Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63946
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los patrocinantes de la parte actora: doctora Miriam Alicia Abaurrea, Marcelo Nicolás Ciccola y Claudio Martín Blanco, en la suma de cinco mil ciento doce pesos -$ 5.112-, en la suma de cinco mil ciento doce pesos -$ 5.112- y en la suma de diecisiete mil quinientos treinta y dos pesos -$ 17.532-, respectivamente (conf. arts. 1, 9, 10,13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3896, dictado el 13-VI-2018), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.946, "Cufré, Silvia Lilian c/Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani .
I. La señora Silvia Lilian Cufre, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, impugnando la resolución del Directorio de la entidad dictada el 22 de febrero de 2002 que le denegara la pensión solicitada, derivada del fallecimiento de su marido Miguel Angel Cárdenas.
Como consecuencia de ello, pide se le otorgue el beneficio requerido y se ordene abonar el mismo con actualización monetaria e intereses.
II. A fs. 62/63 solicita como medida cautelar el pago de la pensión reclamada, lo que es rechazado mediante resolución de este Tribunal a fs. 65/67.
III. A fs. 79, la actora amplía demanda.
IV. Corrido el traslado de ley se presenta la accionada y contesta demanda, solicitando el rechazo de la pretensión.
V. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la actora y su alegato, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata la actora que contrajo matrimonio con el señor Miguel Angel Cárdenas el día 2 de enero de 1990.
Manifiesta que de dicha unión no hubo descendencia.
Explica que su esposo se desempeñó como empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires habiendo prestado servicios en las sucursales de Ingeniero White y de Villa Mitre de Bahía Blanca.
Señala que el día 22 de junio de 2001 su cónyuge falleció.
Añade que el día 2 de noviembre de 2001 completó la solicitud de pensión, suscripta ante la sucursal de Bahía Blanca y presentada ante la Caja de Subsidios, Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires el 5 de noviembre del mismo año.
Expresa que recibió en su domicilio el día 7 de marzo de 2002 una carta documento donde se le notificaba la denegatoria del beneficio solicitado ya que según el criterio de la accionada se encontraba separada de hecho del causante, conforme el art. 52 inc. "b" de la ley 11.761.
Agrega que en los considerandos de la resolución se indicó que el señor Cárdenas había declarado ante su empleadora que se encontraba separado de hecho de la accionante, razón por la cual solicitó la baja de ella y sus hijos en la Secretaría de Servicios Sociales del Banco.
Añade que, además, se consideró un informe de la subjefa de Servicios Sociales del Banco, de mayo de 1998, en el que se destacó que el causante estaba separado de hecho de su esposa y se constató que en ese momento vivía en el domicilio de sus padres.
La actora dice que no es cierto que se encontrara separada de hecho del señor Cárdenas. Sostiene que por el grave estado de salud que el mismo padecía, peleaban frecuentemente, razón por la cual su esposo decidió retirarse del hogar conyugal y afincarse en la casa de sus padres, pero posteriormente, y atento haber enajenado el único bien integrante de la sociedad conyugal, decidieron volver a convivir, haciéndolo en la casa de los progenitores de él hasta el día de su fallecimiento.
Manifiesta que el día 14 de marzo de 2002 remitió a la accionada carta documento solicitando la revisión de la resolución denegatoria, sin haber obtenido respuesta al momento de interponer la demanda.
Señala que la resolución cuestionada le causa gravamen irreparable atento que no pudo acceder al beneficio que entiende le corresponde.
Ofrece prueba, y solicita se le otorgue la pensión peticionada, con actualización monetaria e intereses.
A fs. 79 la accionante realiza una presentación ampliando la demanda, en la que aclara que la separación con su difunto esposo no fue con ánimo de disolver el vínculo conyugal. Agrega que en caso de que así se considere, debe contemplarse el hecho de que no fue ella quien dio causa o motivo a la separación, por lo cual estima tener derecho a obtener el beneficio previsional conforme el art. 52 de la ley 11.761.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, organismo que al contestar la demanda solicita su rechazo.
Ofrece prueba, opone prescripción y hace reserva del caso federal.
III. De las actuaciones administrativas y demás constancias obrantes en autos, surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión del litigio:
Expediente administrativo 28.883/7:
1. Solicitud de pensión del día 2 de septiembre de 2001 (v. fs. 33).
2. Certificación de servicios del causante donde resulta que ingresó a trabajar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires el 4 de diciembre de 1980 y cesó el 22 de junio de 2001 (v. fs. 31).
3. Acta de defunción del señor Cárdenas acaecida el 22 de junio de 2001 (v. fs. 34).
4. Acta de matrimonio del causante y la actora del día 2 de enero de 1990 (v. fs. 35).
5. Declaración jurada de la actora de no hallarse divorciada ni separada de hecho del causante, de noviembre de 2002 (v. fs. 37).
6. Informe de la Secretaría de la Comisión de Servicios Sociales al Gerente de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires donde informa que el señor Cárdenas no registraba a la fecha de su fallecimiento personas a su cargo en Servicios Sociales, de acuerdo a nota que adjunta en la que el causante, con fecha 12 de febrero de 1998 había dado de baja a su "ex esposa" y a los cuatro hijos de ella (v. fs. 44/45).
7. Nota del causante a la Comisión de Servicios Sociales del 18 de febrero de 1998 ratificando la anterior en la que aclara que se encuentra separado de hecho de su ex esposa y se compromete a remitir copia de la sentencia de divorcio cuando se concretara, porque manifiesta haberlo iniciado.
8. A fs. 47 obra informe de la licenciada Silvia Alma Leiras, subjefa de Servicios Sociales del Banco que informa que se había realizado una visita al señor Cárdenas en mayo del año 1998 y que el mismo se encontraba viviendo en el domicilio de sus padres en virtud de haberse separado de hecho de su esposa.
9. El Directorio de la Caja deniega el beneficio de pensión solicitado el 20 de febrero de 2002 (v. fs. 51).
10. Con fecha 15 de marzo de 2002 la señora Cufré solicita mediante carta documento la revisión de la resolución denegatoria (v. fs. 54).
11. Carta documento en la que se le comunica a la señora Cufré que la revisión pedida no está prevista en el ordenamiento regulatorio de la Caja y sólo puede recurrir a la justicia (v. fs. 59).
IV. Expuestos así los antecedentes de la causa, la cuestión a resolver gira en torno a dilucidar si se ajusta a derecho la denegatoria de la pensión solicitada.
Adelanto desde ahora la suerte adversa a la pretensión de la actora.
IV.1. Las partes están contestes en relación a los siguientes hechos: a) la actora y el causante contrajeron matrimonio el 2 de enero de 1990; b) posteriormente el señor Cárdenas abandonó su hogar y se mudó a la casa de sus padres; c) con fecha 22 de junio de 2001 se produjo el deceso del actor.
En lo que no existe acuerdo es en relación a las características de la separación de los cónyuges. En efecto, la actora sostiene que el alejamiento nunca fue definitivo y que, en caso de considerarse así, ella no fue culpable de que se produjera. Por su parte la demandada sostiene que, al momento del fallecimiento del causante, los cónyuges estaban separados de hecho, atento a que el señor Cárdenas había dado de baja a la señora Cufré de los servicios sociales, había manifestado que no tenía contacto con ella y se había mudado a la casa de sus padres, fundamento medular del acto denegatorio de la pensión solicitada.
IV.2. Corresponde analizar entonces el marco normativo aplicable al caso, que resulta ser el art. 52 inc. "b" de la ley 11.761, vigente al momento del fallecimiento del señor Cárdenas.
El mismo, en lo que aquí interesa, establece que el derecho a pensión se pierde cuando el cónyuge se halle separado de hecho del causante, a la fecha de la muerte, siempre que haya sido culpable de la separación personal y/o no exista reserva alimentaria a su favor.
IV.2.a. En primer lugar, cabe examinar si se configura la primera parte del supuesto previsto en la norma, esto es, la separación de hecho.
Aquí corresponde reiterar que los litigantes coinciden en que, al momento del fallecimiento, el señor Cárdenas había abandonado el hogar conyugal y, hacia mayo del año 1998, estaba viviendo en el domicilio de sus padres, sito en calle Maestro Piccioli 3.025 de Bahía Blanca. Esta circunstancia fue corroborada por la licenciada Silvia Alma Leiras (v. fs. 47), y ratificada por la actora en sus presentaciones de fs. 79 y 192.
Y si bien la accionante manifiesta que al momento del deceso del causante (junio de 2001), habían vendido el único bien del acervo conyugal y ella también se había mudado al domicilio de los padres del señor Cárdenas, no probó ninguno de estos extremos.
Por su parte, la demandada acompañó las notas presentadas por el señor Cárdenas mediante las cuales solicitó la baja de los Servicios Sociales para la señora Cufre y los hijos de ella y, aunque esta prueba fue desconocida por la actora y la accionada no arbitró los medios necesarios para su corroboración, nunca fue desmentido el pedido de baja de los servicios sociales por parte del causante.
Sin embargo, lo que resulta indubitado es el informe de la licenciada Leiras donde corrobora que el señor Cárdenas se separó de su esposa y fue a vivir con sus padres, el cual, pese a que también fue desconocido por la accionante, luego fue invocado por ella para ratificar su postura tendiente a endilgar culpabilidad de la separación en el señor Cárdenas (ver presentaciones de fs. 79 vta., 139 y 192 vta.).
Por lo que, en virtud de las constancias de autos, tengo por configurada la separación de hecho de los cónyuges.
IV.2.b.i. Cabe ahora analizar la primera de las dos situaciones complementarias que deben configurarse para la pérdida del derecho a pensión, en caso de registrarse una separación de hecho al momento del fallecimiento. Es decir, verificar si la actora fue culpable de la separación.
