Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65280
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.280, "Rotelo, Hugo Alberto contra Municipalidad de San Vicente. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, de Lázzari, Kogan.
I. El señor Hugo Alberto Rotelo, por derecho propio, promueve -a fs. 289/297- demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de San Vicente, por la que reclama el pago de honorarios profesionales correspondientes a la ejecución de diversos trabajos que, según aduce, le fueron encomendados por la accionada.
Peticiona, además, el reconocimiento de viáticos, movilidad, gastos, intereses y costas.
Funda su derecho en lo normado por los arts. 1.493, 1.623, 1.627, 1.629, 1.636, 1.637, 1.638 y concordantes del por entonces vigente Código Civil, así como en el decreto provincial 6.964/65, particularmente en lo atinente al concepto de los gastos extraordinarios y a la necesidad de reclamar judicialmente los honorarios (arts. 8, 9 y 11).
Ofrece prueba documental.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de San Vicente, mediante apoderado, solicitando el rechazo de la demanda, con costas a la parte actora (v. fs. 366/371).
Ofrece prueba documental, informativa, confesional y pericial caligráfica.
Hace reserva del caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas a la causa, glosado el alegato del accionante -la demandada no hizo uso de este derecho-, no restando prueba pendiente de producción y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Relata el accionante que por cuenta y orden de la demandada realizó en el partido de San Vicente los siguientes trabajos profesionales: 1) electrificación rural; 2) inspección de obras particulares; 3) inspección de obras de Edesur y Telefónica de Argentina; 4) proyecto, dirección e inspección de los materiales empleados en distintas obras municipales y 5) asesoramiento técnico, cómputo y presupuesto para cuantificar tanto los trabajos de iluminación como los incluidos en el préstamo otorgado por el Ente Provincial de Energía (EPRE).
Asegura que verificada en el año 1994 la necesidad de ejecutar la obra de electrificación rural del partido, el Concejo Deliberante de San Vicente, por ordenanza 2.692/94, la declaró de utilidad pública y estableció el pago obligatorio de los trabajos a realizar para los propietarios y poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiarios de aquella, la que sería financiada mediante un préstamo que al efecto otorgaría el ente regulador energético (EPRE).
Indica que el municipio, por decreto 1.147/94, llamó a un concurso de mérito y antecedentes tendiente a la selección del profesional que realizaría el proyecto de obra, el que recayó en el ingeniero Recoulat y que, por decreto 117/95 del Departamento Ejecutivo, se fijó el cálculo de recursos en la suma de seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000), con los que se afrontó el pago de los honorarios al mentado profesional.
Sostiene que la obra, inicialmente proyectada para el partido de San Vicente, se amplió al de Cañuelas (ord. 1.108/93 promulgada por dec. 194/96), lo que motivó que el día 7 de diciembre de 1995 el EPRE solicitara a la demandada la designación del " Director Técnico de la obra " , en respuesta a lo cual el Ejecutivo comunicó al ente regulador "...que por Resolución n° 364/95, dicha tarea estaría a cargo del Ingeniero Electricista HUGO ALBERTO ROTELO".
Manifiesta que, en consecuencia, preparó el borrador del contrato el que "...no se suscribió por cuestiones internas de la Municipalidad"; no obstante lo cual, y en atención a las "promesas realizadas ", prestó sus servicios profesionales.
Afirma que el día 11 de diciembre de 1995 se hizo cargo de la dirección técnica de la obra cuya ejecución se adjudicó a la empresa Angel Lallo S.A., aclarando que, en tal carácter, ejerció la representación de la demandada ante la contratista para verificar que los trabajos se realizaran conforme al proyecto y emitió y suscribió los respectivos certificados de obra, con base en los cuales la contratista percibió los pagos pactados.
Advierte que la demandada "...amplió su decisión y me contrató para realizar un trabajo profesional distinto al de Director Técnico...", en tanto -dice- le encomendó el ensayo de los materiales a utilizar; la proyección de ampliaciones de obra; gestiones ante el EPRE y Edesur y participar en reuniones con el municipio de Cañuelas para extender el tendido eléctrico con la finalidad de incluir nuevos usuarios.
Agrega que el Secretario de Obras Públicas comunal le encargó tareas relacionadas con la habilitación de diversos locales comerciales (v.gr.: confiterías, panaderías, locales bailables, parques de diversión, etc.) y, en prueba de ello, agrega copia del Libro de Inspecciones Municipales. Así también, resalta que el mentado funcionario y el Director de Infraestructura, le asignaron tareas de asesoramiento técnico y la realización de un censo de luminarias a efectos de encarar un plan de remodelación de la vía pública.
