Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 58340
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 58.340, "Salina, Aurora Ester contra Municipalidad de La Matanza. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres, de Lázzari, Borinsky .
I. La señora Aurora Ester Salina promovió la presente causa contra la Municipalidad de La Matanza, en la que solicitó la anulación del decreto 1.000, de fecha 17 de octubre de 1996, por el que el Intendente municipal dispuso su cesantía; hizo extensiva su impugnación al decreto 537, de fecha 30 de mayo de 1997, que rechazó el recurso de revocatoria deducido contra el acto anteriormente mencionado. Asimismo, requirió que se disponga su reincorporación al cargo que ocupaba al momento del cese y se condene a la demandada al pago de los daños -material y moral- con más intereses, calculados a la tasa activa hasta el día del efectivo abono y costas (v. fs. 9/20).
II. Esta Corte, por medio de la sentencia dictada el 4 de julio de 2012, hizo lugar parcialmente a la demanda, al anular los actos cuestionados y ordenar a la autoridad administrativa que ejerza, dentro del razonable marco de discreción establecido por las normas aplicables, su potestad disciplinaria, por medio del dictado de un nuevo acto administrativo. Dispuso, además, la reincorporación de la actora en su empleo y otorgó, para ello, un plazo de treinta días para su cumplimiento (v. fs. 410/426).
Por otra parte, y mediante sentencia aclaratoria de fecha 17 de abril de 2013, este Tribunal dejó establecido que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la comuna demandada debía ejercerse dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la sentencia. Asimismo, postergó el tratamiento de la pretensión indemnizatoria hasta tanto recayera resolución en el sumario administrativo (v. fs. 440/441).
A fs. 430/437 la parte demandada interpuso recurso extraordinario federal, el que fue contestado por la contraria a fs. 448 y rechazado por este Tribunal a fs. 451/452.
III. A fs. 550 se presentó la demandada y adjuntó las actuaciones administrativas que daban cuenta del cumplimiento de la sentencia. En ese orden, mediante decreto 3.405 del 23 de octubre de 2015, la Municipalidad dejó sin efecto los decretos 1.000/96 y 537/97 y reincorporó a la actora al cargo que ocupara al momento del cese como Jefa de Día de Guardia del Hospital Local Materno Infantil "Dr. José Equiza" de González Catán. Y por decreto 3.414 del 25 de octubre de 2016 aplicó la sanción de treinta días de suspensión a la actora por hallarse incursa en las prescripciones del art. 106 incs. "c" y "f", "incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 34 inciso 'a'" de la ordenanza 7.745, "Estatuto para el personal de la Municipalidad de La Matanza" (v. fs. 545 y 546).
Posteriormente, se presentó la actora y solicitó que el Tribunal se expida sobre la pretensión indemnizatoria y, consecuentemente, determine el monto del daño material conforme lo requerido en oportunidad de promover la presente acción, los que estima en el 100% de todos los sueldos dejados de percibir desde su cesantía hasta la reincorporación ordenada mediante decreto 3.405 dictado el 23 de octubre de 2015. Asimismo, reclamó daño moral.
IV. A fs. 559, la parte demandada contestó el traslado que le fuera conferido y se opuso al reconocimiento del daño moral y al alcance dado por la actora a la pretensión indemnizatoria por daño material. Para el supuesto que se fijare indemnización, solicitó se disponga la consolidación de cualquier suma que se ordene abonar, en los términos de la ley 12.836 (y sus modif. -leyes 12.874, 13.436 y 13.929-). Por su parte, la actora pidió se desestime la aplicación del régimen de consolidación (v. fs. 565/566).
V. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde hacer lugar a la pretensión relativa al pago de los salarios caídos?
En caso negativo:
2ª) ¿En qué medida corresponde resarcir el daño material?
3ª) ¿Qué pauta corresponde tomar para el cálculo del porcentaje fijado en la cuestión anterior?
4ª) ¿Corresponde indemnizar el daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Puesto que de ordinario el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum , que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento en el marco del proceso administrativo (doctr. causas B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-213; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001, "DJBA", 160:237; e.o.) y que, por tanto, en principio, basta con que la actora demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluida del cargo estable del que gozaba por un acto viciado y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción.
