Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60299
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.299, "Digiacoma, Sandro R. c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. SCBA 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres, de Lázzari, Soria.
I. Sandro Ricardo Digiacoma, Néstor José Cortese, Félix Abraham Chabratowski, Pedro Domingo Spinolo, Carlos Rubén Satarain, Alfredo Carlos Marcos Elena, José Alberto Zucardi y Ángel Darío Delgado, por intermedio de su apoderado, plantean demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Trenque Lauquen impugnando las resoluciones 70/99 y 106/99, dictadas por el Intendente municipal. Mediante la primera de ellas se denegó la repetición de las sumas abonadas en concepto de guías de pesca requerida por los actores; la segunda rechazó el recurso de revocatoria que habían articulado contra aquella decisión.
Sostienen que corresponde dejar sin efecto los actos cuestionados y admitir la repetición reclamada. Solicitan también se condene a la Municipalidad al pago de "una suma en concepto de daño emergente y otra en carácter de lucro cesante por la privación indebida del uso del dinero" (fs. 190 vta.).
Finalmente, exigen la suspensión, con carácter cautelar, del cobro de la tasa por expedición de guías cuestionada en la demanda (v. fs. 190/206).
II. Esta Suprema Corte denegó la medida cautelar requerida por los actores por resolución de fecha 8-II-2000 (v. fs. 233 y vta.).
III. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de Trenque Lauquen, contesta la demanda y pide su rechazo (v. fs. 298/304 vta.).
Postula que la comuna goza de poder tributario y de policía bromatológica en materia de pesca y en ámbitos lacustres. Agrega que tal facultad es concurrente con la que corresponde a la Provincia.
Subsidiariamente, resiste los planteos vinculados a la ilegitimidad de los actos objetados y del tributo en cuestión.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas (v. fs. 252), producida la prueba ofrecida por las partes y vencido el plazo para alegar sin que ninguna de ellas hiciera uso de ese derecho (v. fs. 572), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Los actores impugnan las resoluciones 70/99 y 106/99 suscriptas por el Intendente municipal de Trenque Lauquen mediante las que denegó el reclamo de repetición por las sumas abonadas por la expedición de determinadas guías de pesca entre el 21 de enero de 1994 y el 29 de agosto de 1997 y rechazó el recurso de revocatoria articulado contra aquella decisión, respectivamente. Requieren la devolución de los montos ingresados en tal concepto en aquel período y durante los meses posteriores hasta la fecha de interposición de la demanda. Precisan que "deberá constatarse por el experto [en referencia al informe del perito cuya producción ofrecen como prueba], qué monto abonó cada uno de los coactores hasta la fecha, para determinar de ese modo el volumen del concepto que se reclama" (fs. 200 vta. in fine ).
Manifiestan que la comuna carece de potestad para el establecimiento y el cobro de guías de pesca por cuanto, como consecuencia de la sanción de la ley 11.477 y de los decretos 3.237/95 y 1.207/95, la regulación y control de esa actividad y del traslado de la mercadería resultante es una facultad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires.
Sostienen que, por tal motivo, los montos abonados en concepto de guías de los que dan cuenta las constancias de pago agregadas como prueba documental carecen de causa, correspondiendo su devolución.
Expresan que las resoluciones 70/99 y 106/99 presentan vicios en los elementos causa y motivación. Ello así por cuanto, según alegan, aquellos actos eluden el tratamiento de la cuestión sustancial planteada ante la administración, esto es la inexistencia de potestad comunal para el cobro de la tasa controvertida.
Postulan también que la administración tributaria local yerra al trasladar a los actores la carga de acreditar la exacta cuantía de las sumas abonadas y cuya repetición se persigue, pues sus propios registros han de contener esa información. Consideran que, al fundar de tal modo la denegatoria de su reclamo, la comuna evitó intencionalmente abordar los concretos planteos de fondo formulados en la presentación administrativa inicial.
Piden la indemnización del daño emergente y el lucro cesante que, según postulan, fueron causados por la privación del dinero abonado en exceso. Pretenden también la actualización de los montos reclamados y el reconocimiento de "los intereses correspondientes, desde su devengamiento hasta su efectivo pago" (fs. 201), aplicando la tasa "que paga el Banco Provincia por sus depósitos a treinta días" (fs. 201 vta.).
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Trenque Lauquen niega en primer lugar todos los planteos allí formulados.
Expresa que la comuna es competente para la regulación de las guías de pesca y el cobro de la tasa que corresponde a su emisión.