Asegura que sin perjuicio de que su contratación con la demandada no se formalizó por escrito, ello "...se suple con la prueba documental acompañada y la demás que oportunamente ofreceré".
Si bien detalla las sumas adeudadas de acuerdo con el decreto arancelario 6.967/65 (v. cap. VII, VALORES EN JUEGO, escrito de demanda, fs. 296 y vta.), estima que el monto de los honorarios deberá ser determinado por el tribunal al momento de dictar sentencia conforme la prueba agregada.
II. Al contestar la demanda, la accionada niega en forma genérica todos y cada uno de los hechos y peticiones contenidos en el escrito de inicio.
Luego, manifiesta que, por expediente administrativo 4108-718-I-95, tramitó la licitación pública 1/95 tendiente a contratar la obra de electrificación rural en el partido de San Vicente, de la que resultó adjudicataria por decreto municipal 506/95 la empresa Angel Lallo S.A.
Relata que dicha obra fue financiada con un préstamo otorgado por el EPRE habiéndose suscripto el respectivo contrato y que, en cumplimiento del punto 2 "c", se comunicó a la contratista que el ingeniero electricista Hugo Alberto Rotelo ejercería la dirección técnica de los trabajos a realizar, teniendo a su cargo la tarea de seguimiento, verificación y certificación de obra.
Asevera que a tales fines se proyectó el respectivo contrato de locación de servicios profesionales -que el propio actor invoca- el cual no se formalizó y, consecuentemente, el profesional no pudo percibir sus honorarios, "...por cuanto el mismo se encontraba alcanzado por una causal de incompatibilidad, atento revistar en la Administración Pública Provincial (Dirección de Vialidad), situación que no obstante haber sido omitida su declaración oportunamente por el interesado, por lo que percibió parte del pago por su trabajo, se comprometió a cesar para posibilitar su contratación en los términos descriptos". Funda tal planteo en los arts. 53 de la Constitución provincial; 5 y 96 del Estatuto del Empleado Municipal, ley 11.157 y 84 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Acuerdo del Tribunal de Cuentas de fecha 23 de octubre de 1991 (v. fs. 398 vta. y 369).
Alega que el ingeniero Rotelo prestó sus servicios profesionales permaneciendo en situación de incompatibilidad, lo que impidió la liquidación de la totalidad de sus honorarios.
Afirma que "...en su designación como Director Técnico estaban comprendidos todos los trabajos que alega haber realizado para la Municipalidad de San Vicente, siendo de su exclusiva culpa y responsabilidad la interrupción del pago de sus honorarios, por los que reclama en autos".
Advierte que resultan erróneos los importes introducidos en la demanda, ello así por cuanto incluye la ampliación de la obra al partido de Cañuelas, debiendo limitarse al costo de los trabajos de electrificación rural ejecutados en San Vicente para los que fue convocado, el que ascendió a la suma de $450.000 con más su ampliación por un importe de $49.959,64 (cfr. dec. 735/95; resol. 205/97, EPRE y nota de comunicación cursada el día 27 de junio de 1997).
En tal marco, señala, deben descartarse los detallados en los puntos B; C; D; E; F y G del capítulo VII del escrito de demanda por carecer de respaldo probatorio en cuanto a su certeza y verosimilitud.
III. De las actuaciones administrativas acumuladas a la causa, así como de la prueba documental agregada -única producida en el sub examine - surgen los siguientes elementos útiles para la resolución del caso:
III.1. El Concejo Deliberante de San Vicente, por ordenanza 2.692/94, declaró de utilidad pública la obra de electrificación del partido de San Vicente y dispuso el pago obligatorio para los propietarios y poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiarios. Asimismo, facultó al Departamento Ejecutivo a suscribir un contrato de préstamo con el EPRE tendiente a financiar la mencionada obra (cfr. arts. 1 y 3; v. fs. 1).
III.2. El señor Intendente municipal dictó el decreto 1.147/94 por el que autorizó el llamado a concurso de méritos y antecedentes para la contratación del profesional que tendría a su cargo la elaboración del proyecto de obra, resultando seleccionado el ingeniero Recoulat (v. fs. 10/15).
III.3. El Concejo Deliberante de San Vicente, por ordenanza 2.787/95 -promulgada por decreto 495/95-, autorizó al departamento ejecutivo a contratar con el EPRE un préstamo de seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000) destinado al financiamiento de los trabajos (v. fs. 16 y vta.) y por ordenanza 2.802/95 -promulgada por decreto 739/95-, autorizó la firma de un convenio entre el ente provincial y el municipio para la ejecución de la obra en cuestión (v. fs. 17 y vta.).
