Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61895
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.895, "Schiffelbein, Marcelo José contra Municipalidad de Pilar. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, de Lázzari
I. Marcelo José Schiffelbein, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Pilar, y solicita se declare la nulidad de los decretos municipales 2.360/99 y 1.231/00, dictados por el Intendente municipal con fecha 14 de diciembre de 1999 y 30 de junio de 2000, respectivamente.
Por el primero de los mencionados actos, se declaró el estado de emergencia administrativa, económica y financiera en la comuna demandada por el término de noventa días. Por el segundo, se dispuso el cese del aquí actor de conformidad a lo establecido en el art. 9 inc. "b" apartado 2 de la ley 11.757.
Por consecuencia de la nulidad pretendida requiere se ordene su reincorporación al cargo que ocupaba al momento del apartamiento, el pago de la totalidad de los salarios devengados desde que se dispuso su cese por el decreto municipal 1.231/00 y se fije una indemnización por el daño moral que, según aduce, tal medida segregativa le irrogó.
Plantea la inconstitucionalidad de los decretos que por esta acción impugna.
Pretende se dicte una medida cautelar que ordene la suspensión de la ejecución de la cesantía dispuesta por el decreto 1.231/00 y el retorno a la situación anterior al dictado de ese acto. Asimismo, pide, también en carácter precautorio, la suspensión del llamado a concurso cerrado para ocupar funciones dentro del ámbito de la Secretaría de Salud.
Por último, solicita se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
Pide se impongan las costas a la contraparte.
II. A fs. 34, este Tribunal entendió que encontrándose acordado por la ley 12.200 el beneficio de litigar sin gastos, con todos sus alcances de pleno derecho, para las cuestiones de empleo público, resultaba innecesario expedirse al respecto.
III. Mediante resolución de fecha 21 de marzo de 2001, esta Corte denegó la medida cautelar solicitada por no encontrarse suficientemente acreditado en autos el perjuicio irreparable que al actor le ocasionaría la ejecución de las decisiones administrativas que impugna en la demanda (v. fs. 42).
IV. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Pilar y plantea la inadmisibilidad de la demanda por no encontrarse agotada la instancia administrativa. Seguidamente la contesta y, con fundamento en la legitimidad del obrar de la Administración comunal, solicita su rechazo (v. fs. 50/52).
IV. Agregadas sin acumular las fotocopias certificadas de las actuaciones administrativas (v. fs. 40), glosado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 81/238), los alegatos presentados por las partes (v. fs. 240/241 -actora- y 242 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la pretensión anulatoria?
En caso afirmativo:
3ª) ¿Es atendible la pretensión indemnizatoria articulada?
En caso afirmativo:
4ª) ¿Corresponde el reconocimiento de intereses para el cálculo del resarcimiento del daño material si no fueron reclamados en la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Municipalidad demandada se opone al progreso de la pretensión por entender, con sustento en lo prescripto por el art. 14 de la ley 12.008 y de lo reglado en los arts. 77 inc. "g" y 79 de la ordenanza general 267, que no se ha agotado la vía administrativa.
Señala que el actor, si bien cuestionó el acto que dispuso su cese en los términos del art. 9 inc. "b" apartado 2 de la ley 11.757 con fecha 11 de agosto de 2000, interpuso demanda el 29 de agosto de ese mismo año, sin que estuviera configurado el silencio administrativo que lo hubiera habilitado luego a accionar por la nulidad del decreto que aquí impugna. Indica que quien demanda nunca presentó un pedido de pronto despacho, sino que por escrito de fecha 3 de noviembre de 2000, luego de incoado el proceso judicial, unilateralmente consideró agotada la vía administrativa.
Paralelamente, la comuna se opone al pedido de declaración de inconstitucionalidad de los decretos impugnados. Afirma que no cabe acumular a la pretensión procesal administrativa otra que plantee la inconstitucionalidad de normas, pues esta última tiene su propio plazo de caducidad, el que considera transcurrido en la especie.
I.2. El actor, en su réplica, se limita a contestar la inadmisibilidad por falta de agotamiento de la vía administrativa. Afirma que el plazo del que dispone la Administración para resolver es de treinta días para el recurso de reconsideración y diez para el jerárquico. Sostiene que sendos plazos habían expirado al tiempo de interposición de la demanda, ocurrido el 29 de agosto de 2000.
A su vez, en el marco de lo dispuesto en el art. 16 inc. 3 de la ley 12.008, dice que no resulta necesaria la presentación del pronto despacho por tramitar ambos recursos ante la misma autoridad que dictó el acto cuestionado.