Niega que la Provincia tenga potestad normativa con relación a las guías; especialmente con respecto a las lagunas temporarias conformadas en terrenos de propiedad privada como consecuencia de inundaciones. Explica que allí es donde generalmente se desarrolla la actividad pesquera en su distrito.
Sostiene que la actividad municipal vinculada a la autorización, control, fiscalización y emisión de guías de tránsito de los productos de la pesca coadyuva a la consecución de los fines para los que fue sancionada la ley 11.477, resultando facultades concurrentes con la Provincia. Subraya que, de no haber existido el control municipal, la actividad no hubiera recibido visado ninguno porque no existe registro de haberse efectuado un contralor provincial.
En ese sentido, destaca que ninguna autoridad provincial cuestionó la competencia municipal en materia de control de la pesca comercial ni desplegó ningún tipo de fiscalización en ese distrito.
Relata que "sin declinar la competencia municipal, [...] dio intervención a la Secretaría de pesca y Recursos Naturales, dependiente del ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires quien luego de evaluar la situación planteada accedió a: reconocerle [...] facultades de fiscalización, contralor y percepción de tributos por guías de traslados; por el control bromatológico y preservación del recurso" (fs. 300 vta.).
III. Las actuaciones administrativas agregadas a la causa (expediente 255/99) ponen de relieve los siguientes datos útiles para resolver la controversia:
III.1. En fecha 8 de febrero de 1999 se presentó el abogado Guillermo Fabián Gianotti en representación de los aquí actores y formuló reclamo administrativo de repetición por la suma de doscientos sesenta y nueve mil ciento doce pesos ($269.112) abonada en concepto de tasa por guías de pesca, entre los días 21 de enero de 1994 y 29 de agosto de 1997 y la cantidad de noventa y dos mil ciento cuarenta y siete con 71/100 pesos ($92.147,71) por el daño causado; todo ello con más actualización monetaria e intereses hasta el efectivo pago. Requirió también la suspensión del cobro del tributo (v. fs. 211/217 vta.).
III.2. El pedido de repetición fue denegado mediante resolución 70/99 de 9-III-1999. Al fundar esa decisión el Intendente municipal sostuvo, en primer lugar, que del poder acompañado por quien suscribió el reclamo surgían las facultades para representar en instancia judicial y no administrativa a los peticionarios. A ello agregó que la presentación no cumplía con el recaudo de arrimar los elementos necesarios para avanzar en el examen cuantitativo de la pretensión (v. fs. 221).
III.3. Contra el acto reseñado en el punto anterior, el mismo abogado interpuso recurso de revocatoria. Sostuvo que aquella resolución resultaba nula por carecer de causa, motivación y fundamento legal (v. fs. 223 y vta.).
III.4. Mediante resolución 106/99 se rechazó el recurso de revocatoria referido. Para así decidir, el Intendente consideró que el acto atacado cumplía con los recaudos formales y sustanciales establecidos en la ordenanza general 267/80. Estimó que los argumentos recursivos importaban la traslación al municipio de los defectos de fundamentación que correspondía asignar al pedido administrativo de repetición. Reiteró los fundamentos dados en apoyo de la resolución 70/99, subrayó que no se encontraba acreditada la condición de contribuyentes de los reclamantes y afirmó que la comuna revestía poder suficiente para la imposición de la tasa cuestionada (v. fs. 224/225).
IV. Relatadas las posiciones de las partes y expuestos los antecedentes relevantes de las actuaciones administrativas, la cuestión sometida a decisión reside en definir la procedencia de la pretensión anulatoria dirigida contra las resoluciones 70/99 y 106/99 y, de acuerdo a ello, si debe hacerse lugar a la repetición del tributo del modo en que es reclamada.
IV.1. Corresponde abordar en primer término el planteo vinculado a la ausencia de potestad comunal para el establecimiento y cobro de la tasa por expedición de guías de pesca desarrollado en la demanda.
A fin de comprender el asunto es dable advertir que, más allá de otros razonamientos vertidos en el responde tendientes a defender las facultades municipales de ejercer el poder de policía en otros aspectos relativos a la actividad pesquera, el nudo principal del asunto radica en determinar si, a partir de lo establecido en la ley 11.477 y sus reglamentaciones es -o no- potestad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires la de cobrar derechos por la expedición de guías necesarias para el traslado del pescado por el territorio provincial.
Primeramente he de precisar que, como ha expresado este Tribunal, "en la organización institucional, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación (conf. art. 121, Const. nac.) y, sobre esa base, el ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios suficientes potestades para disciplinar variados aspectos -incluido el tributario- referentes al desenvolvimiento de actividades comerciales, industriales y de servicios, siempre en el interés general de la comunidad local. De conformidad a la Constitución provincial constituye una atribución inherente al régimen municipal la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo (art. 192 inc. 5). En tal marco, integra el ámbito competencial de los municipios el dictado de '… ordenanzas y reglamentos' (art. 192 inc. 6, Const. cit.) a quienes, por cierto, también se les ha conferido potestades para crear tributos (art. 192 inc. 5 y 193 inc. 2, Const. prov.)" (causa B. 63.520, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", sent. de 9-V-2018 y, en muy parecidos términos, causas B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008; B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", sent. de 15-VIII-2012).
Sin perjuicio de ello, este Tribunal también ha dicho invariablemente que las facultades de los municipios en materia tributaria resultan limitadas ya que, en el marco constitucional señalado, están sujetas bajo pena de nulidad a los límites de las otorgadas por la Legislatura provincial (causas I. 1.243, "Empresa Hípica Argentina S.A.", sent. de 6-IX-1988; I. 1.221, "Canal 3 de Nueve de Julio S.A.", sent. de 27-XII-1988; I. 2.257, "Rabufetti", sent. de 6-V-2009; I. 67.721, "Municipalidad de Azul", sent. de 14-II-2018; e.o.).
IV.2. Para definir la suerte del planteo de los actores referido a la pretendida incompetencia municipal corresponde analizar, entonces, si la expedición de guías de pesca es, por mandato legal, de incumbencia provincial.
Al respecto, la legislatura bonaerense dictó la Ley de Pesca 11.477 (B.O. 22.586, de 17 al 21-I-1994) que, en lo que aquí interesa, prevé la fiscalización del "transporte" de la producción pesquera (art. 4).
En ese orden, establece que tales bienes "sólo podrán transitar dentro de la Provincia con la documentación sanitaria correspondiente y constancia del origen y en los medios habilitados de acuerdo con la reglamentación" (art. 31, ley 11.477).
La referida Ley de Pesca fue reglamentada por el decreto 3.237/95. Allí, puntualmente, se establece:
"Todos los productos que circulen por el territorio de la Provincia deberán contar con la correspondiente guía de tránsito. En los casos en que dichos productos estén destinados a la exportación, la emisión de dicha guía tendrá carácter gratuito. La autoridad de aplicación emitirá los formularios correspondientes y establecerá el modo y los lugares de emisión. La autoridad de aplicación podrá convenir con otros Estados Provinciales el reconocimiento recíproco de guías y control de tránsito de productos pesqueros" (art. 31).
A la vez, independientemente de las observaciones que podrían hacerse respecto de la competencia del Poder Ejecutivo para su dictado y que no fueron planteadas en la causa, mediante el decreto 1.702/95, el Gobernador de la Provincia fijó, entre los correspondientes a otras tasas, el valor de las guías de tránsito para el pescado y los productos pesqueros (art. 1, punto XVIII).
Asimismo, la Subsecretaría de Pesca y Recursos Naturales emitió la resolución 9/96 con el objeto de sistematizar la implementación de las guías de tránsito de pescado y productos pesqueros establecida en el citado art. 31 del decreto 3.237/95 y asegurar el ejercicio de las facultades inherentes al poder de policía que había sido asignado a ese organismo en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 11.477 (conforme puntos I y IV de los considerandos que preceden el texto de aquel acto).
En la resolución de referencia se dispuso:
"Artículo 1°: Todo Transporte de pescado o productos pesqueros habilitado por el Decreto Reglamentario n° 3237/95 para el cumplimiento de su tarea específica, tiene la obligación de requerir la 'Guía de Tránsito', en las dependencias asignadas al efecto.
Artículo 2°: La Dirección Provincial de Pesca, la Dirección de Fiscalización Pesquera con asiento en Mar del Plata, las delegaciones de pesca con asiento en Necochea y Bahía Blanca y las Municipalidades que firmen el convenio de colaboración recíproca con el Ministerio de Asuntos Agrarios aprobado en el expediente n° 2522-361/96, son los organismos encargados de la expedición de la guía de tránsito de pescado y/o productos pesqueros.
Artículo 3°: La Dirección de Fiscalización Pesquera instruirá convenientemente al personal de las Oficinas de Guías Municipales sobre la expedición y trámite de la guía de tránsito establecida por el artículo 31° del Decreto Reglamentario 3237/95.
Artículo 4°: La Dirección de Fiscalización Pesquera de la Dirección Provincial de Pesca; el Departamento de Fiscalización de la Dirección de Administración y Conservación de Recursos Naturales y la Policía de la Provincia de Buenos Aires procederán a efectuar conjunta o individualmente los controles de tránsito a los efectos de hacer cumplir los requerimientos de la presente resolución.
