencias desde el 1 de agosto de 1991.
IV.2. Inicialmente corresponde analizar la inadmisibilidad de la demanda planteada por la comuna accionada, con fundamento en que el plazo de prescripción se encontraba vencido a la fecha en que se interpuso la demanda.
IV.2.a. En este sentido, la Municipalidad de Almirante Brown postula que, a la fecha de interposición de la demanda, el plazo de prescripción quinquenal contemplado en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil se encontraba vencido, toda vez que la deuda reclamada se habría originado a partir de febrero de 1992 y, de acuerdo a la liquidación practicada culminaría en el año 2001 (v. fs. 53, en especial 1er. párrafo).
IV.2.b. La accionante, al contestar el traslado que de la mencionada excepción se le confirió, argumenta con relación al fondo de la cuestión. Alega que el trámite del sumario administrativo nunca fue concluido, por lo que sostiene que continúa siendo agente de la comuna. Agrega que la carga de impulsar el procedimiento recae sobre la Administración.
IV.2.c. Este Tribunal ha declarado la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101- a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (doctr. causa B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004 y posteriores).
El actual ordenamiento ritual armonizó sus disposiciones con las del antecedente y estableció en forma expresa lo señalado por el Tribunal en los precedentes recordados en el párrafo anterior, es decir, que su aplicación a las causas a las que alude el art. 215 de la Constitución de la Provincia está condicionada a su compatibilidad con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a esta Suprema Corte de Justicia (art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
En la especie, al tiempo del traslado de la demanda (v. resol. de 14-V-2003, fs. 44) el régimen legal vigente obedecía al sistema contenido en la ley 2.961 (arts. 39, 40 y sigs.). Siendo así, como la excepción opuesta a la pretensión actoral se dedujo una vez transcurrido el plazo de quince días de notificada la demanda, corresponde resolverla en esta oportunidad (arts. 39 y 40 cits.; -art. 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 63.451, "Bazzano", resol. de 29-IX-2004 y B. 61.518, "Epelde", resol. de 9-III-2005).
IV.2.d. La oposición a la admisibilidad de la demanda no prospera.
Debe comenzar por señalarse que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (B.O., 8-X-2014) actualmente vigente, no habrá de tener incidencia en la resolución de esta causa, en tanto los hechos involucrados en ella se sucedieron bajo la vigencia del anterior Código Civil (ley 340) y, por lo tanto, son las disposiciones de éste las que deben regir en la especie (conf. doctr. arts. 7 y 2.537 del Código Civil y Comercial -ley 26.994-).
Esta Suprema Corte ha expresado reiteradamente que, frente a la ausencia en el derecho administrativo local de un plazo de prescripción que comprenda a las acciones por las que se reclama el cumplimiento de obligaciones a cargo de Administración a propósito de una relación de empleo público, debe estarse a lo dispuesto en el Código Civil (arts. 16, Cód. Civ. -ley 340- y 171, Const. prov.).
De tal modo, y de acuerdo con la postura mayoritaria de este Tribunal, la previsión del art. 4.023 del Código Civil resulta aplicable a toda clase de acciones prescriptibles que no están sujetas a un plazo especialmente previsto (conf. doctr. causas B. 55.609, "Vargas", sent. de 19-XII-2001; B. 59.340, "Casanova", sent. de 23-VII-2008; B. 61.663, "Arce", sent. de 10-X-2012; B. 63.242, "Ferrari", sent. de 11-VI-2014; B. 61.906, "Agüero", sent. de 31-X-2016; B. 55.816, "Cañete", sent. de 17-V-2017; e.o.).
En el caso, la Municipalidad demandada dejó de abonar los haberes a la actora a partir del período enero/1992. De tal modo, a la fecha en que se interpuso la demanda, el 31 de octubre de 2001, el plazo decenal aplicable al caso, no había transcurrido. Ello impone rechazar la defensa de prescripción planteada por la accionada.
IV.3. Sentado ello, corresponde ingresar al fondo de la cuestión sometida a decisión y analizar, primeramente, si la potestad disciplinaria de la Administración se ha extinguido por prescripción, tal como alega la actora.
De las constancias del expediente administrativo 4003-32389/92 -agregado sin acumular al expediente administrativo 2803-73215/90-, surge que el Intendente municipal, con fecha 13 de marzo de 1992, ordenó instruir sumario administrativo disciplinario a fin de determinar si la agente Elena Saez había incurrido en abandono de cargo. En este punto, advierto que la propia interesada había solicitado la instrucción del sumario (v. expediente administrativo 4003-32838/92 agregado sin acumular al expediente 2803-73215/90).
En el trámite del referido procedimiento disciplinario y, ante la divergencia entre lo dictaminado por la Junta Médica realizada en la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires y la efectuada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el 26 de julio de 1993 la comuna remitió las actuaciones al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a fin de evaluar la viabilidad de otorgar a la señora Saez el beneficio de jubilación por incapacidad (v. fs. 42/45 del expediente administrativo 4003-11547/84).
De las constancias de las actuaciones administrativas agregadas y demás prueba producida en autos, no consta que en el aludido procedimiento disciplinario la Administración comunal hubiese dictado un acto final.
Sin perjuicio de ello, en el caso, el planteo de prescripción de la potestad disciplinaria de la autoridad administrativa ha perdido virtualidad. En efecto, con el certificado de defunción agregado a fs. 116, se acredita el fallecimiento de la señora Elena Saez ocurrido el 2 de diciembre de 2015. De tal modo, la potestad disciplinaria cuestionada en autos se ha extinguido por el fallecimiento de la agente imputada.
IV.4. No obstante ello, la pretensión de cobro de los haberes dejados de percibir por la señora Saez desde el 1 de enero de 1992 no es de recibo.
IV.4.a. Advierto que la interrupción del pago de sus haberes no se debió a la sustanciación del sumario administrativo en el que -conforme las constancias agregadas en autos- no se acredita que haya sido dispuesta la suspensión preventiva. Por el contrario, la interrupción de la liquidación de las remuneraciones de la actora, de acuerdo a los registros de la Dirección de Personal, reconoce como causa las inasistencias sin justificar de la agente Saez a partir del 1 de agosto de 1991.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.