Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66234
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar las liquidaciones presentadas por la parte demandada y la actora a fs. 1195 y fs. 1201/1203, respectivamente e intimar a la demandada para que, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, conforme las pautas señaladas, actualice la liquidación que presentara con fecha 22-XII-2017 (v. archivos adjuntos agregados al escrito de fs. 1073), que fuera aprobada por resolución del 7-XI-2018 (fs. 1078/1080).
II. Suplir en la sentencia de fs. 1043/1059, la omisión en la que se incurrió, en cuanto a que el señor Miguel Ángel Bazán D.N.I. 8.351.079, no ha formulado desistimiento en esta causa y por tanto lo alcanza el pronunciamiento de fecha 31-X-2016, debiendo notificarse y registrarse la presente resolución correlacionándosela con la registrada bajo el n° 345 del año 2016.
B.66.234 “ABALLAY JIMENA Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. (DCCION. VIALIDAD)”
I. A fs. 1195 la Fiscalía de Estado acompaña las liquidaciones de intereses practicadas por el organismo demandadado en el expediente administrativo n° 5100-39828/17 (v. archivo adjunto al escrito de fecha 17-II-2020).
I.1. Habiéndose conferido el correspondiente traslado, la parte actora las impugna y practica nuevas.
Sostiene que la accionada procedió a determinar el monto inicial aplicando sobre él la tasa pasiva digital desde la fecha en la cual se practicó la anterior liquidación en autos -30-X-2017- hasta el efectivo pago el 20-IX-2019. Afirma que no resulta ajustada a derecho, ya que luego de transcurridos los diez días dispuestos para el depósito de los montos aprobados en fecha 7-XI-2018 corresponde efectuar la capitalización de los intereses que fueran calculados por la demandada en la liquidación originaria de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 770 inc. c) del Código Civil y Comercial.
Agrega que, en su presentación, la demandada ha omitido liquidar los intereses al coactor Marcelo Tucci.
A sus efectos, por último, presenta nueva liquidación para cada uno de los actores (v. escrito de fecha 20-VIII-2018 y su archivo adjunto).
I.2. Por su parte, al contestar el traslado conferido el 7-IX-2020, la Fiscalía de Estado señala que el reclamo formulado por la actora resulta improcedente y contrario a derecho por lo que solicita su rechazo y la aprobación de las liquidaciones que fueran presentadas por su parte.
Sostiene que para el cálculo de los intereses reclamados debe tomarse el monto base de la sentencia y aplicarse por el período para el cual se realizó la liquidación hasta el día en que se dio en pago.
Agrega que la actora pretende la aplicación del nuevo artículo 770 del CCCN que autorizaría el anatocismo de deudas privadas judicializadas. Afirma que dicho artículo resulta objetivamente inaplicable a las circunstancias del caso, en primer lugar porque las normas del CCCN resultas ajenas al ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado según lo establecido por los arts. 1764 y 1765; en segundo lugar porque se infiere del artículo invocado que alude a deudas sujetas a un procedimiento de conocimiento civil y no a un proceso accesorio derivado de un juicio contencioso administrativo y finalmente, porque sería excesivo, confiscatorio y violatorio del derecho de defensa.
En virtud de lo expuesto solicita se rechace la liquidación presentada por la actora, con costas.
Con respecto a la liquidación faltante relativa al señor Marcelo Tucci afirma que, una vez verificada la falta, se solicitará que se practique (v. escrito del 27-IX-2020; fs. 1205/1207).
II. Paralelamente, el apoderado de la parte actora solicita se practique la liquidación relacionada al coactor Miguel Ángel Bazán.
Sostiene que en la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 31-X-2016 (fs. 1043/1059) en virtud de un error material se omitió consignar entre los actores al señor Miguel Ángel Bazán, D.N.I. 8.351.079 quien confirió mandato según carta poder obrante a fs. 61 de las presentes actuaciones.
Señala que dicha omisión pudo ser consecuencia del desistimiento formulado a fs. 818 vta. por su hijo de idéntico nombre y cuyo D.N.I. es 26.145.350, quien por un error, y en tanto arribó a un acuerdo con la accionada en su calidad de empleado, procedió a suscribir el escrito agregado a fs. 816/829.
En consecuencia, agrega que su representado -el señor Miguel Ángel Bazán (padre)- no ha desistido de la acción ni del derecho, atento a que la firma obrante a fs. 818 vta. no le corresponde, por lo que solicita se intime a la demandada a practicar la correspondiente liquidación (v. escrito del 11-III-2020, fs. 1197).
Contestando al traslado que se confiriera (fs. 1198) la demandada se opone al requerimiento de intimación solicitado por la parte actora, y solicita su rechazo toda vez que la sentencia de fecha 31-X-2016 no hace referencia al señor Miguel Ángel Bazán, lo que impide que la Provincia realice un pago por un crédito, a la fecha, no reconocido judicialmente.