Artículo 5°: El transportista que en el momento del requerimiento no exhibiera la guía de tránsito correctamente extendida se hará pasible de las sanciones fijadas en el art. 38° de la Ley 11.477".
En suma, de lo expuesto se desprende que la Provincia ha establecido que resulta facultad exclusiva provincial -sin perjuicio de la coordinación que pueda realizarse con los municipios en donde el producto se genera- lo atingente al transporte de productos pesqueros, lo cual no parece censurable en atención a que resulta indudable competencia provincial la de regular y fiscalizar el transporte intercomunal de mercaderías (arg. arts. 27 inc. 22 y 226 inc. 24, decreto ley 6.769/58 y 75 inc. 13, Const. nac.) lo cual, por otra parte, también ha efectuado desde hace largo tiempo para la generalidad de las cargas que circulan por el territorio provincial (ver, por ej., ley 10.837 -en especial, su art. 2 inc. "b"- y su decreto reglamentario 4.460/91).
V. El conjunto de las disposiciones legales y reglamentarias reseñadas y transcriptas lleva a concluir que la expedición de guías de traslado de pescado es una actividad asignada de manera exclusiva a la Provincia de Buenos Aires, no habiéndose acreditado en autos las manifestaciones efectuadas en el responde según las cuales las autoridades provinciales no ejercieron, en los hechos, esa actividad de fiscalización.
Por el contrario, de la normativa surge que la autoridad de aplicación de la Ley de Pesca, de órbita provincial (conf. art. 8, ley 11.477), emitirá los formularios correspondientes y establecerá el modo y los lugares de extensión de las guías de pesca (art. 31, dec. 3.237/95). A la vez, las menciones efectuadas de los municipios en aquellas normas dan cuenta de la finalidad de coordinar las tareas necesarias para la concreción de aquella función puesta a cargo de la autoridad provincial (arts. 2 y 3, resolución 9/96).
A ello cabe agregar que, aunque la comuna afirma lo contrario en su escrito de contestación de demanda, de las constancias agregadas al expediente se extrae que en fecha 27 de noviembre de 1997 el Subsecretario de Pesca y Recursos Naturales del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia dirigió una comunicación al Intendente de Trenque Lauquen en la que expresó que, dada la sanción de la ley 11.477, "la única autoridad competente para normatizar la actividad pesquera en el territorio Bonaerense resulta ser esta Autoridad de Aplicación, la que, a través de sus distintas áreas específicas es la encargada de [...] otorgar guías de tránsito para que los productos y subproductos de la pesca circulen por el territorio provincial" (fs. 179/180 y 510/511).
El mismo criterio fue sostenido por la Dirección Provincial de Fiscalización de la Actividad Pesquera del Ministerio de Producción de la Provincia mediante el informe de fecha 3 de octubre de 2002 agregado como prueba informativa a fs. 512/513 en cuanto es categórico al afirmar que "la única autoridad con facultades para regular la actividad pesquera en nuestra Provincia es la Subsecretaría de Actividades pesqueras (como órgano reemplazante de la ex Subsecretaría de Pesca), sin tener la posibilidad de delegar en ningún tipo de organismo esta facultad" (fs. 512 y vta.).
Para más, tampoco surge de las constancias de autos, ni ha sido argumentado por la demandada, que el municipio hubiera suscripto con la autoridad provincial competente el convenio de colaboración recíproca al que refiere el transcripto art. 2 de la antes citada resolución 9/96 de la Subsecretaría de Pesca y Recursos Naturales para la extensión de las guías en cuestión.
V.1. Corresponde concluir, entonces, que la pretensión fiscal vinculada a la tasa municipal por expedición de guías de pesca resulta ilegítima en razón de la evidente falta de atribuciones legales para regularla y percibirla (doctr. causas B. 57.031, "Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 1-IV-2004; B. 63.983, "Servipark S.A.", sent. de 9-XII-2009).
VI. De acuerdo a lo decidido en el apartado anterior, deben dejarse sin efecto las resoluciones administrativas impugnadas en la demanda lo que importa acoger favorablemente el pedido de repetición que fue objeto de reclamo en sede administrativa, con las especificaciones que resultan de los apartados siguientes y atendiendo a que, en definitiva, los pagos fueron efectuados sin causa (art. 792 y concs., Cód. Civ., ley 340).
VI.1. Tal decisión no se ve impedida por los restantes argumentos vertidos en los actos administrativos cuestionados que con alguna variante se mantienen en el responde y que se rela
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