Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65033
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.033, "Ovelar, Silvia Noemí y otros contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Soria.
I. Silvia Noemí Ovelar, Alfredo A. Albamonte, Ester Gladys Espíndola, Silvia G. Castro, María Ramona Lezcano, Rosa Francisca Lozcesky, María Dominga Fallacara, Viviana Elizabet Casanova, Mónica Silvina Larenas, María Susana Scialabba, Ester del Rosario Barraza, Julio Vera, María Villoldo, Elva Perez, Delia García, Gladys Noemí Tixeira, José Alberto Perazzi, Verónica Silvia Alvares, Marisa A. Celiz, Estela María Dettler, Stella Maris Versaggi, Adriana Moreyra, Elva Beatriz Ortiz, Azucena Silvia Citarino, Leticia L. de la Serna, María Rocío García Colobet, Ana Vicenta Paiva, Elsa Ana Golz, Rubén Rodolfo Ingenieri, Celina Colman, Mabel Mirta Benini, Zulema Oñate, Stella Maris Lucero, Mirta Beatriz Muñoz, Sandra Elizabet Ricci, Ema del Rosario Perez, Clara Beatriz Placañez, Francisca Gomez, Norma Alejandra Gaona, Ana María Nalivasko, Azucena E.
Lumerman, Nélida Isabel Domínguez, Eleonora Beatriz Alvarez, Alicia Silvina Castelli, Marcela Ovando, Rosa Altamirano, Alberto Fernández, Alicia Sotomayor, Ana María Luteral, María Luisa Ramis, María Inés Leyes, Juana Rosa Rivarola, Librada Palacio, Carmen L. Sanchez, María Cristina Manfrin, Encarnación Rosa Gomez, María Albina Zarza, Mirta Tula, Luis Alberto Pereyra, Mirta Mabel Lodi, Ana Zanabria, Cristina Isabel Alva, Mabel E. García, Alicia Wajtyszyn, Ester Vega, Ada Gladys Guillen, Josefina Vila, Julio Luis Davyt, Graciela Campos, Nélida E. Picón, Elba T. Muñoz, Jorge Raúl Llanes, Dora María Romero, Catalina Soledad Reynoso, Alma Mónica Valdi, Ramona Rodas, Silvia Marcela Celiz, José María Miano, Angélica Albornoz, Mirta Ester Klapper, María A.
Migliore, Vicenta Anastacia Romero, Elsa Noemí Caffa, María del Carmen Nieva, María Edith Benítez, Selva Guillen, Margarita C. Haro, Olga Beatriz Jorge, Aída Ester Memmel, Benedicta Tito, María Betancourt, Mónica Alejandra Bardelli, Adelma Cisneros, Angélica Visco, Stella Maris Moreira, Marta Higuero, Silvia Beatriz Tejero, Alicia Stagato, Catalina Carmen Suarez, Verónica Gimenez, Lucía Elena Noroña, Ana Beatriz Sacco, María Cristina Lerchian, María del Valle Gimenez, Gladys Cejas, Lucía Calozo, Olga A. de Maurici y María Cristina Cuesta, todos por derecho propio, con patrocinio letrado, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)-, impugnando las resoluciones 2.559/99 y 5.279/00 dictadas por el titular del mencionado organismo el 21 de junio de 1995 y el 24 de octubre de 2000, respectivamente.
Por consecuencia de la nulidad pretendida piden que se condene a la demandada a pagar las diferencias adeudadas por equiparación de los montos abonados en concepto de asignaciones familiares por cónyuge e hijo con los establecidos en el orden nacional mediante resolución 992/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (leyes 18.017 y 24.714, art. 18), desde el 1 de agosto de 1992 hasta el efectivo pago, con más las costas, costos del proceso y actualización monetaria.
Ofrecen prueba y formulan reserva de caso federal (v. fs. 13/20).
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado. Contesta la demanda y solicita su rechazo con fundamento en la legitimidad del accionar de la autoridad demandada (v. fs. 52/56).
III. Agregadas las actuaciones administrativas (v. fs. 47), glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 419) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 422 -actora- y 423/424 -demandada-), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Los actores, en su carácter de empleados de la DGCyE, se agravian de los montos abonados por la demandada en concepto de asignación por cónyuge y por hijo desde el 1 de agosto de 1992. Señalan que en esa fecha el Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación dictó la resolución 992/92 que fijó la asignación por cónyuge en quince pesos ($15) y la asignación por hijo en veinte pesos ($20).
