Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62524
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Costas por su orden (arts. 17, CPA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Hugo Daniel Contorovick en la suma de veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro pesos -$22.544- (arts. 9, 14, 15, 16, 22, 26, 44 apdo. "b" segunda parte y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que deberá adicionarse el 10% (art. 16, ley 6.716 -t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.-; cfr. doctr. causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871/2017) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo y habida cuenta de que los honorarios de los peritos deben adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa (cfr. doctr. causas B. 47.989, "Cegelec", DJBA, t. 119, pág. 602 y L. 44.096, "Taraborelli", sent. de 27-XI-1990, AyS 1990-IV-316, DJBA 142, pág. 37), regúlanse los honorarios de los peritos contadores intervinientes, Ángel Guarracino e Inés B. do Santos en la suma de tres mil ochocientos treinta y cinco pesos ($3.835) en conjunto.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.524, "Caubet, Hernán Jorge y otros contra Municipalidad de Almirante Brown. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
I. Los señores Hernán Jorge Caubet, Adolfo José Fiscarelli y Oscar Jorge Jofré, todos por derecho propio y con patrocinio letrado, promueven demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Almirante Brown e impugnan el decreto municipal 79/00 a través del cual el Intendente denegó la recategorización reclamada.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicitan se ordene el pago retroactivo de todas las actualizaciones y diferencias salariales que se hubieran devengado desde la fecha en que, según alegan, correspondía asignarles las sucesivas categorías escalafonarias con más intereses.
Ofrecen prueba y formulan reserva de caso federal.
II. A fs. 126/132 se presentan los accionantes y solicitan que se les conceda el beneficio de litigar sin gastos. En virtud de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la ley 12.200, por innecesario, este Tribunal desestimó tal petición (v. fs. 139).
III. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Municipalidad de Almirante Brown, contesta la demanda y con fundamento en la legitimidad del decreto municipal 79/00, pide su rechazo. Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, opone excepción de prescripción de las diferencias salariales reclamadas.
IV. A fs. 169/170 la parte actora contesta el traslado de la excepción de prescripción ordenado a fs. 168.
V. A fs. 182/185 los accionantes acompañan copias de los decretos municipales 134/09, 135/09 y 138/09 a través de los cuales se los reubica en el cargo "Administrativo III" del Grupo Ocupacional "Personal Administrativo" del Concejo Deliberante de Almirante Brown a partir del 1 de agosto de 2009.
VI. A fs. 191/201 se presentan Mary Mabel Piriz y Nahuel Fiscarelli, ambos por su propio derecho y con patrocinio letrado, y denuncian, en el carácter de esposa e hijo, respectivamente, el fallecimiento del coactor Adolfo José Fiscarelli ocurrido el 21 de mayo de 2016.
VII. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 150); incorporado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 206/745), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 748 -actora- y fs. 749/752 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Los actores manifiestan que ingresaron a la Planta Permanente del Concejo Deliberante de Almirante Brown entre 1988 y 1989, desempeñándose desde entonces en la categoría Administrativo IV.
Se agravian de que se haya omitido promoverlos, de acuerdo a su antigüedad, a las categorías Administrativo III, Administrativo II, Administrativo I, Jerárquico V y Jerárquico IV. Destacan que este último es el cargo que dicen que les corresponde al momento de interponer la demanda.
Ponen de resalto que otros agentes del Concejo Deliberante han sido evaluados, promovidos y recategorizados en forma automática sin ningún tipo de concurso, con el correspondiente ascenso y el pertinente aumento salarial.
Cuestionan la violación al principio de igualdad ante la ley por el hecho de que los 17 agentes que enumera fueron recategorizados por el Concejo Deliberante por promoción automática acorde a los arts. 32, 155, 156, 157, 158, 159 y concordantes de la ley 10.430 -de aplicación supletoria al Estatuto del Empleado municipal-, sin ningún tipo de concurso ni de la formación de la Junta de Calificaciones.
Alegan que todo el personal de planta permanente tiene derecho a la igualdad de oportunidades para cada uno de los niveles y jerarquías previstos sobre la base de calificaciones y antecedentes y, por lo tanto, el procedimiento efectuado torna regular el acto de designación de los agentes ascendidos antes mencionados, pero irregular para ellos, pues entienden haber sido discriminados.
Dicen que la omisión de otorgarles las promociones y ascensos que, según afirman, les correspondían, importaron la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral.
II. Al contestar la demanda la Municipalidad de Almirante Brown niega que el ordenamiento jurídico, sea nacional, provincial o municipal, contemple la designación de agentes estatales mediante actos jurisdiccionales, sea para el ingreso a la Administración Pública o para la cobertura de determinadas categorías. Agrega que en el ámbito municipal son competentes para la designación y promoción del personal el Intendente municipal y el Presidente del Concejo Deliberante.
