Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64168
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.168 "Oliveros, Roberto Daniel contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Torres .
I. Con arreglo a lo dispuesto por el art. 129 del Código Procesal Civil y Comercial se ordenó y efectuó la reconstrucción de los presentes autos, con vista a las partes de las copias agregadas (v. fs. 18).
II. Roberto Daniel Oliveros, por derecho propio, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 1.522/01 del 6 de septiembre de 2001 y 468/02 del 27 de marzo de 2002 dictadas por el Directorio de la institución crediticia.
Por medio de la primera se le aplicó la sanción de treinta días de suspensión y se le formuló cargo patrimonial; mediante la segunda se rechazó el recurso de revocatoria intentado (v. fs. 62/71, foliatura correspondiente a la reconstrucción del expediente).
Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicita el reintegro de toda suma que haya dejado de percibir en concepto de remuneración y gratificaciones por la medida adoptada, con actualización e intereses. También pide el pago de una indemnización de quince mil dólares estadounidenses -U$S 15.000- en concepto de daño moral.
III. Corrido que fuera el traslado de ley, se presenta en juicio el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires solicitando el rechazo de la pretensión actora (v. fs. 120/129, de la reconstrucción).
IV. Se presenta en autos el abogado del accionante haciendo saber su deceso (ocurrido el día 15 de julio de 2003) y denunciando como herederos a su cónyuge e hijos.
A fs. 39/46 (foliatura correspondiente a la reconstrucción del expediente) la señora Julia Elena Di Santo, cónyuge del señor Oliveros, por apoderado, expresa su voluntad de continuar con el proceso incoado.
Además, requiere se decrete como medida cautelar, el pago de todas las remuneraciones adeudadas, seguros y gratificaciones a las que afirma le asiste derecho de cobrar.
V. Por resolución de fecha 16 de julio de 2004 el Tribunal ordenó al Directorio del Banco accionado abonar a la viuda del señor Oliveros, las remuneraciones y subsidios que por su condición tuviese derecho a cobrar como consecuencia del fallecimiento de su marido (v. fs. 10/13, foliatura de la reconstrucción).
A fs. 37/38 (de la reconstrucción) la institución crediticia dio cuenta del cumplimiento de lo ordenado.
VI. Agregadas -sin acumular- las copias de las actuaciones administrativas sustanciadas en sede de la entidad demandada, glosado el cuaderno de prueba de la actora y el alegato de la accionada, no habiendo hecho uso de ese derecho la parte demandante y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Relata el actor que la administración demandada llevó a cabo los sumarios 10.783 y 11.005, ante las objeciones efectuadas por la Auditoría General a su actuación como Gerente Comercial de la Sucursal Colón en el período comprendido entre el 3 de marzo de 1997 y el 17 de octubre de 1998. Dice que la instrucción observó trece créditos otorgados durante su gestión y lo acusó de haber infringido la normativa para el tratamiento de cheques rechazados.
Expresa que el procedimiento en que se sustentó la medida correctiva padece de vicios, toda vez que fue iniciado de forma irregular, en violación a lo dispuesto en el art. 36 del Reglamento de Disciplina.
Señala que unos días antes del inicio del sumario 10.783 el directorio de la institución accionada dispuso arbitrariamente su traslado a una filial de inferior categoría. Considera que dicha medida tuvo carácter sancionatorio y constituyó una retrogradación en su carrera bancaria.
Esgrime que se lo persiguió y sancionó dos veces por los mismos hechos, circunstancia que afecta el principio non bis in idem .
Aduce que la instrucción no investigó los hechos pues se limitó a acumular los antecedentes que ya había reunido la auditoría.
Manifiesta que las irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo resultan violatorias del derecho de defensa.
Critica las decisiones tomadas en el sumario. Denuncia la ausencia de tratamiento de los agravios expresados en su recurso de revocatoria.
Arguye que no se comprobaron las conductas que se le atribuyen y que se desoyeron las defensas articuladas.
Sostiene que las decisiones controvertidas refieren genéricamente al otorgamiento de trece créditos, de los cuales surge probado en las actuaciones que seis de ellos fueron concedidos por la gestión anterior.
Dice que no le era imputable falta administrativa alguna en los casos que se le enrostraron. Añade que posee muy buenos antecedentes personales.
En punto al cargo patrimonial indica que no aparece probada su responsabilidad ni la violación a lo dispuesto por el art. 9 del régimen disciplinario aplicable.
Por último, ofrece prueba y plantea el caso federal.
II. A su turno, la accionada argumenta a favor de la legitimidad del obrar administrativo y solicita el rechazo de las pretensiones del actor.
En primer término, efectúa una pormenorizada negativa de las circunstancias introducidas en la demanda.
