Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 55816 BIS
B.55.816 bis “CAÑETE MARÍA CONCEPCIÓN C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SERVICIO PENITENCIARIO). DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (INCIDENTE DE EXTENSION DE LOS EFECTOS DE LA COSA JUZGADA)”
I. Con fecha 17 de mayo de 2017 este Tribunal dictó sentencia definitiva en la causa B. 55.816, “Cañete, María Concepción c/ Provincia de Buenos Aires (Serv. Penitenciario) s/ Demanda contencioso administrativa y acum. B. 55.996; 55.997; B. 55.998; B. 55.999 y B. 56.000” y, por mayoría, hizo lugar a la demanda. En lo que aquí concierne, tras anular los decretos 810/92 y 464/94 emitidos por el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se condenó a esta última al pago de las diferencias devengadas a favor de los litigantes hasta diez años antes del reclamo en sede administrativa para los coactores Cañete y Amado -esto es, el día 7-VII-1989- y, para el resto de los accionantes, se estableció que debía computarse la fecha del decreto 810/92 dictado el día 31-III-1992. Ello, con más intereses.
Notificadas las partes y encontrándose consentido y firme el decisorio, el día 20 de marzo de 2019 se aprobó -provisoriamente- la liquidación practicada por uno de los coactores.
II. Es en este contexto que, con fecha 22 de agosto de 2020, se presentan -mediante apoderado- la señora Gabriela Norma Centurión, el señor Mario César Uzarralde, la señora Matilde Segura, el señor Simón Francisco Ferreyra, el señor Luis Eugenio Fracaro, el señor Néstor Emir Basterrechea, la señora Silvia Patricia Abdala, el señor Martín Teofilo Ibáñez, la señora Zulma Noemí Gutierrez Barabino, el señor Gustavo Adolfo Troncoso Vivas, el señor Gustavo Germán Bruno y el señor Héctor Armando Barros y solicitan se disponga a su favor la expansión de los efectos del mentado pronunciamiento.
Fundan la procedencia de su pretensión en la presunta indivisibilidad del objeto litigioso, en la obligatoriedad del fallo para el demandado y en el hecho de que la parte actora haya triunfado en la litis .
Al respecto, sostienen que la acción por entonces entablada abarcó un “universo determinado, en el cual cada demandante ante la afectación de su derecho requirió la protección judicial para el reconocimiento de un derecho propio, pero no exclusivo. Un reclamo pluriindividual, colectivamente tramitado” (v. punto III. de la presentación electrónica de fecha 22-VIII-2020).
Bajo tal entendimiento, y siguiendo el criterio esgrimido por la Corte federal en el caso "Halabi" y por este Tribunal en el precedente “López” (causa C. 91.576, sent. de 26-III-2014), consideran que se está en presencia de derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, donde existe una homogeneidad fáctica y normativa que torna inconveniente la tramitación de diversos juicios que versen sobre la misma materia.
Arguyen que al no encontrarse previsto en el ordenamiento ritual un mecanismo específico para canalizar este tipo de pretensiones, esta Corte resulta ser el órgano competente para decretar el efecto erga omnes de la sentencia.
Así, refieren que la cuestión a dirimir se centra en determinar si los aquí peticionantes se encuentran en igualdad de condiciones que los actores originarios y/o se hallan comprendidos en los decretos invalidados.
Resaltan, por un lado, que ha sido este Tribunal el que ha aceptado que no obsta a la procedencia de lo peticionado la falta de acreditación de los reclamos formales, toda vez que de las constancias obrantes en la contienda surge que ha sido la propia Administración Pública quien había ordenado dar curso a una única presentación en sede administrativa, a modo de “expediente piloto”, dejando supeditados los restantes pedidos a las resultas de éste.
Por otro lado, afirman que comparten una plataforma fáctica común con los actores en la causa principal derivada de la ley 6982 y los decretos-leyes 9538/80 y 8401/80, cuya indebida aplicación generó una demanda por liquidaciones salariales erróneas. En este sentido, manifiestan que en aquel momento revistaban como personal activo en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y que, en consecuencia, sufrieron los descuentos indebidos.
Finalmente, requieren que una vez firme la sentencia que acoja la pretensión incoada, se intime a la Provincia de Buenos Aires a practicar liquidación conforme las pautas determinadas en la resolución del 24 de octubre de 2018, emitida en la causa principal.
