Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62278
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.278, "Alfano, Ricardo Rafael contra Municipalidad de San Fernando. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan , Pettigiani , Genoud , de Lázzari.
I. El señor Ricardo Rafael Alfano, por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de San Fernando a efectos de que se declare la nulidad de los decretos 1.645/00, 2.292/00 y 2.869/00 dictados por el Intendente de dicho partido en el expediente administrativo 4.353/99.
Por el primero de los actos mencionados se aplicó al actor la sanción de cesantía por haber incurrido en lo previsto en los arts. 60 incs. "b" y "e" y 64 inc. 6 de la ley 11.757, de consuno con lo prescripto en el art. 62 inc. II apartado "d" del mismo ordenamiento. El decreto 2.292/00 rechazó el recurso de revocatoria deducido por el interesado contra el antecedente y el 2.869/00 denegó el recurso jerárquico deducido en subsidio.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicita que se ordene su reincorporación al cargo que ocupaba al tiempo de disponerse el cese y el pago de la totalidad de los salarios caídos más una indemnización por el daño moral que, según afirma, la sanción impugnada le irrogó.
II. Corrido el traslado de ley, se presentó a juicio la Municipalidad de San Fernando, contestó la demanda, argumentó en favor de la legitimidad de las decisiones atacadas y solicitó el rechazo de la acción (v. fs. 262/265).
III. Agregadas las actuaciones administrativas (v. fs. 134/260) y los cuadernos de prueba (v. fs. 319/365 -actora- y fs. 366/523 -demandada-), glosado el alegato presentado por la demandada (v. fs. 526/530), no habiendo hecho uso de ese derecho la actora (v. fs. 533), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde reconocer un resarcimiento por el daño material? ¿En qué medida?
3ª) ¿Debe indemnizarse el daño moral?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El actor relata que se desempeñó como médico en la Municipalidad de San Fernando desde el año 1989, en un primer momento como Jefe de Centro (36 horas semanales, categoría 15) en el Centro de Salud "Barrio María Isabel". Manifiesta que desarrolló las tareas a su cargo con empeño, dedicación e idoneidad profesional.
Apunta que hacia el año 1995 se sucedieron en el ámbito del Departamento Ejecutivo municipal y en el seno del Partido Justicialista de San Fernando una serie de conflictos que derivaron en la renuncia del entonces jefe comunal. Señala que participó como candidato a Intendente en las elecciones internas del mencionado partido, resultando electo su contrincante el señor Gerardo Osvaldo Amieiro.
Continúa narrando que, en ese contexto, por decreto 30.961 de 30-VI-1995 se le limitó la función y disminuyó su categoría, medida esta última que también afectó -según dice- a otros agentes municipales. Reconoce que en esa oportunidad no impugnó la decisión.
Dice que posteriormente, el 16 de diciembre de 1998, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo para deslindar su responsabilidad por la supuesta firma de dos recetas incompletas. Comenta que este procedimiento culminó con un llamado de atención que, según asevera, fue aplicado arbitrariamente al no haberse probado el hecho denunciado.
Manifiesta que para esa época ya se había alejado del Partido Justicialista y había ingresado al FRE.PA.SO. Narra que siendo inminentes las elecciones generales del año 1999, el 6 de septiembre se labró un acta notarial en la que se dejó constancia de que se habían detectado en el sistema informático del Centro de Salud "Dr. Horacio Bertres" documentos ajenos al quehacer de esa unidad sanitaria.
Observa que en dicho instrumento no se detalló ni describió el contenido de los archivos supuestamente extraños a la actividad médica. Agrega que tampoco se indicó el nombre de la empresa prestadora de servicios informáticos que habría dado con los documentos en cuestión.
Señala que, como consecuencia de ello, el Intendente ordenó la instrucción de otro sumario a fin de deslindar la responsabilidad que le pudiera caber en el desempeño de sus funciones, en atención a la denuncia a la que se acompañó la aludida acta notarial y que diere origen al expediente 4.353/99.
Se agravia ya que el 10 de julio de 2000, a través del decreto 1.645/00, se le aplicó la sanción de cesantía por haber incurrido en lo establecido en los arts. 60 incs. "b" y "e" y 64 inc. 6 de la ley 11.757, en consonancia con lo prescripto en el art. 62 inc. II apartado "d" del mismo plexo. Agrega que esta sanción fue confirmada por los decretos 2.292/00 y 2.869/00 que rechazaron los recursos incoados contra la medida segregativa.
Asegura haber sufrido reiteradamente "medidas y sanciones arbitrarias y de corte netamente persecutorias".
