Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62858
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.858, "Miguel, Abel Paulino contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Genoud, Kogan.
I. Abel Paulino Miguel, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires e impugna la resolución del Tribunal de Cuentas dictada el 29 de abril de 1998, obrante en el expediente administrativo 59/92. En ésta se determinó su responsabilidad patrimonial durante su gestión como Intendente, por considerar que las publicaciones efectuadas en las revistas Dirigencia n° 125 Año XL Noviembre/92 y Noticias n° 821 Año XV, no encuadran como publicidad oficial.
Hace extensiva su impugnación al acto administrativo dictado el 23 de mayo de 2001 que rechazó el recurso de revisión interpuesto contra la resolución antes mencionada.
Pide que se declare la nulidad de las referidas decisiones y en consecuencia se deje sin efecto el cargo pecuniario que se le formuló. Asimismo, requiere el pago de una indemnización en concepto de daño moral por los perjuicios que, según dice, el acto cuestionado le ocasionó.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se disponga con carácter cautelar la suspensión de los efectos del art. 7 del acto que por esta acción impugna.
II. Por resolución de fecha 30 de marzo de 1999, este Tribunal hizo lugar a la medida precautoria solicitada en el marco de lo dispuesto en el art. 36 de la ley 10.869 -de idéntico tenor al art. 32 de la ley 4.373- y ordenó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado abstenerse de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo del cargo pecuniario formulado al accionante mediante la resolución impugnada en estas actuaciones dictada en el expediente 59/92 de la Municipalidad de Junín, rendición de cuentas del ejercicio 1992, hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa, bajo responsabilidad del peticionario a cuyo efecto deberá prestar caución juratoria (v. fs. 42/44).
III. A fs. 24 la actora rectifica el nombre -indicado en la demanda- de la revista en la que fueron realizadas las publicaciones cuestionadas por el Tribunal Fiscal. Detalla que las mismas son: Revista Dirigencia n° 125, Año XL, de noviembre de 1992, y Revista Noticias n° 821, Año XV (órdenes de pago 4.784 y 4.268, ejercicio 1992) -ver fs. 20/23-.
IV. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, sosteniendo la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs.55/60).
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
V. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 79/80), agregado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 88/111 y 112), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 114/116 –actora-; 117/118 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El actor cuestiona el cargo formulado por el Tribunal de Cuentas por haber atendido el pago de publicaciones de carácter personal bajo el concepto de publicidad oficial que, a criterio del organismo no podía ser abonado con el patrimonio municipal por lo que le impone un cargo pecuniario por la suma de $10.116, 15.
Explica que el objetivo buscado con las publicaciones fue "insertar al Municipio de Junín allende sus propias fronteras geográficas" a través de un artículo periodístico en la Revista Visión. Señala que se trata de una revista latinoamericana "con prestigio internacional por ofrecer temas en los distintos campos de conocimiento" y "con oficinas editoriales en Buenos Aires, New York, Miami y México DF".
Sostiene que la capacidad de desarrollo de un territorio depende cada vez más de las ventajas competitivas que sus ciudades puedan crear y mantener a largo plazo, del posicionamiento estratégico que éstas adopten y de la imagen que logren proyectar a escala internacional.
Afirma que, en el marco de estas pautas estratégicas, en su gestión como Intendente intentó transmitir y publicitar las fortalezas de Junín en el concierto de ciudades de la región.
Afirma que si bien el art. 25 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades no contempla "estrategias para el desarrollo local", esto no significa que no comprenda el cúmulo de actividades nuevas que los municipios realizan en la actualidad tendientes a su inserción competitiva en el mundo globalizado.
Asevera que del art. 67 del Reglamento de Contabilidad surge que los gastos de publicaciones y publicidad no cuentan con otra limitación más que la existencia de crédito suficiente para cubrir como mínimo las exigencias legales.
Entiende que publicitar al "Municipio de Junín, la calidad de vida de sus habitantes, la existencia de educación terciaria y universitaria, los beneficios del desarrollo del turismo, la existencia de un Parque Industrial ha redundado en el exclusivo beneficio de la comunidad de Junín y, por ende, en el Municipio, quien vela por los intereses de la comunidad".
Pone de resalto que el gasto en cuestión fue aprobado por el Concejo Deliberante que posee competencia para la evaluación política de la gestión de gobierno (art. 65, LOM), y autorizado por el Contador municipal que es el órgano de control máximo en la esfera municipal (art. 186, LOM).
