Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62942
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.942, "Vilche, Ramón Félix contra Municipalidad de Junín. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Pettigiani, Kogan, Torres.
I. Esta Corte, por medio de la sentencia dictada el 18-XII-2013 (obrante a fs. 483/498), hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, anulando el decreto 400/99, por medio del cual se había dispuesto la cesantía del actor y condenó a la demandada al dictado de un nuevo acto administrativo, donde se analizara la conducta del agente Ramón Félix Vilche, dentro del plazo de sesenta días hábiles a partir de su notificación.
Con respecto a las pretensiones accesorias resolvió diferir su tratamiento hasta tanto se resuelva la situación disciplinaria del actor.
II. Luego de intimada al cumplimiento de la sentencia, la Municipalidad de Junín emite los decretos 1.287, 1.288 y 1.497. Por el primero de ellos y en cumplimiento de la sentencia se tiene por anulado el decreto 400 de 4-V-1999 mediante el cual se dispusiera la cesantía del agente Vilche fundado en el abandono de cargo (dec. 1.287, v. copia fs. 516).
Por el segundo, 1.288 (v. copia fs. 514), ordena la instrucción de sumario a efectos de desentrañar la presunta comisión de falta de conducta relacionada con el hecho acaecido en estos autos.
Por último, a través del dictado del decreto 1.497, se declara extinta por prescripción la acción disciplinaria respecto del agente en los términos del art. 69 inc. "c" de la ley 11.757 (v. copia fs. 515).
III. A fs. 533, se requirió como medida para mejor proveer, que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) certifique si el señor Ramón Félix Vilche resulta titular de algún beneficio previsional e indique, eventualmente, desde qué fecha lo percibe.
A fs. 545/546 el organismo requerido -ANSES- informa que la fecha de alta del beneficio del señor Vilche Ramón Félix corresponde al mes de mayo de 2013.
IV. En este estado, encontrándose extinguida la potestad disciplinaria de la Administración, corresponde el tratamiento de las pretensiones accesorias que se encuentran pendientes.
Por ello, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Procede la pretensión indemnizatoria derivada de la extinción de la potestad disciplinaria?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Debe la reparación ser equivalente a la totalidad de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la decisión ilegítima?
En caso negativo:
3ª) ¿Qué porcentaje corresponde fijar en concepto de indemnización por daño material?
4ª) ¿Qué pauta corresponde tomar para el cálculo del porcentaje fijado en la cuestión anterior?
5ª) ¿Corresponde el reconocimiento del daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En la sentencia dictada en autos se dispuso anular el decreto 400/99 emanado del señor Intendente de Junín. Asimismo, se estableció que la autoridad comunal debía en el marco de un sumario administrativo analizar la conducta del agente, Ramón Félix Vilche y dictar, en consecuencia el acto administrativo que estime corresponder.
A su vez, difirió el tratamiento de las pretensiones accesorias hasta la oportunidad en que se resolviera la situación disciplinaria.
Para así hacerlo, esta Corte tuvo en consideración, que la comuna demandada al decretar la cesantía del agente motivado en el abandono de cargo no tuvo en consideración los hechos relacionados con la falta que se le imputaba. Particularmente, en el caso, el accionante se hallaba privado de su libertad, detenido en un establecimiento carcelario en el marco de una investigación penal, circunstancia que fuera comunicada al municipio.
En este estado, si bien la privación de libertad del accionante fue anoticiada al empleador, la comuna no dio crédito a tal información, desestimándola de plano.
De tal modo la demandada, ante la ausencia del agente a su puesto de trabajo, procedió a decretar la cesantía motivada en la causal de abandono de cargo, sin indagar en las causas que precedieron a la falta endilgada al actor.
Ahora bien, en cumplimiento de la manda judicial impuesta en la sentencia, la Municipalidad debía efectuar un nuevo análisis del comportamiento asumido por el agente, teniendo en consideración las circunstancias apuntadas; para luego, a partir de allí, analizar la conducta desplegada por el agente y ejercer, en consecuencia, la potestad disciplinaria conforme a derecho.
II. De la copia de los decretos 1.287, 1.288 y 1.497 adjuntados por el actor (v. fs. 514/516), se deprende que la comuna de Junín, en la oportunidad de exteriorizar su voluntad disciplinaria dispuso decretar la prescripción de la acción, dando por concluido de esta forma el sumario administrativo.
