Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60042
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.042, "Peralta, Mabel Marta contra Municipalidad de Berisso. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari, Torres.
I. Esta Corte, por medio de la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2009, hizo lugar a la demanda, dejando sin efecto los actos que aplicaron a la señora Marta Mabel Peralta la sanción de cesantía, ordenando a la autoridad administrativa que ejerza nuevamente su potestad disciplinaria, esta vez dentro del razonable marco de discreción fijado por las normas. Asimismo, ordenó la reincorporación de la accionante a su empleo y difirió el tratamiento de la pretensión indemnizatoria hasta tanto recaiga decisión en el sumario administrativo (v. fs. 354/373).
II. El 27 de diciembre de 2012 se presenta la actora denunciando el incumplimiento de la sentencia y solicitando su ejecución (v. fs. 418/419).
III. Posteriormente, previa intimación del Tribunal (v. fs. 420), el señor Intendente de la Municipalidad de Berisso, por decreto 453/13 de fecha 7-VI-2013, ordenó la reincorporación de la actora para desempeñar funciones de asistente social, y estableció una Garantía Salarial equivalente a la diferencia cuantitativa que existiera entre el salario bruto total del cargo Jerárquico II en que revistaba y el salario bruto total del cargo Técnico I al que accedía (v. fs. 431/433).
IV. Mediante escrito de fecha 6 de junio de 2016 la parte actora reiteró su solicitud de ejecución de sentencia en orden a la reparación de los daños y perjuicios (v. fs. 434 y vta.).
V. Estando la presente causa en condiciones de ser resuelta, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Procede la pretensión indemnizatoria derivada de la extinción de la potestad disciplinaria?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde hacer lugar a la pretensión relativa al pago de los salarios caídos?
En caso negativo:
3ª) ¿En qué medida corresponde resarcir el daño material? ¿Es procedente la pretensión de pago de los aportes previsionales?
4ª) ¿Qué pauta corresponde tomar para el cálculo del porcentaje fijado en la cuestión anterior?
5ª) ¿Corresponde indemnizar por daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Esta Corte mediante sentencia de 29 de diciembre de 2009 estableció una doble obligación a cargo de la autoridad administrativa: reincorporar a la actora y ejercer su potestad disciplinaria dentro del marco de razonabilidad dispuesto por el ordenamiento respectivo.
Luego de la intimación efectuada por despacho del Presidente de 8 de febrero de 2013, el señor Intendente de la Municipalidad de Berisso dictó el decreto 453 ordenando la reincorporación de la actora, lo que implica el cumplimiento parcial a la sentencia de autos.
Esta Suprema Corte ha entendido que el plazo fijado en la sentencia para la reincorporación de un agente dado de baja, lo es también para el cumplimiento de la obligación de ejercer su potestad disciplinaria (doctr. causas B. 57.469, "Tettamanti", resol. de 13-VII-1999 y B. 51.992-2, "Philip", sent. de 7-V-2008) y nada obsta a que tal criterio se aplique al presente caso.
En el caso bajo examen, de acuerdo a los antecedentes reseñados, resulta claro que la Administración no ha tomado ninguna decisión al respecto, manifestando su representante que el pedido de declaración de extinción de potestad sancionatoria planteado por la actora se encuentra pendiente de resolución en sede administrativa (v. fs. 439), pero no ha acompañado nada que lo acredite.
Así, habiéndose fijado un plazo de sesenta días para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la perdidosa, no cabe duda de que el mencionado término ha transcurrido en exceso sin que la autoridad administrativa haya exteriorizado su accionar disciplinario.
Esta circunstancia no puede implicar -en los hechos- la exclusión de la responsabilidad de la Administración por su actuar negligente, que no cumplió los procedimientos tendientes a la tramitación eficiente de un sumario administrativo cuya conclusión habilitaría, eventualmente, a sancionar a la accionante por la falta imputada. De lo que se sigue que, en el caso, debe decretarse la extinción de la potestad disciplinaria de la Administración, y -por tanto- existiendo imposibilidad de actuar tal poder coactivo, no existe causa jurídica que legitime la privación de la reparación debida (doctr. causas B. 56.376, "De Cunto", sent. de 28-X-1997; B. 51.193, "Arriondo", sent. de 12-V-1998; B. 56.441, "Bucharsky", sent. de 20-IV-1999; B. 57.469 bis, "Tettamanti", sent. de 21-XII-2008; B. 55.490, "Arrambide", sent. de 17-IX-2008; e.o.).
