Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60902
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos impugnatorios formulados por la parte actora y declarar que la ley 12.836 y sus modificatorias resultan aplicables a las coactoras María Felisa Bufarini y Laura María Soria.
2Intimar a la Cámara de Senadores a que, dentro del plazo de diez días, practique nueva liquidación respecto de las coactoras arriba mencionadas, en la que deberá aplicar los intereses fijados en la sentencia desde el nacimiento de la obligación hasta la fecha de corte de la normativa de emergencia (31-XII-99) y a partir de allí aquellos intereses establecidos en el artículo 19 de la ley 12.836, sobre los que se aplicará la tasa promedio de Caja de Ahorro común que publica el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente hasta el efectivo pago (arts. 6 y 13 de la ley 23.982; 6 de la ley 11.192; 8, 19 y cc. de la ley 12.836; doctr. causas B. 55.325, "Lascano", res. del 13-9-2008; B. 56.197, "Desinano", res. del 10-8-2016; B. 61.015, "Astilleros", res. del 29-3-2017, entre otras).
3Intimar a la Cámara de Senadores para que dentro del plazo de diez días practique nueva liquidación, de conformidad con los lineamientos expuestos en el punto IX, respecto de los coactores Raúl Antonio Zubiarráin, Juan José Cuello, Gustavo José López, María Laura Bonavita, Jorge Omar Koleff, Graciela Susana Celia, Rita Isabel Fagliozzi, Ana María Tiscornia, Bonavita Teresa, Horacio Gustavo Fahey y Domingo Humberto Malagamba, con aplicación de la tasa pasiva más alta fijada …
B.60.902 “ZUBIARRAIN RAUL ANTONIO Y OTROS CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CAMARA DE SENADORES)”
I. A fs. 254/267 se presenta la Fiscalía de Estado y practica las liquidaciones correspondientes a los coactores Raúl Antonio Zubiarráin, Juan José Cuello, Gustavo José López, María Laura Bonavita, Jorge Omar Koleff, Graciela Susana Celia, Rita Isabel Fagliozzi y Ana María Tiscornia. Asimismo, acompaña las liquidaciones de las coactoras María Felisa Bufarini y Laura María Soria, cuyos créditos refiere se encuentran alcanzados por la ley de consolidación 12.836 y sus modificatorias. Fundamenta dicho encuadre en que los respectivos montos superan al 30-XI-2001 la cantidad de pesos diez mil -$10.000-.
II. Posteriormente, a fs. 298/319, la parte actora contesta el traslado conferido, impugna las liquidaciones presentadas por la Fiscalía y practica sus propios cálculos. Asimismo, reclama que la demandada no acompaña las liquidaciones correspondientes a los coactores Teresa Mabel Bonavita, Horacio Gustavo Fahey y Domingo Humberto Malagamba.
Por un lado, fundamenta su crítica en que los balances presentados no contemplan la real fecha de ingreso de los distintos actores e incluso que en los mismos no se mencionan las pautas indicativas del cálculo de los diferentes montos de capital adeudados, es decir, que no indican las sumas debidas mes por mes, actualizadas cada una de ellas desde su vencimiento y hasta la fecha de la liquidación.
Por otro lado, se opone a la aplicación de la ley de consolidación de deudas 12.836 y sus modificatorias respecto de las coactoras Soria y Bufarini. En primer lugar, sostiene que tal planteo resulta extemporáneo según la etapa procesal actual. Asimismo, solicita que se declare inconstitucional la legislación de emergencia en base a los criterios jurisprudenciales sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mochi" (M.424.XXXIII, sent. de 26-II-2008) y por esta Suprema Corte en los antecedentes "Rodríguez" (C. 99.858, sent. del 17-VIII-2011) y "Cooperativa" (C. 95.299, sent. del 14-IX-2011).
Entre otros aspectos, aduce que el mecanismo de pago de las indemnizaciones mediante la entrega de bonos a un plazo de 16 años, que establece la ley en debate, les acarrearía a las coactoras, por su edad avanzada, un perjuicio irreparable.
III. A fs. 321/410, la Fiscalía de Estado contesta el traslado conferido respecto de la impugnación formulada por la parte actora.
En respuesta a la primera observación efectuada por la contraparte, acompaña las constancias remitidas por la oficina de liquidación de haberes de la Cámara de Senadores, de las que surgen los salarios de cada uno de los actores, correspondientes a los períodos alcanzados por la sentencia.
