Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62455
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.455, "Fatigati, Ernesto Ramón contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Torres , de Lázzari.
I. El señor Ernesto Fatigati, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) solicitando se declare la nulidad de las resoluciones de fecha 24 de mayo y 18 de octubre de 2000, dictadas por dicho organismo en el expediente administrativo n° 230/96 caratulado "Rendición de cuentas correspondiente al Ministerio de la Producción y el Empleo. Ejercicio 1996".
Por el primero de los actos mencionados se le aplicó una multa de $600 (pesos seiscientos) por las irregularidades detectadas durante su gestión como Subsecretario de Industria, Comercio y Minería, a cargo del despacho del señor Ministro de la Producción y el Empleo, durante el período antes indicado. La otra resolución impugnada desestimó el recurso de revisión presentado por el interesado.
Por consecuencia de la nulidad reclamada, pide se deje sin efecto la sanción impuesta.
Por último, ofrece prueba, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar y formula reserva de caso federal.
II. Por resolución de fecha 12 de marzo de 2003, en el marco de lo dispuesto en los arts. 32 de la ley 4.373 y 36 de la ley 10.869 -de idéntico tenor-, esta Corte ordenó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado abstenerse de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo de la multa aplicada al actor, en el expediente n° 230/96 "Rendición de Cuentas correspondiente al Ministerio de la Producción (Ejercicio 1996)"; hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa (v. fs. 44).
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda, y con fundamento en la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 56/59).
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal.
IV. Producida la prueba ofrecida en los escritos postulatorios (v. fs. 67), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 69/70 -actora- y fs. 70 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata el actor que en el expediente administrativo 230/96, con fecha 24 de mayo de 2000, el Tribunal de Cuentas lo sancionó con multa de $600 (pesos seiscientos) por considerar que, durante su desempeño como Subsecretario de Industria, Comercio y Minería, a cargo del despacho del señor Ministro de la Producción y el Empleo, durante el ejercicio 1996, se incurrió en abuso en la utilización de anticipos de gastos, determinando su responsabilidad por haberlos autorizado.
Explica que la burocracia administrativa impedía, en muchos casos, la posibilidad de que un funcionario pudiera concurrir a un evento para el que la autoridad competente había otorgado el correspondiente permiso. Precisa que, ante esta situación, en razón de la autorización otorgada para trasladarse, era de práctica anticipar los gastos que el funcionario iba a concretar en el punto de destino, debiendo rendir cuenta documentada a su regreso.
Razona que en consideración a los niveles salariales de la función pública y la dedicación exclusiva del funcionario a sus tareas no se puede pretender que aquel pague de su bolsillo los gastos que la Administración debe afrontar. Sostiene que en atención a la rendición posterior con los documentos que justifican los respectivos gastos deviene improcedente la multa impuesta.
Destaca que tal conducta no estaba expresamente prohibida, por lo que sostiene que no se incurre en ilegalidad. Además, señala que los actos reprochados no causaron perjuicio fiscal.
Entiende que la falta que se le imputa responde a un excesivo rigor formal del Tribunal de Cuentas. Apunta que ello no condice con lo aprobado por ese organismo en la reunión de fecha 26 y 28 de mayo de 1997.
Alega que, al aplicar la multa cuestionada, el Tribunal incurre en contradicción y arbitrariedad pues señala que al tratar la falta de rendición de anticipo para gastos, el voto en disidencia mayoritaria propuso "la liberación de cualquier sanción [...] en la medida en que ha quedado efectivamente probado que se ha realizado el gasto, que se ha brindado toda la colaboración por parte de los responsables del gasto efectuado y con la documentación no observada se resuelve no levantar la sanción aplicada". Subraya que "la disidencia mayoritaria, en los fundamentos del considerando séptimo, afirma que el método utilizado no es desacertado y pueda calificarse de abuso, que el sistema funciona como una Caja Chica que se utiliza para una situación especial y luego se cancela".
Califica la multa que por esta acción impugna de arbitraria e improcedente.
II. Al contestar la demanda, la apoderada de la Fiscalía de Estado argumenta a favor de la legitimidad de la multa aplicada al actor.
Manifiesta que el sistema de anticipos para gastos no se encontraba contemplado en la legislación vigente durante el ejercicio 1996 (Ley de Contabilidad, decreto ley 7.764/71), circunstancia de la que -dice- surge evidente la irregularidad de su adopción.