Afirma que quedó debidamente probada la conducta imputada al demandante, y suficientemente justificada la sanción correctiva aplicada junto con el perjuicio económico potencial provocado.
Detalla que en caso del sumario 10.783 se encuadró su conducta en las previsiones de los arts. 21 incs. "a", "n" y "t" del Estatuto para el Personal y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina, con los agravantes contemplados en los arts. 11 incs. "b" y "c" y 12 de dicho reglamento. Por su parte en el sumario 11.005 se encuadró su conducta en las previsiones de los arts. 21 incs. "a", "ñ" y "t" del Estatuto para el Personal y 24 inc. "c", "f" e "i" del Reglamento de Disciplina, con los agravantes contemplados en los arts. 11 incs. "b" y "c" y 12 de dicho reglamento.
Bajo el rótulo "improcedencia formal de la demanda" descalifica las objeciones del actor relativas al trámite del procedimiento por entender que el sumario se desarrolló cumpliendo todos los requisitos procesales vigentes en la materia, negando que hubieran existido violaciones y arbitrariedades procedimentales en las instrucciones llevadas a cabo por la Gerencia de Sumarios del Banco.
Explica que el traslado a otra sucursal, con igual jerarquía y remuneración, no puede ser considerada una sanción disciplinaria y mucho menos una medida de retrogradación. Afirma que constituye un movimiento de personal para facilitar las tareas de investigación.
Destaca que la demanda no puede prosperar, en razón de que las resoluciones atacadas, han sido dictadas luego de un amplio y exhaustivo procedimiento administrativo, cumplimentado y desarrollado con sujeción a las pautas de la normativa aplicable al caso (Carta Orgánica -ley 9.434-, el Reglamento de Disciplina del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Estatuto).
Sostiene que no ha habido conculcación alguna de derechos o garantías constitucionales, que hubieran afectado siquiera provisoriamente los derechos a la defensa en juicio, al debido proceso o a la igualdad ante la ley como manifiesta el actor.
III. De las copias del sumario administrativo 10.783, agregado sin acumular a la causa, surgen las siguientes constancias útiles para decidir la presente controversia:
III.1. A fs. 5/7 luce el informe confidencial del Centro Junín sobre el libro de Auditoría número 656 denominado "evolución de la cartera de préstamos practicada en la Sucursal Colón", dando cuenta de las observaciones efectuadas durante el desempeño al frente de la misma del señor Roberto Daniel Oliveros.
III.2. A fs. 8/73 figura la copia del libro de Auditoría número 656 de la Auditoria General.
III.3. Por resolución del 23 de diciembre de 1998, la Gerencia General del Banco resuelve instruir sumario administrativo (v. fs. 74).
III.4. A fs. 78/80 obra la nota de descargo efectuada por el agente Oliveros.
III.5. A fs. 83/91 luce la copia del legajo personal del agente sumariado.
III.6. Con fecha 26 de enero de 2000 prestó declaración indagatoria el Jefe Principal de Departamento de Tercera Roberto Daniel Oliveros (v. fs. 191/192).
A fs. 196/197 obra su declaración indagatoria ampliatoria.
III.7. A fs. 197 bis se procede a la formulación de cargos al agente Oliveros. Se le imputó que: "...desempeñándose como Gerente Comercial de la sucursal Colón, en el período comprendido entre el 3-3-97 y el 17-10-98, mereció por parte de Auditoría General objeciones a trece (13) créditos otorgados durante su gestión, por un total a valores históricos de $688.000.- [...] por razones tales como estados patrimoniales vencidos; carencia de flujos de fondos a fin de poder determinar capacidad financiera [...] generación de recursos insuficiente; sobregiros en cuentas corrientes por montos y plazos significativos; inacción para el recupero de las acreencias; falta de pedidos de aprobación y/o información a las instancias de contralor y garantías insuficientes; todo lo cual incrementó el riesgo de incobrabilidad de las deudas, generando un potencial perjuicio patrimonial...".
A continuación, el señor Oliveros tomó vista y se notificó de lo actuado, así como del plazo concedido para su defensa (v. fs. 197 bis).
III.8. A fs. 213 el agente presenta escrito de descargo.
III.9. A fs. 215/217 obra informe final y conclusiones a las que arribara la instrucción sumarial.
III.10. A fs. 219/220 luce el dictamen de la Gerencia de Dictámenes e Informes. Sugirió la sanción de suspensión (art. 3 inc. "d") del Reglamento de Disciplina.
III.11. A fs. 221/233 se agrega la resolución 1.522/01 de 6-IX-2001. Allí se dejó constancia del tratamiento conjunto de los sumarios 10.783 y 11.005 por hallarse involucrado en ellos un mismo agente por los hechos allí investigados.