III. El día 14 de octubre de 2020 se formó incidente por separado para tratar la cuestión traída a conocimiento de este órgano.
IV. Ordenado el traslado de la presentación formulada el 22 de agosto de 2020 por el doctor César Horacio Chávez, éste fue contestado por la Fiscalía de Estado con fecha 10 de febrero de 2021.
En primer lugar, la demandada argumenta que el planteo esgrimido esconde una petición inconstitucional y contraria a derecho, bajo la apariencia de ofrecer una solución novedosa para la praxis judicial. Así, puntualiza que lo solicitado encubre: a) un inadmisible intento de intervención de terceros con posterioridad a la sentencia firme que puso fin al litigio; b) un improponible e incongruente pedido de extensión de la cosa juzgada a sujetos ajenos a la litis , con violación a las garantías del debido proceso; y c) una lectura deformada de los procesos colectivos y sus efectos, con indebido intento de conversión de un fallo inter partes en erga omnes .
Expone que la sentencia dictada en los autos principales ha quedado firme y consentida. Por este motivo, el pronunciamiento ha pasado en autoridad de cosa juzgada formal y material, con alcances objetivos y subjetivos delimitados e inmodificables, tanto en beneficio de aquellos en favor de quienes ha sido dictado, como en perjuicio de la autoridad demandada.
En efecto, entiende que devieneírrito, inconstitucional y contrario a derecho avasallar los principios procesales de congruencia y preclusión, como así también los límites de la cosa juzgada y las garantías inherentes a la propiedad, la defensa en juicio y el debido proceso (conf. arts. 17 y 18, Const. nac.).
A esto aduna que, a través del planteo intentado, se pretende sortear los obstáculos del tránsito de una controversia, entre los cuales se encuentran la prescripción, la caducidad y las restantes defensas que podrían ser oponibles en un proceso judicial.
Respecto al primer punto de la réplica formulada, destaca que la figura de la intervención voluntaria de terceros en un proceso -instituto que estima configurado en la especie- tiene un límite temporal y material delimitado, esto es, el dictado de la sentencia (conf. art. 96, CPCC). Recuerda que aquel tope responde a dos exigencias axiológicas: de un lado, tiende a evitar la maniobra abusiva de los llamados “ free rider ” que comparecen a juicio una vez que éste se encuentra resuelto y no existe peligro de derrota; y de otro, sirve para impedir que el demandado se vea emboscado y sorprendido al final del litigio con el agregado extemporáneo e incongruente de una pluralidad de nuevos litigantes “ocultos” (v. punto III.1 de la presentación electrónica de fecha 10-II-2021).
En segundo término, sostiene la improcedencia de la alteración de los alcances del pronunciamiento luego de pasado en autoridad de cosa juzgada. Sobre el particular, asevera que lo peticionado importa un intento de violentar no sólo los efectos propios de la cosa juzgada, sino también las garantías constitucionales inherentes a ella, como son la seguridad jurídica, la propiedad, la defensa en juicio y el debido proceso (conf. arts. 17 y 18, Const. nac.).
Expresa que el juicio de conocimiento sustanciado en los autos principales ha culminado, quedando precluida cualquier posibilidad de reeditar la contienda. A esto aduna que el Tribunal ha perdido su competencia para volver sobre la materia ya resuelta (conf. art. 166, CPCC).
Recuerda, asimismo, que la cosa juzgada supone que la fuerza ejecutoria del resolutorio que ha adquirido firmeza queda ceñida por los límites objetivos y subjetivos considerados y juzgados en el fallo.
Luego, manifiesta que la mera cita de la doctrina emanada de los precedentes que receptan los procesos colectivos resulta insuficiente para “convertir” una sentencia firme dictada inter partes en una con eficacia vinculante erga omnes .
Expone que los litigios que extienden sus efectos erga omnes son aquellos que nacen como causas colectivas, o bien, se transforman en tales durante su tramitación mientras se encuentre pendiente de resolución por parte de los órganos jurisdiccionales. En este sentido, se opone a la interpretación que efectúan los peticionantes de los casos invocados en su escrito inicial (v. punto III.3.a de la presentación electrónica de fecha 10-II-2020).