Expresan que, conforme la remisión que en aquel momento hacía el art. 26 de la ley 10.430 al ordenamiento nacional, la demandada debería haber actualizado las sumas abonadas en tales conceptos conforme lo dispuesto por el organismo competente. Apuntan que no procedió de ese modo, sino que continuó pagando esos beneficios de conformidad con los montos anteriores.
Afirman que conforme lo establecido por toda la normativa referente a las asignaciones familiares, la demandada mantuvo durante veinte años una conducta sujeta al ordenamiento jurídico nacional -ley 18.017-, de actualización automática, por lo que su alteración -según su criterio- intempestiva y unilateral, en agosto de 1992, debe considerarse como contradicción con su propia conducta. En este sentido, plantean la violación de la doctrina de los actos propios.
Explican que el art. 26 de la ley 10.430, al momento de los hechos, hacía una categórica remisión al orden nacional, por lo que postulan que no corresponde apartarse de su texto por ser claro y preciso.
Agregan que recién en diciembre de 1995 la ley 11.758 reformó el régimen de empleo público provincial, y en tal marco el sistema de remisión. Refieren que a partir de esta modificación legal los montos deben ser determinados por la autoridad provincial. Sin embargo, ante la omisión de la Provincia de establecer las sumas correspondientes a las asignaciones, entienden que corresponde continuar aplicando los valores establecidos en el orden nacional hasta tanto el Estado provincial apruebe los propios.
En razón de que al momento de instar la acción este Tribunal ya se había pronunciado en las causas B. 57.439, "Herlein" y B. 57.250, "Acuña", sentencias de 28-VIII-1992, solicitan que en la presente se condene a la demandada de igual manera que en las causas citadas (v. fs. 16 vta.).
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado aduce que el art. 26 de la ley 10.430, vigente al tiempo en que se produjo la disminución denunciada por los demandantes, no remite a la legislación nacional para la determinación de los importes a abonar en concepto de asignaciones familiares, sino que solo establece el derecho de los agentes provinciales al cobro de los subsidios por cargas de familia.
Estima que la reforma a la ley 10.430, instrumentada por su similar 11.758, ratifica el criterio interpretativo que sustenta, toda vez que al referirse a los subsidios por cargas de familia dispuso que sus importes y modalidades se determinarán en la jurisdicción provincial.
A su juicio debe tenerse en cuenta que la cuestión en debate es materia vinculada al régimen de remuneraciones del personal de la Administración Pública provincial, cuya fijación importa el ejercicio de poderes propios y exclusivos de la Provincia.
Niega que se hayan violado derechos adquiridos en tanto el contenido patrimonial de la relación de empleo público se encuentra sujeto a las normas administrativas y puede ser modificado para el futuro por la autoridad competente, en uso de facultades privativas y discrecionales.
Rechaza lo expresado por la parte actora en orden a que se haya violado la "doctrina de los propios actos" pues en la especie no ha existido el endilgado cambio de conducta; lo que aconteció fue que la Administración ha ejercido atribuciones que le son propias, entre las que se encuentran la de fijar el importe del sueldo de los agentes públicos y disminuirlo, si fuera menester, con sujeción a las normas que rigen la materia.
Refuta que se haya violado la garantía de igualdad. Afirma que la totalidad de los agentes públicos provinciales gozan de iguales beneficios.
Con carácter subsidiario, para el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda, señala que solo correspondería el reconocimiento de las diferencias reclamadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 11.758 (B. O. P., 1-II-1996).
III. De la prueba producida en autos, resultan acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión de la cuestión sometida a juzgamiento:
III.1. Expediente administrativo n° 5.800-2751020/1994 agregado -sin acumular- a estos autos.
III.1.a. Los actores, agentes de la DGCyE -a través de la respectiva Seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado- solicitaron la equiparación de los montos de las asignaciones familiares que perciben con los que rigen en el ámbito nacional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación 992/92 (v. fs. 1/226, expte. adm. cit.)
III.1.b. Por resolución 2.559/95 dictada por la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires el 21 de junio de 1995, conforme lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno, se denegó el referido reclamo (v. fs. 236/237).
III.1.c. Con fecha 25 de marzo de 1996 se presentó recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la mencionada resolución 2.559/95 (v. fs. 246, expte. adm. cit.).