Mas de ello no puede desprenderse que la reparación por la segregación ilegítima se identifique con la totalidad de los salarios dejados de percibir por la agente durante el período en que perduró la separación del cargo.
En esta parcela no puedo dejar de reconocer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación; Fallos 307:1199, 1.215; 308:732, 1.795; 321:635; e.o.).
Sin embargo, dicho Tribunal ha dejado a salvo la existencia de una disposición expresa para el caso o ha mitigado tal doctrina cuando ha mediado una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad. En este último supuesto se ha reconocido, aun en ausencia de norma, el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (CSJN Fallos: 297:415).
Puede concluirse entonces, como pauta de interpretación, que en los supuestos en los que el agente público es afectado por una medida segregativa (sea ella producto de un procedimiento disciplinario o adoptada en el marco de un régimen de prescindibilidad) luego declarada ilegítima por el órgano judicial, se admite la posibilidad de acordar una indemnización en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos por el agente, que tome en cuenta los salarios caídos, puesto que la falta de prestación de servicios, en última instancia, no resulta imputable al agente (conf. causa B. 31.217, "Acuña", sent. de 23-IX-1947, voto del doctor Ramírez Gronda, "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, tomo X, pág. 331; arg. CSJN Fallos 321:635, cons. 6° in fine ).
Tal como lo señalara en mis votos en las causas B. 57.454, "Sebey", sentencia de 1-III-2004; B. 57.484, "Obesio", sentencia de 14-IV-2004; B. 57.257, "Marino", sentencia de 27-IV-2004 y B. 57.706, "Pérez", sentencia de 2-VI-2004, en el ámbito del derecho público provincial, la conclusión arriba expuesta ha encontrado acogida legislativa en el art. 73 inc. 1 apartado "c" de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), maguer la redacción de esta norma, que utiliza el vocablo "devengados" para referirse al alcance del reconocimiento patrimonial allí previsto. Es claro que tal precepto tiene su campo de aplicación en el proceso especial reglado en el Capítulo II del Título II de dicho Código, cuyas características difieren del sustanciado en el sub examine . Por ello, la norma tan sólo brinda una pauta hermenéutica útil en la materia (conf. mi voto en la causa B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003).
Por consiguiente, la procedencia del pago de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por la agente por todo el lapso en que estuvo excluida de los cuadros de la Administración dista de erigirse en un parámetro incontestable (doctr. minoritaria en las causas B. 53.291, "Álvarez", sent. de 22-IV-1997; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2000; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10-V-2000; "DJBA", 158:244; e.o.). Ello así, porque si bien la agente sufre un daño que inicialmente equivale a la privación de su sueldo, no es lógico reputar que la subsistencia de tal perjuicio se prolongue más allá de un tiempo prudencial, suficiente para la obtención de otra actividad lucrativa (doctr. causas B. 38.396, "Benítez", sent. de 22-IV-1958, "Acuerdos y Sentencias", 1958-III-44, voto del doctor Acuña Anzorena a la tercera y cuarta cuestión; B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 48.945, "Moresino"; voto de la mayoría en las causas B. 53.291; B. 59.013 y B. 54.852, cits.; e.o.).
En resumen, sin descartar de plano una compensación equivalente a los haberes no abonados al empleado público, en situaciones como la examinada -pues el ordenamiento no lo prohíbe- la menor o mayor extensión de la indemnización por el daño causado, cuya existencia cabe presumir en modo relativo, está ligada a las constancias de la causa y, por cierto, de la prueba reunida en el proceso (arts. 77, ley 12.008, texto según ley 13.101; 375, CPCC). Bien entendido que la invalidación judicial de nulidad del acto de cese, pese a lo dispuesto por el art. 390 del Código Civil y Comercial -aplicable por analogía a las nulidades administrativas (arg. arts. 171, Const. prov. y 2, Cód. Civ. y Com.)- en orden a la retroactividad de los efectos de la invalidación (CSJN Fallos: 321:635) no conlleva inevitablemente al pago de todos los sueldos dejados de percibir, mas tampoco obsta a que pueda invocarse y acreditarse toda clase de perjuicios ocasionados por la baja ilegítima (CSJN Fallos: 313:472; 321:2748).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Soria, a la primera cuestión también votó por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Habiendo recaído en el sub examine sentencia que recepcionó la pretensión impugnatoria de una sanción disciplinaria, resta expedirse sobre la pertinencia del reconocimiento de los daños y perjuicios por la cesantía declarada ilegítima.
