Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 56442
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 56.442, "Gumy, María Aurora y otros c/ Municipalidad de Colón. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Kogan , Torres , Genoud .
I. Los señores María Aurora Gumy, Olga Inés Almirón, Mario Ponce y Juan Antonio Gutiérrez -quienes fueron declarados prescindibles como agentes de la Municipalidad de Colón mediante el decreto 6.620/92- promueven demanda contencioso administrativa contra dicha comuna. Solicitan la anulación de las resoluciones del 12 de febrero de 1995 mediante las cuales se rechazó su reincorporación al empleo.
Peticionan en consecuencia, se ordene su reingreso en los cargos que revistaban y el pago de los salarios caídos. Con costas.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Colón quien contesta la demanda solicitando su rechazo.
III. Debido al fallecimiento del coactor Mario Ponce (v. fs. 85) se cita a sus sucesores y, ante su incomparecencia, se los declara en rebeldía (v. fs. 122).
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a los autos, los cuadernos de prueba de ambas partes y el alegato de la actora, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Relatan los actores que en su oportunidad revistaban como empleados públicos de la comuna de Colón con los cargos, jerarquías y funciones acerca de los cuales ilustra su legajo personal.
Explican que con motivo de la sanción de la ley 11.184, cuyo capítulo segundo autorizaba un mecanismo de prescindibilidad del personal del Estado, la comuna aquí emplazada adhirió al sistema legal mediante la sanción de la Ordenanza 1.341 del año 1992.
Señalan que mediante un decreto "ómnibus" y en bloque el Ejecutivo comunal declaró la prescindibilidad de más de 35 agentes del organismo entre los que estaban comprendidos.
Manifiestan que, si bien desde el inicio sospecharon que las facultades de la ley 11.184 solo habían sido ejercidas en el caso a los fines de encubrir y apantallar, tras razones de funcionalidad y racionalización, verdaderas cesantías por cuestiones políticas y personales, en su momento no juzgaron apropiado cuestionar la medida a la luz de que, al menos formalmente, ella se amparaba en las discrecionales facultades que la ley provincial confería al ejecutivo.
Indican que luego de un tiempo pudieron imponerse de que los cargos que ocuparan, lejos de haber sido suprimidos o bien racionalizados -única finalidad que autoriza la ley como razón justificante de la prescindibilidad-, por el contrario, habían sido cubiertos por otras personas, sustituyendo así un personal por otro.
Advierten que se había utilizado falsa u oblicuamente el mecanismo previsto por la ley provincial 11.184 para deshacerse de personal cuestionado o incómodo por razones partidarias o bien políticas, eludiendo el inevitable trámite del sumario administrativo.
Señalan que, una vez verificado este dato, en el convencimiento de que el acto de prescindibilidad había caído por ineficacia posterior, reclamaron su reincorporación.
Expresan que la Municipalidad demandada se amparó para su respuesta negativa en la formalidad de que había quedado firme aquel decreto de prescindibilidad en bloque 6.620, de junio de 1992 y que tal consentimiento volvía inoperante su pedido.
Sostienen que la respuesta del municipio plasmada en las cartas documento del día 12 de febrero es errónea.
Explican que no cuestionan la validez formal en su origen del decreto 6.620/92, en el que, al sancionarse, se invocaron razones de racionalización y reestructuración funcional que empalmaban con las facultades normativas de la ley 11.184.
Indican que no se trata de atacar la validez en el origen y concepción del acto sino de su ineficacia posterior por incumplimiento de los fines a la luz de los cuales estaba autorizado el raleamiento de los empleados.
Consideran que se trata de una arraigada teoría jurídica (ineficacia de los actos jurídicos por frustración de su finalidad) que ha de regir en el ámbito propio de las relaciones del derecho administrativo.
Expresan que los cargos ocupados por los demandantes fueron materia de reemplazo de unas personas por otras, con lo cual la causa y la finalidad que sostenía el decreto 6.620 se desbarrancaron penosamente.
Estiman que ello motiva la ineficacia posterior del acto y la necesidad de acceder al reintegro de los agentes.
Aclaran que al no alzarse contra la validez originaria del decreto sino contra su ineficacia ulterior, el argumento del consentimiento no sería aplicable.
Entienden que la causa y la finalidad que se invocaron al momento de la sanción y que entonces dotaron de validez formal al decreto, cayeron luego al vacío justificando su pedido de ineficacia.
Solicitan en consecuencia que se dejen sin efecto los actos de que dan cuenta las cartas documento del 12 de febrero de 1995 y se haga lugar a su reincorporación con más la condena al pago de los salarios caídos desde el cese.