Afirma que todos los actos u operaciones relacionados con el manejo de fondos o bienes de la Provincia deben ser efectuados con sujeción a las normas que regulan tal actuación, de modo de permitir su control y juzgamiento.
Señala que compete al Tribunal de Cuentas la comprobación de que los gastos e inversiones incluidos en la rendición se ajusten a las normas presupuestarias y leyes especiales, no solo en el aspecto sustancial sino también en lo formal. Precisa que en la especie la multa aplicada es consecuencia de irregularidades formales detectadas por el organismo demandado.
Destaca que gran parte del presupuesto asignado a la repartición en cuestión fue ejecutado mediante el uso de anticipo de gastos sin que se hubiere acreditado el dictado de normas de excepción que lo justifiquen.
Agrega que el aludido método de manejo de los fondos, conlleva el riesgo de la comisión de otros graves incumplimientos, tales como la elusión de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones y de normas sobre retenciones impositivas, al tiempo que constituyen un obstáculo para la tarea de control a cargo del Tribunal de Cuentas.
Afirma que al encontrase debidamente acreditado el inadecuado manejo de los fondos públicos y la transgresión de las normas que rigen la administración y gestión de los recursos del Estado, el Tribunal de Cuentas, en ejercicio de las facultades que como órgano de control de la hacienda pública le compete, sancionó al actor con la multa en crisis, la que no adolece de vicio alguno que la torne anulable.
Refuta que la sanción aplicada importe un excesivo rigor formal o incurra en arbitrariedad. Sostiene que es consecuente con el criterio sostenido por el Tribunal de Cuentas en la reunión del mes de mayo de 1997.
Niega que exista contradicción en los propios fundamentos de la resolución cuya nulidad pretende el actor, afirma que en nada modifica la transgresión imputada, la circunstancia de que no se hayan aplicado sanciones por las conductas analizadas en los considerandos octavo, décimo y undécimo del voto de la mayoría.
III. De la prueba producida resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de autos:
III.1. Resolución del Tribunal de Cuentas dictada el 24 de mayo de 2000 en el expediente administrativo n° 230/96 y su notificación al actor (v. fs. 1/18).
III.2. Recurso de revisión interpuesto por el señor Fatigati contra la resolución indicada en el apartado anterior (v. fs. 19/20).
III.3. Resolución dictada el 18 de octubre de 2000, a través de la cual el Tribunal de Cuentas rechazó el recurso de revisión presentado por los interesados contra su similar de fecha 24 de mayo de 2000, y su notificación al actor (v. fs. 21/22).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si la multa impuesta al actor se ajusta a derecho.
IV.1. Inicialmente recuerdo que, al Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159 inc. 1, Const. prov.).
El mencionado organismo despliega su actividad en virtud de las disposiciones de la ley 10.869 que, en su art. 15, sindica a aquel como autoridad encargada de aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por los obligados (conf. doctrina causas B. 60.034, "Ruiz", sent. de 28-III-2012 y B. 60.036, "Brown", sent. de 22 -VIII-2018).
Por su parte, el art. 16 de ese mismo texto legal, lo faculta a imponer las sanciones de llamado de atención, amonestaciones, multas y cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Así es que, en tal cometido, el Tribunal de Cuentas debe verificar la sujeción de la actuación estatal al ordenamiento jurídico positivo.
IV.2. Reseñado lo anterior, corresponde puntualizar que la multa de $600 fue impuesta al señor Ernesto Fatigati por haberse determinado su responsabilidad en la utilización del sistema de anticipo para gastos durante su desempeño como Subsecretario de Industria, Comercio y Minería a cargo del Despacho del señor Ministro de la Producción y el Empleo durante el ejercicio 1996.
Por su actuación en tal carácter, el Tribunal de Cuentas, a través de la resolución de fecha 24 de mayo de 2000 dictada en el expediente 230/96, y conforme lo dispuesto en el aludido art. 16 de la ley 10.869, le impuso la multa que por esta acción impugna. Esta sanción fue posteriormente confirmada por la resolución de fecha 18 de octubre de 2000 que desestimó el recurso de revisión presentado por el interesado.
IV.3. El accionante estructuró su defensa en base a las siguientes circunstancias: 1. No existía disposición alguna que prohibiera esta práctica. 2. La aplicación de la multa no condice con lo aprobado por ese organismo en la reunión de fecha 26 y 28 de mayo de 1997. 3. La resolución de fecha 24 de mayo de 2000 incurre en contradicción, por lo que la multa deviene arbitraria.
La demanda no prospera.
IV.3.a. La resolución cuestionada detalló que en el procedimiento de rendición de cuentas se acreditó que durante el ejercicio 1996 las autoridades del Ministerio de la Producción y el Empleo incurrieron en el abuso en la utilización del sistema de anticipo de gastos con cargo de rendir cuenta, al haber ejecutado bajo esta modalidad gran parte del presupuesto asignado a la jurisdicción, sin que los decretos autorizantes de tales erogaciones hayan referido a la excepción establecida por el art. 26 del decreto Ley de Contabilidad 7.764/71 (v. considerando séptimo del primer voto -fs. 4 vta. in fine y 5).
Asimismo, precisó que las erogaciones afrontadas bajo esta modalidad de pago "son actividades específicas que hacen a la esencia de sus funciones, por lo que los gastos incurridos son derivados de la función pública y deben gestionarse dentro del marco de la legislación vigente y con la oportuna intervención de los organismos de control". Apuntó también que los gastos en cuestión "se realizan todos los años y requieren un período de preparación, que hubiese resultado suficiente para acatar las normas pertinentes sobre la materia" (v. considerando séptimo del primer voto -fs. 4 vta. in fine y 5).
Por otro lado, la disidencia mayoritaria expresó "... compartir con la Vocal preopinante que ha habido un apartamiento a la norma legal en cuanto a que la figura de 'Anticipo para gastos con cargo de rendir cuenta', no está expresamente considerada en el Reglamento de Contabilidad". En orden a la responsabilidad de los funcionarios, negó que "el sistema pueda haber originado graves irregularidades, en todo caso, si se cometen irregularidades, estas se originan en la conducta de los responsables". Seguidamente, si bien manifestó que "también debe tenerse en cuenta que al realizarse eventos fuera de esta ciudad o del país el funcionario organizador no cuenta con la organización administrativa del Ministerio a su lado, entonces no puede argüirse que la utilización de ese método sea desacertada y pueda calificarse de abuso. Además, el sistema funciona como si fuera una Caja Chica que se utiliza para una situación especial y luego se cancela", señala que en este punto " existe un apartamiento a la normativa legal y debe dejarse constancia de ello, analizando de manera global el incumplimiento ..." (el destacado me pertenece).
Finalmente, el voto mayoritario concluyó que " por las observaciones que se mantienen subsistentes que se indican en los considerandos séptimo [...] propicio aplicar las siguientes sanciones : [...] Sr. Ernesto Fatigati: Multa de $ 600 .- ..." (el resaltado me pertenece; fs. 9 vta.). Destaco, además, que luego de que la vocal que inició el acuerdo diera respuesta a las disidencias planteadas, la disidencia mayoritaria se manifestó por confirmar "las sanciones aplicadas por las observaciones formuladas en los considerandos séptimo [...] propuestas en su disidencia".
Ninguna contradicción se advierte en el tratamiento de esta cuestión en el acto en crisis.
IV.3.b. En orden a que el criterio plasmado en las resoluciones impugnadas no condice con los manifestados por el Tribunal de Cuentas en la reunión de fecha 26 de mayo de 1997, corresponde destacar que en esa oportunidad el mencionado organismo resolvió que ante la frecuencia y generalización de ese anómalo modus operandi advertido al estudiar las cuentas públicas y la ausencia de normas que previeran ese proceder administrativo basadas en las garantías que debe brindar el manejo de los fondos públicos, se recomendaba eliminar los anticipos para gastos.
No obstante, para situaciones excepcionales que resistieran una plena justificación, debía designarse un funcionario de la Dirección de Contabilidad para administrar, con sujeción a las normas vigentes, los fondos requeridos fuera del asiento habitual de la misma o entregarlos al funcionario que viajase al exterior, previa notificación de instrucciones muy precisas sobre los procedimientos administrativos y la forma de rendición de cuentas. Asimismo, se destacó que, a fin de desterrar ese grave apartamiento del sistema administrativo y de control, el Tribunal analizaría en particular las rendiciones de cuentas de entregas de fondos que se realizaran bajo las características indicadas. Las mencionadas rendiciones se integrarían con todos los antecedentes que permitieran probar no solamente los gastos incurridos, sino además la relación circunstanciada de los hechos, finalidad del acontecimiento y su autorización. Incluso, allí se menciona expresamente la excepcionalidad de los casos en los cuales el anticipo de gastos con cargo de rendir cuenta podía aplicarse (conf. doctrina causas B. 60.036 y B. 60.034, cits.).
