Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60630
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3.971/20, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.630, "Garibaldi, Elvira Ángela contra Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, Natiello, Carral, Maidana,
I. La arquitecta Elvira Ángela Garibaldi, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de que se declare la nulidad de las resoluciones 1.370/99 y 2.105/99 dictadas por este Tribunal en el expediente administrativo n° 3.001-1046/1998, con fecha 19 de mayo de 1999 y 3 de agosto de 1999, respectivamente.
Por el primero de los actos mencionados se aplicó a la actora la sanción de suspensión por cinco años para integrar las listas correspondientes a las designaciones de peritos de oficio. Por la resolución 2.105/99 se rechazó el recurso de reconsideración incoado contra la anterior.
Para el caso de que las resoluciones impugnadas tengan causa jurídica en los arts. 3 y 37 del anexo I de la Acordada 2728/96 reformada por su similar 1.217/98, solicita se declare la inconstitucionalidad de dichas normas.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, pide se fije una indemnización por los daños que, según aduce, le produjo la sanción que impugna.
Seguidamente, ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se le conceda el beneficio de litigar sin gastos.
Por último, pide se disponga con carácter precautorio, la suspensión de los efectos de las resoluciones cuestionadas hasta la resolución de la presente causa.
II. A fs. 37 y 38 los señores jueces que suscribieron los actos aquí cuestionados, se excusan de intervenir en autos, por lo que se procede a integrar el Tribunal (v. fs. 44, 97, 148 y 149).
III. A fs. 52 se suspenden los efectos de las resoluciones que por esta acción se impugnan hasta tanto se dicte sentencia en autos. Seguidamente, con motivo del pedido efectuado por el Fiscal de Estado (v. fs. 66/69), el Tribunal, con fecha 19 de febrero de 2002, decide levantar la medida cautelar (v. fs. 81).
IV. Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta la Fiscalía de Estado, contesta la demanda, argumenta en favor de la legitimidad de las decisiones impugnadas y solicita el rechazo de la acción.
V. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas, glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 133/136) y el alegato presentado por la demandada (v. fs. 143), no habiendo hecho uso de ese derecho la actora (v. fs. 145) y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La actora relata que el 1 de octubre de 1996 esta Suprema Corte dictó la Acordada 2728 reglamentando un nuevo sistema de inscripción y designación de los profesionales peritos auxiliares de la lista de la Justicia.
Señala que este nuevo régimen se inició como una experiencia piloto implementada únicamente para el Departamento Judicial de La Plata. Detalla que, conforme sus disposiciones, la aplicación en el resto de los departamentos judiciales sería gradual y de conformidad con normas que se fueran dictando a tal fin.
Dice que, por información recibida del Colegio de Arquitectos, tomó conocimiento del nuevo sistema y, para cumplir con él realizó un curso de capacitación en derecho procesal en el Colegio de Ingenieros durante el primer cuatrimestre de 1998.
Agrega que por cuestiones de trámite ajenas a su voluntad y vinculadas a la acreditación del mencionado curso, recién pudo contar con el certificado para realizar la correspondiente inscripción el último día del plazo fijado al efecto.
Señala que el 30 de septiembre de 1998 se presentó en la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y realizó la inscripción en un único formulario para las especialidades a las que habilitaban sus títulos de arquitecta y calígrafa.
Explica que a raíz de que la Cámara solo tomó la inscripción como perito calígrafa, en el convencimiento de que estaba en lo correcto, se inscribió en el Departamento Judicial de Quilmes como perito arquitecta.
Manifiesta que con fecha 21 de junio de 1999 el Colegio de Arquitectos le informó que por resolución de este Tribunal 1.370/99 se le había aplicado la sanción de cinco años de suspensión por haber falseado la declaración de inscripción.
Se agravia de que la resolución 1.217 del 14 de julio de 1998 nunca fue publicada por esta Suprema Corte ni le fue notificada. Sostiene que por ello es ineficaz e inaplicable.
Postula que la redacción del art. 5 inc. "i" de la Acordada 2728/96, la conducta de la Cámara de Lomas de Zamora y los considerandos de la resolución 2.105/99 demuestran que el sistema era confuso y que sus destinatarios (peritos y empleados administrativos del Poder Judicial y jueces) no lo conocían acabadamente.
Alega que en el caso no concurre el supuesto de hecho en el que pretenden sustentarse las resoluciones 1.370/99 y 2.105/99. Niega haber incurrido en falsedad o inexactitud en su inscripción como perito. De ahí que postula que los actos impugnados presentan vicios en el elemento causa.