III.4. El día 9 de marzo de 1995, entre el EPRE y la Municipalidad accionada se formalizó el contrato respectivo -aprobado por ordenanza 364/95-, por cuyo art. 1 se acordó el préstamo antes referido (v. fs. 18/21 y 364/365).
Por dicho instrumento también se convino: i) la obligación de convocar y asignar mediante licitación pública la adjudicación de los trabajos involucrados; ii) la remisión al EPRE del cronograma de obra y de inversión definitivo que la contratista presente y iii) notificar fehacientemente al EPRE, 20 días corridos antes del inicio de los trabajos, "...el nombre del Director Técnico designado de acuerdo a las incumbencias profesionales conforme a ley, que tendrá a cargo los seguimientos, verificaciones y certificaciones de la obra durante toda su etapa constructiva" (cfr. art. 2). El plazo de ejecución se estipuló en doscientos diez (210) días corridos a contar desde la firma del contrato (cfr. art. 8).
III.5. Por decreto 194/96, el señor Intendente municipal de Cañuelas promulgó la ordenanza 1.108/96 por la que se "...declarara de Utilidad Pública y Pago Obligatorio la Obra de Extensión de la Red de Energía Eléctrica Rural..." (fs. 22/23).
III.6. Ante la intimación del EPRE, el día 13 de diciembre de 1995 el señor Intendente de San Vicente le comunicó que en cumplimiento del art. 2 inc. "c" del convenio suscripto entre ambos "...se ha nombrado al Ing. Electricista Hugo Alberto Rotelo - Mat. 14296, quien tendrá a su cargo el seguimiento, verificación y certificación de la obra 'Electrificación Rural en el Partido de San Vicente'" (fs. 24/25).
III.7. A fs. 27/28 obra un proyecto de contrato entre la Municipalidad de San Vicente y el ingeniero Rotelo para la prestación del servicio profesional de dirección técnica de la obra "Electrificación Rural en el Partido de San Vicente", el que incluía tareas de representación e inspección técnica; ensayo de materiales; revisión, completamiento y reforma del proyecto existente. La cláusula tercera expresaba que la Comuna abonaría al nombrado por la totalidad de sus servicios profesionales el arancel que fije el EPRE, el que se liquidaría conforme certificación de trabajos. Dicho proyecto, confeccionado en papel con membrete oficial de la Comuna, carece de firma alguna.
III.8. A fs. 29/289 luce documental de la actora -solicitudes; copias del libro de órdenes de servicio; detalles de tareas ejecutadas; proyectos; cálculos de costos; actas de inspección; ensayos de materiales; especificaciones técnicas para reemplazo de luminarias- tendiente a demostrar la ejecución de los trabajos cuyo pago reclama.
III.9. A fs. 312/335 obra -acumulado a estos autos- el expediente administrativo 4108-96Z02136/96 del que surge:
III.9.a. El día 18 de febrero de 1996, el ingeniero Rotelo presentó al Secretario de Obras Públicas del municipio de San Vicente un detalle de las tareas que, en su carácter de Director Técnico de los trabajos de electrificación rural, realizó durante el período comprendido entre los días 12 de diciembre de 1995 y 16 de febrero de 1996, como así también de las que ejecutó como inspector técnico (v. fs. 314/320).
III.9.b. Los días 6 de marzo de 1996 y 29 de marzo de 1996, el nombrado presentó informes de igual tenor referidos a lo laborado durante los meses de febrero y marzo de dicho año (v. fs. 323 y 324//326). En el último de ellos expresó que durante los cuatro meses de trabajo sólo cobro quinientos pesos ($500) por todo concepto, por lo cual solicitaba el pago adeudado en concepto de honorarios, advirtiendo que de no regularizarse la situación no estaría en condiciones de continuar con sus tareas.
III.9.c. A fs. 334 obra la presentación realizada el día 21 de marzo de 1996 por el actor ante el señor Administrador General de la Dirección de Vialidad provincial por la que solicitó información detallada sobre su situación de revista. Ello en virtud de poder formalizar su relación como Director Técnico e Inspector de Obra con el municipio de San Vicente (v. fs. 334).
III.10. A fs. 374/375 obran los decretos 506/95 y su complementario 735/95, donde consta que por licitación pública 1/95, tramitada por expediente administrativo 4108-00718-95, se adjudicó la obra a la empresa Alsa de Angel Lallo por la suma de cuatrocientos noventa y cinco mil pesos ($495.000).
IV. Conforme lo hasta aquí reseñado, la cuestión a resolver reside en determinar si resulta viable la pretensión de pago de honorarios profesionales respecto de las tareas que el ingeniero Hugo Alberto Rotelo aduce haber realizado en el marco de la obra de electrificación rural del partido de San Vicente, para la cual, según manifiestan de común acuerdo las partes, no se perfeccionó contrato.