En lo que aquí interesa, en relación al señor Oliveros resuelve "...suspender por el término de treinta (30) días a [...] Roberto Daniel Oliveros..." al encontrarlo responsable por los cargos formulados en los sumarios 10.783 y 11.005, encuadrando su conducta en la trasgresión de los arts. 21 incs. "a", "ñ" y "t" del Estatuto para el Personal del Banco y 24 incs. "c", "f" e "i" del Reglamento de Disciplina (v. art. 3, resol. 1.522/01, fs. 221 y sigs.).
Asimismo, el art. 8 de la resolución 1.522/01 dispuso formularle cargo patrimonial por la suma de U$S 501.930, correspondiente al perjuicio patrimonial potencial, con motivo de los hechos investigados en el sumario 10.783. Calificó su conducta -de acuerdo con la resolución 2.128/98- como culposa -no excusable- en grado de imprudencia, limitando su responsabilidad a un 99% del perjuicio imputado; dejó supeditado su efectivización, al resultado de las gestiones de cobro contra los deudores principales. Con relación al sumario 11.005, formuló un cargo al agente por la suma de $119,18, en atención a su participación en el evento dañoso, que se estableció en un 50% del daño patrimonial ocasionado. Calificó su conducta, de acuerdo con la resolución 2.128/98, como culposa -no excusable- en grado de imprudencia.
III.12. Contra dicha decisión el encartado dedujo recurso de revocatoria (v. copia obrante a fs. 72/77, foliatura correspondiente a la reconstrucción del expediente judicial).
III.13. Con fecha 27 de marzo de 2002, por resolución 468/02, el Directorio del Banco rechazó el remedio intentado (v. fs. 254/259).
IV. Liminarmente he de referirme al reparo efectuado por la demandada en el punto "E" de su responde. El representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires titula dicho apartado como "Improcedencia formal de la demanda".
No obstante tal afirmación, no surge de la lectura de ese capítulo (v. fs. 124/125 vta.), argumento alguno que constituya una oposición a la admisibilidad de la pretensión.
Por ello el extremo denunciado, que se limita únicamente a descalificar las objeciones del actor relativas al trámite del procedimiento, carece de entidad para ser considerado una defensa válida o excepción procesal y, en consecuencia, debe ser desestimado como tal y analizado junto con los argumentos de fondo.
V. Expuestos los antecedentes de la causa, el asunto materia de decisión se circunscribe a determinar si la imposición de la sanción correctiva y el cargo patrimonial aplicado al agente en el marco de los sumarios 10.783 y 11.005, resulta o no ajustado a derecho.
De las resoluciones dictadas en el marco de las investigaciones administrativas surge que el señor Oliveros fue penado con treinta días de suspensión en el empleo y se le efectuó, además, un cargo por el perjuicio patrimonial ocasionado al Banco con motivo de los hechos investigados. La administración accionada calificó su conducta, a los fines previstos en la resolución 2.128/98 del Directorio como culposa -no excusable- en grado de imprudencia, limitando su responsabilidad en el caso del sumario 10.783 a un 99% del perjuicio potencial imputado y por el sumario 11.005 en un 50% del daño patrimonial ocasionado.
Los agravios expresados por el demandante pueden sintetizarse con la siguiente enumeración: 1. En punto al sumario 10.783: 1.a. Que la resolución por la cual se inició la investigación no cumplió con lo dispuesto por el art. 36 del Reglamento de Disciplina, por lo que afirma que todo el sumario es nulo; 1.b. Sostiene que fue trasladado de su lugar de trabajo a una filial de menor categoría y que ello importó una sanción, que interrumpió su carrera bancaria; 1.c. Aduce que fue sancionado dos veces por los mismos hechos, en violación al principio non bis in idem ; 1.d. Que la instrucción en el sumario 10.783 no investigó de manera autónoma; 2. Cuestiona las decisiones tomadas por la administración demandada; 3. Dice que no se tomaron en cuenta sus buenos antecedentes y 4. No aparece probada su responsabilidad, para imponerle el cargo patrimonial.
VI. Adelanto mi opinión contraria al progreso de la demanda. Ello en razón de las consideraciones que se exponen seguidamente.
VI.1. En primer término, cabe dejar sentado que, no obstante que la Administración tramitó dos sumarios, el demandante no plantea agravio alguno con relación al procedimiento disciplinario registrado bajo el n° 11.005. En efecto, no arrimó ni pidió la producción de prueba alguna que pudiera desvirtuar los cargos efectuados en su contra en esa investigación; tampoco hace cuestionamientos en punto al procedimiento allí seguido, ni ha negado la existencia de las conductas achacadas, ni las faltas que allí le fueron imputadas.
