Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62822
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.822, "Ciampi, Benito Carlos y otros c/ Municipalidad de Ensenada. Demanda contencioso-administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Genoud.
I. Benito Carlos CIAMPI, Roberto Luis SCHIAFFINO, Mónica Elsa MARRAFINO, María Asunción BRUSCHI, Carlos Alberto PEREZ, Alberto Guillermo SPINELLI, Daniel Francisco SANZONE, Martín Víctor OVIEDO, Marcelo PIERONI, Luciano Antonio ALESSI, Ricardo Oscar ALEGRE, Araceli Liliana ANDALI, Omar Enrique ARIAS, Clara Lía BARRAGÁN, Jorge Daniel BARTOLI, Néstor BENÍTEZ, Walter Alberto CANAVESSI, Elida Mabel COLLAZO, Norberto Juan CÓRDOBA, Jorge Gustavo CHAFLOQUE GAMARRA, Oscar Guillermo DELLEDONNE, Horacio Alberto DERRASAGA, Jorge Daniel DE VEGA, Héctor Manuel DOMÍNGUEZ, Fátima Patricia Luján DUPUY, María Elena DURAZZO, Alejandro Raúl FERRANDO, Mónica Elsa FITTIPALDI, Graciela Teresa FONDEVILA, Héctor Vicente GARCÍA OLIVARES, Eugenio Rubén GAVAZZI, Juan Daniel GIORDANI, Mirta Lilian GONZÁLEZ, María Cristina GIÚDICE, Roque Francisco GUTIERREZ, Elena María HUARTE, Marta Susana CORTES, Ismael Adrián LAMARQUE, Jorge Alfredo LARREGUI, María Elena LASCANO, Silvia Elvira LUNA, María Fabiana Emilia LEDO, Adriana Elizabeth MAGGI, Rina Luisa MARTINUZZI, Fortunato Ítalo MESSINA, Julio César MUTTI GONZALEZ, Mónica Cristina NIEVAS, José Luis NIEVES, Juan Carlos ORAZI, José Alberto OVELAR, Julio Jorge OVIEDO, Alicia Mercedes PEREZ, Eduardo Pablo PEPE, Marisa Gabriela PEROTTI, Alberto Omar PETRINGA, Osvaldo César RAIMONDI, Aída Margarita RIMONDA, Osvaldo Aníbal ROMANO, Silvia Cristina ROLANDELLI, Carlos Julio SECCHI, Nicolás SGURUDIS, Miguel Ángel SOJA, Claudio Raúl TAGLIABÚE, Rubén Eduardo TARABUSO, Sonia Beatriz TOSTI, Ofelia Irene UDOVICICH, Olga Noemí VIGO, Juan Francisco VACCARO, Ana María SÁNCHEZ, Liliana Mabel ROMERO, Ester Laura ROMERA, Inmaculada Teresa ZANERONI, Jorge Oscar RESA, Patricia Marta SAMBARTOLOMEO y Alba María STAGNARO PLAGHOS por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Ensenada y solicitan se declare la nulidad de los decretos 655/00 y 179/01 dictados por el Intendente municipal con fecha 2 de noviembre de 2000 y 8 de mayo de 2001, respectivamente.
Por consecuencia de la nulidad pretendida requieren que se condene a la demandada al pago de las diferencias existentes entre las sumas que les hubiera correspondido percibir desde el día 1 de enero de 1998, según lo establecido en los decretos 491/98 y 571/98, y lo efectivamente abonado, con más intereses desde que cada mensualidad se devengó.
Ofrecen prueba.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio, a través de su apoderado, la Municipalidad de Ensenada, contesta la demanda, niega las circunstancias relatadas en la demanda y, con fundamento en la legitimidad de la actuación administrativa municipal, solicita el rechazo de la acción.
Pide la aplicación de la ley 13.137, plantea oposición a puntos de pericia propuestos por la actora y formula reserva de caso federal.
III. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas (v. fs. 122), glosados los cuadernos de prueba (v. fs. 158/700 -actora- y 701/780 –demandada-) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 782/783 -actora- y 784/796 -demandada-), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relatan los accionantes que, al advertir que los salarios del personal hospitalario no incluían los incrementos dispuestos por los decretos provinciales 491/98 y 571/98, el día 8 de mayo de 1998, el Presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital "Dr. Horacio Cestino" de Ensenada solicitó al Intendente municipal la inmediata regularización de las liquidaciones de haberes.
Agregan que en el marco de la aludida gestión gremial, y en ejercicio de los derechos individuales, el día 2 de febrero de 2000 se presentaron ante la autoridad comunal y reclamaron que se liquidaran y abonaran sus remuneraciones con ajuste a los decretos antes indicados.
Señalan que su dependencia con la Municipalidad de Ensenada se produjo por distintos carriles. Precisan que "...la mayoría de ellos revistaba en la Provincia y se incorporó a la comuna con motivo de la transferencia del Hospital Zonal General de Agudos 'Dr. Horacio Cestino'; otros, pertenecientes a los planteles municipales dentro del régimen general fueron luego escalafonados en la Carrera Profesional Hospitalaria; por último, algunos otros, al incorporarse a la Comuna, lo hicieron directamente dentro de la referida carrera".
Postulan la plena vigencia dentro de la Municipalidad de Ensenada de la Carrera Profesional Hospitalaria -ley 10.471 y sus modificatorias- en virtud de la adhesión expresa a ese régimen formalizada a través de la ordenanza 1.227/87.
Afirman que por imperio de lo dispuesto en el art. 33 de la ley citada -texto según ley 10.528- los aumentos establecidos en los decretos provinciales 491/98 y 571/98 tenían operatividad plena, por lo que debían liquidarse los respectivos haberes conforme a ellos con retroactividad al día 1 de enero de 1998, fecha en que, según dice, comenzaron a aplicarse en el ámbito provincial.
Ponen de resalto que en la nota dirigida el día 11 de junio de 1999 a la Asociación de Profesionales del Hospital "Dr. Horacio Cestino", el Intendente manifestó que "...el incremento salarial correspondiente a la ley 10.471 y que a la fecha no se ha podido otorgar" alude a imposibilidades y señala que "...es intención del Departamento Ejecutivo reconocer el incremento del personal de carrera hospitalaria", al tiempo que admite que "...es un justo reclamo".
Destacan que hasta el mes de marzo de 1998 la comuna abonó regularmente las remuneraciones que se fueron disponiendo en el orden provincial. Precisan que correlativamente los incrementos salariales establecidos con carácter general para los agentes de la Municipalidad de Ensenada no fueron aplicados a quienes se encontraban comprendidos en la Carrera Profesional Hospitalaria.
Por último, pide que el caso de autos sea decidido conforme la doctrina sentada por el Tribunal en la causa "Salvador" (causa B. 52.914, sent. de 28-V-1996).
II. La Municipalidad de Ensenada niega adeudar a los actores sumas de dinero en concepto de diferencias salariales desde el día 1 de enero de 1998 por pretendidos aumentos reconocidos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Aduce que la adhesión al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria -ley 10.471-, efectuado por la comuna a través de la ordenanza 1.227/87, no fue total. A su vez, niega que comprendiera la cuestión salarial.
Reconoce que en el año 1998 no se otorgaron los aumentos de las remuneraciones que se concedieron en el ámbito provincial. Explica que ello fue así decidido por el gobierno comunal de conformidad con lo normado en el régimen legal vigente en la materia.
Dice que, en el caso, reviste singular relevancia la ordenanza 2.282/99, ya que fue sancionada en plena vigencia de la ley 11.582, modificatoria del decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica municipal-, que establece que "...la formulación [...] del presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose gastos sin la previa fijación de los recursos para su financiamiento...". Entiende que esta norma expresa el congelamiento de la escala salarial para los profesionales médicos. Razona que, de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo de los considerandos de la misma, al expresar "...conforme lo estableció en la ley orgánica municipal y la ley 11.582 en el sentido de que todo gasto debe tener partida suficiente en el presupuesto vigente (art. 118 y sig. de la L.O.M.) y a los efectos de minimizar el efecto negativo que la reestructuración pudiere ocasionar no se incluirá dentro de la misma [...] al personal profesional de la carrera médico hospitalaria".
