Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65364
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.364, "Velázquez, Oscar Alberto contra Municipalidad de General Pueyrredon. Demanda contencioso administrativa" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, Torres.
I. El señor Oscar Alberto Velázquez, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General Pueyrredon pretendiendo la nulidad del decreto 494/02 por el que se dispuso su cese como agente de esa comuna y del decreto 3.108/02 que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto.
Solicita que se condene a la demandada a reincorporarlo, a abonarle los haberes y demás emolumentos que dejó de percibir como consecuencia de la medida expulsiva hasta su retorno a las tareas. También reclama el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
II. Corrido el traslado de ley, la Municipalidad de General Pueyrredon, por apoderado, contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas.
III. Agregadas la prueba documental acompañada y las actuaciones administrativas, glosado el cuaderno de prueba de la parte actora, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia correspondiendo plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relata el actor que el 5 de octubre de 1995 el Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon sancionó la creación del "Ente Municipal de Deportes y Recreación", un organismo descentralizado destinado a promover la práctica de actividades deportivas y recreativas (ordenanza 10.145/95, promulgada el 30-X-95).
Explica que para dotar al organismo de personal y recursos económicos se aprobó el "Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos Anuales", la "Estructura Orgánico funcional" y se determinó el alta de los cargos necesarios (ordenanza 10.415/95).
Así, el Ente comenzó a funcionar el 16 de diciembre de 1995 y a partir de esa fecha el Intendente designó a los agentes necesarios para los distintos cargos proyectados.
Indica que, en su caso, mediante el decreto 562/96, fue designado como "Técnico IV" para desempeñar funciones desde el 1 de marzo de 1996 en el Área de Mantenimiento del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en el cual se consignó que no tendría estabilidad y podía ser dado de baja cuando el Ejecutivo lo dispusiera por razones de mejor servicio.
Indica que se desempeñó hasta el 22 de febrero de 2002, fecha en que el Ejecutivo emitió el decreto 494/02 por el que dispuso dar por finalizadas sus tareas.
Puntualmente plantea vicios en la causa del acto de cese. Afirma que resulta falso el estudio efectuado por la Junta de Ascensos y Calificaciones, invocado por el Intendente para dar por finalizadas sus tareas, por el cual se determinó quiénes eran aquellos agentes que carecían de estabilidad para normalizar la planta de personal y realizar una reorganización administrativa.
Entiende que la falta de estabilidad en el cargo alegada por el Intendente carece de sustento fáctico y jurídico que acarrea su nulidad.
Se explaya sobre el derecho a la estabilidad que adquirió por el transcurso del tiempo, al amparo de la protección legal que, a su entender, le confiere el Estatuto del Empleado municipal (art. 7, ley 11.757).
Así afirma que el tiempo transcurrido ha actuado como un modo de adquisición del derecho constitucional a la estabilidad en el cargo de técnico, no solo por aplicación de las disposiciones contenidas en la ley 11.757 sino ante las especiales circunstancias fácticas existentes en torno a su carrera administrativa.
Sostiene que posee la estabilidad teniendo en cuenta que su ingreso a la planta permanente se produjo en forma simultánea con la creación del Ente Municipal de Deportes y Recreación, desempeñando sus tareas en forma regular, periódica y habitual, las cuales debían perdurar en el tiempo para posibilitar que dicho organismo cumpliera sus misiones y funciones específicas.
Aduce también que en las ordenanzas de aprobación del presupuesto de recursos y gastos de la comuna de los años 1996 al 2002 el cargo se encuentra contemplado en la planta permanente del Ente.
Alega a su favor el dictamen del señor Asesor General de Gobierno de la Provincia emitido ante una consulta referida al otorgamiento de una licencia a otro agente del mismo Ente, designado por el decreto 562/96, que consideró que el cargo que ejercía poseía estabilidad (expediente 5.826-899197-96, de 7-VII-1999).
Considera entonces que posee el derecho a la estabilidad. Para ello invoca que el Intendente, como consecuencia de un acta acuerdo, confirmó en planta permanente a otros agentes de cargos sin estabilidad (dec. 2.893/01).
Arguye vicio en el objeto del acto de cese. Considera que la oportunidad, mérito o conveniencia esgrimida carece de razonabilidad.
Finalmente plantea la inconstitucionalidad de los decretos 494/02 y 3.108/02, por manifiesta violación del derecho a la igualdad, la estabilidad y la propiedad consagrados en la carta provincial (arts. 11, 39 y 31, Const. prov.).