II. En su responde, la demandada sostiene la legitimidad del obrar municipal.
Reconoce que los actores fueron empleados de la Municipalidad de Colón.
Recuerda que la situación económica y financiera que atravesaba la comuna hacia el año 1992 no era ajena a la situación general de las distintas esferas gubernativas que conforman el Estado, crisis que trajo aparejado un sinnúmero de daños a la sociedad en general.
Explica que el municipio no se encontraba ajeno a esta situación, la cual se vio agravada aún más en virtud de que estaba sobredimensionado en su estructura de personal, sin justificación para la existencia de tantos empleados por área.
Describe la crisis económica del país en esos momentos.
Subraya que, en consecuencia, es innegable la legalidad en el accionar de la demandada, basada en el marco de excepcionalidad que implica una ley de las características de la de Reconversión Administrativa del Estado provincial y Municipalidades a la cual su municipio adhirió en todos sus términos mediante la ordenanza 1.341/92.
Agrega que mediante el decreto 6.620/92 se declaró la prescindibilidad de los accionantes.
Justifica tal accionar en pos de reestructurar el municipio para un funcionamiento más eficiente y con los agentes indispensables para cumplir ese fin, acotando el gasto y priorizando los derechos sociales por sobre los individuales.
Destaca que más allá de la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos, en el caso particular, los propios actores reconocen expresamente que el decreto 6.620/92 fue, al momento de su dictado y durante los casi tres años que le siguieron hasta la interposición del reclamo, un acto administrativo absolutamente legítimo y acorde a derecho.
Describe las características económicas y jurídicas que justificaron el dictado del decreto cuestionado.
Sostiene que los demandantes convalidaron el proceso de reorganización llevado adelante por el municipio y percibieron las sumas indemnizatorias a las cuales tenían derecho.
Expresa que los actores formularon genéricas reservas al suscribir los recibos por la percepción de las indemnizaciones, mas éstas perdieron cualquier tipo de virtualidad al no hacerse efectivas sino dos años y medio después, esto es, cuando el decreto atacado y los procedimientos administrativos de reorganización se hallaban completamente consentidos por los particulares.
Cita la doctrina de los actos propios.
Manifiesta que, si bien la cuestión ha sido planteada como una denuncia de incumplimiento posterior de la finalidad del acto administrativo, en los hechos ello no es más que una forma de intentar sortear los efectos negativos de una tardía reflexión, de un arrepentimiento de quienes en su momento decidieron no cuestionar el obrar comunal.
Señala que los actores fundan su reclamo en que los cargos que ellos ocupaban no fueron suprimidos o reacomodados, sino que fueron cubiertos por otras personas afines a la ideología política del entonces Intendente. Tal afirmación, dice, es carente de sustento probatorio y contraria a la realidad.
Destaca que únicamente podría debatirse, dentro del planteo jurídico formulado, si es que ha existido un procedimiento administrativo posterior al dictado del decreto y al cese de los actores que permitiera demostrar que la autoridad administrativa ha incurrido en "desvío de poder".
Recuerda que la ley 11.184 reconoció la existencia fáctica y declaró jurídicamente la emergencia de la Administración pública.
Manifiesta que ha sido a los efectos de conjurar esa situación excepcional que se habilitó a los municipios a realizar procesos de reorganización administrativa.
Expresa que, dado que no se controvierte ni el estado de emergencia, ni la necesidad de llevar a cabo la reorganización administrativa ni la validez del decreto 6.620/92, sino tan solo el procedimiento o los mecanismos mediante los cuales se llevó adelante la reorganización, resulta necesario analizar hasta dónde puede llegar en este aspecto el control del órgano jurisdiccional.
Concluye en que las cuestiones políticas son las que revisten carácter discrecional en orden a su contenido, oportunidad y conveniencia, y no son susceptibles de ser examinadas por los jueces sin alterar el equilibrio o independencia de los poderes consagrados en la ley fundamental.
Sostiene que, de esta forma, el planteo de los actores, al disconformarse con la reorganización realizada por el municipio, a la cual tildan de ilegítima, importa querer imponer su voluntad por sobre la de los poderes públicos.
Señala que, respecto del carácter no justiciable del cual gozan -salvo casos de clara arbitrariedad- los actos del Estado municipal mediante los cuales se llevó a cabo la reorganización y racionalización administrativa, resta analizar si es que en los hechos existe, tal como genéricamente lo afirman los actores una "ineficacia posterior por incumplimiento de los fines a la luz de los cuales estaba autorizado el relevamiento de los empleados".
Expresa que, si bien al producir la prueba se acreditará que no ha existido desvío de poder o cualquier otro defecto que pudiera invalidar el decreto 6.620/92 a posteriori de su dictado, es también necesario recordar que un vicio de tales características debería ser probado por los actores en cuanto no corresponde al municipio acreditar la legalidad de sus actos.