Asevera que durante el procedimiento disciplinario a que refiere esta acción, la Administración no demostró la autoría del documento "Alianza. Objetivos políticos en San Fernando". Desconoce que se encuentre probado fehacientemente que haya operado el ordenador para su redacción. Por ende, alega que la autoridad administrativa incurrió en absurda valoración de la prueba.
Por otra parte, reconoce ser el autor del documento agregado a fs. 10/14 del expediente administrativo, titulado "Incremento de pacientes con hipertensión asintomática arterial en la posmenopausia". Sin embargo, niega haberse arrogado impropiamente facultad alguna con relación a la agente municipal a quien, en forma particular y fuera del ámbito laboral, le encargó la confección del documento informático a cambio de una remuneración.
Asimismo, sostiene que el acto administrativo impugnado incurrió en arbitrariedad y exceso de punición, en tanto reputa que no existió adecuada proporcionalidad entre la sanción impuesta y las faltas imputadas.
Por último, pretende que se fije una indemnización por el daño material y moral que, según afirma, la medida segregativa le irrogó.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de San Fernando explica que la empresa de servicios informáticos contratada en aquella época tenía a su cargo el control del mantenimiento de las computadoras de los centros de salud. Señala que su uso era exclusivamente para el sistema de administración sanitario. Apunta que el Director de Centros de Atención Primaria había solicitado que le informaran cuando advirtiesen anomalías en el empleo de aquellas. Continúa diciendo que fue de este modo que personal de la empresa observó que había documentos del utilitario WRITE que ocupaban espacio y que no se vinculaban al quehacer del sistema informático implementado en el nosocomio.
Recuerda que ante esta situación se labró un acta notarial en la que se dejó constancia de la existencia de tales archivos, los que fueron grabados en un diskette en el mismo acto. Agrega que los documentos luego fueron desgrabados, surgiendo de su contenido que no se vinculaban con la actividad de los centros de salud. Comenta que sobre la base de tales irregularidades se ordenó la instrucción de un sumario administrativo.
Asevera que el doctor Alfano tuvo plena participación en el referido sumario y pudo ejercer su derecho de defensa. Pone de resalto que no obstante ello, el actor no acreditó las circunstancias por las que se desliga de responsabilidad; esto es, que contrató a una agente municipal para que pasara en computadora uno de los documentos a cambio de recibir una suma de dinero.
Se excusa de no haberle tomado declaración a los testigos propuestos por el doctor Alfano en el hecho de que ni los testigos ni el imputado se presentaron a la audiencia previamente fijada y notificada, ni tampoco el segundo acompañó el interrogatorio en tiempo y forma, ni citó a los testigos.
Sostiene que los hechos imputados resultan acreditados con el acta notarial que el interesado no cuestionó mediante redargución de falsedad.
Niega que la sanción sea desproporcionada con relación a las faltas imputadas. Considera que la conducta reprochada fue "gravísima". Afirma que el accionante ya había sido sancionado con un llamado de atención por haber firmado recetarios en blanco los cuales salieron de su órbita de control, siendo completados a posteriori por terceras personas.
Advierte que, por ser médico, director y más adelante, interventor distrital del PAMI, no podía desconocer el alcance de sus facultades y obligaciones; entre ellas: saber que jamás debía utilizar en beneficio propio las máquinas o el personal a su cargo.
Finalmente, destaca que la agente Demaio, en su declaración indagatoria, reconoció como de autoría del doctor Alfano los documentos agregados a fs. 4/14, y que él le había pedido como un favor que se lo pasara en computadora. En este sentido, razona que los empleados del centro de salud pudieron sentirse intimidados y no tener el valor suficiente para cuestionar la orden impartida por quien era su superior.
III. De la prueba producida en autos resultan los siguientes hechos relevantes para decidir el caso sometido a decisión:
III.1. Expediente administrativo 5.630/98:
III.1.a. Mediante decreto 254/99 se ordenó la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar la actuación del doctor Alfano con relación a la denuncia de haberse hallado dos recetas incompletas suscriptas por el mencionado profesional (v. fs. 140).
III.1.b. El 15 de diciembre de 1999 el Secretario de Salud Pública decidió aplicar al doctor Alfano un llamado de atención por los hechos referidos en el apartado anterior (v. fs. 154).
III.2. Expediente administrativo 4.353/99:
III.2.a. Escritura 264 - Acta de constatación (v. fs. 158 y 385/398).
III.2.b. Nota sin fecha dirigida al senador provincial Ricardo Villarino en cuyo cierre se consigna "Saluda afectuosamente Ricardo R. Alfano" (v. fs. 159).