Lo expuesto da cuenta de la voluntad institucional, en el caso, del Tribunal de Cuentas, de impartir instrucciones a fin de que la Administración regularice el trámite de pagos.
IV.3.c. En otro orden, se equivoca el actor al sostener que el anticipo de gastos es un medio de cancelación no previsto por la ley y que, por lo tanto, su utilización está permitida (conf. doctrina causa B. 60.036, cit.).
Es preciso recordar que la sujeción de la Administración al principio de legalidad impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento jurídico (conf. doctrina causas B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005 y sus citas; B. 65.288, "Pasturenzi", sent. de 21-V-2008; B. 57.652, "Gamma", sent. de 5-V-2010; B. 65.285, "HS Informática SRL", sent. de 6-XI-2013; entre otras), principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público (conf. doctrina causas B. 58.903, "Jotafi Computación Interactiva S.A.", sent. de 18-VI-2014; B. 62.451, "Electropower", sent. de 18-X-2017 y B. 63.195, "Brown", sent. de 11-IX-2019).
De acuerdo a lo sostenido por este Tribunal en otras oportunidades, toda repartición estatal debe obrar en cumplimiento del principio de legalidad objetiva. La sujeción a esta directriz determina que la actuación administrativa debe encontrase acorde a las normas atributivas de competencia con sustento en las cuales han de dictarse los actos pertinentes (conf. doctrina causas B. 51.720, "Coloschi Hnos. S.A.", sent. de 2-VIII-1994; B. 56.406, "Transporte del Oeste S.A.", sent. de 16-V-2001; B. 57.761, "Stiebeck", sent. de 7-XI-2001; B. 57.830, "García Arancibia", sent. de 19-V-2004; B. 66.232, "Caparelli", sent. de 18-V-2011; entre otras).
De allí que lo que es propio y general para los sujetos privados -a quienes les está permitido hacer todo lo que no se encuentra expresamente prohibido (art. 19, Const. nac.)- no lo es para los de derecho público cuya actuación, para reputarse legítima, debe ser referida a un precepto o postulado jurídico. El derecho pues, condiciona y encauza la acción de la autoridad administrativa, supeditando su validez a una previsión normativa que la contemple y a la que aquella ha de ajustarse (conf. García de Entrerría, E.; Fernández, T. R.; Curso de Derecho Administrativo , Edición Civitas, Madrid, 2000, Tomo I, págs. 440 citado en el voto del doctor Pettigiani -al que adherí- en las causas B. 52.835, "Roman", sent. de 19-IV-2017 y B. 63.195, "Brown", ya citada).
Ello no importa ceñir el conjunto de poderes y aptitudes del órgano o ente administrativo solamente a las que surjan en forma expresa del ordenamiento aplicable, en tanto a ellas se añaden, conforme también lo ha puntualizado desde antaño esta Corte, las derivadas de modo razonablemente implícito (conf. doctrina causas B. 47.882, "Ravinovich", sent de 10-VI-1980; B. 52.052, "Cambiasso", sent de 9-VI-1992; B. 52.893, "Espósito de Zanetta", sent. de 7-IX-1993; B. 54.327, "Federación de Clínicas", sent. de 26-V-1999; B. 55.037, "Federación de Clínicas", sent. de 31-VIII-1999; B. 52.835, cit.; e.o. y doctrina CSJN, Fallos 254:56; 307:198 y 330:2992).
En la especie, el anticipo para gastos, tal como lo reconoce el actor en la demanda, no se encontraba contemplado en el ordenamiento jurídico vigente durante el ejercicio 1996, ni expresa ni implícitamente. Por lo tanto y, sin perjuicio de la inexistencia de perjuicio fiscal al respecto, la irregularidad (incumplimiento formal) deviene irrefutable y la multa impuesta ajustada a derecho.
IV.4. En definitiva, imputado al actor el incumplimiento del régimen legal, como presupuesto de su responsabilidad, y establecida de modo cierto la conexión causal entre la falta y su autor (conf. doctrina causa B. 54.065, "Bravo Almonacid", sent. de 11-X-1995), incumbía a éste demostrar la ilegitimidad del accionar del Tribunal de Cuentas. Empero, ningún elemento concreto ha aportado en tal sentido (conf. doctrina causas B. 56.824, "Brown", sent. de 14-VII-2010 y B. 60.034, cit.).
El carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y la amplitud de las facultades otorgadas a las partes para probar los hechos justificativos de su pr
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.