La accionada sostiene que la formalización de la locación de servicios profesionales que la uniría con el demandante se vio frustrada debido a la situación de incompatibilidad que lo alcanzaba al prestar simultáneamente tareas en relación de dependencia con la Dirección de Vialidad provincial.
Por su parte, el actor aduce que, no obstante no haber suscripto contrato con la Municipalidad de San Vicente, desempeñó el rol de Director Técnico e Inspector de Obra en beneficio de la Comuna, en el marco de la mentada obra de electrificación rural del partido de San Vicente, además de realizar otras tareas adicionales.
También manifiesta que se encuentra probado que no le han sido abonados en su totalidad los honorarios profesionales, circunstancia que ha sido reconocida por la demandada al afirmar en su responde que la existencia de la aludida causal de incompatibilidad imposibilitó la suscripción de la locación respectiva y, en consecuencia, el efectivo pago de aquellos.
En esas condiciones corresponde, por un lado, deslindar la existencia de la situación de incompatibilidad alegada por la Comuna demandada y verificar, por el otro, las consecuencias jurídicas que derivan de ello.
V. A fin de esclarecer el primer interrogante, este Tribunal solicitó a la Dirección Provincial de Vialidad, como medida para mejor proveer, que informe si el accionante ha estado ligado a esa dependencia mediante una relación de empleo público y, en su caso, bajo qué modalidad y durante qué lapso, como así también toda otra información que estime de utilidad para agregar a la causa con relación al demandante (v. fs. 412).
En virtud de tal requerimiento, la autoridad provincial respondió que "...con respecto al Sr. Hugo Alberto Rotelo no se registran datos que permitan acreditar que el mismo haya pertenecido o pertenezca a los planteles de ésta Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 439).
De ese modo, ha quedado demostrado que no existió una relación laboral entre el ingeniero Rotelo y la Dirección Provincial de Vialidad, circunstancia que desvirtúa lo alegado por la Comuna en orden a la existencia de una causal de incompatibilidad en los términos del art. 53 de la Constitución provincial.
VI. Despejado ello, cabe analizar si le asiste derecho a la parte actora a percibir los importes vinculados con las tareas que alega haber realizado en el marco de la obra en cuestión.
VI.1. Este Tribunal ha resuelto que ante la falta de formalización de la contratación y como etapa ineludible y previa al reconocimiento de cualquier tipo de derecho pecuniario frente a la Administración comunal, es menester haber realizado una tramitación idónea para acreditar la efectiva prestación del o los servicios cuyo pago se reclama. En particular, resulta de toda necesidad que surja de la actividad probatoria cumplida, la comprobación de la recepción, por la Administración comunal, de los servicios que la empresa litigante dice haber prestado por encargo de aquella (conf. causas B. 63.951, "T. C. Haedo S.R.L.", sent. de 3-XII-2008; B. 64.613, "Astilleros Neptuno S.C.A.", sent. de 5-X-2011; B. 65.285, "H. S. Informática S.R.L.", sent. de 6-XI-2013; B. 64.772, "Puntofarma", sent. de 17-V-2017; e.o.).
Asimismo, ha sostenido que la sujeción de la Administración al principio de legalidad impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento jurídico (doctr. causas B. 56.364, "Guardiola" y B. 54.852, "Pérez", sents. de 10-V-2000; B. 55.010, "Chaina", sent. de 2-VIII-2000), principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público (doctr. causas B. 51.720, "Coloschi Hnos. S.A.", sent. de 2-VIII-1994, "Acuerdos y Sentencias", 1994-3-236; B. 55.455, "La Jirafa Azul S.A.", sent. de 28-VI-2006 y B. 61.015, "Astilleros Alfa Centauro S.A.", sent. de 30-V-2012).
De allí que se haya supeditado la validez de los contratos administrativos al cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación (conf. doctr. causas B. 51.720, "Coloschi", sent. de 2-VIII-1994; B. 64.206, "Pamat", sent. de 3-V-2012; e.o.).
En consecuencia, y como contrapartida, los hechos deben considerarse con una mayor estrictez a la hora de admitir reclamos basados en la realización de prestaciones conformadas al margen de los procedimientos reglados de la contratación administrativa -práctica usualmente escudada bajo el concepto del "legítimo abono"-, de modo de no trocar en regla aquello que, por esencia, debe ser un temperamento de excepción, para evitar la convalidación de hechos consumados al margen de la juridicidad, normalmente asociados a prácticas contrarias a un elemental criterio de transparencia en el manejo de los asuntos públicos (doctrina causas B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005; B. 57.652, "Gamma Producciones Artísticas y Publicitarias", sent. de 5-V-2010; B. 64.613, cit.; B.
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