III. En este estado, habiéndose extinguido la potestad disciplinaria, corresponde al Tribunal el tratamiento de las pretensiones accesorias que se encuentran pendientes de resolución.
No debe perderse de vista, que en virtud de las particularidades que rodean al presente, donde el accionante se encuentra gozando de los beneficios jubilatorios resulta de imposible cumplimiento la restitución al cargo desempeñado, por ello, corresponde tratar el pedido de reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados (doctr. causa B. 57.469, "Tettamanti", resol. de 7-VI-2000; arts. 25, CCA y 511, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Costas por su orden (arts. 17, CCA, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008, modif. por ley 13.101).
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El actor, en el escrito inicial, solicita el pago de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir desde el 1 de abril de 2001 -oportunidad en que pudo retomar sus tareas laborales- hasta su reincorporación; además de los aportes previsionales de los que fuera privado como consecuencia de la ilegitimidad del acto.
Estima asimismo, que en razón de los padecimientos causados en su persona, el estado de desasosiego y el menoscabo en su reputación sufrido a causa de la cesantía ilegítimamente declarada, una indemnización por daño moral en la suma de veinticinco mil pesos, con más imposición de costas a la demandada.
Posteriormente al dictado de sentencia, el accionante solicita al Tribunal se expida acerca de la pretensión tendiente al reconocimiento de los salarios caídos durante la tramitación del presente.
Refiere que percibe un haber mínimo del sistema nacional, al que accediera mediante el pago de una moratoria por no contar con los aportes correspondientes a su empleo municipal como para ingresar al régimen provincial.
Agrega que, luego de la cesantía declarada ilegítima por esta Corte, se vio imposibilitado de ejercer otras tareas lucrativas debido a su edad y al descrédito padecido.
Requiere expresamente, se tenga por debidamente fundado el daño moral que dice haber padecido en base a los dichos expuestos, denuncia en tal sentido que la demandada ha violentado prerrogativas de raigambre constitucional afectando su dignidad y la protección de su familia.
Declara haber sufrido privaciones de índole económico, así como la imposibilidad de hacer frente a los gastos de manutención de su grupo familiar como los propios de su hogar, configurándose un daño in re ipsa , por lo que solicita se establezca como tal una suma considerable a efectos de paliar el calvario padecido.
II. Desde un mirador inicial, los conceptos reclamados por el señor Vilche denotan la solicitud de pago de una suma por la circunstancia de haber sido separado de su empleo y no percibir el sueldo en función de su vínculo laboral. Tal aserto remite al concepto de indemnización o compensación.
II.1. Respecto a tal pretensión tuve oportunidad de expresar mi criterio -si bien en una formulación distinta de la cuestión a resolver- en la causa B. 57.454, "Sebey", sentencia de 1-III-2004 (entre numerosas posteriores), compartiendo la opinión del señor Juez doctor Soria.
En la citada oportunidad se sostuvo que la responsabilidad estatal emergente del cese ilegítimo de una relación de empleo público, en tanto materia perteneciente al derecho administrativo, encuentra en las normas provinciales su fuente primera de regulación (arts. 121 y 122, Const. nac.; 1, Const. prov.).
II.2. Sobre la cuestión bajo examen se dijo que la Legislatura había establecido ciertas pautas en orden al resarcimiento al agente público que debían tenerse en consideración. Así, tanto la ley 11.757, estatutaria del empleo municipal, como la ley 10.430 (t.o. 1996) reguladora del provincial, disponían que cuando un sumario administrativo culminara con la absolución o sobreseimiento definitivo del agente imputado -situación que se equipara a la aquí planteada-, debían abonársele íntegramente los haberes correspondientes al tiempo por el que se había prolongado la suspensión preventiva (arts. 85, ley 11.757 y 103, ley 10.430).