A su vez, se agravia de que tales decisiones no individualizan las falsedades o inexactitudes por las que se aplica la sanción en crisis. Por ello afirma que las resoluciones cuestionadas presentan vicios en el elemento motivación.
En otro orden, tilda la sanción de desproporcionada y aduce que en el caso se configura un exceso de punición.
Refiere que la misma reglamentación, en el art. 37 del anexo I, establece una sanción de exclusión de las listas por dos años cuando mediare negligencia, falta grave o mal desempeño de las funciones de perito. Por ello, postula como excesiva y despropocionada la sanción de cinco años de exclusión por una falta formal y objetiva, toda vez que, según las constancias de las actuaciones administrativas, se prescindió de la existencia de dolo y la constatación de daño alguno, además de omitirse considerar que la accionante no registraba antecedentes de otras sanciones.
Agrega que la inscripción en Lomas de Zamora como perito calígrafo y en Quilmes como perito arquitecta no le proporcionan mayores beneficios que haberse inscripto en uno sólo de dichos departamentos judiciales con los dos títulos.
Finalmente, pide que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 3 y 38 del anexo I de la Acordada 2728/96 por afectar sus derechos a trabajar y ejercer profesión lícita, de propiedad, a la igualdad y a ejercer una legítima defensa.
Manifiesta que la sanción en cuestión le ocasiona un perjuicio irreparable desde el momento que afecta su derecho a trabajar y, con ello, a obtener honorarios profesionales, que -según destaca- revisten carácter alimentario.
Añade que también se ve perjudicada en su fama y la obtención de experiencia y antecedentes a través del permanente y actual ejercicio de su profesión. Acota que el tiempo perdido en desarrollarse como profesional mediante la continuidad del ejercicio profesional no se recupera ni se sustituye con una simple indemnización.
Aduce que, al ejercer la actividad docente en la Universidad de Buenos Aires, la sanción significaría un grave antecedente para su carrera.
Afirma que la autoridad administrativa actuó fuera del marco de la legalidad aplicando normas carentes de eficacia como la resolución 1.217/98 no publicada o dictando y luego aplicando normas inconstitucionales como la Acordada 2728/96. Agrega que esta actuación que tilda de irregular genera en la demandada el deber de reparar los daños que causó.
Por último, detalla los perjuicios que dice haber sufrido y estima su cuantía.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado destaca que las resoluciones impugnadas tienen fundamento en la Acordada 2728/96 que fue dictada por esta Suprema Corte en ejercicio de la competencia atribuida por el art. 32 inc. "k" de la ley 5.827 y 852 del Código Procesal Civil y Comercial.
Agrega que la aludida reforma al "Reglamento para la confección de listas y designaciones de oficio de profesionales auxiliares de la Justicia" (Acuerdo 1888) persiguió garantizar la objetividad, equidad y transparencia del procedimiento, facilitar la verificación del cumplimiento de los requisitos de inscripción y el seguimiento y control de la actuación del perito a través de un único legajo en el que constan las causas en las que resultó desinsaculada, sanciones y licencias.
Detalla que el Acuerdo 2728 modificó, entre otros aspectos, el ámbito territorial de actuación de los auxiliares de la Justicia, pues lo circunscribió a todos los organismos jurisdiccionales con asiento en un departamento judicial, a la par que creó un sistema de centralización de las inscripciones y de control del sorteo de los peritos en las cámaras de apelaciones en lo Civil y Comercial -en las cabeceras departamentales- y en los tribunales del trabajo de más baja denominación -en las sedes de órganos jurisdiccionales descentralizados.
En orden a la conducta reprochada a la actora refiere que incumplió la reglamentación, en particular lo estipulado en el art. 3 del Anexo I de la Acordada 2728, por lo que su proceder encuadra, a su entender, en el art. 38 que impone la suspensión de las listas por cinco años. Agrega que no puede beneficiarse con el alegado desconocimiento de las normas, por cuanto el Acuerdo 1217 dispuso llamar a inscripción de profesionales auxiliares de la Justicia para el período 1999 en toda la Provincia de Buenos Aires en los términos del reglamento aprobado por el Acuerdo 2728. Agrega que en oportunidad de cumplir la inscripción suscribió las planillas correspondientes que explicitaban que el trámite se regía por el aludido acuerdo.
Apunta que esta decisión fue comunicada a los colegios profesionales implicados y a los órganos judiciales respectivos.