Admite que las decisiones que derivan de conflictos colectivos pueden ser ejecutadas por terceros que se encuentran en las mismas condiciones que los litigantes originarios, pero resalta que, para que ello suceda, el pleito debe haber sido promovido en términos colectivos.
En otro orden, señala que la indivisibilidad de un supuesto vicio jurídico no torna en indivisible al supuesto crédito individual que cada uno de los presuntos afectados tiene -o no- derecho a reclamar. En su caso, estima que eventualmente podría haberse conformado un litisconsorcio facultativo, pero remarca que esto no ocurrió en la especie, al menos con quienes pretenden incorporarse ahora al proceso.
Concluye que mal puede invocarse genéricamente una dificultad en la reclamación para tratar de forzar una intervención extemporánea o excusar una prescripción y/o caducidad de la acción; cuestiones que -a su entender- no son homogéneas ni fungibles como para pretender igualar a los sujetos de la presunta clase automáticamente.
V. Teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas, las constancias obrantes en la causa y la etapa procesal en la que se introduce la cuestión, la extensión de sentencia perseguida no puede ser de recibo.
VI. Es útil comenzar señalando que los accionantes pretenden obtener un pronunciamiento por el cual se disponga que se encuentran alcanzados por los beneficios emanados del fallo dictado en los autos principales que se relacionan con el presente incidente.
Sin perjuicio de lo sostenido por la Fiscalía de Estado en su contestación, los peticionantes no comparecen ante este Tribunal a través del instituto de la intervención de terceros. Antes bien, afirman que en autos está en juego la tutela de los derechos individuales homogéneos de la clase presuntamente conformada por todos los agentes que se desempeñaron en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en un período determinado, a la cual alegan pertenecer.
Esta circunstancia obsta la posibilidad de analizar el planteo incoado dentro de los moldes adjetivos tradicionales (litisconsorcio, intervención de terceros, acumulación de acciones, etc.) y conduce a ponderar el asunto bajo las directrices propias que delinean y regulan a los procesos colectivos.
VII.1. Sentado ello, cabe recordar que los problemas suscitados a partir de los daños masivos, -ya sean actuales o potenciales- se relacionan con la necesidad de facilitar el acceso a la justicia de una gran cantidad de afectados que reclaman por ellos (que individualmente pueden tener escaso monto) y, al mismo tiempo, evitar la proliferación innecesaria de litigios similares -en los que puedan recaer sentencias contradictorias- afectando una eficaz prestación del servicio de justicia (doctr. causa A. 73.186, "Federación de Educadores Bonaerenses, sent. de 24-II-2021).
Es así, pues, que se plantea el problema sobre si los bienes individuales homogéneos -también identificados por la doctrina especializada como "intereses pluriindividuales homogéneos"- permanecen en el campo de los derechos individuales o no y si, por tanto, deberían quedar excluidos de la posibilidad de ser representados colectivamente, toda vez que no existe una norma positiva que expresamente contemple esta situación.
Sobre el tópico, este Tribunal reseñó en diversas causas el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Halabi" (Fallos: 322:111), en materia de legitimación procesal, que reconoció que existen tres categorías de derechos tutelados: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tales serían, por ejemplo, los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, los derechos de los usuarios y consumidores o los derechos de sujetos discriminados (consid. 12).
En efecto, el Máximo Tribunal federal estableció requisitos o pautas a las que ha quedado subordinada la viabilidad de la última categoría. Así, del considerando 20 se desprende que "...es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarse tanto la alternativa de quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos" (conf. causa A. 73.979, "Martocci", sent. de 27-VIII-2020).
A la par, el cimero Tribunal nacional sostuvo que "...la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. El primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales" (consid. 13).
VII.2. Sobre tales bases, deviene necesario mencionar que la demanda promovida en los autos principales tuvo por objeto la “repetición de las sumas ilegítimamente retenidas” a un grupo de agentes que se desempeñaba en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y la consiguiente declaración de nulidad del acto administrativo dictado en el marco del expediente N°2211-162302/89 -y sus agregados sin acumular- y del decreto 464/94 (v. fs. 18, causa B. 55.816, “Cañete”). De lo que se desprende que los coactores han oportunamente centrado su pretensión en la órbita de actuación estrictamente individual, sin invocar la representación colectiva de la presunta clase afectada.