III.2.c. Documento "Tipo de estado actual en la Argentina" sin fecha. Al final se consigna "Dr. Ricardo R. Alfano" (v. fs. 160/161).
III.2.d. Documento "Alianza. Objetivos políticos en el Área en el Partido de San Fernando" (v. fs. 162/165). Al final en apartado "Responsables y Participantes" se consigna doctor Ricardo R. Alfano.
III.2.e. Documento "Título: Incremento de Pacientes con Hipertensión asintomática arterial en la posmenopausia". No contiene fecha ni se consigna ningún nombre (v. fs. 166/170).
III.2.f. Decreto municipal 1.774/99 que ordena la instrucción de sumario al doctor Alfano (v. fs. 172).
III.2.g. Declaración indagatoria del actor (v. fs. 175).
III.2.h. Legajo personal del agente Ricardo Rafael Alfano (v. fs. 178/208).
III.2.i. Declaración testimonial del doctor Martín César Lissarrague (v. fs. 209).
III.2.j. A fs. 210/211 la Asesoría Letrada de la Municipalidad de San Fernando declara el cierre de la instrucción y ordena el traslado al imputado para que en el plazo de diez días presente su descargo y ofrezca las medidas de prueba que estime oportunas.
III.2.k. El encartado presentó su descargo a fs. 215/216.
III.2.l. Atento al dictamen de la Asesoría Letrada comunal y de la Junta de Calificaciones y Disciplina, mediante decreto 1.645/00 el Intendente dispone "...la cesantía del agente Ricardo Rafael Alfano por haber incurrido en lo establecido en el artículo 60 inciso b) y e) y artículo 64 inciso 6 de la ley 11.757 [...] en consonancia con lo prescripto por el art. 62-II-d) de la misma ley" (fs. 235).
III.2.m. A través de los decretos 2.292/00 (v. fs. 242/243) y 2.869/00 (v. fs. 250), el Intendente Municipal rechazó los recursos de revocatoria y jerárquico incoados contra el decreto 1.645/00.
IV. Conforme los antecedentes reseñados y las posiciones de las partes antes detalladas, la cuestión a decidir se centra en determinar si la aplicación de la sanción de cesantía al actor se ajusta a derecho.
IV.1. Preliminarmente es preciso señalar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos que importen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70 y ord. gral. 267/80; cfr. mi voto en las causas B. 58.328, "Millar", sent. de 21-V-2003; B. 59.078, "González", sent. de 28-V-2003; B. 57.563, "Agliani", sent. de 4-VI-2003; B. 57.907, "Von Ortel", sent. de 4-VIII-2004; B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; B. 62.616, "F. C., A.", sent. de 18-II-2009; B. 58.669, "C., F. C.", sent. de 30-V-2012; B. 66.966, "Ávila", sent. de 14-VIII-2013; B. 59.441, "Castañares", sent. de 29-V-2019; entre muchos otros).
Sentado ello, corresponde ingresar al análisis de los agravios planteados por el accionante.
IV.2. Como argumento principal, este último afirma que en la especie hubo una errónea apreciación de los antecedentes de hecho que derivaron en su cesantía, habiendo la Administración incurrido en absurdo a la hora de evaluar la prueba producida durante el sumario administrativo con la que se buscó dar con la materialidad de las faltas tipificadas en el art. 60 incs. "b" y "e" de la derogada ley 11.757. A saber: "Arrogarse atribuciones que no le correspondan" y "Retirar o utilizar, con fines particulares, los bienes municipales y los documentos de las reparticiones públicas, así como también, los servicios de personal a su orden, dentro del horario de trabajo que el mismo tenga fijado", respectivamente.
En esta clase de controversias, tiene dicho el tribunal que la imputación de una falta constituye el requisito previo de la responsabilidad administrativa de todo agente y, por ende, de su deber jurídico de responder por el acto en cuestión, en virtud de lo cual, para declararlo responsable de un hecho resulta menester que la acción u omisión pueda atribuírsele, probando de modo cierto la conexión entre la falta y su autor (cfr. doctr. causas B. 54.065, "Bravo Almonacid", sent. de 11-X-1995; B. 59.071, "Real", sent. de 5-VIII-2009; B. 55.127, "Roig", sent. de 31-VIII-2011; B. 57.117, "Carbonara", sent. de 7-IV-2010; B. 66.140, "Erquiaga Ruesta", sent. de 3-IV-2014; e.o.).