Destaca que los interesados ni siquiera revelan los nombres de aquellas personas que los "reemplazaron" por ser supuestamente afines al ejecutivo local. Y tampoco explican por qué, a pesar de denunciar una supuesta persecución política, esta habría tenido lugar no obstante que el signo político del ejecutivo que dispuso la reorganización era el mismo que estaba al frente del municipio desde 1983.
Rechaza el reclamo de salarios caídos formulado por los actores.
III. De las constancias agregadas a la causa judicial y las administrativas correspondientes resultan útiles las siguientes:
III.1. Legajos de los actores donde obra copia del decreto 6.620 del 23 de junio de 1992 mediante el cual el Intendente del Partido de Colón declara prescindibles a cuarenta (40) agentes -entre los que se encuentran los demandantes- de acuerdo a las facultades conferidas por el Título II, Capítulo I, art. 12 de la ley 11.184 (ver legajos agregados sin acumular).
III.2. Fotocopias de recibos de los actores en concepto de indemnización por Reconversión Administrativa Ordenanza 1.341/92 firmados en disconformidad (v. fs. 58/61).
III.3. Mediante presentaciones efectuadas el 13 de febrero de 1995, los demandantes solicitaron su reincorporación al municipio atento no haberse suprimido los cargos que ellos ocuparan antes del decreto 6.620/92 (v. fs. 1, 2, 4 y 6).
III.4. La Municipalidad de Colón rechazó los pedidos por considerarlos improcedentes y extemporáneos (v. fs. 3, 5, 7 y 8).
III.5. Oficio mediante el cual el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Colón informó que conforme los registros municipales, no existe designación de personal para cubrir los cargos de los ex agentes demandantes, fechado el 9 de septiembre de 2009 (v. fs. 133).
III.6. Actas de las audiencias de los testigos Alicia Josefa Pereyra y Alfredo Abel Ríos de febrero de 2010 (v. fs. 153/154).
III.7. Actas de audiencia de absolución de posiciones de los actores Gumy, Gutiérrez y Almirón (v. fs. 191, 192 y 201).
IV.1. Corresponde examinar en primer lugar los planteos efectuados por la demandada relativos a la supuesta convalidación por parte de los actores del accionar municipal.
En este sentido afirma que aquellos aceptaron el proceso de reorganización y percibieron las sumas indemnizatorias a las cuales tenían derecho. Pese a ello, reconoce que los actores formularon genéricas reservas al suscribir los respectivos recibos, pero negándole valor a las oposiciones debido a que recién se hicieron efectivas dos años y medio después del dictado de acto cuestionado.
Al respecto, conviene señalar que resultan de aplicación al presente proceso las normas de la ley 12.008, con las reformas incorporadas por la ley 13.101, siempre que sus reglas resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial y con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (art. 78 incs. 2 y 3, ley 12.008 -modif. por ley 13.101-; causa B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004, citada expresamente al momento de correrse traslado de la demanda).
De modo tal que la cuestión habrá de analizarse en función de lo previsto por el Código Contencioso Administrativo -ley 12.008 y modificatorias- (conf. doctr. causa B. 62.469, "Sehara", sent. de 31-X-2016; entre otras).
En ese marco, el primer argumento defensivo expuesto por la demandada se vincula con la firmeza de la declaración de prescindibilidad de los actores dispuesta a través del decreto 6.220/92, en una circunstancia que impediría acoger la pretensión de reingreso, pues -se sostiene- el proceso de reorganización llevado adelante por la comuna habría sido convalidado por los demandantes.
Y es que, en palabras de la comuna "si bien la cuestión ha sido planteada como una denuncia de incumplimiento posterior de la finalidad del acto administrativo, en los hechos ello no es más que una forma de intentar sortear los efectos negativos de una tardía reflexión, de un arrepentimiento de los actores, quienes en su momento decidieron no cuestionar el obrar comunal" (fs. 68).
IV.2. Se aprecia entonces que la demandada estima que existe un obstáculo formal para acceder a la pretensión, apoyándose a tal fin -aunque sin citarla- en la tradicional doctrina según la cual no es posible impugnar judicialmente aquellas decisiones administrativas que sean meras reproducción o consecuencia de otras anteriores que no fueron controvertidas en tiempo útil (doctr. causas B. 48.616, "Tambone", sent. de 18-XII-1984, "Acuerdos y Sentencias" 1984-II, 633; B. 54.587, "Silva", sent. de 24-X-1995, "Acuerdos y Sentencias" 1995-IV, 94; B. 60.163, "Máxima S.A. A.F.J.P.", sent. de 10-IX-2003; e.o.).