Agrega que las partes cuentan con momentos procesales oportunos para realizar peticiones como las ahora formuladas por la parte actora, en particular al notificarse la sentencia. Afirma que esa actitud no se evidenció al tomar conocimiento de la sentencia, de la liquidación efectuada por la autoridad demandada, de la resolución que la aprobó, ni al retirar las sumas depositadas o solicitar el cálculo de los intereses. (v. escrito del 22-VI-2020; fs. 1199).
III. Analizando los planteos formulados por las partes corresponde señalar lo siguiente:
1. El artículo 770 del Código Civil y Comercial, al igual que lo hacía el artículo 623 del ordenamiento antes vigente, normas que este Tribunal ha juzgado aplicables a deudas de la Administración, veda como regla general la deuda de "intereses de los intereses". Sin embargo, entre las excepciones a dicha prohibición se encuentra el caso de la obligación liquidada judicialmente que es mandada a pagar por el juez y el deudor es moroso en hacerlo, en cuyo caso procede la capitalización desde el momento del vencimiento de dicha intimación (inc. "c").
Bajo tal premisa, lejos de simplemente haberse notificado la resolución que aprobó la liquidación que ahora se pretende actualizar, hecho que -como se tiene dicho- no basta para verificar la excepción antes señalada (docr. causa B. 67.055, "Cuomo", res. del 4-VII-2012 y sus citas), es claro que en el caso se procuró el cumplimiento de la condena con toda la severidad inherente a las potestades coactivas que confiere a los jueces el artículo 163 de la Constitución provincial, a través de los dispositivos conminatorios previstos en el plexo de normas procesales aplicables en la especie (ver fs. 1085 y 1091; cfr. arts. 86 y concs., ley 2961; 78 inc. 3 del CPCA).
En estas circunstancias y como ya lo ha sostenido este Tribunal en anteriores fallos, en principio se verifica uno de los supuestos en los cuales el anatocismo se encuentra permitido y, por ello, corresponde establecer las pautas para calcularlo.
Sobre esa base cabe indicar que el período que corre entre el 1° de noviembre de 2017 (fecha inmediatamente posterior a la del corte de la primera liquidación) y el 28 de noviembre de 2018 (fecha en la que venció el término perentorio de 10 días para que se verifique el pago) la condena devengó intereses sólo sobre el capital original. Pero por el lapso que se extiende entre el 24 de noviembre de 2018 y hasta el 20 de septiembre de 2019 (fecha de la dación en pago), corresponde calcular intereses sobre el saldo capitalizado por los rendimientos que se habían devengado hasta ese momento, a la tasa pasiva más alta pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días (doctr. causas B.64.953, "Ithurrart", res, del 14-IX-2016 y B. 63.881, "Liendo", res. del 28-XII-2016).
Con estas pautas, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, la demandada deberá actualizar la liquidación que presentara con fecha 22-XII-2017 (v. archivos adjuntos agregados al escrito de fs. 1073), que fuera aprobada por resolución del 7-XI-2018 (fs. 1078/1080).
2. Por otra parte, y en relación a lo expuesto respecto del coactor Miguel Ángel Bazán, se debe señalar que el artículo 36 inc. 3° del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo en razón de lo dispuesto por el art. 77 inc. 1° de la ley 12.008, modif. por ley 13.101- establece entre las facultades ordenatorias de los jueces la de corregir algún error material de la sentencia, siempre que con ello no se altere lo sustancial de la decisión, así como aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.
De las constancias de la causa surge evidente que se ha incurrido en un error en la resolución dictada a fs. 859/863 al tenerse al coactor Miguel Ángel Bazán por desistido de la acción y del derecho, en tanto la persona que desistiera en el escrito presentado por la parte actora a fs. 818 vta. es un homónimo.
Siendo así, corresponde -en el marco de las facultades que otorga el artículo 36 y teniendo en consideración lo normado por el art. 163 inc. 2, ambos del C.P.C.C.-, suplir en la sentencia de fs. 1043/1059, la omisión en la que se incurrió en cuanto a que el señor Miguel Ángel Bazán D.N.I. 8.351.079, no ha formulado desistimiento en esta causa y por tanto lo alcanza el pronunciamiento de fecha 31-X-2016, debiendo notificarse y registrarse la presente resolución correlacionándosela con la registrada bajo el n° 345 del año 2016.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar las liquidaciones presentadas por la parte demandada y la actora a fs. 1195 y fs. 1201/1203, respectivamente e intimar a la demandada para que, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, conforme las pautas señaladas, actualice la liquidación que presentara con fecha 22-XII-2017 (v. archivos adjuntos agregados al escrito de fs. 1073), que fuera aprobada por resolución del 7-XI-2018 (fs. 1078/1080).
II. Suplir en la sentencia de fs. 1043/1059, la omisión en la que se incurrió, en cuanto a que el señor Miguel Ángel Bazán D.N.I. 8.351.079, no ha formulado desistimiento en esta causa y por tanto lo alcanza el pronunciamiento de fecha 31-X-2016, debiendo notificarse y registrarse la presente resolución correlacionándosela con la registrada bajo el n° 345 del año 2016.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:44:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:18:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:56:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2020 12:51:58 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2020 18:55:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia