Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66581
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.581, "de Arrascada, Carlos Marcelo y otra contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Genoud, Pettigiani, Torres, de Lázzari, Borinsky.
I. Los señores Carlos Marcelo y María Laura de Arrascada, ambos por su propio derecho y en el carácter de únicos y universales herederos de Juan Carlos de Arrascada y María Carmen Rosito, con patrocinio letrado, promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social, en adelante, IPS) y solicitan se declare la nulidad de las resoluciones 497.904/02 y 507.254/03 dictadas por el directorio del mencionado organismo con fecha 12 de septiembre de 2002 y 12 de junio de 2003, respectivamente.
A través de la primera se revocó el art. 2 de la resolución 422.852 de fecha 10 de diciembre de 1998, dejándose establecido que no existían sumas a favor de los derechohabientes de Juan Carlos de Arrascada ni de doña María Carmen Rosito, toda vez que el causante gozaba de una prestación de orden nacional y su cónyuge supérstite percibió el beneficio en todo momento, cuando lo correcto era desde la baja en la prestación nacional. Además, se declaró legítimo el cargo deudor liquidado en la suma de $29.846,24, por haber operado la compensación con el haber sucesorio de la señora Rosito.
La resolución 507.254/03, por su parte, denegó el recurso de revocatoria interpuesto contra la anterior.
Por consecuencia de la anulación pretendida requieren se reponga la resolución del IPS 422.852 y se ordene el pago de cada una de las sumas que hubiera debido percibir su madre, la señora Rosito -ya fallecida-, con más actualización e intereses hasta el efectivo pago.
Asimismo, solicitan que se dicte una medida cautelar que suspenda la ejecutoriedad del art. 2 de la resolución del IPS 497.904/02.
Por último, ofrecen prueba, formulan reserva de caso federal y piden el beneficio de gratuidad en los términos del art. 1 de la ley 12.200.
II. Posteriormente los actores ampliaron la demanda (v. fs. 26/29).
III. Mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2004 el Tribunal ordenó, con carácter cautelar, que la autoridad demandada se abstenga de ejecutar el cargo deudor ordenado en las resoluciones de fecha 12 de septiembre de 2002 y 12 de junio de 2003, recaídas en el expediente administrativo n° 2.803-89.099/91. Ello, bajo responsabilidad de la parte actora quien, previamente, debió prestar caución juratoria por las costas y los daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haber solicitado sin derecho la medida cautelar (v. fs. 38/44).
IV. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita el rechazo de la acción.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y formula reserva de caso federal.
V. Agregadas sin acumular las fotocopias de las actuaciones administrativas (v. fs. 47), glosado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 71/178), los alegatos presentados por las partes (v. fs. 194/199 -actora- y fs. 198 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores relatan que, con motivo de serios problemas de salud que padecía su padre, el señor Juan Carlos de Arrascada, solicitó ante el IPS el beneficio de jubilación por invalidez. Advierten que desconocían que lo hubiese percibido en forma transitoria desde el 1 de febrero de 1990 hasta el 30 de agosto de 1991.
Agregan: "... presumimos de absoluta buena fe y en la convicción de la viabilidad de su procedencia, (que) había obtenido idéntica prestación previsional en sede nacional (expte. 11-0-9480918/0), que habría percibido hasta su muerte".
Continúan narrando que acaecido el fallecimiento de su padre el 14 de julio de 1991, su madre se presentó ante el IPS y solicitó el beneficio de pensión derivada.
Dicen que por lo que entienden un error al confeccionar el formulario declaró no poseer ni gestionar idéntico beneficio ante ninguna Caja adherida al Sistema de Reciprocidad -decreto 9.316/46-. Aclaran que casi inmediatamente, el 16 de septiembre de 1991, rectificó su declaración y manifestó que por error había silenciado el beneficio nacional que percibía su cónyuge fallecido y la sustanciación del trámite de pensión en esa sede. En esta oportunidad dicen que solicitó la concesión del beneficio provincial hasta tanto se dilucidara la viabilidad del doble beneficio al amparo de las previsiones de la ley 23.604.
Señalan que el 23 de septiembre de 1991, su madre renunció al pedido de pensión derivada en sede nacional y solicitó la conversión del expediente n° 11-0-9480918-0 en "Reconocimiento de Servicios" para su presentación ante el IPS en el trámite de pensión (expediente administrativo n° 2.803-89.099/91).
Ponen de resalto que la señora Rosito nunca percibió la pensión derivada correspondiente al ANSeS. Niegan que haya gozado de doble beneficio. Agregan que percibió solo un anticipo de pensión provincial esperando hasta su fallecimiento, ocurrido el 19 de agosto de 1998, el beneficio definitivo que acrecentara su haber mensual con base en el reconocimiento de todos los servicios y aportes prestados por su cónyuge en jurisdicción nacional.
Destacan que la resolución 422.852/98 que concedió el beneficio de pensión derivada a su madre, les fue notificada meses después del fallecimiento de aquella.
Seguidamente narran que con fecha 17 de octubre de 2002 les fue notificada la resolución 497.904 que revocó la resolución de fecha 10 de diciembre de 1998 y formuló cargo deudor por la suma de $29.846,24.
Manifiestan que el recurso de revocatoria interpuesto contra la mencionada resolución, fue rechazado, pese a que la vista fiscal receptó la defensa de prescripción relativa al cargo deudor y aconsejó verificar la doble percepción.
Aducen que la resolución 497.904 fue dictada " contra legem ". Dicen que contraría el impedimento de revocación oficiosa de las resoluciones notificadas a los interesados y que den lugar a la acción contencioso administrativa; además de las facultades de anulación y revocación reguladas en el art. 117 del decreto ley 7.647/70. Sostienen que ello importa la violación de la cosa juzgada administrativa.
A su vez, alegan que concurren en el acto impugnado vicios en la motivación. Señalan que no constan en las actuaciones administrativas las dobles percepciones a que refieren los considerandos del acto en crisis. Al respecto, ponen de resalto que en la jurisdicción de ANSeS se le dio de baja al beneficio por inacción en el cobro.
En otro orden, afirman que la resolución impugnada es manifiestamente arbitraria por cuanto la determinación de deuda por el período 1 de febrero de 1990 al 14 de julio de 1991 por parte del señor de Arrascada y, desde el 15 de julio de 1991 al mes de marzo de 1993 con relación a la señora Rosito, tiene como válidas las liquidaciones practicadas sin haberse dado vista o traslado a los interesados. Plantean la lesión al ejercicio del derecho de defensa.
Oponen además la defensa de prescripción.
Por otra parte, cuestionan la compensación efectuada por el IPS, en tanto -según entienden- en el supuesto de que se reconociera la legitimidad del cargo deudor, tendrían facultades para proponer la forma de pago toda vez que el mencionado crédito a su favor se encontraba expedito.
Subsidiariamente, para el caso que resultara acreditado que existió alguna percepción ilegítima, manifiestan que no puede imputarse mala fe a los causantes, quienes las percibieron y consumieron de buena fe. Postulan la aplicación de la doctrina que dimana de los arts. 738 y 1.055 del Código Civil con entidad eximente a su respecto.
Finalmente, impugnan la resolución que deniega la revocatoria por no tratar las defensas de prescripción, ni la falta de consentimiento de las liquidaciones practicadas en el expediente administrativo y el consecuente cercenamiento del derecho de defensa.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado sostiene que en las actuaciones administrativas constan elementos relevantes que demuestran la legitimidad del obrar del IPS.
Aduce que las circunstancias corroboradas por el organismo previsional al presentarse los herederos de la señora Rosito, demuestran la ilegitimidad del cobro del haber jubilatorio por parte del señor de Arrascada entre el 1 de febrero de 1990 y el 14 de julio de 1991, así como la percepción del haber pensionario de su cónyuge desde el 15 de julio de 1991 al mes de marzo de 1993.
Afirma que el causante gozó de dos jubilaciones, una en el ámbito nacional y otra en el provincial, en contradicción con lo dispuesto en el art. 23 de la ley 14.370. A su vez, destaca que el señor de Arrascada no había realizado la opción contemplada en la ley 23.604.
En relación al cargo deudor formulado a la señora Rosito sostiene que el mismo resulta irreprochable, toda vez que ella percibió haberes en forma indebida hasta que se le dio de baja en el orden nacional, ya que recién desde esta fecha habría tenido derecho al beneficio provincial.
Considera que ante las circunstancias detalladas resulta indubitable el deber legal de devolver lo cobrado indebidamente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 del decreto ley 9.650/80.
Precisa que los haberes percibidos sobre los que se determinó el cargo deudor importaron un enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Administración, por lo que habilitó el ejercicio de la facultad del IPS de repetir lo pagado por error de conformidad con lo dispuesto en el art. 762 del Código Civil.
Rechaza la aplicación del régimen del accipiens de buena fe del Código Civil, por no concordar con lo normado en el mencionado art. 61 del régimen del IPS. Señala que de conformidad con lo dispuesto en este precepto deviene insoslayable la aplicación de intereses.
En otro orden, niega que pueda declararse prescripta la potestad revocatoria de la Administración. Expresa que en los supuestos de actos nulos como el de autos la potestad revocatoria es imprescriptible.
Refuta que en el caso se encuentre vulnerada la cosa juzgada administrativa, pues pone de resalto que para que ella se configure y, en consecuencia, el acto no sea susceptible de revocación por la Administración, se requiere que sea perfecto, carente de vicios.
Rebate el argumento ensayado por la parte actora en orden a que la revocación del acto que concedió el beneficio a la señora Rosito haya vulnerado el derecho de propiedad. Afirma, en este sentido, que no existen derechos irrevocablemente adquiridos a la luz de los actos irregulares, tales como la resolución 422.852/98.
Por último, niega que lo expresado en la vista fiscal revista trascendencia en la presente causa. Plantea la improcedencia de la actualización monetaria solicitada por la actora y se opone a la condenación en costas reclamada.
III. De la prueba producida en autos, resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. En la causa caratulada "de Arrascada, Juan Carlos y Rosito, María Carmen s/ sucesión ab-intestato" los actores de autos fueron declarados únicos y universales herederos de sus padres, Juan Carlos de Arrascada y María Carmen Rosito (v. fs. 110).
III.2. Copias certificadas del expediente administrativo n° 2.803-69378/1.990 y agregados.
III.2.a. El 22 de marzo de 1990 el señor Juan Carlos de Arrascada se presentó ante el IPS, solicitó el beneficio de jubilación por invalidez y pidió el anticipo jubilatorio (v. fs. 2 y 18).
III.2.b. Conferida la vista fiscal que resultó favorable al otorgamiento del beneficio y, previo el dictado del correspondiente acto administrativo, el IPS advirtió que el señor de Arrascada había fallecido y se encontraba en trámite la pensión derivada. Además, el mencionado organismo detectó que había sido beneficiario de la jubilación en jurisdicción de la ANSeS. Por consecuencia de ello, ordenó la baja del beneficio transitorio en septiembre de 1991 (v. fs. 35, 37, 39/41 y 54).
III.2.c. Con fecha 25 de julio de 1991, la señora María Carmen Rosito se presentó ante el IPS y solicitó el beneficio de pensión con motivo del fallecimiento de su esposo, Juan Carlos de Arrascada, ocurrido el 14 de julio de 1991 (v. fs. 46/52).
III.2.d. Con fecha 16 de septiembre de 1991 la señora María Carmen Rosito se presentó ante el IPS, denunció que su esposo había percibido jubilación nacional y solicitó la pensión derivada. A su vez, manifestó su voluntad de obtener el beneficio provincial y requerir ante el ANSeS el reconocimiento de los servicios prestados por su esposo en jurisdicción nacional (v. fs. 56).
III.2.e. El 23 de septiembre de 1991 la señora Rosito se presentó ante el Director de la Caja de Industria y Comercio, renunció al pedido de pensión derivada que tramitara por expediente 173600069998-6/02 "de Arrascada, Juan Carlos s/inc.", y solicitó la conversión del beneficio jubilatorio 11-0-9480918/0/0 en reconocimiento de servicios para hacerlos valer ante el IPS (v. fs. 58).
III.2.f. El mismo 23 de septiembre de 1991 la señora Rosito se presentó ante el IPS, manifestó que el causante percibía dos jubilaciones y que había iniciado el beneficio pensionario en el orden nacional, no habiendo llegado a percibirlo. Manifestó su voluntad de optar por el derecho a pensión en la provincia, en la medida de no ser posible el otorgamiento y la percepción de ambos beneficios, en cuyo caso hizo saber que pediría la transformación de la jubilación nacional en reconocimiento de servicios (v. fs. 59).
III.2.g. Con fecha 29 de diciembre de 1992, la ANSeS remitió al IPS el certificado de reconocimiento de servicios nacionales desempeñados por el señor Juan Carlos de Arrascada -17 años y 4 meses- (v. fs. 120/124).
III.2.h. Con fecha 2 de julio de 1998 se presentan ante el IPS los actores de autos, denuncian el fallecimiento de su madre, ocurrido el 19 de mayo de 1998 y solicitan el pago de haberes sucesorios (v. fs. 231/232 y 233).
III.2.i. El 10 de diciembre de 1998, el IPS dictó la resolución 422.852, aprobó el reconocimiento de servicios del régimen de la ANSeS a favor del señor Juan Carlos de Arrascada, reconoció a la señora María Carmen Rosito el derecho al goce de un beneficio pensionario desde el 15 de julio de 1991 y hasta el 19 de mayo de 1998. Por consecuencia de ello, declaró de legítimo abono, a favor de los herederos que acrediten en forma legal su carácter de tales, las sumas devengadas en dicho concepto (v. fs. 258).
III.2.j. A fs. 296 la Dirección de Auditoría del IPS indica que "el período calculado en relación al causante resulta correcto (1-II-1990 al 14-VII-1991), y respecto a la pensionada, deberá practicarse deuda por el lapso 15-VII-1991 al III-1993, fecha de baja en la órbita nacional".
III.2.k. El 10 de septiembre de 2002 el IPS decidió revocar el art. 2 de la resolución 422.852, de fecha 10 de diciembre de 1998, "... dejando establecido que no existen sumas a favor de los derechohabientes del causante de autos Juan Carlos de Arrascada, ni de Doña María Carmen Rosito, toda vez que el causante gozaba de una prestación en el orden nacional y su cónyuge percibió en todo momento, cuando lo correcto era desde la baja en el beneficio nacional, conforme se expresa en los considerandos". Asimismo, declaró "legítimo el cargo deudor liquidado ..." que determinó en la suma de $29.846,24 (v. resolución IPS 497.904/02 -fs. 308-).
III.2.l. Previa vista fiscal en la que se entendió que la deuda originada por haberes indebidamente percibidos por el causante se encontraba prescripta en atención a la fecha en que el organismo previsional tomó conocimiento de la percepción simultánea de dos beneficios jubilatorios, el IPS, por resolución 507.254 decidió rechazar el recurso de revocatoria incoado por los interesados contra la mencionada en el apartado III.2.k. (v. fs. 323 y 325).
IV. Relatadas las posiciones de las partes y expuestos los antecedentes relevantes de las actuaciones administrativas, la cuestión a resolver estriba en determinar si la autoridad administrativa al dictar la resolución 497.904/02, que revocó la resolución 422.852/98 y formuló cargo deudor a los derecho habientes de los señores Juan Carlos de Arrascada y María Carmen Rosito, se ajusta a derecho.
IV.1. Los agravios de los demandantes sobre los cuales sientan su pretensión anulatoria son los siguientes: i. De un lado invocan el art. 117 del decreto ley 7.647/70 y sostienen que la revocación de la resolución 422.852/98 es contraria a la ley por el tiempo transcurrido. Plantean, además, la defensa de prescripción. ii. Del otro, cuestionan que la autoridad demandada ejerció la potestad anulatoria sin su intervención, omitiendo darles traslado de la liquidación del cargo deudor aquí cuestionado.
IV.2. Este Tribunal ha resuelto de manera constante que la potestad anulatoria de la Administración se halla necesariamente vinculada a la dilucidación de la regularidad del acto objeto de la misma (conf. doctr. art. 5, ley 2.961; arts. 113, 114 y 117, dec. ley 7.647/70; conf. doctr. causas B. 49.638, "Freindenberg", sent. de 30-X-1990 y sus citas; B. 51.447, "Pari", sent. de 9-V-1995; B. 54.310, "Martínez", sent. de 21-IV-1998; B. 59.953, "Taberner de Ávila", sent. de 16-VI-2004; entre otras), habiendo entendido que el vicio que torna al acto en irregular, sometiéndolo a la anulación oficiosa, radica en la afectación grave de todos o algunos de sus elementos esenciales (conf. doctr. causas B. 49.516, "Agherrebehere", sent. de 12-VI-1986; B. 49.638, cit.; B. 52.002, "Reynoso", sent. de 14-IV-2002; B. 53.339, "R., A.F.", sent. de 9-V-1995; B. 63.509, "Sotura de Oteiza", sent. de 28-VI-17; e.o.).
Entiendo, siguiendo los precedentes de esta Corte (conf. doctr. causas B. 65.045, "Percario de Balsategui", sent. de 30-VIII-2006 y B. 65.047, "Bazzi", sent. de 28-II-2007), que el art. 117 del decreto ley 7.647/70 ha marcado un límite al que debe ajustarse la señalada revisión, en cuanto establece que las facultades anulatorias no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o las leyes (conf. doctr. causa B. 61.645, "Rosati", sent. de 2-XII-2009).
Puntualmente este Tribunal ha dicho que en caso de irregularidades en los actos administrativos que permitan su anulación por la misma autoridad que los dictó y en ausencia de norma expresa de derecho local, conforme la remisión contenida en el art. 117 del decreto ley 7.647/70, ha de aplicarse analógicamente (arg. art. 171, Const. prov.) el art. 4.030 del Código Civil (aplicable en autos en virtud del art. 7, Cód. Civ. y Com.), en cuanto regula el término de prescripción de dos años de la acción por nulidad de los actos jurídicos emitidos con dolo, error, o falsa causa, desde que el error, el dolo o la falsa causa fuese conocida (conf. doctr. causas B. 53.040, "Buján", sent. de 7-XII-1999; B. 51.566, "De Santis", sent. de 29-II-2000; B. 57.574, "Dimitroff", sent. de 27-XII-2002; B. 65.045 y B. 65.047 cits.; e.o.).
IV.3. La aplicación de los preceptos legales y criterios jurisprudenciales reseñados a los hechos y circunstancias acreditadas en el caso, apuntalan el progreso de la pretensión.
IV.3.a. La resolución IPS 422.852/98, en el art. 2, reconoció que a la señora María Carmen Rosito le asistía el derecho al goce del beneficio pensionario desde el 15 de ju
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