III.1.d. Mediante resolución DGCyE 5.279/00, de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno y lo expresado en la vista del Fiscal de Estado, se rechazó el recurso de revocatoria incoado contra la resolución 2.559/95 y se declaró agotada la vía administrativa (v. fs. 276, expte. adm. cit.).
III.2. Informe elaborado por la demandada en el que se consignan las sumas liquidadas en concepto de asignaciones familiares, que fueran percibidas por los actores mensualmente (valor provincia) y los valores correspondientes a la jurisdicción nacional, desde el 1 de agosto de 1992 al 30 de junio de 2004 inclusive (v. fs. 167/321).
III.3. Informe pericial en el que se calcularon las diferencias en concepto de asignaciones familiares por cónyuge y por hijo de cada uno de los actores, conforme a la equiparación reclamada en concordancia con la legislación nacional, desde el 1 de agosto de 1992 y hasta la fecha de presentación de la experticia (v. fs. 343/409).
IV. En casos sustancialmente análogos he tenido oportunidad de pronunciarme en sentido favorable a la pretensión de los actores (ver mi voto en las causas B. 57.250, "Acuña y otros" y B. 57.439, "Herlein y otros", sentencias de 28-VIII-2002 y B. 59.043, "Corbalán y otros", sentencia de 17-IX-2008 -que a la fecha se encuentran firmes-), por lo que me permito reproducir los fundamentos allí presentados.
IV.1. En primer lugar, destaco que tanto por la finalidad de su institución como por la forma en que ha sido legislada la cuestión, los beneficios a abonar a los trabajadores dependientes en virtud de las cargas de familia -asignaciones familiares- no tienen el carácter de remuneración. Es decir, no se abonan en contraprestación del trabajo realizado, sino que constituyen un concepto comprendido dentro del derecho de la Seguridad Social destinado a proteger a la familia y a proveer al desarrollo humano, compensando el desequilibrio económico de las familias más numerosas (Vázquez Vialard, Antonio; Tratado de Derecho del Trabajo , Tomo 4, pág. 793; Deveali, Mario L.; Tratado de Derecho del Trabajo , Tomo II, pág. 558; Ruprecht, Alfredo J.; Asignaciones Familiares ).
Como tal integra, indudablemente, el grupo de instituciones cuya regulación, en principio, debe ser asumida por el Congreso nacional por delegación hecha por las Provincias, de conformidad con lo normado en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional (art. 67 inc. 11 en la numeración de la Constitución de 1853). Y digo en principio, pues tengo presente que la cuestión que se ventila en el caso refiere a la compensación que por cargas de familia debe abonarse a los empleados públicos provinciales.
En materia de reparto de competencias entre la Nación y las Provincias, el Superior Tribunal de Justicia de la Nación precisó "...debe recordarse que, de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75)...". Por lo tanto, es lógico concluir, como lo ha hecho esta Corte desde sus orígenes mismos y de modo reiterado, que "los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o que en el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas" ("Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Luján", LL, Tomo 1997-E, pág. 113).
En el recordado caso "León" (causa I. 1.197, sent. de 28-II-1989, "Acuerdos y Sentencias", 1.989-I-373), el entonces Juez de esta Suprema Corte, doctor Mercader, citando la doctrina de la Corte de Justicia nacional, afirmaba: "A la luz de los arts. 14 bis, 67 inc. 11 y 16, 104, 105 y 106 de la Constitución nacional (14 bis, 75 inc. 12 y 18, 121, 122 y 126 en el texto constitucional de 1994) corresponde afirmar que la necesidad de alcanzar los beneficios de la seguridad social importa el reconocimiento de facultades concurrentes de la Nación y de las provincias, sin admitirse que el art. 67 inc. 11 de la Ley Suprema, correlacionado con el texto de su art. 108, signifique una delegación exclusiva y excluyente en favor del gobierno central para dictar el código de la seguridad social, teniendo en cuenta que la armonización de las cláusulas constitucionales exige, por la igual imperatividad de sus preceptos, tener presente lo estatuido por el nuevo art. 14". El vocablo "Estado" que se utiliza en dicha norma, comprende tanto al Estado nacional como al de las provincias, según se desprende de su texto cuanto dice: "En especial la ley establecerá: el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrados por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna (Fallos 304:1186, pub. En La Ley, 1982-D, pág. 506). Se trata entonces de facultades concurrentes".
El último párrafo incorporado al viejo art. 107 (art. 125 en la Constitución de 1994), despeja toda duda al respecto: "...Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura".