VI.2. Sentado ello, corresponde examinar el agravio vinculado al vicio de incompetencia denunciado por el actor en la resolución por la cual se inició el sumario 10.783, en tanto aduce que dicha decisión transgredió el art. 36 del Reglamento de Disciplina.
Entiendo que no le asiste razón y su agravio debe ser desestimado.
La norma invocada establece que las investigaciones sumariales pueden ser instruidas únicamente por decisión del Directorio, la Presidencia o el Gerente General del banco.
El accionante señala que en el caso la investigación fue iniciada por orden del Subgerente General Adjunto sin que se justificara tal situación.
A fs. 74 del expediente administrativo obra la resolución del 23 de diciembre de 1998 por la cual se ordenó la instrucción del sumario. Se advierte el membrete de la Gerencia General, el texto redactado alude a la misma, pero el acto está firmado por el Subgerente General Adjunto.
Como quedara expuesto, el art. 36 del Reglamento de Disciplina exige, efectivamente, que la orden de sumario emane del Directorio, del Gerente General o la Presidencia.
Por su parte, en el capítulo de la carta orgánica (dec. ley 9.434/79, t.o.) destinado a la Gerencia General se dispone lo siguiente: art. 28: "La administración del Banco será ejercida por intermedio del Gerente General y en lo que se le asigne, por el Subgerente General..." ; art. 29: "Las funciones del Gerente General y del Subgerente General serán reglamentadas por el Directorio, siendo los asesores directos del Presidente y Directores"; art. 30: "En dicho carácter de asesores, el Gerente General y en su ausencia el Subgerente General, asistirán a las reuniones del Directorio, cuando éste lo requiera, con voz pero sin voto, pudiendo solicitar se deje constancia en actas de su opinión cuando así lo estimen conveniente en algún asunto" .
De todo lo cual se deduce que el Subgerente General es el auxiliar inmediato del Gerente General en la administración del Banco, su "reemplazante natural", siendo ambos asesores directos del Presidente y Directorio de la entidad, lo cual es suficiente para desestimar el agravio.
VI.3. Por otra parte, considero que también debe desestimarse el planteo referido al múltiple juzgamiento por los mismos hechos.
En este sentido el accionante alega que el traslado de su puesto de trabajo a otra filial -a su entender de inferior categoría- constituyó de por sí una sanción por su conducta e importó una retrogradación. Aduce que a través del sumario 10.783 se lo persiguió por los mismos hechos por los cuales ya había sido sancionado con esa medida.
El planteo luce huérfano de todo respaldo.
De una parte, porque el traslado se inscribe dentro de las potestades organizacionales del empleador, sin que pueda atribuírsele sin más carácter de sanción disciplinaria.
Tampoco ha acompañado ningún elemento que permita poner en evidencia que ella sea el resultado de un abuso o desvío de poder en el ejercicio de las antedichas potestades.
Por lo demás, cabe advertir que, mediante dicha decisión, adoptada el 10 de septiembre de 1998, lo designaron gerente comercial de la filial Santa Lucía con la misma jerarquía (v. legajo personal, copia obrante a fs. 83/91 del sumario), circunstancia que tampoco deja en evidencia la retrogradación aducida.
De tal modo, no existiendo sanción antecedente, no cabe sino el rechazo del agravio relacionado con la violación del principio " ne bis in idem ".
VI.4. Carece también de asidero la defensa ensayada por el accionante en cuanto a que en el sumario 10.783 no se realizó una investigación autónoma.
De la totalidad de las actuaciones administrativas, resulta que se han recabado informes previos al dictado de informe final. Así, a fs. 77/80 se adjuntaron las notas de descargo del agente sumariado a las observaciones de la Auditoría General; a fs. 81/82 obra otro pedido del instructor requiriendo información y documentación al Centro Junín, agregándose tales antecedentes a fs. 92/190; también se pidió e incluyó copia del legajo personal del agente; a fs. 198 se solicitó informe actualizado del estado de los créditos cuestionados, informe que fue agregado a fs. 199/212.
Ello sin dejar de destacar que la declaración indagatoria fue ampliada por el actor (v. fs. 191/192 y 196/197, copias del sumario 10.783).
De esta forma, queda acreditado que -contrariamente a lo manifestado por el señor Oliveros-, se ha observado lo dispuesto por el art. 83 del Reglamento de Disciplina el cual establece que "el instructor deberá practicar todas las diligencias conducentes a la acreditación de los hechos y omisiones que constituyeron faltas administrativas y de todas sus circunstancias, la individualización del autor, su culpabilidad o inocencia. Para ello deberá: a) Recibir toda la prueba que se relacione con el hecho motivo de la investigación; b) dictar las providencias que sean necesarias para impulsar el procedimiento; c) requerir directamente los
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