Como ha dicho este Tribunal, ante la existencia de un procedimiento sumarial inconcluso en el cual el acto administrativo que resuelve acerca de la responsabilidad del agente no puede ya dictarse por haberse extinguido el poder disciplinario, cabe concluir que la actora se encuentra en igual situación que aquellos agentes que han sido sobreseídos o absueltos (cfr. doctr. causas cits.).
De acuerdo a lo precedentemente señalado, voto por la afirmativa.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega, doctor Soria.
Voto por la afirmativa.
Costas por su orden (art. 17, CCA, ley 2.961; en función art. 78 inc. 3, CCA, ley 12.008).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la propuesta efectuada por el colega que inicia el acuerdo, y doy mi voto también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Puesto que de ordinario el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum , que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento en el marco del proceso administrativo (doctr. causas B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001; entre muchas otras) y que, por tanto, en principio, basta con que la actora demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluida del cargo estable del que gozaba por un acto viciado y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción.
Mas de ello no puede desprenderse que la reparación por la segregación ilegítima se identifique con la totalidad de los salarios dejados de percibir por la agente durante el período en que perduró la separación del cargo.
En esta parcela no puedo dejar de reconocer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación; Fallos: 307:1199, 1215; 308:732, 1795; 321:635; e.o.).
Sin embargo, dicho Tribunal ha dejado a salvo la existencia de una disposición expresa para el caso o ha mitigado tal doctrina cuando ha mediado una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad. En este último supuesto se ha reconocido, aun en ausencia de norma, el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (CSJN Fallos: 297:415).
Puede concluirse entonces, como pauta de interpretación, que en los supuestos en los que el agente público es afectado por una medida segregativa (sea ella producto de un procedimiento disciplinario o adoptada en el marco de un régimen de prescindibilidad) luego declarada ilegítima por el órgano judicial, se admite la posibilidad de acordar una indemnización en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos por el agente, que tome en cuenta los salarios caídos, puesto que la falta de prestación de servicios, en última instancia, no resulta imputable a aquel (conf. causa B. 31.217, "Acuña", sent. de 23-IX-1947, voto del doctor Ramírez Gronda, "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, tomo X, pág. 331; arg. CSJN Fallos: 321:635, cons. 6° in fine ).
Tal como lo señalara en mis votos en las causas B. 57.454, "Sebey" (sent. de 1-III-2004); B. 57.484, "Obesio" (sent. de 14-IV-2004); B. 57.257, "Marino" (sent. de 27-IV-2004) y B. 57.706, "Pérez" (sent. de 2-VI-2004), en el ámbito del derecho público provincial, la conclusión arriba expuesta ha encontrado acogida legislativa en el art. 73 inc. 1 apartado "c" de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), maguer la redacción de esta norma, que utiliza el vocablo "devengados" para referirse al alcance del reconocimiento patrimonial allí previsto. Es claro que tal precepto tiene su campo de aplicación en el proceso especial reglado en el Capítulo II del Título II de dicho Código, cuyas características difieren del sustanciado en el sub examine . Por ello, la norma tan solo brinda una pauta hermenéutica útil en la materia (conf. mi voto en la causa B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003).
Por consiguiente, la procedencia del pago de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por la agente por todo el lapso en que estuvo excluida de los cuadros de la Administración dista de erigirse en un parámetro incontestable (doctr. minoritaria en las causas B. 53.291, "Álvarez", sent. de 22-IV-1997; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2000; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10-V-2000, "DJBA", 158:244; e.o.). Ello así, porque si bien la agente sufre un daño que inicialmente equivale a la privación de su sueldo, no es lógico reputar que la subsistencia de tal perjuicio se prolongue más allá de un tiempo prudencial, suficiente para la obtención de otra actividad lucrativa (doctr. causas B. 38.396, "Benítez", sent. de 22-IV-1958, "Acuerdos y Sentencias" 1958-III-44, voto del doctor Acuña Anzorena a la tercera y cuarta cuestión; B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 48.945, "Moresino"; voto de la mayoría en las causas B. 53.291, B. 59.013, B. 54.852, cits., entre muchas otras).