Niega que en jurisdicción de la comuna exista norma alguna que consagre el derecho al ascenso automático en el escalafón por el sólo transcurso del tiempo. Agrega que los actores, en su caso, "...debieron solicitar en sede administrativa su participación en el régimen de evaluación de aptitudes para ser sometidos a la consideración de la Junta de Ascensos y Calificaciones (art. 103, ley 11.757), más nunca exigir [...] su designación automática en la categoría que ellos caprichosamente determinaron".
Apunta que no acreditan estar capacitados para cubrir la categoría de Administrativo III, por lo que mucho menos pueden pretender transcurrir todo el escalafón mediante un solo acto, esto es, ascender desde el cargo más bajo del agrupamiento administrativo hasta el más alto del jerárquico.
Con cita de doctrina de este Tribunal afirma que en materia de gobierno del empleo público debe primar el interés superior de la Administración y no el interés personal del empleado. Agrega que es evidente que la Administración cuenta con sus cargos escalafonarios debidamente cubiertos si se considera que el desenvolvimiento de la actividad municipal se ha desarrollado en todos estos años con absoluta eficacia, con la dotación de personal vigente.
Asevera que la cuestión sometida a decisión no es susceptible de revisión judicial y queda reservada a la órbita y competencia exclusiva de la autoridad administrativa que es la única capacitada y legitimada para valorar la oportunidad, mérito y conveniencia de otorgar ascensos o ubicar al personal municipal en cada una de las categorías del respectivo escalafón.
Niega que el derecho a la estabilidad comprenda el derecho al cargo y/o la función.
En otro orden afirma que la sola existencia de vacantes tampoco autorizaría a pretender que ellas sean cubiertas por la mera petición de los interesados a cubrirlas, pues -afirma- lo que debe primar en todo momento es el interés superior del servicio y no el del agente.
Refuta la pretensión de pago retroactivo de diferencias salariales por funciones no desempeñadas y aduce que en su caso se generaría un enriquecimiento sin causa.
Opone excepción de prescripción en los términos del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Por último, señala que los demandantes no indican cuándo habrían adquirido el derecho a los ascensos que pretenden. Apunta que tampoco practican liquidación por cada uno de los períodos que reclaman.
III. De la prueba producida en autos surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
III.1. Declaraciones testimoniales (v. fs. 254/262).
III.2. Pericia contable (v. fs. 275/278; 301; 313/316; 341/343; 361/362; 441/443; 451/456; 481/483; 733/736; 740/741).
III.3. A fs. 383/384 el Concejo Deliberante de Almirante Brown informa los sueldos básicos de las categorías Administrativo III, Administrativo II, Administrativo I, Jerárquico V y Jerárquico IV.
III.4. Copias de los decretos que fijan los sueldos básicos del personal del Concejo Deliberante de Almirante Brown entre 2005 y 2015 (v. fs. 377/439).
III.5. Liquidación practicada por la parte actora (v. fs. 487/608).
III.6. Situación de revista y recibos de haberes de los actores (v. fs. 613/722).
III.7. Expedientes administrativos 4003-12328/2000 – "Adolfo José Fiscarelli. Solicita recategorización"; 4003-12327 "Hernán Caubet s/ solicita recategorización" y 4003-12326 "Pablo Jofré s/ solicita recategorización" -agregados sin acumular-.
III.7.a. Con fecha 12 de julio de 2000 los aquí actores presentan un pedido de recategorización de conformidad a la antigüedad computada como empleados municipales.
III.7.b. Por decreto 79/00 el Concejo Deliberante de Almirante Brown desestima la petición de recategorización realizada por los señores Fiscarelli, Jofré y Caubet.
III.8. Legajos de los actores -agregados sin acumular-.
IV. Tal como han sido relatados los antecedentes de la causa y expuestas las postulaciones de cada una de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si los accionantes tienen derecho a la recategorización jerárquica que reclaman.
IV.2. Sentado ello, destaco que no existe controversia entre las partes en orden a la situación de revista de los actores. La cuestión litigiosa se limita a decidir si los demandantes tienen derecho a que se les conceda la recategorización reclamada de modo sucesivo en los cargos Administrativo III, Administrativo II, Administrativo I, Jerárquico V y Jerárquico IV.
En su escrito postulatorio los actores no precisan desde qué fecha pretenden cada una de las categorías que reclaman.