En ese orden, y de modo preliminar, resulta menester advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud -endilgada a la demandada- que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Este Tribunal, en doctrina que suscribo, ha receptado favorablemente pedidos similares (en verdad, reclamos de remuneraciones dejadas de percibir) de reparación del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo en supuestos vinculados con cesantías de agentes públicos integrantes de la planta permanente de personal (causa B. 49.176, "Sarzi", "Acuerdos y Sentencias", 1985-1-212; B. 53.291, "Alvarez", sent. de 22-IV-1997; B. 49.753, "Ambrosino", sent. de 2-XII-1997; B. 56.758, "Neustad", sent. de 5-IV-2000; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001; B. 56.525, "Mathieu", sent. de 13-XI-2008; B. 62.126, "Gioda", sent. de 13-VI-2011; e.o.).
De tal modo, al otorgarse alcance indemnizatorio a esas pretensiones, el daño se presume por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria (cfr. causa B. 48.945, "Moresino", "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-1985; B. 49.076, "Correa", "Acuerdos y Sentencias", 1986-IV-128; B. 52.783, "Maslovich", sent. de 16-XII-1997; B. 54.852, "Perz", sent. de 10-V-2000; B. 67.047, "B.M", sent. de 28-X-2009; e.o.).
Así, sentado un criterio que entiendo enlaza y armoniza los fundamentos de la reparación con la naturaleza jurídica de la garantía de la estabilidad, en estos casos debe ponderarse "...la posibilidad de que el empleado despedido sin derecho pueda sufrir inmediatamente a su cesantía, un daño igual a la privación de su sueldo..." y que ese daño es "...lógico de presumir durante un tiempo prudencial suficiente como para que el cesante dedique las horas que antes empleaba en su cargo a otra actividad lucrativa" (causa B. 38.396, "Acuerdos y Sentencias" -1958-111-44, esp. voto del señor Juez de primer voto, doctor Acuña Anzorena, a la cuarta cuestión planteada, citado por el señor Juez de primer voto, doctor Vivanco, en la causa B. 49.176, "Sarzi"; B. 59.013, "Meza", cits.; e.o.).
De allí que la presunción del daño por la ilegitimidad del acto no puede alcanzar mecánicamente también a su magnitud y, sin más, determinarse que ésta siempre será equivalente a la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente ilegítimamente despedido.
Antes bien, el monto del perjuicio ( quantum debeatur , debe estar supeditado a la demostración que sobre el tópico efectúe la actora y, en tal caso, a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo (doctr. arts. 375, CPCC por remisión art. 77, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101-; doctr. causa B. 52.530, "Freiberg", sent. de 30-IX-1997; e.o.).
Agrego que la búsqueda de la justa estimación de los perjuicios materiales derivados de la medida ilegítima, impone ponderar no sólo las ganancias dejadas de percibir, sino también si en el lapso de interrupción de la relación laboral la accionante estuvo en condiciones de aplicar su fuerza de trabajo en otros empleos o actividades lucrativas (conf. causa B. 61.833, "Autiero", sent. de 5-VIII-2009).
Voto, en consecuencia, por la negativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Conforme me he expedido en precedentes similares (causas B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003; B. 57.484, "Obesio", sent. de 14-IV-2004; B. 60.019, "Salvatori", sent. de 30-VI-2004; B. 64.623, "Mousseigne", sent. de 19-X-2016; e.o.) entiendo que cuando la cesantía se decreta ilegítimamente -como sucede en el caso de autos- debe presumirse el perjuicio patrimonial ocasionado al empleado, derivado de la pérdida del empleo y su consiguiente detrimento patrimonial, vulnerándose así la garantía constitucional de la estabilidad (conf. doctr. causas B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 50.864, "Rodríguez", sent. de 29-VIII-1995; B. 57.637, "Duville", sent. de 21-VI-2000 y B. 50.550, "Velazco", sent. de 23-IV-1990).