IV.3. De acuerdo a las consideraciones arriba desarrolladas e invirtiendo el orden de exposición, entiendo que no resulta acreditado adecuada y suficientemente que el actor haya sido quien efectivamente generó en la computadora del centro de salud municipal los documentos cuyo descubrimiento derivaron en el sumario.
En ese sentido, cabe recordar que las actuaciones que culminaron con la cesantía del doctor Alfano se iniciaron tras la denuncia efectuada por un funcionario municipal a partir del hecho detallado en el acta de constatación de fecha 6 de septiembre de 1999.
En la mencionada escritura pública se consignó: "...ante mí [...] comparece: don Martín César Lisarrague [...] Interviene por sí y expone: Que es Director de Atención Primaria de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Fernando. Que por informaciones suministradas por la empresa prestadora de servicios informáticos de dicha secretaría, se detectó en el sistema informático del Centro de Salud Dr. Horacio Bertres [...] documentos ajenos al quehacer de dicho centro. Que a los efectos legales a que hubiere lugar solicita de mi, notario autorizante, me constituya en dicho Centro de Salud a fin de dejar constancia por escritura pública de tales circunstancias. Accediendo a lo requerido, me constituí con el requirente en el centro de salud Dr. Horacio Bertres [...] donde se procedió a copiar de una computadora que en su monitor y equipo reza 'Siemens NIXDORF – SCENIC', todos los archivos del programa WRITE, los que son grabados en un diskette que identifico con mi firma. Acto seguido, [...] nos dirigimos al primer piso [...] donde funcionan dependencias de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Fernando, en una computadora ubicada en el lugar se procedió a colocar el diskette referido e imprimir los archivos Carta2, Doc.WRI, ALFA y ALFANO.WRI que agrego a la presente y formarán parte del mismo. No siendo para más di por terminada la presente [...] Concuerda con su matriz que pasó ante mí al folio 1392 del registro siete a mi cargo. Para el interesado expido el presente testimonio en un folio de actuación notarial...". A fs. 385/398 se acompañaron copias intervenidas por el mismo notario del acta de constatación antes transcripta, nota dirigida al senador provincial Ricardo Villarino, y documentos titulados "Tipo de estado actual en la Argentina", "Alianza. Objetivos Políticos en el Área en el Partido de San Fernando" e "Incremento de pacientes con Hipertensión asintomática arterial en la posmenopausia" (v. fs. 385/398). El actor desconoce haber redactado la nota y el segundo documento, que son los de mayor contenido político-partidario (v. fs. 175).
Desde ya que no puede negarse que la actuación del escribano público prueba la existencia de dichos archivos en la computadora del Centro de Salud "Dr. Horacio Bertres". Sin embargo, mal puede resultar hábil para acreditar sin margen de duda que ellos hayan sido generados por el doctor Alfano, pues a través de esa diligencia no fue posible individualizar al autor de aquellos. La circunstancia de que el nombre de los documentos sea el apellido del actor o una parte de aquel -o que su nombre figure en su contenido-, si bien útil como indicio, no constituye prueba irrefutable de que haya sido él quien crease los archivos en la computadora del nosocomio. Al menos no como para justificar una sanción tan severa como la finalmente escogida.
Así las cosas, se debe concluir que la evidencia en la que se basó la comuna para encuadrar la conducta reprochada en los términos del art. 60 inc. "e" de la ley 11.757 es, en el mejor de los casos, conjetural.
IV.4. Tampoco se verifica con la certeza suficiente que el actor se haya arrogado atribuciones que no le correspondían con relación a otros agentes municipales.
En la declaración agregada a fs. 334/335 vta. la testigo Demaio, quien afirma ser la única empleada administrativa en aquel tiempo, dijo respecto de las transcripciones realizadas para el doctor Alfano que se trataban de apuntes relacionados al curso en salud pública al que éste estaba asistiendo. Sin embargo, asegura que hacía esos trabajos fuera del horario laboral, primero en su casa y -cuando su computadora personal se averió- usó la del centro de salud fuera del horario de atención y cuando no tenía actividades pendientes.
A fs. 337/338 la testigo González, quien dice ser enfermera del nosocomio donde ocurrieron los hechos, comentó que las empleadas administrativas recibían órdenes de la Directora del Centro de Salud y no le constaba que los médicos les diesen directivas o indicaciones salvo cuando haya cambios de horarios o modificación en los turnos. Asimismo, que tanto ella como otras personas también conservaban archivos personales en la computadora del establecimiento (v.gr., currículums vitae).
Finalmente, a fs. 468/469 la testigo Sert, si bien cargó contra los dichos de la testigo Demaio, manifestó que "...por más que el doctor Alfano (me) lo pid
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