Explica que la arquitecta Garibaldi, durante 1998, solicitó su inscripción en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora como arquitecta y calígrafa. Detalla que la Cámara en lo Civil y Comercial de ese Departamento Judicial rechazó la inscripción como arquitecta y aceptó la de calígrafo. Precisa que tal proceder se debió a que, al ser una actividad profesional colegiada, la inscripción como arquitecta debía realizarse ante el colegio profesional.
Pone de resalto que, no obstante conocer la norma que regulaba el trámite en cuestión por estar consignada en la planilla que completó en Lomas de Zamora, la arquitecta Garibaldi concurrió al Departamento Judicial de Quilmes y se inscribió como arquitecta.
Advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del Acuerdo 2728, la actora debió haber solicitado la inscripción como perito ante el colegio profesional respectivo -arquitectos- y, en esa misma inscripción, requerir su inclusión en los listados de peritos calígrafos.
Señala que la arquitecta Garibaldi no era en ese tiempo una novel graduada, sino que contaba con más de veinte años de profesión y, según los dichos de ella, la labor como perito era su "principal fuente de ingresos y recursos para mi [su] subsistencia".
En otro orden, niega que en el caso concurra exceso de punición. Dice que la norma aplicable establecía expresamente el tipo de sanción como también el tiempo: "no podrá solicitar la inscripción hasta pasados cinco años". En base a ello descarta que exista falta de proporcionalidad.
Afirma que la sanción impugnada debe ser analizada a la luz de los principios que rigen el derecho penal, pues sostiene que la aplicada reviste esta naturaleza.
Niega también que la omisión de publicar la Acordada 2728 importe un vicio grave. Agrega que el llamado a inscripción no dejaba dudas en cuanto a sus alcances.
Postula que, sin perjuicio de que el aludido Acuerdo 2728 fue comunicado a los colegios profesionales y cámaras de apelaciones de los distintos fueros, a todo evento, la actora quedó notificada el mismo día en que presentó su planilla de inscripción en la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En consecuencia, entiende que su decisión de concurrir con posterioridad al Departamento Judicial de Quilmes fue deliberada y con total conocimiento de las limitaciones que imponía el régimen.
Rechaza el planteo constitucional formulado en la demanda. Manifiesta que las normas impugnadas no afectan derecho constitucional alguno, por constituir una reglamentación razonable de los indicados por la peticionante, en tanto no los suprime, desnaturaliza ni allana, máxime si se tiene en consideración las razones que justificaron su dictado.
Pone de resalto, además, que la norma impugnada no vulnera el derecho a trabajar y ejercer profesión, de propiedad o a la igualdad, sino que sólo limita la actuación como perito para nombramientos de oficio, sin importar ninguna restricción al ejercicio profesional fuera de ese ámbito.
Concluye, entonces, que la Administración actuó en el marco de la legalidad por lo que sostiene que no existe daño para reparar.
Por último, rechaza cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para su decisión:
III.1. Formulario n° 1 -Nombramiento de oficio- Inscripción según Acuerdo 2728 suscripto por la hoy actora a efectos de su inscripción como perito calígrafa en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora (v. fs. 12).
III.2. Formulario n° 1 -Nombramiento de oficio- Inscripción según Acuerdo 2728 suscripto por la señora Elvira Ángela Garibaldi a efectos de su inscripción como perito arquitecta en el Departamento Judicial de Quilmes (v. fs. 13).
III.3. A fs. 14 obra certificado que acredita que la demandante se encuentra inscripta como calígrafa pública desde el 26 de febrero de 1996, en el Folio 99 Tomo III de la matrícula que lleva este Tribunal.
III.4. Certificado expedido por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 5 de agosto de 1998, según el art. 5 inc. "i" del anexo I del Acuerdo 2728/96, en el que se dejó constancia de que la arquitecta Elvira Ángela Garibaldi "ha rendido y aprobado la prueba de evaluación final de Práctica Procesal, obteniendo Ocho (8) puntos de calificación" (v. fs. 15)
III.5. Resolución 1.370 dictada por este Tribunal el 19 de mayo de 1999 a través de la cual se oficializaron las listas de profesionales para las designaciones de oficio de peritos y se aplicó la sanción prevista en el art. 38 del Acuerdo 2728 -Anexo I- a la actora de autos, entre otros (v. fs. 16/17).
III.6. Resolución 2.105, dictada por esta Suprema Corte el 3 de agosto de 1999, por la que se decidió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la arquitecta Garibaldi contra la resolución 1.370/99; y su notificación (v. fs. 19/21).
III.7. Expediente administrativo n° 3.001-1046/1998 agregado sin acumular.
III.7.a. Acuerdo 1217/98 (v. fs. 1/2).
III.7.b. Acuerdo 2728/96 (v. fs. 3/31).