Como he señalado anteriormente, considero que no sólo cabe presumir la existencia del daño sino también su magnitud, que debe fijarse en la totalidad de las remuneraciones que el agente se vio privado como consecuencia de la expulsión ilegítima en razón de que en principio, ese es el menoscabo efectivamente sufrido, salvo prueba en contrario de la demandada (causas B. 56.675, "Lallana", sent. de 7-VI-2000; B. 57.637, cit.; B. 56.127, "Salinas", sent. de 12-VII-2000 y B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001).
En consecuencia, soy de la opinión que cuando una cesantía es declarada ilegítima, procede el pago de todos los salarios devengados, ya sea durante el tiempo en que haya durado la suspensión del empleado o desde la separación del cargo hasta su reincorporación.
A la primera cuestión, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres, de Lázzari y Borinsky, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
De acuerdo a lo expresado precedentemente, advierto que establecer porcentajes a los fines de la reparación del daño constituye la expresión simplificada de un proceso en cuyo seno han quedado fijadas determinadas bases objetivas de ponderación de los perjuicios ocasionados.
Tratándose de la reparación del daño material, como acontece en la especie, corresponde determinar la suma que habrá de abonarse a la actora por dicho concepto.
En las causas B. 57.183, B. 57.454, B. 57.484 y B. 57.706, previamente citadas, he distinguido al efecto, dos períodos. De un lado, un lapso inicial comprendido entre el acto de cese dispuesto por la Administración y la decisión que ha agotado la vía administrativa para acceder a esta instancia judicial. De otro, un segundo período que se extiende desde el acto que ha clausurado la vía administrativa hasta el dictado de la sentencia invalidatoria.
Al menos, como presunción hominis , durante el primero de los períodos cabe reconocerle a la agente la totalidad de los haberes dejados de percibir, pues, verosímilmente, hasta la notificación de la decisión final adversa, pudo abrigar razonables expectativas de obtener un pronunciamiento favorable y ser reintegrada a su empleo por la accionada. De modo que recién al anoticiarse de la decisión administrativa final la agente segregada tuvo certeza en cuanto a la imposibilidad de reintegrarse a su función, debiendo orientar en lo sucesivo sus esfuerzos en pos de obtener una nueva inserción laboral.
Sin embargo, dicha presunción habrá de ceder en el segundo período y la extensión del perjuicio material dependerá de la prueba obrante en la causa (arts. 25, CCA; 375, CPCC; doctr. causas B. 53.291, "Álvarez"; B. 59.013, "Meza"; B. 54.852, "Pérez"; cits.; e.o.).
En el sub lite se pueden distinguir ambos períodos; toda vez que durante el lapso que medió entre el decisorio que dispuso la cesantía de la actora y el acto administrativo que rechazó el recurso de revocatoria deducido contra el anterior, la parte pudo creerse con posibilidades de reinsertarse en su cargo y función. Por ello, el lapso transcurrido entre ambos actos debe ser considerado como el primero de los señalados.
La concreción de las pautas indicadas en el caso sub examine , me conducen a fijar prudencialmente la indemnización por daño material, que engloba los dos lapsos individualizados con anterioridad, en una suma equivalente, por todo concepto, 35% de los salarios dejados de percibir por la agente, computados desde la separación de su cargo y hasta su efectiva reincorporación.
Así lo voto.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, CCA).
El señor Juez doctor Genoud , por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Soria, a la segunda cuestión también votó en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
En el sub lite , la actora se limitó a reclamar las sumas correspondientes a los daños económicos resultantes de la falta de cobro de los salarios devengados desde el ilegal cese hasta su efectiva reincorporación a la Administración, sin aportar pruebas pertinentes.
Por lo tanto, y en lo que tiene que ver con el quantum debeatur , corresponde que este Tribunal lo fije prudencialmente, atendiendo a las circunstancias de la causa y en el orden establecido por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud de lo dispuesto en los arts. 77 inc. 1 y 78 inc. 3 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
En tal sentido, atendiendo a los extremos verificados en el sub examine analizados a la luz de los criterios ya reseñados, propongo fijar la indemnización por daño material en la suma equivalente al 35% de los salarios no percibidos desde la separación y hasta su efectiva reincorporación en el cargo.
Con el alcance mencionado voto por la afirmativa.
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008, modif. por ley 13.101).
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En esta parcela, y tal como adelantara al votar la primera cuestión, entiendo que no sólo cabe presumir la existencia del daño sino también su magnitud, que debe fijarse en
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