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado afirma que las decisiones del Tribunal de Cuentas impugnadas no merecen reproche de ilegitimidad alguno.
Señala que el mencionado organismo desaprobó el gasto efectuado por el actor, durante su gestión como intendente de Junín, con motivo de publicaciones efectuadas en las revistas "Noticias" y "Dirigencia", por entender que aquellas no podían ser encuadradas en el nomenclador de gastos municipales.
Precisó que el art. 156 inc. 4 del decreto ley 6.769/58 –Ley Orgánia de las Municipalidades-, contempla como excepción las compras y contrataciones directas de publicidad oficial, entendiendo por ésta a la vinculada a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento y conservación, esto es, con las competencias constitucionales y legales que los municipios deben satisfacer en beneficio de la comunidad local.
Afirma que los argumentos del actor no logran conmover las conclusiones a las que arribara el Tribunal de Cuentas en torno al carácter no oficial de las publicaciones en cuestión. Advierte que el propio accionante reconoce que no existe norma que permita encuadrar la publicidad realizada dentro de las funciones primordiales del municipio y que, por tanto, no reúne la naturaleza y finalidad pública para ser susceptible de ser considerado como "gasto municipal".
Agrega que en el marco de la normativa administrativa la naturaleza pública del gasto es de carácter objetivo, debiendo por lo tanto verificarse si el mismo encuadra o no en el marco legal aplicable. En consecuencia, postula que no corresponde adoptar a los efectos del encuadre del gasto público un criterio extensivo ya que de procederse de tal forma se produciría una interpretación contraria al principio presupuestario de especialización del gasto.
En otro orden señala que, sin perjuicio de la intervención que hayan podido tener en el caso el Contador municipal y el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas es la única autoridad facultada para aprobar o no las cuentas rendidas por todos los funcionarios municipales.
Por último, se opone a la indemnización por daño moral que pretende el accionante.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditadas las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo 59/93 "Rendición de Cuentas correspondiente a la Municipalidad de Junín Ejercicio 1992" agregado -sin acumular- en autos:
III.1.a. Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 29 de abril de 1998. En su cuarto considerando expresa: "...las publicaciones abonadas por las órdenes de pago 4268, $4500 y 4794, $2500 [...] no son de índole oficial [...] no debieron ser atendidas con fondos municipales. [...] Que se trata de publicaciones de índole personal del titular del D. Ejecutivo, que no encuadran en la finalidad colectiva que el municipio debe atender, considerándose a la misma de carácter no oficial". Con tal fundamento, en el artículo séptimo se resolvió: "Desaprobar el egreso al que hace referencia el considerando cuarto, apdo. 4), con formulación de cargo de $ 10.116,15, por el que deberá responder el Intendente señor Abel Paulino Miguel en solidaridad con el Contador [...] (artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal y 16 inciso 3° de la ley 10.869 y sus modificatorias)." (fs. 612/620).
III.1.b. Recurso de revisión presentado por el actor (v. fs. 656/657).
III.1.c. Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 23 de mayo de 2001, a través de la cual se desestima la impugnación presentada por los interesados contra la resolución dictada el 29 de abril de 1998 (v. fs. 662/663).
III.2. Copia de la publicación efectuada en la revista Dirigencia n° 125 Año XL noviembre de 1992, correspondiente a la orden de pago 4.794/92 (v. fs. 20/21).
III.3. Copia de la publicación efectuada por la Municipalidad de Junín en la revista Noticias n° 821 Año XV, correspondiente a la orden de pago 4.268/92 (v. fs. 22/23).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes y de conformidad con los antecedentes reseñados, la cuestión sometida a decisión de esta Corte se circunscribe a determinar si el cargo pecuniario impuesto al actor se ajusta a derecho.
IV.1. Primeramente, corresponde señalar que el Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, despliega su actividad conforme las disposiciones de la ley 10.869. En su art. 15 señala a aquel como autoridad encargada de aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por los agentes obligados.
Por su parte, el art. 16 lo faculta a imponer llamados de atención, amonestaciones, multas y cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Así es que, en tal cometido, el organismo de control debe verificar la sujeción de la actuación estatal al ordenamiento jurídico positivo.