Por otra parte, con relación a la liquidación correspondiente a la coactora Bonavita, destaca que la misma se acompañó en su escrito de fecha 26-III-2018. En cuanto a los coactores Fahey y Malagamba, advierte que las mismas fueron omitidas por error y que ha solicitado a la Cámara de Senadores que las practique.
En relación a las objeciones que plantea la actora respecto a que se aplique la ley de consolidación de deudas en los casos de las coactoras Soria y Bufarini, refiere que la temporaneidad de su planteo surge evidente puesto que es en esta instancia procesal, en la que se procede a liquidar las diferencias reconocidas en favor de cada uno de los actores, cuando se está en condiciones de determinar si el crédito en cuestión resulta alcanzado por la ley 12.836 y sus modificatorias.
En otro orden, refiere que la legislación en debate no merece reproche constitucional, puesto que las objeciones que originaron las primigenias declaraciones de inconstitucionalidad, fueron subsanadas a través del dictado de diversas normas que adecuaron la legislación local, a las pautas impuestas por la Corte Suprema de la Nación (leyes 13.436, 13.929 y decreto 304/12).
IV. En respuesta a la presentación de Fiscalía, a fs. 412 concurre la parte actora manifestando en primer lugar que la contraria practicó la liquidación respecto de la coactora Bonavita María Laura, pero no respecto de Bonavita Teresa. Asimismo, teniendo en cuenta que ahora la demandada acompaña los recibos de haberes de los diferentes actores, reitera que las liquidaciones deben hacerse mes a mes, ello por cuanto la bonificación cuyo reconocimiento se requirió en estos actuados se hubiera percibido mes a mes con el cobro de los salarios. De igual modo, insiste en que no se aclara de qué manera se efectúa el cálculo del monto que se toma como capital en cada caso. Por último, sostiene el rechazo al planteo de la consolidación de deuda.
V. Posteriormente, a fs. 419/425, Fiscalía de Estado acompaña las liquidaciones correspondientes a los coactores, incluidos Horacio Gustavo Fahey, Teresita Mabel Bonavita y Domingo Humberto Malagamba; solicitando que se las aprueben.
VI. Conferido traslado, la actora impugna las nuevas liquidaciones presentadas (v. fs. 427/432). Reitera que no se mencionan las pautas indicativas del cálculo de los distintos montos de capital adeudados mes por mes, actualizado cada una de ellos desde su vencimiento y hasta la fecha de la liquidación. Asimismo, solicita se requiera a la Cámara de Senadores un informe minucioso respecto de los salarios de los actores entre enero de 1992 y febrero de 1995. Finalmente, acompaña sus propios cálculos liquidatorios.
VII. A fs. 434, Fiscalía contesta el traslado de la impugnación. En respuesta a las aclaraciones solicitadas por la contraria, acompaña digitalmente las constancias que le fueron remitidas por la oficina de liquidación de la Cámara de Senadores, de las que surgen los salarios de cada uno de los actores, correspondientes a los períodos alcanzados por la sentencia. Por otra parte, refiere que los cálculos acompañados por la contraria son incorrectos, ya que parten del error de computar intereses sobre el capital total informado por la Cámara de Senadores desde el primer período adeudado, cuando corresponde liquidar los mismos en forma mensual, a medida en que se fueron devengando las diferencias salariales respectivas.
VIII. En primer término, en relación a la cuestión traída a esta sede que gira en torno a la validez constitucional del mecanismo de consolidación de deudas provinciales dispuesto por la ley 12.836 y sus modificatorias, corresponde seguir la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte, en las causas L. 106.273, "Geres" (sent. de 6-XI-2013) y C. 101.994, "Pasi" (sent. de 11-VI-2014) -entre otras- según el cual las correcciones incorporadas al sistema de consolidación de pasivos provinciales por la ley 13.929 y los decretos 201/2010 y 304/2012 superaron los reparos básicos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había expuesto, en relación con las versiones anteriores de la ley 12.836, a través de los conocidos precedentes "Vergnano" (V.128.XXXV, sent. de 26-X-2004) y "Mochi" (M.424.XXXIII, sent. de 26-II-2008), según lo resuelto por ese Tribunal en la causa 75.XLVIII, "Ragone", sent. de 30-IX-2014 y en autos "Ader S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios", sent. de 11-XII-2014, entre otros.
Por ello, respecto de las coactoras María Felisa Bufarini y Laura María Soria se declara que resulta aplicable la ley de consolidación 12.836, sus modificatorias 13.436 y 13.929 y los decretos 201/2010 y 304/2012 (conf. dec. 304/2012: causa "Cavada", C. 632.XLIV, sent. del 3-VIII-2010).