Aduce también que el caso de autos no exige el agotamiento de la vía por las razones contempladas en el art. 14 inc. "a" de la ley 12.008; esto es, "cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación o cuando, en atención a particulares circunstancias del caso, exigirla resultare para el administrado una carga excesiva e inútil".
I.3. La oposición articulada debe resolverse a la luz de las prescripciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, que instituye el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo; reglas aplicables al sub lite a tenor de lo resuelto por el Tribunal en las causas B. 64.996, "Delbés", resolución de 4-II-2004; B. 64.203, "Lobbe", resolución de 24-III-2004; B. 63.451, "Bazzano", resolución de 29-IX-2004 y posteriores.
II.1. El apartado 1, inc. "a" del art. 14 no exige mayor actividad en sede administrativa si " [...] el acto [...] definitivo de alcance particular hubiera sido dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final [...] sea de oficio o con la previa audiencia o intervención del interesado". El inc. "c" del mismo precepto prescribe igual solución con respecto a los actos de alcance general emanados de la autoridad jerárquica superior, naturaleza que cabe predicar del decreto 2.360/99.
En la especie, los actos cuestionados fueron emitidos por el titular del Departamento Ejecutivo comunal. Es claro que dicho órgano posee la cualidad de autoridad con competencia resolutoria final cuya decisión deja expedita la vía judicial (conf. doctr. causa B. 58.720, "Di Santo", sent. de 14-IX-2005).
II.2. No modifica la conclusión anterior el hecho de que el actor haya concurrido a esta instancia encontrándose pendientes los recursos de revocatoria y jerárquico deducidos en los términos del art. 88 de la ley 11.757 contra los actos del Intendente municipal.
De un lado, dicha actividad recursiva aparece justificada por la vigencia -en aquel entonces- de la doctrina mayoritaria de este Tribunal en la causa "Lesieux" (B. 50.359, sent. de 11-XII-1986); luego abandonada definitivamente por la doctrina de la causa "Flores" (B. 56.921, sent. de 15-III-2006). De otro, en supuestos como el aquí analizado, no resulta viable la opción por el saneamiento previsto en el art. 36 inc. 2, apartado "c" del Código Contencioso Administrativo, norma que encuentra su ámbito de aplicación cuando el defecto en las condiciones de admisibilidad de la demanda se advierte en la etapa introductoria del proceso, es decir, al resolver las excepciones previas (v. causa B. 65.392, "Yapur", resol. de 17-IX-2008). De tal modo, su aplicación en este caso simplemente dilataría la decisión final sobre el fondo cuando, en rigor, las posiciones sustanciales de los litigantes ya configuran un verdadero caso administrativo susceptible de ser resuelto por el Tribunal; desembocando en un exceso de rigor formal, contrario a la garantía de la tutela judicial continua y efectiva (arts. 15, Const. prov. y 14, inc. "b", CCA, doctr. causa B. 61.894, "Ortega", sent. 8-X-2014).
El art. 166 de la Constitución provincial, con los alcances que le hemos dado en la causa "Gaineddu" (B. 64.553, sent. de 23-V-2003) debe actuar como un ineludible principio rector para la interpretación de las normas contenidas en el Código Procesal Administrativo (doctr. causa A. 70.396, "Franchetti", sent. de 19-X-2011). De modo que, de consuno con la garantía prevista en el art. 15 de la Constitución provincial, franqueen el acceso a la jurisdicción en todos aquellos supuestos en que exista una opción válida.
II.3. Por lo expuesto, la oposición basada en la falta de agotamiento de la vía administrativa no es de recibo.
II.4. El reparo dirigido al pedido de declaración de inconstitucionalidad de los actos cuestionados, merece igual desestimación.
Instaurado el proceso con arreglo a alguna de las pretensiones previstas por el ordenamiento (art. 12, ley 12.008 -t.o. ley 13.101-), si para la resolución del caso fuere necesario, puede en el marco de una acción contencioso administrativa declararse la inconstitucionalidad de las normas o actos comprometidos (art. 3, ley 12.008; conf. doctr. causa B. 61.894, cit.).
Corresponde pues, rechazar las objeciones formales esgrimidas por la comuna accionada.
Voto por la afirmativa .
Costas en el orden causado (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-)
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Entiendo que la interposición de un recurso administrativo implica -en algún aspecto- el reconocimiento del particular a la idoneidad del carril impugnatorio frente a la propia administración y de las cargas específicas que deben cumplirse ante dicha sumisión.