Cita doctrina de esta Suprema Corte a su favor.
Solicita el dictado de una medida cautelar que disponga su reincorporación al cargo que ejercía al momento del cese (rechazada a fs. 133 por este Tribunal).
II. A su turno, la Municipalidad de General Pueyrredon contesta la demanda. Niega todo lo expuesto por la parte actora.
Afirma que el decreto 562/96 que designó al actor (art. 13), entre otros, dejó establecido que los agentes dados de alta "...carecen de estabilidad en el cargo y podrán ser dados de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio" (art. 36). Aclara que esa designación quedó firme y consentida por Velázquez.
Explica que para tomar la decisión de cese se tuvo en cuenta un estudio con base en el informe elaborado por la Junta de Ascensos y Calificaciones en el que se determinaron los agentes que carecían de estabilidad en el cargo. El mismo fue analizado por la Comisión Mixta que integró el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Departamento Ejecutivo con la finalidad de realizar una reorganización administrativa.
Argumenta que para resolver la cuestión se debe partir del decreto de designación del actor. Del mismo surge que fue designado con carácter provisional, sin respetar la carrera administrativa, y expresamente establecía que carecía de estabilidad y podía ser dado de baja cuando el Intendente lo considerara conveniente por razones de buen servicio. En consecuencia, al ser una designación interina, alega que el paso del tiempo establecido por el art. 7 de la ley 11.757 no genera el cambio del carácter pretendido de la designación.
Cita doctrina de este Tribunal en apoyo de su postura.
III. De la documental acompañada, las actuaciones administrativas agregadas al expediente y la prueba producida, surgen los siguientes datos útiles para resolver el caso:
III.1. A fs. 1 y 2, obra ordenanza 10.145, promulgada el 30-10-95, que crea el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), con carácter de organismo descentralizado y suprime la Subsecretaría de Deportes y Recreación, derivándose todos los bienes asignados al patrimonio del Ente (arts. 1 y 9).
Puntualmente, respecto del personal, autoriza al Ejecutivo a transferir el necesario al Ente (art. 7). Y respecto del personal escalafonado que hasta el momento cumplía funciones en la Subsecretaría, indica que será absorbido por el nuevo organismo (art. 10).
III.2. A fs. 21/22 obra el decreto 562/96 del 2-IV-96 de designación del señor Velázquez, en el cargo de Técnico IV, para desempeñar funciones en el Área de Mantenimiento (art. 13).
Se deja establecido que el agente, entre otros, carece de estabilidad en el cargo y podrá ser dado de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio (art. 36).
III.3. A fs. 3 luce la ordenanza 14.413 -promulgada el 18-XII-01- que da por finalizada, a partir del 31 de diciembre de 2001 la existencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
III.4. Mediante ordenanza 14.412, promulgada el 18-XII-2001, se crea el Ente Municipal de Turismo, Cultura y Deportes, organismo descentralizado, al que se le transfieren los activos del ex Ente de Deportes (arts. 1 y 5) -fs. 3 vta./12-.
III.5. A fs. 26/27 obra el decreto 494/02 que da por finalizadas las funciones del actor a partir del 1 de marzo de 2002. Consta la notificación personal en disconformidad de Velázquez y, a fs. 28/39, consta copia del recurso de revocatoria interpuesto por el agente.
III.6. Mediante decreto 3.108/02 el Intendente rechazó el recurso. Consideró que la designación del agente fue de carácter provisional y carecía de estabilidad (v. fs. 40/41). Cita fallos de este Tribunal.
IV. La cuestión a decidir consiste en determinar si el cese del señor Velázquez dispuesto por el Intendente de General Pueyrredon se ajusta a derecho.
Para ello considero que, a los fines de dirimir la controversia, es menester determinar si el accionante se hallaba amparado por la garantía de estabilidad en el cargo de Técnico IV, que desempeñaba en la comuna demandada al momento en que fue dictado el decreto que dispuso su baja y, al que pretende ser reincorporado.
IV.1. En primer lugar, pasaré a analizar el régimen estatutario aplicable a la relación laboral que mantuvo el actor con el municipio.
El Estatuto del Empleado municipal (ley provincial 11.757 -B.O. de 2-II-96-) vigente al momento de la designación del actor (2-IV-96 dec. 562/96 y 26-VIII-96, dec. 1.460/96), expresa, en lo que aquí resulta pertinente que "...el ingreso a la función pública municipal se hará por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento mediante concurso o procedimiento especial de selección" (art. 4).