En resumen, sin descartar de plano una compensación equivalente a los haberes no abonados al empleado público, en situaciones como la examinada -pues el ordenamiento no lo prohíbe- la menor o mayor extensión de la indemnización por el daño causado, cuya existencia cabe presumir en modo relativo, está ligada a las constancias de la causa y, por cierto, de la prueba reunida en el proceso (arts. 77, CCA y 375, CPCC). Bien entendido que la invalidación judicial de nulidad del acto de cese, pese a lo dispuesto por el art. 390 del Código Civil y Comercial -aplicable por analogía a las nulidades administrativas (arg. arts. 171, Const. prov. y 2, Cód. Civ. y Com.)- en orden a la retroactividad de los efectos de la invalidación (CSJN Fallos: 321:635) no conlleva inevitablemente al pago de todos los sueldos dejados de percibir, mas tampoco obsta a que pueda invocarse y acreditarse toda clase de perjuicios ocasionados por la baja ilegítima (CSJN Fallos: 313:472; 321:2748).
Voto por la negativa.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Tal como sostuviera en un caso sustancialmente análogo (causa B. 61.894, "Ortega", sent. de 8-X-2014), corresponde ahora determinar si la reparación del daño material debe ser equivalente a la totalidad de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la decisión ilegítima adoptada por la demandada.
a) La accionante reclama "...la indemnización por daño material, el que estaría compuesto, prima facie, por todas las sumas que la actora deje de percibir, desde el dictado de la resolución que dispuso la cesantía hasta su efectiva reposición en el cargo y la función. En este rubro deberán incluirse toda bonificación, subsidio, retribución adicional, ordinaria y extraordinaria, que la actora debiera percibir de continuar en funciones" (el destacado me pertenece; fs. 115).
Si la pretensión de condena al pago de salarios caídos fuese considerada en términos estrictos, no cabría sino su rechazo. En efecto, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no corresponde, como regla, el pago de las remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público ilegítimamente dado de baja y su reincorporación (Fallos: 307:1220; 308:1795), salvo disposición legal expresa y específica en contrario (Fallos: 297:427; 308:732; 313:473; 316:2922; 319:2507; 326:2347; 327:4928).
Por tal razón, esta Suprema Corte -una vez declarada la ilegitimidad del acto administrativo que dispusiera una medida segregativa respecto de un agente público de planta permanente con estabilidad- ha resuelto, repetidamente: i) que el reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo (causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-212) y ii) que al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, ese daño se presume an debeatur por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria.
b) La presunción del daño material que en estos supuestos resulta legítimo establecer no puede alcanzar también a su magnitud y, sin más, determinarse que esta siempre será equivalente a la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente ilegítimamente despedido.
El monto del perjuicio - quantum debeatur -, en estos supuestos, debe estar supeditado a la demostración que sobre la magnitud del mismo efectúe la parte actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo (doctr. art. 375, CPCC con remisión al art. 77 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Por lo expuesto , voto por la negativa.
Costas por su orden (art. 17, CCA, ley 2.961; en función art. 78 inc. 3, CCA, ley 12.008).
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La interesada reclama en la demanda, a la par de que se anulen los actos administrativos que la segregaron de su cargo, la indemnización por los daños y perjuicios, y daño moral, producidos por la impugnación de las medidas impugnadas. Con relación al daño material, aclara que "estaría compuesto prima facie, por todas las sumas que la actora deje de percibir, desde el dictado de la resolución que dispuso la cesantía, hasta su efectiva reposición en el cargo y la función. En este rubro deberán incluirse, toda bonificación, subsidio, retribución adicional, ordinaria y extraordinaria, que la actora debiera percibir de continuar en funciones" (el destacado me pertenece; fs. 92 vta. y 115 y vta.).
