Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65287
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.287, "Moschini, Luis y otro contra Municipalidad de General San Martín. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
I. Luis Horacio Moschini y Carlos Alberto Zarba promovieron ante el fuero civil y comercial de General San Martín, demanda contra la Municipalidad del citado partido por el cobro de pesos con más actualización, depreciación monetaria e imposición de costas del juicio a la demandada (v. fs. 49/52).
II. La jueza de grado resolvió elevar los autos en consulta a este Tribunal, por considerar que la cuestión planteada podría resultar propia de la materia contencioso administrativa (v. fs. 87/90).
III. Recurrido por los actores tal decisorio, la Cámara de Apelaciones departamental remitió los autos a esta Corte que, a través de la resolución de 7-V-2003, decidió radicarlos en virtud de tratarse de una pretensión de indudable naturaleza administrativa, dado que la deuda reclamada suponía la existencia de un contrato de esa índole (v. fs. 93 y 104/106).
IV. Corrido el traslado de ley (v. fs. 118) se presentó la apoderada de la Municipalidad de General San Martín. Solicitó se decrete la caducidad de instancia y, para el caso de no hacerse lugar a ello, opuso la excepción de falta de legitimación activa (v. fs. 180/188). Luego a fs. 198/208 el mentado municipio contestó la demanda y argumentó el rechazo en todas sus partes.
De lo actuado se dio traslado a los actores, quienes lo contestaron y solicitaron el rechazo de la oposición formal y de la caducidad de instancia (v. fs. 195 y 198/208)
V. El Tribunal por resolución de 8-X-2014 no hizo lugar los planteos formulados (v. fs. 230/234).
VI. Rendida la totalidad de la prueba ofrecida por las partes, no habiendo hecho uso éstas del derecho a presentar alegato, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los actores promueven la acción invocando su carácter de cesionarios de los derechos de cobro por la prestación del servicio público de barrido de calles y avenidas pavimentadas, derivados del contrato de concesión que la cedente, "Alvarez y Patiño S.A.", había perfeccionado con la demandada en el marco de la licitación pública n° 2/98 (conf. dec. 365, de 9-IV-2001 y ord. n° 7.651/01).
Relatan que, en tal carácter, pretenden el cobro de la suma de $180.000 que -dicen- la accionada adeuda a la firma mencionada por los servicios contratados.
Sostienen que, por trabajos ejecutados a la empresa cedente, ésta les adeuda la suma de dinero que reclaman, cuyo saldo fue ofrecido como compensación mediante el contrato de cesión referenciado (cláusula X), el que fue puesto en conocimiento de la comuna demandada conforme surge de la documental glosada a fs. 2/8.
Entienden que, en concordancia con las disposiciones emergentes del título IV del por entonces vigente Código Civil y en particular de su art. 1.434, son titulares del crédito transferido.
Agregan que el 2 de febrero de 2002 por carta documento n° 24.624.117-5-AR, recibida por la demandada el día 5 del mismo mes y año, intimaron el pago de lo adeudado sin haber recibido respuesta alguna.
Señalan que el 4 de febrero de 2002 formularon un nuevo reclamo ante el Ejecutivo comunal, lo que originó la formación del expediente administrativo 349-A-2002, en el que la aludida autoridad rechazó el pedido por entender que la cesión de créditos no se encontraba en debida forma.
Ante ello, prosiguen, el 8 de febrero de 2002 presentaron la cesión debidamente legalizada la que fue nuevamente rechazada por la comuna, invocando el mismo argumento. Circunstancia que se traduce, según afirman, en una demostración de la falta de voluntad de pago por parte de la demandada.
Afirman que tomaron conocimiento de que el Intendente comunal decretó en el expediente administrativo 15.804-D-97 la rescisión del contrato con la sociedad cedente y la suspensión de los pagos de toda suma de dinero devengada o a devengarse a favor de aquella, a efectos de garantizar el pago de los haberes del personal afectado a la ejecución de los trabajos contratados.
Tildan a tal comportamiento como una forma irregular de privilegiar créditos en perjuicio de derechos consentidos a su favor por la Municipalidad demandada, en tanto no fue impugnado el contrato de cesión de créditos que da sustento al reclamo.
Concluyen que acuden a la instancia judicial a efectos de que se reconozca la deuda frente a la desestimación por parte de la comuna demandada y se agravian de la facultad que se arrogó el Intendente municipal de privilegiar créditos.
Ofrecen prueba documental.
II. Por su parte, el representante de la Municipalidad de General San Martín solicita el rechazo de la pretensión objeto de la demanda.