Apunta que la ordenanza 2.282/99 mantuvo la escala de sueldos de los profesionales, lo que -a su criterio- ratifica que la adhesión a la ley 10.471 no fue total, ya que el municipio se reservó, conforme la Ley Orgánica de las Municipalidades, la facultad de establecer remuneraciones para estos agentes.
Afirma que la Municipalidad de Ensenada iba legislando puntualmente sobre distintos aspectos que hacen a la carrera médico hospitalaria, pero sin mención o referencia alguna a la materia salarial.
Destaca que el Hospital "Dr. Horacio Cestino" volvió a ser administrado por la Provincia de Buenos Aires a partir del día 1 de septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 2.509 de fecha 17 de octubre de 2000.
Con cita de la doctrina sentada por este Tribunal en la causa "Abramovich" (causa B. 55.056) sostiene que, así como la materia del régimen jurídico del personal compete al Departamento Deliberativo (art. 63 inc. 4, LOM), también constituye atribución del cuerpo la determinación de los recursos y gastos de la Municipalidad (arts. 29, 31 y 39, LOM). En el marco del mencionado precedente, agregó: "...la aplicación estricta del principio de legalidad y prelación normativa impidió al Departamento Ejecutivo acudir a otras disposiciones que no fueran las vigentes en cada período de aplicación a los fines de liquidar las remuneraciones del personal, respetando las pautas establecidas por el Concejo Deliberante".
Niega que la doctrina expresada en el precedente "Salvador", sea aplicable al caso de autos.
Con carácter subsidiario, y para el supuesto de que el reclamo de la actora fuera procedente, pide que el crédito que resultare a su favor sea consolidado en los términos de la ley 13.137, régimen al que adhirió la comuna demandada a través de la ordenanza 2.940 de fecha 5 de enero de 2004.
III. De la prueba producida en autos surgen los siguientes datos útiles para la decisión del caso sub examine :
III.1. Expediente administrativo n° 4033-51919/2004 agregado -sin acumular- en autos.
III.1.a. A través de la ordenanza 2.940/04 la Municipalidad de Ensenada adhirió al régimen establecido por las leyes provinciales 12.836 y 13.137 de saneamiento financiero de aquellos municipios que hayan sido declarados en estado de emergencia Administrativa, Económica y Financiera (v. fs. 3).
III.1.b. La ordenanza 2.509/00 aprobó el Convenio firmado entre la Municipalidad de Ensenada y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para la transferencia del Hospital "Dr. Horacio Cestino" a la jurisdicción provincial a partir del día 1 de septiembre de 2000 (v. fs. 5/13).
III.2. Expediente administrativo n° 2900-23719/2006.
III.2.a. A fs. 3/1.004, lucen agregadas copias certificadas de los legajos de personal correspondientes a los actores de autos.
III.2.b. A fs. 1.024, la Dirección Provincial de Personal de la Provincia informa que "...no existen constancias de prestación de servicios de don Daniel Francisco SANSONE, don Jorge Gustavo CHAFLOQUE GAMARRA, don Alejandro Raúl FERRANDO, doña Mónica Elsa FITTIPALDI, don Héctor Vicente GARCÍA OLIVARES, doña Adriana Elizabeth MAGGI, don Eduardo Pablo PEPE, doña Liliana Mabel ROMERO y doña Ester Laura ROMERA...". A su vez, pone de resalto que "...el Hospital 'Dr. Horacio Cestino' de Ensenada fue incorporado al ámbito de la Provincia de Buenos Aires por decreto 869/2000 [...] a partir de septiembre de 2000, comenzando en esa fecha a remitir las novedades relacionadas con la asistencia del personal".
III.2.c. El decreto provincial 869/01 aprobó el convenio celebrado entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Ensenada para la transferencia, a partir del día 1 de septiembre de 2000 y con carácter definitivo, a la jurisdicción provincial del Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Horacio Cestino" (v. fs. 1.018/1.023).
III.3. Expediente administrativo n° 4033-31281/1998.