El mismo cuerpo legal establece que "...todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere a los doce (12) meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente..." (art. 7).
En efecto, para que la garantía de la estabilidad asista al actor es menester en primer lugar, que la oportuna designación se hubiera formalizado en un cargo de planta permanente y que transcurrido el término legalmente establecido no hubiera existido oposición fundada a la continuación de su desempeño, situación en la cual hubiera quedado definitivamente incorporado al plantel permanente del municipio (arts. 4 y cit.).
Luego, solo hubiera sido posible su remoción por las causales y mediante los procedimientos especificados en la norma aplicable.
En segundo lugar, que la designación respetara la carrera administrativa, lo que implica que el ingreso debía ser por la categoría más baja.
Adelanto que ninguno de los requisitos legales se cumple en el presente caso sellando la suerte adversa de la demanda.
IV.2. De las actuaciones detalladas surge que la comuna creó el Ente de Deportes y Recreación al que transfirió los bienes y el personal escalafonado de la ex Dirección de Deportes (v. fs. 1 y 2; arts. 1, 7, 9 y 10, ordenanza 10.145).
El actor ingresó al municipio para cumplir funciones en dicho Ente siendo designado como personal técnico en el nivel superior (IV) -ver art. 13 decreto 562/96 a fs. 21 vta.-.
En cada acto de designación expresamente se consignó que el agente carecía de estabilidad y podía ser dado de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considerara (ver a fs. 21/22 dec. 562/96, de 2-IV-1996).
De tal modo, disuelto el Ente para el cual fue designado el demandante, se dispuso su cese y el de otros agentes por razones de servicio (v. fs. 3, ordenanza 14.413; fs. 26/27, dec. 494/02).
IV.3. Analizadas las normas aplicables y teniendo en cuenta la situación de revista de Velázquez, considero que no le asiste razón.
El actor no fue designado en la planta permanente de la comuna, ni su ingreso se realizó por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de un agrupamiento de dicha planta, mediante concurso o procedimiento especial de selección como disponía el art. 4 de la ley 11.757.
Por el contrario, fue designado directamente como personal técnico en el nivel superior (IV) y en su nombramiento se hallaba expresamente dispuesto el carácter de agente provisional y sin estabilidad, no siendo cuestionada tal condición por el demandante (arts. 13 y 36, dec. 562/96 antes referido).
Sin embargo, el actor pretende y alega que el tiempo transcurrido en el ejercicio del cargo ha posibilitado la adquisición de la estabilidad que el régimen normativo aplicable dispone para aquellos agentes designados en planta permanente (conf. art. 7, ley 11.757).
El aludido régimen de estabilidad actúa solo con referencia a los empleados de la Administración Pública que se encuentran incluidos dentro de los cuadros escalafonarios que la norma organiza -arts. 4, 7, 14 "a" y 15, ley 11.757- (doctr. causa B. 50.828, "Príncipe", sent. de 26-IX-1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-III, 555).
En consecuencia, dada la situación de revista del actor, ante la circunstancia de disolverse el ente para el cual fue designado, resulta legítima la medida de cese dispuesta por el ejecutivo municipal –decreto 494/02- más allá de la circunstancia de la creación posterior de un organismo con similares objetivos que el disuelto (art. 103, ordenanza general 267).
IV.4. Por otro lado, el demandante también plantea que la falta de trámite concursal para desempeñar el cargo jerárquico en cuestión no resulta impedimento para adquirir la estabilidad, en tanto, a su entender, la comuna tiene las facultades legales para designar a su personal a través de otros procedimientos especiales de selección -ver a fs. 52 vta. de la demanda-.
Tampoco ese argumento puede prosperar. Dejando a salvo la claridad del tipo de designación en el caso, lo cierto es que si existieron tales procedimientos de selección (art. 4, ley 11.757), los mismos no fueron probados en la causa. Y, como ha dicho este Tribunal, pretender estabilidad en un cargo jerárquico sin haber desempeñado previamente uno inferior contraría las disposiciones estatutarias en materia de carrera administrativa (conf. doctr. causa B. 49.802, "Tornero", sent. de 26-IV-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-I, 761).
Esta Suprema Corte ha expresado reiteradamente que el derecho a la estabilidad pierde su cabal sentido cuando se lo desvincula de los demás aspectos de la relación de empleo público y, en particular, de la carrera administrativa que implica el derecho de igualdad de oportunidades para la cobertura de cada uno de los niveles y jerarquías previstos sobre la base de calificaciones y antecedentes (doctr. causas B. 51.854, "Boades", sent. de 16-VII-1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991-II, 528; B. 65.231, "Lusa", sent. de 16-VII-2014; B. 64.509, "Baraldo", sent. de 31-X-2016; B. 64.511, "Caruso", sent. de 21-II-2018 y B. 64.510, "Cerimedo", sent. de 11-VII-2018).