IV. De las postulaciones de las partes antes reseñadas y de las constancias obrantes en autos, se desprende que la cuestión a resolver se centra en determinar si la sanción impuesta a la actora se ajusta a derecho.
Adelanto desde ahora que la pretensión anulatoria deducida no es procedente.
IV.1. A través de la resolución 1.370/99 dictada por este Tribunal el 19 de mayo de 1999 se decidió aplicar a la arquitecta Garibaldi la sanción de exclusión de las listas de nombramiento de oficio de peritos por el plazo de cinco años, de conformidad con lo previsto en el art. 38 del Anexo I del Acuerdo 2728. Ello, en razón de haberse acreditado que la mencionada profesional formalizó su inscripción como perito en más de un Departamento Judicial, en contraposición con lo establecido en el art. 3 del Anexo I del Acuerdo 2728.
IV.2. El Acuerdo 2728 de fecha 1 de octubre de 1996 aprobó el "Reglamento para la confección de listas y designaciones de oficio de profesionales auxiliares de la Justicia y Nómina de especialidades y títulos" que fue implementado como experiencia piloto en el Departamento Judicial de La Plata, estableciéndose que su aplicación en el resto de la Provincia se realizaría en forma gradual, conforme lo dispusiera el Tribunal.
Así, a través del Acuerdo 1217, dictado por esta Suprema Corte el 14 de julio de 1998, se resolvió "...llamar a inscripción de profesionales auxiliares de la Justicia para el período 1999 en toda la Provincia de Buenos Aires, en los términos del reglamento aprobado por Acuerdo 2728; el que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre del corriente año...".
Se detalló además que salvo en el Departamento Judicial de La Plata, en todos los demás departamentos judiciales, "...la inscripción y formación de listas de profesionales auxiliares de la Justicia se debía realizar conforme las disposiciones de los capítulos II y III y artículos 38 y 34 del nuevo Régimen del Acuerdo 2728 y sus modificatorias por Acuerdos 2774, 2794 y 2803".
IV.3. El aludido Acuerdo 2728, en su capítulo II -Inscripción de peritos- establecía que cada profesional podría inscribirse en un único Departamento Judicial para actuar ante todos los órganos jurisdiccionales correspondientes a los fueros civil y comercial, de familia, laboral y rural con asiento dentro de los límites territoriales de dicho departamento (art. 3).
En el art. 4 se detallaba que la inscripción debía realizarse ante los colegios y consejos profesionales respectivos que suscribieran convenio con esta Suprema Corte y, si no hubiere órganos de colegiación o asociación reconocidos legalmente en el ámbito provincial, o el existente no suscribiere convenio, la inscripción debía efectuarse en los organismos de contralor que dispusiera el Tribunal.
Es dable destacar que todos los datos consignados en la solicitud de inscripción revestían el carácter de declaración jurada (art. 5).
La reglamentación contemplaba el supuesto de que el título se hallare comprendido en más de una especialidad o que se poseyere más de un título habilitante para actuar en más de una especialidad, supuestos en los cuales el interesado podría solicitar la inscripción en todas o algunas de ellas, a cuyo efecto debería consignar en una única planilla de solicitud todas las opciones para las que pretendía actuar (art. 5 inc. "j", tercer párr.).
IV.4. La actora reconoce expresamente que cumplió la inscripción como perito en los aludidos listados en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y de Quilmes. En el primero, como calígrafa, y en el segundo, presentó su título de arquitecta.
Para más, ello surge acreditado con los formularios de inscripción agregados a fs. 12 y 13.
De ahí que resulte un hecho no controvertido la conducta por la que se le aplicó la sanción de exclusión de la lista por el plazo de cinco años.
El art. 3 del Acuerdo 2728 al establecer la inscripción en "un único Departamento Judicial" veda la posibilidad de hacerlo en otros, sin contemplar ningún recaudo o contingencia adicional. El incumplimiento de esa obligación constituye por sí una actuación reprochable.
Esta conducta resulta comprendida en el presupuesto de hecho previsto en el art. 38 del Acuerdo 2728 en cuanto expresa: "El perito que incurriere en falsedad o inexactitud respecto de los requisitos exigidos para su inscripción en las listas de nombramiento de oficio [...] será eliminado de las listas por la Suprema Corte de Justicia y no podrá solicitar nueva inscripción hasta pasados 5 años".
Con relación al alcance de esta norma este Tribunal ha entendido que el mencionado art. 38 no refiere exclusivamente a los requisitos previstos en el art. 5 del anexo I del Acuerdo 2728 que det
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