II. Conforme me he expedido en precedentes similares (causas B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003; B. 57.484, "Obesio", sent. de 14-IV-2004; B. 60.019, "Salvatori", sent. de 30-VI-2004; B. 64.623, "Mousseigne", sent. de 19-X-2016; e.o.) entiendo que cuando la cesantía se decreta ilegítimamente -como sucede en el caso de autos- debe presumirse el perjuicio patrimonial ocasionado al empleado, derivado de la pérdida del empleo y su consiguiente detrimento patrimonial, vulnerándose así la garantía constitucional de la estabilidad (conf. doctr. causas B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 50.864, "Rodríguez", sent. de 29-VIII-1995; B. 57.637, "Duville", sent. de 21-VI-2000 y B. 50.550, "Velazco", sent. de 23-IV-1990).
Como he señalado anteriormente, considero que no sólo cabe presumir la existencia del daño sino también su magnitud, que debe fijarse en la totalidad de las remuneraciones que el agente se vio privado como consecuencia de la expulsión ilegitima en razón de que en principio, ese es el menoscabo efectivamente sufrido, salvo prueba en contrario de la demandada (causas B. 56.675, "Lallana", sent. de 7-VI-2000; B. 57.637, cit.; B. 56.127, "Salinas", sent. de 12-VII-2000 y B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001).
En consecuencia, soy de la opinión de que cuando una cesantía es declarada ilegítima, procede el pago de todos los salarios devengados, ya sea durante el tiempo en que haya durado la suspensión del empleado o desde la separación del cargo hasta su reincorporación.
A la segunda cuestión, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De acuerdo a lo expresado precedentemente, advierto que establecer porcentajes a los fines de la reparación del daño constituye la expresión simplificada de un proceso en cuyo seno han quedado fijadas determinadas bases objetivas de ponderación de los perjuicios ocasionados.
Tratándose de la reparación del daño material, como acontece en la especie, corresponde determinar la suma que habrá de abonarse a la actora por dicho concepto.
En las causas B. 57.183, B. 57.454, B. 57.484 y B. 57.706, previamente citadas, he distinguido al efecto, dos períodos. De un lado, un lapso inicial comprendido entre el acto de cese dispuesto por la Administración y la decisión que ha agotado la vía administrativa para acceder a esta instancia judicial. Del otro, un segundo período que se extiende desde el acto que ha clausurado la vía administrativa hasta el dictado de la sentencia invalidatoria.
Al menos, como presunción hominis , durante el primero de los períodos cabe reconocerle a la agente la totalidad de los haberes dejados de percibir, pues, verosímilmente, hasta la notificación de la decisión final adversa, pudo abrigar razonables expectativas de obtener un pronunciamiento favorable y ser reintegrada a su empleo por la accionada. De modo que recién al anoticiarse de la decisión administrativa final la agente segregada tuvo certeza en cuanto a la imposibilidad de reintegrarse a su función, debiendo orientar en lo sucesivo sus esfuerzos en pos de obtener una nueva inserción laboral.
Sin embargo, dicha presunción habrá de ceder en el segundo período y la extensión del perjuicio material dependerá de la prueba obrante en la causa (arts. 25, CCA; 375, CPCC; doctr. causas B. 53.291, "Álvarez"; B. 59.013, "Meza"; B. 54.852, "Pérez"; cits.; entre muchas otras).
La concreción de las pautas indicadas en el caso sub examine me conducen a fijar prudencialmente la indemnización por daño material, que engloba los dos lapsos individualizados con anterioridad, en una suma equivalente por todo concepto al 35% de los salarios dejados de percibir por la agente, computados desde la separación de su cargo y hasta su efectiva reincorporación.
II. En cuanto a la pretensión relativa a que se condene a la empleadora el pago de las cargas previsionales necesarias para el reconocimiento del beneficio jubilatorio, corresponde su acogimiento, ello, a fin de que sea asegurada la indemnidad que le es debida en virtud del cese ilegítimo dispuesto.
No admitir tal petición generaría a la accionante un perjuicio al verse privada del cómputo de los servicios y aportes que corresponden al período en que ella hubiera continuado en el ejercicio de su cargo para la obtención del citado beneficio.
En consecuencia, deberá requerirse al Instituto de Previsión Social que liquide las sumas que en
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