Esgrimen como fundamento de su demanda la circunstancia de que a determinados agentes comunales -que identifican- el Concejo Deliberante les otorgó diversos y determinados ascensos sin mediar concurso de oposición y antecedentes.
A su vez, destaco que no invocan ninguna norma que establezca el derecho a ser recategorizados en forma automática de acuerdo a los años de antigüedad que registran en el empleo municipal.
IV.3. Adelanto que la pretensión no prospera.
La función o empleo público que comprende lo que se denomina "carrera administrativa", está internamente estructurado en grados diversos, debiéndose tener presente que la facultad de la Administración de nombrar y remover a sus empleados comprende la de otorgarle ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón (cfr. doctr. causas B. 52.092, "Rapisarda", sent. de 17-X-1990; B. 51.595, "Manfredi de Rodríguez", sent. de 23-II-1993; B. 53.436, "Fiorenza", sent. de 12-X-1993; B. 55.971, cit.; B. 63.766, "Villoldo", sent. de 2-IX-2009 y B. 66.417, "Ávila", sent. de 17-III-2010). De tal modo, el derecho a la carrera se vincula con el derecho al ascenso y la posibilidad de todo agente público de mejorar la situación en la que venía desempeñándose hasta entonces, pero no otorga derecho a exigir un nombramiento, sino sólo cuando la ley así lo determine (cfr. doctr. causa B. 58.798, "Rigol", sent. de 7-IV-2010).
Este Tribunal ha expresado reiteradamente que la promoción en la escala jerárquica no es un derecho subjetivo del agente público que pueda generarse por consecuencia necesaria de la producción de una vacante (cfr. doctr. causa B. 67.200, "Elizondo", sent. de 11-III-2009). Ello así toda vez que los cargos no han sido creados por la ley para el empleado o funcionario sino en razón del servicio (cfr. doctr. causas B. 52.299, "Sette", sent. de 30-VI-1992; B. 54.853, "Gil", sent. de 11-III-1997 y B. 57.517, "Devia", sent. de 26-X-2005). La ley que establece puestos o cargos de funcionarios y empleados públicos no crea derechos subjetivos para candidatos (cfr. doctr. causas B. 52.299 y B. 53.436 cit).
Estos principios consagrados en la doctrina de esta Suprema Corte devienen plenamente aplicables al caso, toda vez que los accionantes no han invocado norma legal o reglamentaria que consagre el derecho que reclaman.
Por último, considero que no reviste trascendencia para la solución del sub lite el ascenso, sin mediar concurso de oposición y antecedentes, de los 17 agentes municipales de los que dan cuenta los accionantes en su escrito postulatorio. Ello así, toda vez que de un lado no constan en autos los respectivos actos administrativos que disponen los aludidos ascensos. De otro lado, advierto que la legitimidad de aquellos no ha sido cuestionada en autos.
IV.4. En atención a la forma que propongo de resolver la cuestión de fondo, deviene improcedente el tratamiento de la excepción de prescripción planteada por la demandada.
V. Las razones expuestas son, a mi juicio, suficientes para sellar la suerte adversa de la demanda, por lo que corresponde denegar la pretensión de recategorización esgrimida en la demanda.
Voto por la negativa .
Costas en el orden causado (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Comparto el relato de antecedentes, desarrollo argumental y solución propuesta por el distinguido colega preopinante, doctor Genoud, aunque entiendo necesario formular algunas acotaciones complementarias.
I. En primer lugar, destaco que el art. 25 de la ley 11.757 -vigente al momento de promoverse la pretensión- establecía, en lo que hace a la carrera de los agentes comunales, que ella debía regirse "por las disposiciones del Escalafón, sobre la base del régimen de evaluaciones de aptitudes, antecedentes, capacitación, concurso y demás requisitos que en el mismo y en la reglamentación local se determine". En similares términos se expide actualmente el art. 11 de la ley 14.656.
Se advierte, así, que dicha normativa no contempló, como regla, un régimen de promociones automáticas, sin perjuicio de diferir la cuestión a la decisión de cada municipio, quienes eventualmente pudieron haber instaurado algún sistema en el cual los ascensos se efectúen de conformidad a parámetros preponderantemente reglados, tales como alcanzar determinada antigüedad en el ejercicio de la función pública.
En ese marco, cobra especial relevancia lo expuesto en los apartados IV.2. y IV.3. del sufragio inaugural cuando, con acierto, señala que los actores no han invocado alguna norma que establezca su derecho a ser recategorizados en forma automática, lo cual conspira contra la suerte de la pretensión.