Procede a efectuar una negativa particularizada y categórica de los hechos expuestos en la acción procesal administrativa, en especial que deba suma alguna a los actores. A su vez, rechaza y desconoce toda la documentación presentada "...que no sea expresamente reconocida por mi mandante...".
Luego, reitera los argumentos por los cuales solicitó la caducidad de instancia y peticiona que, de no hacerse lugar a ello, se tengan en cuenta a los efectos de resolver la cuestión.
En tal marco, tacha de negligente la conducta de los actores por haber representado una clara manifestación de desinterés en la prosecución del juicio, atento que el traslado de la demanda fue conferido pasados nueve años de iniciado el pleito y once años de acontecidos los hechos origen del reclamo. Asegura que ello la ha puesto en un virtual estado de indefensión.
Indica que, tal como surge del expediente administrativo 349-A-2002, la cesión de créditos que originó el reclamo nunca fue notificada a la comuna, ni surtió efectos legales en su contra, circunstancia que ya era conocida por los accionantes a través de dictámenes administrativos producidos en el expediente citado.
Reconoce que el 18 de enero de 2002 la empresa "Alvarez y Patiño S.A." presentó una nota (v. fs. 1, expte. adm. cit.) "...comunicando mediante nota simple que había cedido sus derechos de cobro por la prestación del servicio público en el marco de la licitación pública N° 2/98...". Reitera en esta instancia, que dicha presentación no cumple con los requisitos legales para su validez, ni se trata del instrumento adecuado para hacerlo.
Señala que, por tal razón, el Departamento de Asuntos Legales municipal, ante la solicitud de pago de los aquí actores realizada el 4 de febrero de 2002, dictaminó que correspondía el rechazo de dicha presentación por improcedente, en cuanto el art. 37 de la ordenanza general 267 disponía que los documentos expedidos por autoridad extraña a la Provincia de Buenos Aires tenían que presentarse debidamente legalizados.
Explica que los accionantes, notificados del acto que rechazó su petición, presentaron nuevamente una copia carente de valor legal lo que llevó al dictado de la resolución 98/02 que la tuvo por no efectuada, luego de lo cual no hubo actuación alguna tendiente a salvar los defectos apuntados.
Sostiene que, de acuerdo a los principios legales aplicables, la cesión de créditos sólo surte efectos respecto al deudor cedido y a los terceros cuando les es fehacientemente notificada, lo cual no aconteció en tanto no se acompañó el título en debida forma.
Agrega que, según se desprende del art. 1.965 del por entonces vigente Código Civil, el que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdaderamente le pertenecía.
Resalta al respecto la mala fe observada en la conducta de la empresa "Alvarez y Patiño S.A." por cuanto, a la fecha de instrumentar la cesión (28 de diciembre de 2001), sabía que no tenía crédito alguno que ceder pues el 30 de noviembre de 2001 fue debidamente notificada del decreto municipal 1.652/01, mediante el cual, por culpa exclusiva de la nombrada, fueron rescindidos los contratos adjudicados por licitación y suspendidos los pagos devengados o a devengarse en su favor a fin de garantizar el pago de los haberes de los trabajadores de la exconcesionaria afectados al partido de General San Martín (arts. 1 y 3, respectivamente).
Aclara que, en tal contexto y conforme lo previsto en el referido art. 3 del decreto 1.652/01, decidió "...abonar vía el Ministerio de Trabajo de San Martín la suma que le adeudaba a la Empresa, en ese Ministerio con la presencia de los trabajadores de Alvarez y Patiño S.A. y el Sindicato de Choferes de Camiones, quienes luego distribuirían las sumas abonadas, es así que se firman ACTAS ACUERDO, por las que este municipio abonó la suma de $1.256.936,20, monto que surge de los pagos efectuados ante el Ministerio de Trabajo, Delegación San Martín, mediante las actuaciones existentes en el Expdte. 21341-6125/01...".
Concluye que no existe deuda alguna que abonar, tanto respecto de la empresa prestataria del servicio público contratado originalmente, como de los actores, supuestos cesionarios del crédito.
Funda su derecho en lo dispuesto por los arts. 37 y 38 del Código Contencioso Administrativo.
Ofrece prueba documental e informativa.