He de allí que, una vez deducida la impugnación administrativa, el interesado mal puede desentenderse de su suerte y promover una acción suscitando el ejercicio de la jurisdicción contenciosa, estando aquel recurso administrativo aún pendiente de decisión.
II. Ahora bien, y en lo que al caso interesa, el actor interpuso un recurso administrativo a fin de que se revocase la decisión ahora enjuiciada.
Las circunstancias reseñadas por el señor Juez del primer voto, en cuanto a la imposibilidad de actuar la previsión del art. 36 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, sumado a la forma en que se opuso la excepción, al modo en que se sostuvo la legitimidad del acto cuestionado y la ausencia del acto administrativo correspondiente -cuando menos al tiempo de contestar la demanda-, evidencian en este caso el desinterés municipal de resolver la impugnación actoral en su propia sede, cerrando esa la etapa constitutiva del proceso.
En tal orden de ideas, teniendo en consideración que el acto administrativo en debate manifiesta las notas suficientes para la apertura del enjuiciamiento ante este Tribunal, adhiero a la solución que promueve el señor Juez doctor Soria y doy mi voto en igual sentido.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que se desempeñó como médico Asistente de 24 hs. semanales en el Servicio de Tocoginecología del Hospital municipal "Juan Cirilo Sanguinetti" de Pilar desde el 2 de enero de 1987. Acota que ingresó a la planta profesional del mencionado nosocomio por concurso público de la Carrera Profesional Sanitaria municipal regida por la ordenanza 190/99.
Señala que mediante telegrama de fecha 23 de junio de 2000 se le comunicó que había sido declarado en disponibilidad de conformidad con lo establecido en el art. 9 inc. "b" apartado 2 de la ley 11.757. Días después, el 11 de agosto de 2000, se le notificó su cese en el cargo antes indicado con fundamento en la misma normativa.
Aclara que desde el momento en que se lo declaró en disponibilidad inició un intercambio de comunicación telegráfica con el municipio manifestando su repudio hacia la medida segregativa dispuesta. Refiere que en tiempo oportuno dedujo recursos de revocatoria y jerárquico contra los decretos 2.360/99 y 1.231/00 que la instrumentaron.
Argumenta acerca de la inaplicabilidad de la ley 11.757 a su desempeño laboral. Acota que su relación de trabajo con la comuna se regía por la ordenanza 190/99 que consagró la carrera profesional sanitaria municipal. Precisa que el art. 50 de este régimen se encuentra amparado por la inamovilidad en su cargo y protección contra el despido arbitrario. Expresa que no puede ser declarado cesante, ni sometido a sanción disciplinaria, sino con arreglo a las prescripciones de la citada ordenanza.
Advierte que se incumplió un mandato legal al darse de baja a un agente que no revistaba en la Administración central, sino que desempeñaba funciones asistenciales.
Impugna el decreto que declaró la emergencia por haber sido dispuesta de manera infundada y, por consiguiente, arbitraria. Dice que no posee causa y no ha sido adecuadamente motivado.
Niega que haya existido la reestructuración invocada por la autoridad comunal para justificar su cese. Acota que ningún acto se dictó que plasmara esa decisión.
A su vez, razona que, de haber existido tal reestructuración tendría que haberse efectuado comenzando con el cese del personal de menor antigüedad, el contratado, que no poseyera estabilidad.
Pone de resalto que, durante la vigencia de la emergencia, la demandada incorporó personal profesional médico y administrativo nuevo.
Postula que el cese que se le aplicó "no tiene un fundamento causal basado en una falta disciplinaria" sino "en un acto caprichoso e interiormente de rango político y discriminatorio, de parte del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Del Pilar".
Finalmente plantea la inconstitucionalidad de los decretos impugnados en cuanto vulneran la garantía de estabilidad en el empleo al separarlo infundadamente de su cargo e impedir el ejercicio del derecho de defensa, ya que no se le permitió realizar descargo en un procedimiento sumarial con el fin de resguardar su fuente de trabajo.
II. Al contestar la demanda la Municipalidad de Pilar argumenta acerca de la legitimidad de los actos cuestionados en el proceso.
Destaca que ante la grave situación económica y financiera en la que se encontraba la comuna al asumir las autoridades electas en 1999, se dictó el decreto 2.360/99 que declaró en emergencia administrativa, económica y financiera, por el término de noventa días, a la Municipalidad de Pilar.
Precisa que dicho acto también determinó la disponibilidad absoluta del personal municipal invocando lo dispuesto por el art. 9 inc. "b" de la ley 11.757 y la reestructuración general de las dependencias pertenecientes a la Administración Central del Departamento Ejecutivo.