Está claro, pues, que la determinación de los beneficios de la seguridad social es una facultad concurrente.
IV.2. En vigencia de la ley 18.017, sancionada en el año 1964, el Congreso nacional estableció que las provincias debían adecuar su legislación a lo establecido por el Gobierno nacional.
La legislación provincial en la materia, así como su ejecución por el Poder Ejecutivo provincial, desde el año 1972 determinó el pago de las asignaciones familiares en beneficio de sus agentes de conformidad a los conceptos, modalidades y montos que el Gobierno nacional dispuso dentro de su ámbito.
Por último, la ley 10.430 -que rigió el período en que, en opinión de los actores, se produce el apartamiento de las normas que regulaban la actuación de la Administración- dispuso, en su art. 26, que los agentes comprendidos en su régimen gozarían de los subsidios por cargas de familia o por cualquier otro concepto y sus derecho habientes por gastos de sepelio, de conformidad con los que la legislación nacional en materia laboral establezca con carácter general, como mínimo, sin perjuicio de los vigentes o que se determinen en jurisdicción provincial.
El sentido y alcance de esta norma no deja lugar a dudas. Durante su vigencia el monto de las asignaciones familiares no podía ser inferior a lo establecido en la legislación nacional.
La norma citada dispone que lo abonado a los agentes provinciales debe adecuarse, como mínimo, a lo que la legislación nacional establezca, debiendo interpretarse ello no solo en relación a las contingencias a cubrir (hijo, esposa, nacimiento, adopción, etc.) sino también y especialmente al importe a abonar por cada uno de los beneficios contemplados. No solo porque la disposición comentada no distinguió entre uno y otro concepto -lo cual resulta claro de su texto- sino porque no es dable suponer que el legislador de aquel entonces ignorara que similar tratamiento había tenido la cuestión en las normas anteriores. Está claro que al sancionar el nuevo Estatuto Escalafón se decidió continuar con la política seguida hasta entonces.
De ello se colige que la no adecuación de los montos de las asignaciones familiares acaecida en la Provincia de Buenos Aires a partir de 1992 significó una vulneración del derecho establecido en el citado art. 26 de la ley 10.430.
Asiste razón a los demandantes cuando afirman que el Poder Ejecutivo provincial violó las normas que regían la materia. En el caso, la ley 10.430 significó una limitación de sus facultades propias y exclusivas al respecto, dispuesta por el Poder Legislativo.
IV.3. La equiparación del monto de las asignaciones familiares con lo establecido en el ámbito nacional constituyó un derecho consagrado en las normas que regían la relación de empleo hasta la sanción de la ley 11.758.
En efecto, la norma citada en último término, entre otras modificaciones a la ley 10.430, sustituyó el art. 26 por el siguiente texto: "El agente gozará de subsidios por cargas de familia o por cualquier otro concepto que la legislación nacional en la materia establezca con carácter general, conforme los importes y modalidades que se determinen en jurisdicción provincial..." (art. 28, ley 10.430, t.o. 1996). El decreto reglamentario dispuso que sería el Poder Ejecutivo el encargado de establecer los importes a abonar (art. 28, decreto 4.161/96).
Así planteada la cuestión está claro que a partir de la vigencia de las normas transcriptas (publicadas en el Boletín Oficial de fecha 1-II-1996), la facultad de determinar los importes y modalidades de los subsidios por cargas de familia no ha quedado limitada por lo que al respecto estipule la Nación.
Debe recordarse, además, que la ley nacional 24.714 que derogó a su similar 18.017, no contuvo prescripción alguna dirigida a regular el tópico en los ámbitos de las provincias argentinas.
IV.4. Mas ello no conduce a rechazar sin más la pretensión de los actores respecto a las cuotas devengadas a partir de la vigencia de las reformas introducidas en la ley 10.430 por la ley 11.758, en tanto resta analizar los agravios vertidos por los demandantes en relación a los importes abonados en concepto de asignación familiar por hijo y por cónyuge (pesos nueve -$9- y pesos cuatro -$4-, respectivamente).
A mi juicio el hecho de que la facultad de establecer el monto de las asignaciones familiares a abonar a los agentes provinciales sea una facultad discrecional del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de la ley 11.758, en tanto se suprimió el tope mínimo establecido en el art. 26 de la ley 10.430 (en su redacción originaria), no enerva la posibilidad de que este Tribunal proceda a efectuar la revisión de la actividad desplegada en este sentido, ante la naturaleza de los agravios denunc
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