Dicha tesis, por lo demás, y como ha explicado esta Corte, si bien fue edificada en torno a las previsiones del art. 29 inc. 3 del derogado Código Varela, es trasladable a la nueva normativa procesal aplicable en la materia (conf. arts. 35 inc. 1, apdo. "i" y 36 inc. 2, apdo. "d", ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. causa A. 71.513, "Corti", sent. de 24-VIII-2016 y sus citas).
Ahora bien, el art. 31, inc. 2 del Código Contencioso Administrativo prevé que luego de declarada la admisibilidad de la pretensión por parte del juez contencioso, no podrá evaluarse nuevamente el cumplimiento de los presupuestos procesales de la demanda "salvo que se oponga alguna de las excepciones previstas en el artículo 35 del presente Código", en un precepto que ha sido dictado a influjo de precedentes de la Corte Suprema nacional que reputaron arbitrarias -por infringir el postulado de preclusión procesal- sentencias que, a pesar de que no hubo petición de la demandada, habían declarado la improcedencia formal de demandas contencioso administrativas luego de sustanciado todo el proceso (Fallos: 295:784; 297:531; 298:116; 311:569 y 1174; 313:327 y 316:239; entre otros).
IV.3. Ello así, y dado que la comuna no interpuso excepciones previas, no es posible otorgarle tratamiento al argumento vinculado con la firmeza de las decisiones de agravio, en tanto en el esquema procesal del Código Contencioso Administrativo dicho cuestionamiento debió ser inexorablemente efectuado a través de ese carril procesal, siendo extemporáneo su planteo con el escrito de contestación de demanda (conf. arts. 31 inc. 2; 34 inc. 1 y 35 inc. 2, CCA; conf. Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil , 2ª. Ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, T. VI, pág. 107).
V. Despejada ya esta materia formal, corresponde resolver sobre el fondo de la cuestión sometida a tratamiento, la cual resulta sustancialmente análoga a la planteada en la causa B. 54.695, "Vigani" (sent. de 4-X-2006) y su acumulada B. 54.696, cuyos fundamentos guiarán -en lo pertinente- el desarrollo de mi voto.
En este sentido, adelanto mi posición adversa al progreso de la acción.
En efecto, de la reseña efectuada surge que la cuestión litigiosa se circunscribe a determinar si la prescindibilidad dispuesta por el decreto 6.620/1992 con fundamento en la ley 11.184 -norma a la que adhirió expresamente el municipio de Colón mediante la ordenanza 1.341/92 antes mencionada- lo ha sido conforme a derecho.
V.1. La Legislatura provincial, en uso de sus atribuciones propias, sancionó la ya citada ley 11.184 (B.O., 31-XII-1991) que prorrogó el plazo de la emergencia administrativa, financiera y económica de la Administración provincial, y dispuso una serie de medidas tendientes a paliar tal situación. Todo ello en el contexto de una profundización de la política de racionalización del gasto público y de la adecuación de las medidas instrumentadas a efectos de optimizar las prestaciones estatales dentro de una rigurosa austeridad (conf. art. 1, dec. 369/91 que fuera expresamente convalidado por la ley 11.184, art. 45).
El legislador definió la materia a regular, la sistematizó y especificó. A su vez, dentro del marco de sus potestades, precisó que el régimen de la ley alcanzaba a la totalidad de los organismos provinciales y también "... para los Municipios en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus facultades; en ambos casos siempre y cuando medie la adhesión prevista en el art. 42" (art. 1 inc. "b", ley 11.184).
Por su parte, la ley 11.369 (B.O., 12-I-1993) prorrogó por el término de un año a partir de su vencimiento el plazo de vigencia del estado de emergencia dispuesto por el art. 1 de la ley 11.184 y la operatividad de las normas dictadas en su consecuencia (art. 1). Vigencia que fuera nuevamente prorrogada por ley 11.489 (B.O., 14-I-1994).
No puede, entonces, desconocerse la facultad que la ley 11.184 ha otorgado a los municipios para adherir a lo dispuesto por las normas legales de reconversión administrativa y dictar, en consecuencia, las resoluciones que tiendan a su aplicación concreta adaptando los regímenes existentes en cada caso. Desde que es aquella la propia fuente que determina las pautas a seguir en su aplicación y que tales normas de aplicación no son más que un instrumento cuya implementación el legislador confió a cada Poder del Estado y a los titulares de cada organismo, en el caso la Municipalidad de Colón, dentro del marco de sus competencias (conf. causa B. 56.994, "Bontempo", sent. de 1-X-2003).
Teniendo en cuenta
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.