Por su parte, el Código Contencioso Administrativo, aprobado por la ley 12.008 (conf. modif. ley 13.101) aplicable en la especie en función de lo dispuesto en su art. 78 inc. 3 primera parte, en el capítulo relativo al proceso de impugnación de sanciones en materia de empleo público, establece que, cuando la sentencia fuere favorable al impugnante, entre otras medidas el Tribunal dispondrá "todas o algunas de las siguientes medidas: el reconocimiento de los haberes devengados" (art. 73, ley 12.008 cit.). Esta vez a las resultas de las circunstancias de la causa, la norma admitía la posibilidad de condenar a la autoridad administrativa al pago de una reparación equivalente a las remuneraciones no percibidas por el empleado.
Puede concluirse entonces que tanto en los supuestos en los que el agente público es suspendido preventivamente por la autoridad y luego reincorporado tras decretarse su absolución sumarial, como en aquellos en que la medida segregativa resulta declarada ilegítima por el órgano judicial, el ordenamiento jurídico admite la posibilidad de acordar una indemnización equivalente a los salarios caídos en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos por el agente estatal.
En ambos supuestos, el fundamento de la solución es el mismo, ya que la falta de prestación de servicios no resulta imputable al agente (conf. causa B. 31.217, "Acuña", sent. de 23-IX-1947, voto del doctor Ramírez Gronda, "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, tomo X, pág. 331; arg. CSJN Fallos: 321:635, cons. 6° in fine ).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su incorporación; Fallos: 307:1199, 1215; 308:732, 1795; 321:635; e.o.).
Empero, dicho Tribunal ha dejado a salvo la existencia de una disposición expresa para el caso. Y como ha quedado evidenciado el régimen jurídico provincial habilita en ciertos supuestos el pago de los haberes caídos. A lo que cabe agregar que, debatiéndose en autos los efectos de la declaración de ilegitimidad de una cesantía de un empleado público de la Administración municipal a la luz de las normas del derecho público local, esta Suprema Corte se encuentra habilitada para apartarse fundadamente de los precedentes de su par nacional, en virtud del sistema federal adoptado por la Constitución nacional (doctr. CSJN Fallos: 315:1320).
También resulta oportuno tener presente que ante supuestos de irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad, aún en ausencia de norma expresa la Corte Suprema nacional ha reconocido el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos, desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (CSJN Fallos: 297:415).
II.3. Lo anteriormente puntualizado no proclama como criterio incontestable la procedencia del pago de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente por todo el lapso en que estuvo excluido de los cuadros de la Administración (doctr. minoritaria causas B. 53.291, "Alvarez", sent. de 22-IV-1997; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2000; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10-V-2000, "DJBA", 158:244; e.o.). Ello así, porque si bien el empleado sufre un daño que inicialmente equivale a la privación de su sueldo, no es lógico reputar que la subsistencia de tal perjuicio se prolongue más allá de un tiempo prudencial, suficiente para la obtención de otra actividad lucrativa (doctr. causa B. 38.396, "Benítez", sent. de 22-IV-1958, "Acuerdos y Sentencias", 1958-III-44, voto del doctor Acuña Anzorena a la tercera y cuarta cuestión; causas B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 48.945, "Moresino"; voto de la mayoría en las causas B. 53.291, B. 59.013, B. 54.852 cits.; entre muchas otras).
La declaración judicial de nulidad del acto de cese, pese a lo dispuesto por el art. 390 del Código Civil y Comercial de la Nación -aplicable por analogía a las nulidades administrativas (arg. arts. 171, Const. prov. y 2, Cód. Civ. y Com.)- en orden a la retroactividad de los efectos de la invalidación (CSJN Fallos: 321:635) no conlleva inevitablemente al pago de los sueldos dejados de percibir, mas tampoco obsta a que pueda invocarse y acreditarse toda clase de perjuicios ocasionados por la baja ilegítima (CSJN Fallos: 313:472, 321:2748).
Voto por la negativa.
Costas por su orden (arts. 17, CCA, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008, modif. por ley 13.101).
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Esta Suprema Corte -una vez declarada la ilegitimidad del acto administrativo que dispusiera una medida segregativa respecto de un agente público de planta permanente con estabilidad- ha resuelto, repetidamente: i) que el reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo (causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-212) y ii) que al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, ese daño se presume an debeatur por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria.
La presunción del daño material que en estos supuestos resulta legítimo establecer no puede alcanzar también a su magnitud y, sin más, determinarse que esta siempre será equivalente a la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente ilegítimamente despedido.