Recuérdese, en este orden de ideas, que este Tribunal ha decidido en forma reiterada que "el principio según el cual los jueces deben conocer el derecho iura novit curia no se extiende a la totalidad de las reglamentaciones locales que, al igual que el derecho extranjero, les resulta imposible conocer", concluyendo que por esa razón tales "normas configuran un hecho que debe acreditarse" -y, como lógica consecuencia, invocarse- "de acuerdo con las reglas que rigen la carga de la prueba en cualquier proceso (arg. art. 375, Cód. Proc. Civ. y Com. Buenos Aires)" (causas A. 74.099, "Couselo", sent. de 24-IV-2019; B. 61.673, "Amadeo", sent. 25-IX-2013; B. 64.682, "Poli", sent. 19-XII-2012; B. 64.188, "Machado", sent. 21-III-2012; B. 63.590, "Saisi", sent. 5-III-2003, señalando incluso expresamente en la causa I. 69.624, "Stampi Sanguineti SA", sent. de 8-V-2019, que esta doctrina se aplica, en el ámbito comunal, a "las normas dictadas por los municipios con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.491").
II. Por lo demás, los accionantes tampoco han logrado justificar la alegada violación al principio de igualdad -discriminación negativa- por el hecho de no ser ascendidos en el período transcurrido entre su ingreso a la función pública y la fecha en que efectuaron el reclamo administrativo.
Al respecto, una aseveración de ese estilo requiere una acreditación concluyente, en particular si se repara que ella se vincula con el ejercicio de facultades típicamente discrecionales como son las correspondientes a la realización de promociones basadas en el mérito, ámbito en el cual -he sostenido- la Administración cuenta con un amplio margen de maniobra (causa B. 65.387, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011).
Es que, como ha dicho este Tribunal, la facultad del Poder Ejecutivo de nombrar y remover a sus empleados comprende la de otorgarles ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón, lo cual puede ser revisado por el Poder Judicial en supuestos de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial (conf. doctr. causas B. 52.092, "Rapisarda", sent. de 17-X-1990; B. 51.595, "Manfredi de Rodríguez", sent. de 23-II-1993; B. 53.436, "Fiorenza", sent. de 12-X-1993, B. 55.971, "Pulvermarcher", sent. de 29-VIII-2007; B. 63.447, B. 67.078, "Galli", sent. de 24-VI-2015; e.o.).
Bajo esa óptica, el mero hecho de que algunos compañeros de labor hayan ascendido en el período reclamado -extremo que, por otro lado, tampoco resulta cabalmente demostrado, como indica el doctor Genoud- no resulta suficiente a tales fines, pues los actores debieron justificar -y no lo hicieron- que habían reunido al menos los mismos méritos que los agentes favorecidos por las promociones y que la falta de categorización implicó, en la práctica, una indebida postergación en la carrera administrativa en quiebre al principio constitucional de igualdad, que en la especie fluye en el art. 25 de la entonces vigente ley 11.757.
En efecto, hago notar que los únicos elementos aportados por los accionantes están constituidos por dichos de algunos testigos que también se desempeñaron en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Almirante Brown que realizaron manifestaciones muy generales acerca de lo que ellos entienden como un manejo desprolijo de las promociones en tal repartición (v. fs. 254, respuestas a la pregunta décima) y, a lo sumo, a mencionar casos puntuales de ascensos de otros compañeros, aunque sin dar demasiadas precisiones en punto a los motivos que habrían llevado al empleador a preferirlos en desmedro de los actores (v., por ej., declaración de Ricardo Cabello a fs. 288/289 y de Carlos Spinelli a fs. 260/261).
Se desprende, entonces, que no se encuentran abastecidos los recaudos antes mencionados para el progreso de la pretensión (art. 375, CPCC).
III. Por los motivos expuestos, y reiterando mi adhesión al voto del doctor Genoud en lo que resulte concordante, voto por la negativa.
Costas en el orden causado (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Costas por su orden (arts. 17, CPA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Hugo Daniel Contorovick en la suma de veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro pesos -$22.544- (arts. 9, 14, 15, 16, 22, 26, 44 apdo. "b" segunda parte y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que deberá adicionarse el 10% (art. 16, ley 6.716 -t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.-; cfr. doctr. causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871/2017) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo y habida cuenta de que los honorarios de los peritos deben adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa (cfr. doctr. causas B. 47.989, "Cegelec", DJBA, t. 119, pág. 602 y L. 44.096, "Taraborelli", sent. de 27-XI-1990, AyS 1990-IV-316, DJBA 142, pág. 37), regúlanse los honorarios de los peritos contadores intervinientes, Ángel Guarracino e Inés B. do Santos en la suma de tres mil ochocientos treinta y cinco pesos ($3.835) en conjunto.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos
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