Ahora bien, conforme la doctrina sentada por este Tribunal en casos análogos al presente, habrá de admitirse la aplicación de la normativa de emergencia, solo a aquellas obligaciones anteriores a la fecha de corte, esto es el 31-XII-1999 (art. 58 de la ley 25.725 -31-XII-2001-; doc. causas C. 104.022, "González Ramírez", sent. del 24-IV-2013; C. 110.280, "Taboada", sent. del 29-IV-2013; B. 61.007, "Marco", res. del 12-XIII-2015; B. 63.860, "Medicine", resol. de 20-IX-2017, entre otras).
Consecuentemente, corresponde intimar a la Cámara de Senadores para que dentro del plazo de diez días practique una nueva liquidación respecto de las coactoras María Felisa Bufarini y Laura María Soria con aplicación de la tasa de interés fijada en la sentencia de autos hasta la fecha mencionada en el párrafo que antecede, esto es 31-XII-1999 y a partir de allí aquellos intereses establecidos en el artículo 19 de la ley 12.836, es decir a la tasa de interés promedio de Caja de Ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente y hasta la fecha del pago efectivo.
Asimismo, corresponde destacar, en función de los planteos introducidos por la actora, que de las modalidades cancelatorias que ofrece la ley bajo análisis la única opción válida en la actualidad consiste en el pago en efectivo, pues la alternativa de hacer frente a la obligación a través de la utilización de bonos se ha tornado improcedente por haber vencido el plazo de su amortización, circunstancia esta que desvirtúa uno de los fundamentos de la impugnación (arts.18 ley 12.836 y 7 ley 13.436, causas B. 55.325, res. 13-2-2008, entre otras).
IX. En otro orden, habiéndose establecido en la sentencia que el interés que debe abonar el deudor debe calcularse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, corresponde la aplicación de la tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días a partir del 19-VIII-2008, fecha en que entró en vigencia (doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. del 18-5-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", ambas sent. del 15-6-2016, entre otras). Sin perjuicio de lo expuesto, se observa que las liquidaciones presentadas por ambas partes consignan fechas de inicio equivalentes pero distintas fechas de corte, lo que genera una diferencia en los intereses y por ende en el total del cálculo liquidatorio respecto de cada coactor.
Por último, es dable señalar que este Tribunal ha manifestado que es la Administración quien se encuentra en mejores condiciones para efectuar el cálculo correspondiente a las diferencias salariales, como el que es necesario realizar en este caso (doctr. causas B 55.325, "Lascano", res. del 9-IV-03; B 56.524, "Moure", res. del 17-XII-03; B 61.267, "Lunazzi", res. del 14-VII-10; B 60.861, "Rizzardi", res. del 14-XII-16; entre otras).
Por ello la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar los planteos impugnatorios formulados por la parte actora y declarar que la ley 12.836 y sus modificatorias resultan aplicables a las coactoras María Felisa Bufarini y Laura María Soria.
2. Intimar a la Cámara de Senadores a que, dentro del plazo de diez días, practique nueva liquidación respecto de las coactoras arriba mencionadas, en la que deberá aplicar los intereses fijados en la sentencia desde el nacimiento de la obligación hasta la fecha de corte de la normativa de emergencia (31-XII-99) y a partir de allí aquellos intereses establecidos en el artículo 19 de la ley 12.836, sobre los que se aplicará la tasa promedio de Caja de Ahorro común que publica el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente hasta el efectivo pago (arts. 6 y 13 de la ley 23.982; 6 de la ley 11.192; 8, 19 y cc. de la ley 12.836; doctr. causas B. 55.325, "Lascano", res. del 13-9-2008; B. 56.197, "Desinano", res. del 10-8-2016; B. 61.015, "Astilleros", res. del 29-3-2017, entre otras).
3. Intimar a la Cámara de Senadores para que dentro del plazo de diez días practique nueva liquidación, de conformidad con los lineamientos expuestos en el punto IX, respecto de los coactores Raúl Antonio Zubiarráin, Juan José Cuello, Gustavo José López, María Laura Bonavita, Jorge Omar Koleff, Graciela Susana Celia, Rita Isabel Fagliozzi, Ana María Tiscornia, Bonavita Teresa, Horacio Gustavo Fahey y Domingo Humberto Malagamba, con aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, (cfr. mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2020 18:28:57 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 01/07/2020 17:20:38 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 03/08/2020 10:26:12 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/08/2020 15:02:12 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 05/08/2020 10:01:06 - MARTIARENA Juan Jose
Fin de la sentencia