Lo expuesto es suficiente para sustentar la legitimidad de la actuación de la demandada (dec. 3.108/02) e impide acoger lo pretendido.
IV.5. Finalmente, tampoco puede valorarse a favor del demandante la petición esgrimida al momento de alegar de que se le reconozca el pago de una indemnización conforme las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Ramos" (Fallos 333:311) y "Cerigliano" (Fallos 334:398).
Si bien estos precedentes permitieron trazar un límite traspuesto el cual ya no resultaría posible sostener la legitimidad o razonabilidad- de ciertos actos estatales vinculados con el personal de planta temporaria de la Administración, tal como expresara este Tribunal en las causas B. 64.315, "Carrizo", sentencia de 13-XI-2012; B. 62.793, "Mazza Vergara", sentencia de 20-X-2014, entre otras, tal doctrina no resulta aplicable al sub lite .
Dadas las condiciones en que se dispusieron las designaciones del actor en la comuna (reitero, en un cargo provisional, jerárquico y sin estabilidad) no se pudo generar en él una legítima expectativa de permanencia laboral y de formar parte de la planta permanente.
Tampoco se evidencia un desvío de poder, dado que el nombramiento del actor, como el de otros agentes, obedeció a cumplir funciones en un ente determinado y, ante la disolución del organismo tales agentes fueron dados de baja por razones de servicio, conforme estaba previsto en los decretos de designación que, insisto, no fueron objetados.
IV.6. Sobre la base de las consideraciones realizadas, cabe concluir que el señor Velázquez, de acuerdo al régimen estatutario aplicable al vínculo laboral que mantuvo con la comuna, no se hallaba amparado por la garantía de la estabilidad en el empleo (arts. 4 y 7, ley 11.757).
Por las razones expuestas, juzgo que los actos impugnados se ajustan a derecho (arts. 103 y 108, ordenanza general 267), correspondiendo el rechazo de la pretensión anulatoria.
V. Resta tratar, entonces, el pedido de condena al pago del sueldo anual complementario y de las vacaciones no gozadas correspondientes a los años 2000 y 2001 solicitado (v. fs. 45 vta.).
V.1. Teniendo en cuenta el pronunciamiento de este Tribunal en un caso sustancialmente análogo al presente (causa B. 64.509, "Baraldo", sent. de 31-X-2016), en primer lugar, cabe analizar la compensación económica por las licencias anuales que el accionante aduce no haber gozado.
El art. 29 de la ley 11.757 disponía: "La licencia para descanso anual es de carácter obligatorio. El agente tendrá derecho a gozar de ella por el término que le corresponda cuando haya cumplido un (1) año de actividad inmediata al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su otorgamiento. Si no alcanzare a completar esa actividad, gozará de la licencia en forma proporcional a la actividad registrada, siempre que ésta no fuere menor de seis (6) meses. El uso de la licencia es obligatorio durante el período que se conceda, pudiendo interrumpirse únicamente por razones imperiosas o imprevistas del servicio, enfermedad y duelo. En este supuesto, la autoridad que lo dispuso deberá fijar una nueva fecha para la continuación de la licencia, dentro del mismo año calendario".
En orden a la compensación económica de las vacaciones no gozadas el art. 22 rezaba: "Las compensaciones se asignarán por los siguientes conceptos: ... 2. Importe que percibirá el agente que no gozare efectivamente de licencias para el descanso anual, por haberse producido su cese, cualquiera fuera la causa del mismo. Esta compensación será por el monto equivalente a los días de licencia anual que correspondan al agente de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, al que podrá adicionarse, cuando así corresponda, la parte proporcional a la actividad registrada en el año calendario en que se produce el cese del agente".
A su vez, en virtud de la aplicación supletoria de la ley 10.430 dispuesta en el art. 108 de la ley 11.757, resultaba aplicable a los empleados comunales el plazo de caducidad de la licencia anual contemplado en el régimen de empleo público provincial. En este sentido, el art. 41 de dicho estatuto establecía: "Vencido el año calendario de otorgamiento, el agente perderá el derecho a usar de la licencia o de los días que le faltaren para completarla. Se exceptúa de ello los casos en que el agente se hallare en uso de licencia po
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.