Es de destacar que en ninguna oportunidad la accionada consideró esta circunstancia como argumento excluyente al momento de decidir sobre la posibilidad de conceder el beneficio a favor de la actora. Por ello, al no existir dato certero acerca de la culpabilidad de la separación, considero que este tema no es conducente a los fines de resolver la presente litis.
IV.2.b.ii. Pese a ello, el art. 52 inc. "b" de la ley 11.761 mencionado, prevé otro supuesto para generar, ante una separación de hecho al momento de la muerte, la pérdida del derecho a pensión, el cual está relacionado con la falta de reserva alimentaria.
La actora en ningún momento manifestó y menos aún intentó probar, que existía reserva alimentaria a su favor.
Tampoco acreditó, para el supuesto de que se tuviera por configurada la separación con su marido, que el señor Cárdenas hubiera sido el sostén del hogar conyugal.
Este Tribunal tiene dicho que es en la suspensión del ingreso proveniente de la vida económica del afiliado donde se concreta el estado de desamparo a cuyo fin acude el beneficio en cuestión (conf. doctr. causa B. 63.208, "Cerdán", sent. de 2-XI-2011) y que lo que procura la pensión es salvar el desequilibrio económico que produce la muerte de alguno de los miembros económicamente activos de la familia (doctr. causas B. 56.404, "Gorosito", sent. de 29-IV-1997; B. 55.042, "Rosner", sent. de 3-XI-1998; B. 58.477, "Colombo", sent. de 16-VIII-2000; B. 57.560, "Vila", sent. de 2-II-2000; B. 56.664, "Sabbatini", sent. de 21-VI-2000; B. 60.486, "V", sent. de 9-IX-2009, B. 66.901, "Centioli", sent. de 9-IX-2015 y B. 65.587, "Gutierrez", sent. de 17-V-2017).
Contrariamente, en el escrito de ampliación de demandada de fs. 79, la actora refirió que "...Debido a su delicado estado de salud, (su marido) decidió -temporalmente- radicarse en el domicilio de sus padres, dado que su madre contaba con mayor disponibilidad horaria para atender los cuidados de su padecimiento que la suscripta, quien debía trabajar para poder mantener nuestro hogar...".
Lo mismo fue ratificado por el testimonio obrante a fs. 79 vta., 138 vta. y en el alegato de la actora.
Por ello no se ha acreditado en el proceso el carácter sustitutivo de la pensión, con el alcance previsto en el art. 52 inc. "b" de la ley 11.761.
En el presente, la totalidad de la tarea probatoria de la actora estuvo encaminada exclusivamente a intentar despojar del carácter de definitivo a la separación con su marido y, en su caso, de endilgar a su esposo la responsabilidad por esa situación. Pese a ello era menester, ante la ausencia de reserva alimentaria, que la demandante acreditara de algún modo que su cónyuge había contribuido a su sostén luego de la separación, vale decir que fuera comprobada la voluntad de aquél, tras la ruptura matrimonial, de continuar alimentando -en el sentido amplio con que debe concebirse al vocablo en la materia- a su grupo familiar o bien demostrar hallarse la reclamante en situación de carecer de medios de subsistencia propios.
Tales extremos, cuya acreditación no se exige en el campo de la seguridad social con mayor rigor, atento la finalidad esencial que informa esta materia, cual es la de cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, le habrían permitido obtener el beneficio reclamado en atención al carácter sustitutivo que posee la pensión (doctr. causas B. 49.345, sent. de 30-X-1984; B. 49.745, sent. de 17-VI-1986; B. 52.223, sent. de 4-XII-1990; B. 59.186, "Ulivares", sent. de 10-IX-2003 y B. 67.488, "Aulisio", sent. de 3-VI-2009).
V. En tales condiciones, ante la separación de hecho de los esposos al momento del fallecimiento y no habiendo probado la reclamante dependencia económica de su ex marido, configurándose uno de los supuestos previstos en el art. 52 inc. "b" de la ley 11.761, juzgo que la demanda debe ser desestimada.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la solución que propone la señora Jueza doctora Kogan, a excepción de lo manifestado en el punto IV.2.b.i., considerando que los fundamentos expuestos en el resto de su exposición resultan suficientes para dirimir la controversia.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los patrocinantes de la parte actora: doctora Miriam Alicia Abaurrea, Marcelo Nicolás Ciccola y Claudio Martín Blanco, en la suma de cinco mil ciento doce pesos -$ 5.112-, en la suma de cinco mil ciento doce pesos -$ 5.112- y en la suma de diecisiete mil quinientos treinta y dos pesos -$ 17.532-, respectivamente (conf. arts. 1, 9, 10,13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3896, dictado el 13-VI-2018), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 11:17:25 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:31:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 17:03:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:03:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 12:48:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia