Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62493
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.493, "Arias, Víctor Gustavo contra Provincia de Buenos Aires (Policía). Demanda Contencioso Administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Torres , Soria , Genoud
I. El señor Víctor Gustavo Arias, por derecho propio, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires a efectos de que se anule la sanción de exoneración que se le aplicó en el marco del sumario administrativo disciplinario tramitado por expediente n° 2.137-038854/95.
Por consecuencia de la anulación pretendida requiere se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba al momento del cese. Asimismo, solicita se le abonen los salarios caídos durante todo el tiempo en que estuvo en disponibilidad preventiva.
Pide que, en caso de no ser viable la reincorporación, se condene a la demandada al pago de una indemnización por el daño material y moral que, según dice, la aludida medida segregativa, le irrogó. Todo ello con intereses, costos y costas.
Ofrece prueba.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado quien, sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita el rechazo de la demanda. Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
III. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas (v. fs. 182) y la causa penal 7.312 caratulada "Arias, Víctor s/ robo calificado, privación ilegal de la libertad y amenazas", glosado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 213/373) y el alegato presentado por la parte demandada (v. fs. 385), declarado perdido el derecho que la actora tenía de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 387), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez, doctor Pettigiani, dijo:
I. El actor relata que se desempeñó en la Policía Bonaerense desde el 1 de septiembre de 1989 hasta el 1 de julio de 1997. Agrega que en el marco del sumario administrativo tramitado por expediente n° 2.137-038854/95 fue exonerado por infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80.
Apunta que el referido procedimiento disciplinario fue iniciado con motivo de la causa penal caratulada "Arias, Víctor [...] s/ robo calificado, privación ilegal de la libertad y amenazas".
Señala que, ante su inocencia y la ausencia de pruebas concretas del hecho, fue sobreseído provisoriamente el 21 de abril de 1995. Apunta que, apelada la medida por la fiscal de la causa, el Tribunal de Alzada decidió confirmar el sobreseimiento, el que -según dice- se transformó en definitivo el 5 de septiembre de 1997.
Continúa relatando que, agraviado por la sanción que decidió aplicar el Jefe de Policía, interpuso recursos administrativos que fueron desestimados, con los que agotó la instancia administrativa.
Pide su reincorporación a la fuerza y el pago de indemnización por el daño material y moral que dice haber sufrido con motivo de la exoneración impuesta.
II. La Fiscalía de Estado, al contestar la demanda, detalla minuciosamente el desarrollo del sumario disciplinario y afirma que las constancias del expediente agregado sin acumular a estos autos acreditan fehacientemente la existencia de una real conducta que afecta gravemente la imagen de la institución policial.
Apunta que en sede administrativa se concluyó que el accionante junto a otros dos sumariados realizó un servicio de vigilancia no autorizado. Dice que ello constituye un proceder irregular por sí mismo que posibilitó, además, que se lo sindicara como autor de un delito, con el consiguiente proceso penal y trascendencia pública.
Destaca que al cabo Arias se le incautó el arma que había sido denunciada como robada. Agrega que el oficial que realizó este operativo declaró que "Arias reconoció habérsela extraído a una persona en la vía pública, junto con los dos aspirantes de policía de su amistad".
Pone de resalto que los otros dos sujetos involucrados en los hechos denunciados reconocieron ante la autoridad policial su vinculación con el agente Arias.
Afirma que en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado que el actor no actuó con la debida rectitud de comportamiento que es dable exigir de quien se desempeña en la institución policial. Agrega que es, precisamente, el hecho de que el proceder del exoficial Arias haya agraviado el decoro que impone la función policial lo que resulta cuestionado y sancionado dentro del régimen disciplinario al cual se halla sometido por su condición de empleado de esa fuerza de seguridad.
En orden a la defensa esgrimida por el imputado vinculada al sobreseimiento primero provisorio y luego definitivo declarado en sede penal, plantea la independencia de las decisiones administrativas respecto a las del aludido fuero. Dice que la responsabilidad administrativa opera en un campo diferente al de la responsabilidad penal, tiene presupuestos diferentes y distintos son también los extremos que permiten tener por tipificada una y otra.
En otro orden, postula el carácter excepcional de la revisión judicial de las sanciones disciplinarias. Sostiene que es de exclusiva incumbencia administrativa la valoración del sentido de moralidad y decoro que deben mantener los agentes en relación al cargo o al servicio que ejercen, a fin de evitar el descrédito de la función que desempeñan.
Finalmente, plantea que para el improbable e hipotético supuesto de que la demanda prospere y se declare la ilegitimidad de la sanción, ello no puede traer aparejada la reincorporación del actor a la fuerza policial. Afirma que una sentencia favorable sólo podría ordenar la devolución de las actuaciones sumariales a la Administración a fin de subsanar las deficiencias señaladas.
Por último, se opone a que se condene a pagar la indemnización reclamada por el accionante. Apunta que el actor no detalló los daños concretos que pretende haber sufrido, lo que a su criterio impide el ejercicio del derecho de defensa de la contraparte.
Asimismo, plantea la improcedencia de la indemnización por daño moral y el pago de los salarios dejados de percibir.
III. De la prueba producida en autos surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo n° 2.137-038854/95, agregado sin acumular.
III.1.b. A fs. 9 se ordenó la instrucción del correspondiente sumario judicial por robo y amenazas.
III.1.d. A fs. 27 consta que "habiendo tomado conocimiento por parte del Subcomisario [...] y Oficial principal [...] sobre la presentación espontánea en esta dependencia del Cabo Víctor Gustavo Arias [...] a fin de interiorizarse sobre la situación de los aspirantes [...] donde proceden a secuestrar en poder del nombrado el revólver marca Galand sustraído de la víctima del presente sumario, esta Instrucción resuelve: Disponer que permanezca demorado preventivamente en esta Dependencia el Suboficial Arias hasta tanto se determine su situación en relación al hecho que se investiga...".
III.1.e. Acta de secuestro del arma Galand calibre 22 largo con número identificatorio 8.538 que hace entrega el señor Víctor Hugo Arias (v. fs. 28).
III.1.f. Con fecha 11 de marzo de 1995 se ordena "instruir sumario administrativo por infracción al art. 59 inc. 7 de la ley 9.550/80 en atención al contenido del sumario caratulado 'Robo calificado - privación ilegal de la libertad y amenazas' donde resulta víctima [...] siendo detenido los imputados Cabo Legajo 133.687 Víctor Gustavo Arias [....] donde previene el Juzgado Criminal y Correccional nro.8 [...] del Departamento Judicial de Quilmes, surgiendo de lo actuado que el personal policial interviniente con su proceder, han ocasionado el desprestigio de esta institución policial, y afectado la dignidad del funcionario público al trascender su condición de policías..." (v. fs. 55).
III.1.g. A fs. 56 se notifica al cabo Arias que con fecha 11 de marzo de 1995 se ha decretado su disponibilidad preventiva.
III.1.h. Citado para prestar declaración indagatoria el aquí actor se niega a declarar (v. fs. 91).
III.1.i. A fs. 90/91 el imputado formula su descargo.
III.1.j. A fs. 155/157 se agregó copia certificada de la resolución de Cámara dictada el 27 de junio de 1995 en la causa 7.312 seguida contra Víctor Gustavo Arias y otros por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad y amenazas, de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 8 del Departamento Judicial de Quilmes. En ella se decidió confirmar el decisorio del juez de primera instancia en cuanto sobreseyó provisoriamente a los procesados.
III.1.k. Por resolución 93.211 dictada por el subjefe de Policía el 7 de marzo de 1996 se decidió "dar de baja por exoneración al Cabo Víctor Gustavo Arias por haberse acreditado en autos que junto a dos aspirantes a agentes, realizaba una vigilancia particular no autorizada por la superioridad, y en cuyo ejercicio procedió a la interceptación de dos sujetos que caminaban por la vía pública en horas de la noche, sustrayendo de uno de ellos un revólver calibre 22 largo que portaba entre sus ropas, el que posteriormente entregó a la Instrucción reconociendo los hechos que se le enrostran, lo que importó fuera denunciado por los desconocidos como autor de los delitos de 'Robo calificado - Privación ilegal de la libertad y Amenazas' con lo cual afectó gravemente el prestigio de la Institución y su dignidad de funcionarios (art. 59 inc. 7° de la ley 9.550)" (fs. 170/172).
III.1.l. Impugnada la sanción por el interesado (v. fs. 179/182), el Jefe de Policía, a través de la resolución 95.426 desestimó el recurso de reconsideración interpuesto (v. fs. 149).
III.1.m. Por decreto 2.621/00 el Gobernador rechazó el recurso de apelación incoado por el cabo Arias contra la sanción de exoneración que se le aplicó (v. fs. 227/228).
III.2. Legajo personal del actor (v. fs. 237/240).
III.3. Pericia contable (v. fs. 294/362).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si la sanción de exoneración impuesta al actor de conformidad con lo dispuesto en el art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80, se ajusta a derecho.
IV.1. De modo preliminar, y conforme lo he destacado en otras ocasiones, resulta oportuno recordar que, en lo concerniente a la fiscalización de actos discrecionales como los involucrados en la especie-, la sola circunstancia de que la autoridad hubiere procedido en ejercicio de atribuciones de esa naturaleza no implica que las decisiones dictadas en ese ámbito sean irrevisables, por cuanto esa actuación es susceptible de examen y revisión judicial cuando infringe las normas que reglan sus límites o incurre en irrazonabilidad, arbitrariedad o desviación de poder (cfr. doctr. causas B. 57.761, "Striebeck", sent. de 7-XI-2001; B. 57.327, "Paus", sent. de 5-XII-2001; B. 57.250, "Acuña", sent. de 28-VIII-2002; B. 57.566, "Catelen", sent. de 22-VIII-2007). De modo que la actividad discrecional no implica que los órganos estatales tengan un ámbito de actuación desligada del plexo normativo o que ella no resulte controlable (conf. doctr. causa B. 58.784, "G., R. M.", sent. de 4-VI-2008; mis votos en causas B. 60.613, "Arana", sent. de 30-IX-2009; B. 63.367, "Cavalieri", sent. de 14-VII-2010 y B. 61.813, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2015).
La Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas, no obstante que éstas eventualmente tengan su origen en potestades de la índole antedicha. Y el escrutinio judicial de tal actividad no importa la sustitución del criterio de la Administración por el propio del juez, sino que conlleva la constatación de que aquella se ajustó a los límites impuestos por el ordenamiento y cumplió con la finalidad perseguida por el legislador al asignarle una facultad de esa naturaleza (cfr. doctr. causa B. 57.250, cit.). Si la discrecionalidad proviene del propio orden jurídico, corresponde al juez controlar que su ejercicio se ciña a los márgenes establecidos por aquel.
En suma, la circunstancia de que el órgano estatal obrare conforme atribuciones discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige el ordenamiento aplicable (conf. doctr. CSJN, Fallos: 307:639; 320:2509 y 331:735).
IV.2. Sentado ello, corresponde analizar los agravios planteados por la parte actora. En su escrito postulatorio, lejos de realizar una impugnación precisa puntualizando cada uno de los elementos del acto en crisis que, a su criterio, importan un agravio a sus derechos, el actor se limitó a alegar que había sido sobreseído definitivamente de la causa penal que investigó los hechos que originaron el mismo sumario disciplinario.
IV.2.a. Con relación a la trascendencia que las resoluciones de los jueces penales poseen en los procedimientos administrativos disciplinarios, esta Corte se ha manifestado en forma constante en orden a su independencia.
Juzgo oportuno recordar que, de conformidad a las normas aplicables (arts. 67, dec. ley 9.550/80 y 219, segundo párr., dec. 1.675/80) y a la doctrina del Tribunal, el pronunciamiento de la Administración es independiente del judicial en caso de absolución o sobreseimiento, en razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro fuero y de las distintas finalidades de las responsabilidades disciplinaria y penal (conf. doctr. causas B. 57.063, "Mármol", sent. de 5-IV-2000; B. 58.167, "Guerino", sent. de 13-IX-2000; B. 56.072, "Torres", sent. de 7-II-2001; B. 58.013, "Rojas", sent. de 16-IX-2003; B. 61.977, "Aller", sent. de 9-XI-2011; B. 61.507, "Sued", sent. de 4-IV-2012; B. 61.309, "González", sent. de 23-XII-2013; B. 66.616, "Cabrera", sent. de 4-XI-2015; e.o.).
Conforme se ha destacado, los elementos de convicción que bastan para imponer una sanción disciplinaria dentro de la potestad propia del poder administrador difieren respecto del grado de prueba indispensable para condenar en sede penal por un delito (conf. doctr. causas B. 52.026, "Corvalán", sent. de 10-III-1993 y B. 65.621, "Sheridan", sent. de 6-V-2015).
Por ello, aunque los actos juzgados ante la jurisdicción penal pudieran suponerse improbados o atípicos, ello de ningún modo obliga a pareja solución en la jurisdicción contencioso administrativa (cfr. doctr. causas B. 48.985, "Morales", sent. de 11-III-1985; B. 56.072; B. 58.013; B. 57.063 y B. 66.616, antes referidas; e.o.).
Destaco que el magistrado del fuero penal dispuso el sobreseimiento provisorio que luego fue declarado definitivo, en razón por no resultar "de las constancias de autos debidamente justificada la responsabilidad criminal de los prevenidos" (v. fs. 99, causa penal agregada, sin acumular).
De modo que, en la especie, la antedicha decisión judicial no incide del modo pretendido por el accionante en las conclusiones del sumario administrativo, toda vez que en éste no se llevó a cabo la investigación de una conducta delictiva, ni se sancionó al agente por haber cometido un delito, sino que su sustanciación obedeció a la necesidad de establecer si aquel había incurrido en una falta que afectara su dignidad de funcionario y el prestigio de la Institución a la que pertenecía, cuya comprobación dio lugar a una medida de naturaleza exclusivamente disciplinaria.
IV.2.b. Finalmente, la orfandad de agravios de la demanda obsta la procedencia de la acción.
Este Tribunal ha expresado reiteradamente que la falta de impugnación de los fundamentos esenciales de los actos administrativos en el escrito de demanda importa por sí sola, la imposibilidad de juzgar sobre su legitimidad la que sólo puede verse revisada a instancia de parte. Se trata de enjuiciar la actividad de la Administración pública que, por principio, se presume legítima. Razón por la cual el incumplimiento de la carga impuesta al accionante de fu
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