III.3.a. Reclamo efectuado ante el Intendente, el día 7 de mayo de 1998, por el Presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital "Dr. Horacio Cestino" de Ensenada, a efectos de que se liquiden los incrementos salariales dispuestos por los decretos provinciales 491/98 y 571/98 con carácter retroactivo al día 1 de enero de 1998 (v. fs. 1).
III.3.b. Ordenanza 1.227/87 a través de la cual el Concejo Deliberante de Ensenada dispuso la adhesión de ese Municipio al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria instituida por la ley 10.471 y sus modificatorias (v. fs. 4).
III.3.c. El día 2 de febrero de 2000, los actores de autos intimaron a la demandada al pago de las diferencias salariales correspondientes a los incrementos salariales contemplados en los decretos provinciales 491/98 y 571/98 (v. fs. 1/2, expte. adm. n° 4033-31281/1998 alc. 4/2000 -agregado sin acumular al principal-).
III.3.d. Previo dictamen jurídico (v. fs. 23/29, expte. adm. n° 4033-31281/1998 alc. 5/2000 -agregado sin acumular al principal-), el Intendente municipal dictó el decreto 655/00 por el cual desestimó el reclamo de pago de los incrementos salariales comprendidos en los decretos provinciales 491/98 y 571/98 (v. fs. 30/31, expte. adm. n° 4033-31281/1998 alc. 5/2000 -agregado sin acumular al principal-).
III.3.e. El recurso de revocatoria interpuesto por los interesados (v. fs. 1/2, expte. adm. n° 4033-31281/1998 alc. 6/2000 -agregado sin acumular al principal-) fue desestimado, previo dictamen jurídico, mediante decreto municipal 179/01 (v. fs. 10, expte. adm. n° 4033-31281/1998 alc. 6/2000 -agregado sin acumular al principal-).
III.4. Decreto provincial 491/98 (v. fs. 176/178).
III.5. Decreto provincial 571/98 (v. fs. 179).
III.6. Copias certificadas de los legajos de personal registrados en el Hospital "Dr. Horacio Cestino" de Ensenada (v. fs. 704/778).
IV. Tal como han sido planteadas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si asiste derecho a los actores, en su calidad de agentes de la Municipalidad de Ensenada, al cobro de diferencias salariales correspondientes a los incrementos dispuestos por los decretos provinciales 491/98 y 571/98.
IV.1. Preliminarmente, es preciso analizar las normas provinciales que rigieron la transferencia del Hospital "Dr. Horacio Cestino" a la Municipalidad de Ensenada.
IV.1.a. El decreto ley 9.347/79 estableció que el Poder Ejecutivo dispondría la "municipalización" de aquellas funciones y servicios por entonces a su cargo y que por su índole fueran propias de la competencia comunal (art. 1). Asimismo, especificó que las transferencias comprenderían al personal que se desempeñara en los organismos y servicios a transferir (art. 2), siendo que, además, las transferencias se realizarían en la forma determinada por el Poder Ejecutivo provincial (art. 7).
En tal marco, a través del decreto 1.786/80, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires ordenó la municipalización, entre otros, del Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Horacio Cestino" de Ensenada. Esta transferencia debía hacerse efectiva a más tardar a partir del día 1 de enero de 1981 (v. art. 9, dec. cit.).
En lo que respecta al régimen salarial del personal transferido, el art. 8 del decreto ley 9.347/79 autorizó a las municipalidades a abonar a los agentes transferidos las remuneraciones que por todo concepto perciban/percibieran en el régimen provincial hasta tanto se produjera la reubicación en el régimen comunal, mientras que el decreto 1.786/80 previó que la reubicación de los agentes en el ámbito municipal "...no importaría disminución en los haberes de los agentes por lo que, en su caso, se liquidará en concepto de diferencia, el importe en menos que pudiere resultar. Esta diferencia será absorbida por futuros incrementos salariales" (art. 7 inc. "a", dec. cit.).