Afirma que una vez transcurrido el término de la emergencia sin que se le hubiere reasignado destino ni ubicación en la reestructuración de áreas administrativas, se dispuso el cese del actor.
En cuanto al régimen de la carrera profesional sanitaria municipal en que se ampara el demandante, indica que el propio sistema se ocupa de establecer que el cese del agente en el cargo se produce por las causas y en la forma que establecen las normas vigentes para el personal de la Intendencia municipal de Pilar.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditadas las siguientes circunstancias útiles para la decisión de autos:
III.1. Con motivo del Concurso Abierto de Méritos y Antecedentes -decretos 314/86, 290/86 y 291/86-, el actor fue designado en el hospital municipal en el cargo de "Profesional Asistente 24 horas semanales en el Servicio de Tocoginecología, a partir del 2 de enero de 1987" (v. dec. 40/87 de 12-I-1987).
III.2. Por decreto 1.145/00, en el marco de la emergencia declarada por el decreto 2.360/99, el Intendente municipal ordenó la disponibilidad del doctor Schiffelbein a partir del 12 de junio de 2000 (v. fs. 99). La notificación se efectuó el 23 de junio de 2000 (v. fs. 1).
III.3. Mediante telegrama fechado el 4 de julio de 2000 el doctor Schiffelbein impugnó la disponibilidad dispuesta por decreto 1.145/00 (v. fs. 2).
III.4. Por decreto 1.231/00 dictado por el Intendente municipal el 30 de junio de 2000 se dispuso el cese de seis profesionales de la salud, entre ellos, el del doctor Schiffelbein (v. fs. 95/96). Este acto fue notificado el 11 de junio de 2000 (v. fs. 3).
III.5. Por carta documento cuya copia obra agregada a fs. 4 el aquí actor impugnó el cese dispuesto.
III.6. Por decreto municipal 2.360/99 de fecha 14 de diciembre de 1999 se declaró en situación de emergencia administrativa, económica y financiera a la Municipalidad de Pilar, por el término de noventa días (art. 1).
IV. Tal como han sido expuestas las posiciones de las partes, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si el cese impuesto al actor de conformidad con lo dispuesto en el art. 9 inc. "b" de la ley 11.757, se ajusta a derecho.
Igual que la causa B. 61.894, "Ortega", sentencia de 8-X-2014, en la que se decidió una cuestión análoga a la debatida en autos, y cuyos fundamentos me permito reproducir, la pretensión vinculada a la anulación de los actos segregativos, debe prosperar.
IV.1. El argumento invocado por el accionante respecto a la inaplicabilidad a su desempeño laboral del art. 9 de la ley 11.757, en la especie, no es de recibo; aunque tal conclusión requiere efectuar ciertas precisiones.
IV.1.a. La ley 11.757 alcanzaba, al personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (art. 1), con las excepciones que estipulaba el art. 2. Entre ellas, cabe reconocer al personal municipal incluido en otros regímenes (inc. "b").
Por cierto, este es el caso del accionante, cuya relación con el municipio se regulaba por la ordenanza 190/99 que rige la carrera profesional sanitaria municipal en el Partido de Pilar.
En adición, resulta una pauta que indica el alcance de la disposición analizada, el dictado de la ley 11.759 -posterior a la sanción del régimen de empleo municipal- que conformó el estatuto para los agentes que presten servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y los municipios que adhieran al régimen. No encontrándose probada en autos la adhesión del Municipio de Pilar (conf. doctr. causa B. 63.590, "Saisi", sent. de 5-III-2003) y teniendo en cuenta que conforme el art. 61 de dicha norma se supeditó su entrada en vigencia al dictado de la reglamentación, circunstancia no ocurrida, cabe concluir en el mantenimiento del sistema estatutario vigente en la jurisdicción comunal en la que prestaba servicios el actor (conf. doctr. causa B. 62.568, "Alfaro", sent. de 18-IV-2011).
IV.1.b. Sin embargo, esta circunstancia no obsta la aplicación del art. 9 de la ley 11.757.
De un lado, el mismo art. 2, luego de disponer la exclusión de los agentes incluidos en otros regímenes, limita el alcance de la disposición estableciendo "salvo en los aspectos que no hubieran previsto". De otro, la ordenanza 190/99 al regular las causales de cese, prevé en el art. 59 (v. fs. 22) que "el cese del agente en el cargo se producirá: [...] Por otras causas y en la forma en que establezcan las normas vigentes para el personal de la Intendencia
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