Por el contrario, el monto del perjuicio - quantum debeatur -, en estos supuestos, debe estar supeditado a la demostración que sobre la magnitud del mismo efectúe la parte actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo (doctr. art. 375, CPCC, remisión art. 77 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la segunda cuestión también por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Conforme me he expedido en precedentes similares (causas B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003; B. 57.484, "Obesio", sent. de 14-IV-2004; B. 60.019, "Salvatori", sent. de 30-VI-2004; B. 64.623, "Mousseigne", sent. de 19-X-2016; e.o.) entiendo que cuando la cesantía se decreta ilegítimamente -como sucede en el caso de autos- debe presumirse el perjuicio patrimonial ocasionado al empleado, derivado de la pérdida del empleo y su consiguiente detrimento patrimonial, vulnerándose así la garantía constitucional de la estabilidad (conf. doctr. causas B. 49.196, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 50.864, "Rodríguez", sent. de 29-VIII-1995; B. 57.637, "Duville", sent. de 21-VI-2000 y B. 50.550, "Velazco", sent. 23-IV-1990).
Como he señalado anteriormente, considero que no sólo cabe presumir la existencia del daño sino también su magnitud, que debe fijarse en la totalidad de las remuneraciones que el agente se vio privado como consecuencia de la expulsión ilegitima en razón de que en principio, ese es el menoscabo efectivamente sufrido, salvo prueba en contrario de la demandada (causas B. 56.675, "Lallana", sent. de 7-VI-2000; B. 57.637, cit.; B. 56.127, "Salinas", sent. de 12-VII-2000 y B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001).
A la segunda cuestión, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la segunda cuestión también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Sentado lo anterior, advierto que establecer porcentajes a los fines de la reparación del daño constituye la expresión simplificada de un proceso en cuyo seno han quedado fijadas determinadas bases de ponderación de los perjuicios ocasionados.
Tratándose de la reparación del daño material, como acontece en la especie, corresponde determinar la suma que habrá de abonarse al actor por dicho concepto.
En la causa B. 57.454, "Sebey", entre otros numerosos precedentes, he distinguido, al efecto dos períodos. De un lado, un lapso inicial comprendido entre el acto de cese dispuesto por la Administración y la decisión que ha agotado la vía administrativa para acceder a esta instancia judicial.
Del otro, un segundo período que se extiende desde el acto que ha clausurado la vía administrativa hasta el dictado de la sentencia anulatoria. Por principio, la presunción arriba señalada ha de ceder y la extensión del perjuicio material depende de la prueba obrante en la causa (arts. 77, 78 inc. 3, ley 12.008, conf. modif. ley 13.101; 375, CPCC; doctr. causas B. 53.291, "Alvarez"; B. 59.013, "Meza"; B. 54.852, "Pérez"; entre muchas otras).
En base a los parámetros indicados, la aplicación de los criterios reseñados a las constancias del sub lite , estimo apropiada una indemnización por daño material en el 35% de los salarios dejados de percibir por el actor, computados desde la fecha del decreto 400/99 que dispuso la cesantía, posteriormente anulada por esta Corte, es decir el 4 de mayo de 1999 y hasta la fecha de alta del beneficio jubilatorio, esto es mayo de 2013 -conforme surge del informe de ANSES obrante a fs. 545-, descontándose el tiempo que permaneció privado de su libertad, más los aportes previsionales por el lapso que estuvo separado de su empleo (doctr. causa B. 58.894, "Gabrielli", sent. de 15-VII-2015).
Así lo voto.
Costas por su orden (arts. 17, CCA, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008, modif. por ley 13.101).
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Consecuentemente, atendiendo a aquello que surge de las constancias administrativas y a la prueba producida al respecto, entiendo prudente fijar el quantum indemnizatorio en una suma equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de las remuneraciones no percibidas por el accionante desde la fecha en que fue separado del cargo por el decreto 400/99, el 4 de mayo de 1999 y hasta la fecha de alta del beneficio jubilatorio, esto es mayo de 2013 -conforme surge del informe de ANSES obrante a fs. 545-, deduciéndose el lapso que el accionante estuvo privado de su libertad, con más los aportes previsionales por el período que estuvo separado de su empleo (v. doctr.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.