IV.1.b. No existe duda de que, por disposición de las normas provinciales citadas, los empleados transferidos tenían derecho a percibir sueldos equivalentes a los que les hubieran sido abonados de haber continuado en relación de dependencia con el gobierno provincial, desde la fecha en que se produjo la transferencia y hasta su reubicación en el ámbito municipal (conf. doctr. causa B. 49.726, "Pascua", sent. de 14-IV-1992). A partir de la reubicación en cargos pertenecientes al escalafón municipal, de resultar menores las remuneraciones asignadas por las normas municipales, los agentes tenían derecho a percibir la diferencia en concepto de "garantía salarial", hasta que, en virtud de incrementos de sueldos posteriores a la reubicación, la cifra menor alcanzare a la superior (conf. doctr. causa B. 52.914, "Salvador", sent. de 28-V-1996).
De tal modo, los agentes que, al momento de la municipalización (1 de enero de 1981), prestaban servicios en el Hospital "Dr. Horacio Cestino" de Ensenada, tenían garantizado, en virtud de los arts. 8 del decreto ley 9.347/79 y 7 inc. "a" del decreto 1.786/80, continuar percibiendo remuneraciones equivalentes a las que hubieren cobrado de continuar prestando servicios en organismos de jurisdicción provincial, hasta que se cumpliera con su reubicación en el escalafón municipal. Desde aquella fecha y en los períodos en que los salarios establecidos en el régimen municipal resultaren inferiores a la remuneración fijada en el cargo provincial, debía abonárseles en concepto de garantía salarial la diferencia resultante hasta que, en virtud de posteriores incrementos de los sueldos municipales, éstos alcanzasen la última suma percibida por aplicación de normas provinciales (conf. doctr. causa B. 52.914, cit.).
IV.2. El señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a través del decreto 491/98, otorgó al personal dependiente de la Administración General de la Provincia un incremento salarial que, en virtud, del decreto 571/98 se estableció a partir del día 1 de enero de 1998 (v. fs. 26/28).
De tal modo, los incrementos salariales sobre los que se sustenta la acción de autos se aplicaron al personal provincial a partir del día 1 de enero de 1998.
IV.3.a. De acuerdo a las normas antes detalladas resulta que, a los efectos de percibir los incrementos salariales en cuestión, los actores deben acreditar, en primer lugar, haber sido transferidos desde la jurisdicción provincial a la Municipalidad de Ensenada con motivo de la municipalización del Hospital "Dr. Horacio Cestino" de esa localidad, dispuesta por decreto provincial 1.786/80.
Asimismo, se debe constatar que a la fecha en que comenzaron a regir los incrementos salariales reclamados (1 de enero de 1998), los demandantes continuaban prestando servicios en dicho nosocomio y en los cargos en los que respectivamente habían sido transferidos.
IV.3.b. Advierto que la comuna demandada no alegó ni produjo prueba tendiente a acreditar que los accionantes hubieren sido reubicados en el escalafón municipal, situación prevista en el marco regulatorio como circunstancia limitativa para la aplicación de los salarios establecidos en la jurisdicción provincial.
IV.3.c. De acuerdo a las constancias de los legajos provinciales y municipales agregados en autos (v. fs. 704/778 y 3/1.004, expte. adm. n° 2900-23719/2006 agregado -sin acumular- en autos), surge que los actores que fueron transferidos a la Municipalidad de Ensenada en virtud de lo dispuesto en el decreto 1.786/80 son los siguientes:
IV.3.c.i. Ciampi, Benito Carlos.
IV.3.c.ii. Schiaffino, Roberto Luis.
IV.3.c.iii. Spinelli, Alberto Guillermo.
IV.3.c.iv. Oviedo, Julio Jorge.
IV.3.c.v. Andali, Araceli Liliana.
IV.3.c.vi. Arias, Omar Enrique.
IV.3.c.vii. Bartoli, Jorge Daniel.
IV.3.c.viii. Collazo, Élida Mabel.
IV.3.c.ix. Córdoba, Norberto Juan.
IV.3.c.x. Derrasaga, Horacio Alberto.
IV.3.c.xi. Domínguez, Héctor Manuel.
IV.3.c.xii. Fondevilla, Graciela Teresa.
IV.3.c.xiii. Larregui, Jorge
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.