IV.2. En la especie se impugna el cargo deudor determinado en el considerando cuarto de la resolución con motivo de las publicaciones efectuadas en las revistas Dirigencia y Noticias durante el año 1992 (v. fs. 20/23). En concreto se discute el carácter oficial o personal de la erogación en cuestión a los fines de analizar la legalidad de la determinación practicada.
IV.2.a. Previo a todo, considero necesario dejar sentada mi posición respecto del accionar del Poder Ejecutivo -en este supuesto comunal- tendiente a publicitar o dar a conocer actos de gobierno. Estimo que estos actos pertenecen al ámbito de facultades discrecionales de la administración, por lo que solo pueden ser sometidos a juicio de razonabilidad y proporcionalidad del gasto en relación no solo con el fin propuesto por la comuna sino con la posibilidad de satisfacerlo crediticiamente; quedando excluido de esta revisión la oportunidad, merito o conveniencia de estos.
En dicho orden comparto lo manifestado por mi colega doctor Soria en la causa B. 55.334, "Villaverde", sentencia de 22-IV-2009, quien sostuvo que -en principio- no puede trazarse una línea divisoria sobre lo que constituye publicidad oficial de lo que no reúne tal carácter y que debe estarse a las circunstancias particulares de cada caso para sopesar si la actividad de difusión desplegada y el medio utilizado encuadra o no en el régimen normativo aplicable, teniendo en cuenta la modalidad llevada a cabo.
IV.2.b. En el caso planteado en autos, el actor aduce que las referidas publicaciones fueron realizadas con el objetivo de insertar al Municipio de Junín a nivel nacional e internacional, fomentando de esa forma sus actividades comerciales, culturales y promocionando la radicación de industrias. Veamos entonces las publicaciones que el Tribunal de Cuentas consideró que no cumplían los parámetros previstos para ser abonadas con fondos públicos, puesto que su contenido enfatizaría la figura política y personal del jefe comunal.
En primer lugar, debo adelantar que comparto el criterio expuesto por la parte actora, conforme el cual no surge de forma manifiesta la intencionalidad de destacar la personalidad del intendente con el objeto de hacer trascender su figura política más allá de los límites de la comuna que gobierna. Más bien, considero que de su lectura se vislumbra que ambos artículos se refirieron a cuestiones de índole propiamente comunal (actividad turística, producción y educación universitaria).
IV.2.b.i. En efecto, el artículo "Junín, la vidriera del noroeste" -al que refiere el cargo impugnado en autos- publicado en la revista Dirigencia expresa: "Desde el advenimiento de la democracia se encuentra al frente de la comuna el ingeniero agrónomo Abel Paulino Miguel (Unión Cívica Radical), reelecto por tercera vez en 1991 con el 60 por ciento de los votos. No sólo las múltiples realizaciones en distintas áreas, sino también las propuestas, proyectos y obras en marcha, son las características centrales de una administración gubernamental prolija, eficiente y cuyo principal objetivo es mejorar diariamente la calidad de vida de una ciudad pujante". Agrega luego: "...una importante inversión monetaria, con créditos obtenidos del Banco Interamericano de Desarrollo, y la rápida ejecución de las tareas, permitieron concretar, hace escasos meses, la instalación de un servicio indispensable para la vida moderna: el gas natural [...] una de las áreas a las que se ha otorgado una atención privilegiada, es el Departamento de la Producción y Desarrollo, con importantísimos proyectos en ejecución [...] se promueve el desarrollo de pequeñas unidades productivas, en particular las relacionadas con cultivos intensivos, con altos insumos tecnológicos en superficies reducidas.
En la misma línea de acción [...] se está trabajando con organizaciones italianas de cooperación para la generación de microemprendimientos productivos. También se han firmado convenios con las facultades de agronomía de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata, a través de las cuales se están llevando a cabo parcelas demostrativas a nivel de productores [...] Pensando también en la exportación, la Municipalidad suscribió acuerdos con el Instituto Provincial del Empleo y el Ministerio de la Producción bonaerense [...] Más de treinta años de gestiones hicieron falta para [...] tener la posibilidad directa de acceder a estudios superiores, sin trasladarse a los centros capitalinos y superando el histórico desarraigo que esto implicaba.