III. De la documentación aportada por las partes a la causa, en originales y fotocopias, única prueba existente en el expediente judicial, se desprenden los siguientes datos útiles a los fines de la resolución del presente pleito:
III.1. En fecha 18de enero de 2002, la señora Elsa Cosentino, en su carácter de Vicepresidente de la empresa Alvarez y Patiño S.A., puso en conocimiento de la Municipalidad de General San Martín la existencia de la cesión de "todos los derechos de cobro por la prestación del servicio público en el marco de la Licitación Pública nro. 2/98 respecto del Decreto 365/012 de fecha 9/4/2001" a los señores Carlos Alberto Zarba y Luis Moschini, en partes iguales, hasta la suma de $180.000. A tal fin adjuntó copia de la escritura pública n° 000591184, de fecha 28 de diciembre de 2001, por la cual entre las mismas personas se verificó el negocio jurídico de cesión de derechos y acciones de cobro por la prestación del indicado servicio público, indicando expresamente en su art. II que "esta cesión se efectúa con todo cuanto por derecho corresponde a los créditos cedidos" (v. copias simples obrantes a fs. 5/8 del sub lite ; originales de la petición y escritura obrantes a fs. 5/8 de la documentación reservada).
III.2. A fs. 11, se encuentra copia de la carta documento enviada con fecha 2 de febrero de 2002 por los señores Zarba y Moschini a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de General San Martín, por la que solicitaron el cobro de las sumas adeudadas y que ya fueran comunicadas por la empresa Alvarez y Patiño S.A. en el expediente administrativo n° 349-A-2002 (v. original de la carta documento a fs. 11 de la documentación reservada).
III.3. Con fecha 4 de febrero de 2002 la Dirección de Asesoría Jurídica municipal emitió su dictamen en respuesta al reclamo administrativo presentado por los actores. En él entendió que correspondía su rechazo por improcedente, en tanto "las copias acompañadas carecen de toda validez legal según art. 37 de la Ordenanza General 267", ya que por tratarse de documentos expedidos por autoridades extrañas a la Provincia de Buenos Aires tuvieron que ser "debidamente legalizados". Sin perjuicio de ello, aclaró que la comuna se vio obligada a rescindir la contratación con Alvarez y Patiño S.A. con fecha 30 de noviembre de 2001, como consecuencia de los graves incumplimientos de la empresa en las actividades desplegadas. Circunstancia por la cual, continúa, la municipalidad se reservó la oportunidad de analizar la procedencia eventual de los créditos en un momento futuro (v. fs. 41 del expte. judicial y, asimismo, de la documentación reservada).
III.4. A requisitoria de la Asesoría Jurídica local y a fin del reconocimiento de la deuda, los actores presentaron un escrito carente de firma que dijo contener "copia certificada de la cesión de derechos" en cuestión, la cual no obra en autos (v. fs. 43).
III.5. El 15 de febrero de 2002 el Intendente municipal de General San Martín dictó la resolución 16/02, por la que -con expresa remisión al previo dictamen jurídico- desestimó la notificación presentada por la empresa Alvarez y Patiño S.A. por improcedente (v. fs. 45).
III.6. A fs. 46/47 consta copia del decreto 1.652/01, por el cual se declararon rescindidos, por culpa exclusiva de la empresa Alvarez y Patiño S.A., los contratos correspondientes a la Licitación Pública n° 2/98, inhabilitando a la misma por diez años para participar en las licitaciones municipales y disponiendo que se apliquen las sanciones que pudieran corresponder. En su art. 3, expresamente prescribe que "...suspéndanse los pagos de toda suma de dinero devengada o a devengarse a favor de Alvarez y Patiño S.A., a fin de garantizar el pago de los haberes de sus trabajadores para el Partido de General San Martin, correspondientes al mes de noviembre de 2001, y a los reclamos indemnizatorios resultantes del distracto laboral, hasta el monto que la Comuna adeude a la citada empresa, a cuyo fin, arbítrense las medidas legales y contables correspondientes".
III.7. Con fecha 27 de mayo de 2002, el Departamento de Asuntos Legales de la comuna demandada expresó que, a pesar de haberse notificado los actores de la resolución denegatoria de su pedido, "sólo se adjuntó fotocopia simple carente de valor legal según artículo 37 de la Ordenanza General 267/80, por lo que correspondería dictar el acto administrativo que dispusiera tener por no efectuada la presentación". Dicho acto, que figura seguidamente, fue la resolución 98/02 (v. fs. 167 y 168 del sub júdice ).
IV. En primer lugar he de referirme a la defensa ensayada por la Municipalidad de General San Martin, relativa a la ausencia de una correcta notificación de la cesión de créditos en que los actores fundan su reclamo.
Argumenta la demandada que la escritura por la cual se formalizó la cesión no se encontraba "debidamente legalizada" en los términos del art. 37 de la ordenanza general 267/80. Dicha alegación no merece mayores comentarios puesto que, de un lado, la cesión fue presentada en una escritura pública realizada conforme a derecho lo cual le brinda un carácter fehaciente suficiente a los fines de su demostración en el presente pleito y, luego, en tanto de los arts. 1.455, 1.456 y 1.460 del Código Civil entonces vigente, no se extrae la exigencia de formalidad alguna ni en la forma de contratar, ni en la notificación al deudor cedido.