A este respecto, no debe perderse de vista que se está frente a objetos susceptibles de apropiación exclusiva -aunque sean cualitativamente idénticos- y que, en estos supuestos, puede o no existir un claro predominio de los aspectos compartidos (comunes) ante las particularidades de cada afectado. Esto por cuanto, no cualquier vulneración “masiva” de derechos divisibles será pasible de ser traída colectivamente a la justicia.
La construcción del caso en clave colectiva resulta decisiva, entonces, para la determinación de la legitimación extraordinaria, cuestión que incidirá tanto en la tramitación del litigio como en una eventual expansión subjetiva de la sentencia y la propagación de sus efectos, toda vez que esto último no es sino la contracara necesaria -o derivación lógica- del reconocimiento de la legitimación a título colectivo.
A la luz de lo expuesto, de la mera lectura de la demanda incoada en la causa principal se advierte que en el conflicto no se hallan reunidas las condiciones que habilitan calificar a la contienda como una acción de clase. En la especie, se ha conformado un litisconsorcio entre una serie de titulares de una relación jurídica sustancial, que han ejercido su derecho con independencia de las restantes personas que se hallaban en similar situación. Así, la pretensión entablada se ha articulado en procura de los intereses particulares de quienes oportunamente accionaron y, en consecuencia, aquélla se ha centrado en la prueba del daño diferenciado que cada coactor ha sufrido en la esfera que le es propia, circunstancia que ha quedado evidenciada por el disímil alcance con que se ha reconocido la pretensión a algunos demandantes.
Este aspecto evidencia la inaplicabilidad del precedente “López” (causa 91.576, sent. de 26-III-2014) invocado por los aquí peticionantes en su escrito postulatorio. En dicha oportunidad, se ponderó para admitir que los efectos del acogimiento de la acción incoada se extendieran a los restantes usuarios no asociados del servicio eléctrico prestado por la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó el hecho de que la actora expresamente promovió una acción de amparo colectivo, reclamando el cese del cobro de un plus no previsto en el cuadro tarifario de la concesión en la facturación de los usuarios no asociados a la mentada cooperativa, tanto en su beneficio personal como en el del resto de los afectados.
Por lo tanto, dado que la situación fáctica que dio sustento a tal pronunciamiento dista -en sustancia- de la aquí configurada, el Tribunal no se halla compelido por la fuerza vinculante del precedente en los presentes obrados (conf. doctr. causa A. 75.194, "De Nicola", sent. de 8-VI-2020; CSJN Fallos: 335:2028; 340:1084, 342:853).
En otro orden, los peticionantes solicitan que “se intime a la demandada a practicar liquidación conforme a las pautas que se determinen, conforme lo dispuesto en la resolución de fecha 24 de octubre de 2018 en B. 55.816, 'Cañete, María Concepción c/ Provincia de Buenos Aires (Serv. Penitenciario) s/ Demanda contencioso administrativa y acum. B. 55.996; 55.997; B. 55.998; B. 55.999 y B. 56.000' y los antecedentes allí citados” (v. punto IV. de la presentación electrónica de fecha 22-VIII-2020). Esta cuestión, cabe decir, tampoco podría ser acogida en el marco de un proceso colectivo relativo a intereses individuales homogéneos, en donde en principio el quantum indemnizatorio de lo debido en cada caso debería reclamarse por cada uno de los integrantes de la clase en un juicio posterior. Y aun cuando hipotéticamente se admitiese como posibilidad su tramitación dentro del mismo trámite principal, como ya se avanzó, el expediente que aquí ocupa al Tribunal -entre otras cosas que se dirán- no ha sido postulado bajo esa especial modalidad, ni puede ser convertido en esta instancia procesal sin riesgo de resquebrajar valores superiores del ordenamiento -tal como se verá-.
En suma, si bien la pretensión entablada, eventualmente, podría haberse calificado dentro del grupo de derechos individuales homogéneos o intereses pluriindividuales homogéneos, de los términos expuestos en la demanda y la documentación acompañada surge que la pretensión se focalizó exclusivamente en las particulares circunstancias de los accionantes, sin ánimo de arrogarse una legitimación extraordinaria que nuclee a toda la clase afectada.
Es que la adjudicación de un alcance masivo -o bien, general- de una sentencia sólo procede cuando ésta resuelva un proceso de índole colectiva válidamente incoado como tal, en donde la estructura del conflicto lo justifique o determine.
Así las cosas, pese a
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