Desde 1990, Junín es sede del Centro Universitario Regional Junín, puesto en marcha a través de convenios firmados con las autoridades de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata [...] Asimismo, la comuna ha invertido una importante suma de dinero obtenida como premio por poseer los aportes previsionales al día-, en el comienzo de obras de refacción y remodelación de las instalaciones que serán la sede definitiva de la Universidad [...] Un complejo camping municipal preocupa durante todo el año a las autoridades comunales, brindándose un excelente servicio, con luz, agua, baños, vestuarios, duchas, parrilla y un salón de usos múltiples, entre otros. Además, es de destacar el trabajo de reforestación realizado [...] Con la intención de brindar una mayor comodidad e incrementar los alcances de este epicentro turístico, la Municipalidad ha adquirido más de 100 hectáreas para extenderlo, en un recorrido de cinco kilómetros, hasta la ruta n° 188, lo que se halla en plena tarea de urbanización".
Por su parte, la publicación en la revista Noticias señala: "Junín: La Universidad proyectada al noroeste. Bases de una acción comunal con importantes logros en ocho continuados años de gestión radical. Al frente de la comuna por tercer período consecutivo, el intendente municipal de Junín (B), Ing. Agr. Abel Paulino Miguel, es el responsable directo del diario crecimiento que experimente la comunidad [...] Los ocho años de gestión han sido de ardua labor, con importantes mejoras y adelantos para la ciudad. Nuestra obra más relevante tal vez haya sido el gas natural [...] indicó el jefe comunal [...] Otro de los logros fundamentales obtenidos durante la administración del actual intendente fue la puesta en marcha del Centro Universitario Regional Junín [...] en este emprendimiento, además la Municipalidad de Junín ha invertido una importante suma de dinero obtenida como premio por mantener los aportes previsionales al día- en el comienzo de obras de remodelación y refacción del inmueble que será la sede definitiva de la Universidad...". En orden al Balneario municipal "Laguna de Gómez" detalló que "el Ing. Miguel expresó que 'hemos adquirido más de 100 hectáreas para extenderlo en un recorrido de cinco kilómetros hasta la ruta n° 188, lo que está en plena tarea de urbanización. Asimismo, se han efectuado múltiples y constantes tareas de mejoramiento y reforestación del lugar'...".
IV.2.b.ii De lo expuesto observo lo siguiente:
1. En la revista Dirigencia la publicación cuestionada ocupa dos páginas que, si bien toma la parte central de la primera una foto retrato del entonces intendente -actor de autos- el contenido refiere a las áreas desarrolladas en los ámbitos de producción, universitario y miniturismo de la localidad de Junín. Es decir, se resalta el crecimiento de la región y sus cualidades proyectado un lugar propicio para el desenvolvimiento de nuevos emprendimientos.
2. Por otra parte, observo que, en cuanto al artículo de la revista Noticias, mucho menos extenso que el anterior ya que sólo abarca una parte de una columna, si bien la única foto que se muestra es la del ingeniero Miguel, también lo informado en la nota son actos de gobierno realizados en la localidad en distintas áreas sociales, culturales y de productividad.
Asimismo, el actor acreditó que el gasto se realizó con respaldo crediticio sin que ello comprometa el normal funcionamiento de las tareas y labores comunales, ni el presupuesto anual ni futuro del municipio.
Tampoco surge de la actividad probatoria desplegada en autos, ni del procedimiento administrativo seguido para la aplicación del cargo pecuniario, que la demandada haya logrado evidenciar el desvío en la finalidad de la promoción publicitaria, esto es, que el objeto perseguido no hubiese sido promocionar la zona sino obtener reconocimiento político. Máxime si se tiene en cuenta que, para la fecha en que se realizó el gasto, no se aproximaba candidatura política alguna; extremo que acreditado podría levantar sospecha sobre la legitimidad del gasto, pero que no bastaría para concluir, sin más, que esa erogación fue personal y no oficial.
IV.3. Finalmente, del considerando cuarto del punto 4) "Publicaciones faltantes de la resolución determinativa del Tribunal de Cuentas impugnada de fecha 29-5-1998", obrante a fs. 612/620, se evidencia que el único fundamento que motivó la decisión se basa en que "...el gasto no debió ser atendido con fondos municipales puesto que se trata de publicaciones de carácter personal del titular el ejecutivo" , argumento éste que, confrontado con las pruebas producidas en autos y la normativa aplicable al caso (citada por la actora, ref. arts. 25, 228, LOM y 67, Ley de contabilidad), deja sin sustento la decisión
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