A mayor abundamiento, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido expresamente que incluso la falta de notificación al deudor queda subsanada mediante la agregación del respectivo instrumento a los autos y su notificación con la demanda iniciada por el cesionario (cfr. Fallos: 186:521).
V. En el caso de autos, nos encontramos básicamente en un supuesto de cesión de derechos donde el deudor cedido niega la existencia de una deuda con respecto al cedente y, por tanto, también en la relación jurídica derivada de ella, ante el cesionario.
Ello nos lleva a tener que analizar la cuestión, necesariamente, en los términos de la normativa aplicable al caso, es decir, las normas del Título IV, de la Sección III del Código Civil según ley nacional 340 y modificatorias, vigente al momento de los hechos.
V.1. Estipula el art. 1.434 que habrá cesión de crédito cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título de crédito, si existiese.
Puede definirse como la convención por la cual el titular de un derecho creditorio, llamado cedente, por una causa conforme a la ley (como la venta, la dación en pago, la permuta o la donación) y sin necesidad del consentimiento del deudor, se obliga a favor de otra persona, llamada cesionario, a transferírselo con la fuerza inherente al título del cual resulta el crédito y los derechos accesorios, con la facultad de ejercerlos en idéntica medida en la que él podría hacerlo contra el deudor cedido (conf. De Gásperi, "Tratado de las Obligaciones", II, n° 1471, p. 709; asimismo, doctr. causas C. 92.196, "Bello", sent. de 7-II-2007 y C. 86.448, "El Halcón S.A.T.", sent. de 19-XII-2007).
De acuerdo a ello, la cesión es siempre un título derivado; nadie puede transferir un derecho mejor que el propio, según el clásico aforismo contenido en el art. 3.270 del mentado Código, por lo que -como se verá seguidamente- los derechos crediticios de los actores no implican sino la transferencia de las facultades de cobro que tenía la empresa "Alvarez y Patiño S.A." y que le fueran cedidas en el marco del contrato que cristalizó las voluntades de las partes ante un escribano público. Con esa misma limitación pudo transmitirlos en virtud del principio nemo plus iuris por el que recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere (cfr. doctr. causa C. 96.698, "Eleprint S.A.", sent. de 6-IV-2011).
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que no resulta jurídicamente posible al actor hacer gala de un derecho mejor que el que poseía aquel cedente originario en razón de que, si el cedente no tenía la posibilidad de exigir el pago de la suma resultante no es aceptable que el cedido, quien posee un derecho derivado, pudiera llevar adelante tal propósito en forma auspiciosa. Esto es, la cesión de derechos no puede colocar al cesionario en una posición más ventajosa que aquella en la que se encontraba la transmitente, ello es así en razón de que el primero se halla jurídicamente situado (subrogado) en el mismo lugar que el segundo respecto a las obligaciones derivadas del acto en cuestión. De allí que sus derechos no pueden, en modo alguno, ser distintos (más amplios) a los que existían en cabeza del cedente (cfr. doctr. causa B. 59.553, "Fernández Madero", sent. de 7-III-2018).
Tanto la insolvencia del deudor como su resistencia al pago del crédito -por diferentes motivos- son en definitiva un riesgo que corre conscientemente el cesionario al momento de pautar su contrato. Por lo que, en nada puede extrañar ahora la situación de exclusión en la que se encuentra quien no arbitró los medios pertinentes para tener conocimiento fehaciente de la situación jurídica en la cual se hallaba el crédito a la hora de contratar. Máxime tratándose de personas que se dedican al mismo rubro que la cedente originaria, tal cual surge de los contenidos de la demanda y del motivo de las deudas compensadas en la escritura de cesión (v. cláusula X). Ello más allá de las vías alternativas que aún le quedan, como se verá, para intentar una reparación del daño sufrido, si ello fuera pertinente.
V.2. Tal como se desprende del art. 1.458 del Código Civil por entonces vigente, el efecto directo de la cesión es hacer pasar al patrimonio del cesionario el derecho del cedente tal cual es, en el momento de celebrarla. Lo dicho significa que la transmisión no se limita al derecho cedido, sino que éste es transmitido con el contenido, alcance y limitaciones del crédito. Ello es así por aplicación del recordado principio que dice que "nadie puede transmitir a otro [...] un derecho mejor o más extenso del que gozaba" (art. 3.270, Cód. Civ.). En consecuencia, y salvo pacto en contrario, el derecho objeto de la cesión es transmitido al cesionario como se encuentra en el patrimonio del cedente, con todos sus accesorios, garantías y ventajas, y también con sus desventajas, cargas, restricciones y vicios que pue
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