Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 67581
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 67.581, "Gatti, Héctor contra Municipalidad de 25 de Mayo. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani.
I. Gatti, Héctor Oscar; Ortiz, Azucena L.; Fulgensi, Gloria Cristina; Suarez, Cecilia Beatriz; Alayon, Ana María; Bovino, José María; Ithurrart, Sergio René; Miguel, Mario Guillermo; Moyano, Jorge Roberto; Cassi, Roberto Oscar; Lucca, Miguel Ángel, Mara, Ricardo Eduardo; Alonso, María Gabriela; Medina, Rodolfo Ángel; Tordo, Lindolfo Jesús; Santopietro, Rodolfo Alfredo; Susperregui, Francisco O.; Portilla, Donato Olber; Sandalio, Alberto José; Serreino, José; Alayón, Manuel; Gutierrez, Eduardo Jorge; Tosca, Adalberto Mario; Coronel, Emar Victoriano; Devia, Casimiro; Pereyra, Héctor Francisco; Alonso, Aldo Alberto; Caldas, Jorge Aníbal; Frano, Jorge; Elorga, Roque Vicente; Giglio, Juan Ángel; Lopardo, Carlos Guillermo; Funes, Ernesto Omar; Miranda, Jorge Aldo; Figlioli, Alberto Néstor; Ledesma, Jorge; Gallo, Luis Alberto; Acosta, José Fermín; Pereyra, Jorge Oscar; Martínez, Juan Ramón; Miera, Raúl Roberto; Bone, Carlos; Florido, Santos; Alonso, Eduardo Gabriel; Carrizo, Juan Carlos; Malinconico, Luis E.; Games, Juan C.; Montanari, Guillermo; Alarcón, Miguel Ángel; Gonzales, Ernesto Rodolfo; Rivero, Hugo Ramón; Repollo, Rodolfo; Carbone, Francisco José; Burgos, Héctor Aurelio; Monterroso, Julio César; Boisserenc, Juan Abel; Rodríguez, Jorge Daniel; Pajón; Jorge Martín; Ledesma, Aditardo; Gobbi, José Pedro; Ruarte, Francisco B; Ledesma, Armando E.; Poggi, Carlos Daniel; Barrena, Oscar Abel; Apes, Abel; Arburu, Ángel Félix; Tormo, Antonio Vicente; Arignon, Agustín Héctor; Sosa, Eduardo Martín; Giamichelli, Roberto A.; López, Orlando Oscar; Cieri, José O.; Acosta, Ignacio Guillermo; Mansilla, Carlos Alberto; Geneux, Osvaldo; Carella, Oscar Luis; López, Fermín Baltasar; Portilla, Jorge R.; Funes, Orlando Aníbal; Vera, Idialberto; Yelpo, Ruben Horacio; Giudice, Jorge E.; Ferreyra, Eduardo M.; Ortiz, Albino Benjamín; Ugarte, Juan Carlos; Ramírez, Juan A.; Mitetiero, José Gualberto; Chaves, Carlos A.; Paulini, Juan Carlos; Cuello, Juan Carlos; Grosso, Augusto Tomás; Jalil, Carlos Ruben; Cascallana, Hugo René; Casas, Mariano Pablo; Caputo, Carlos Oscar; Camarano, Jorge José; Tenaglia, Fernando; Benítez, Jorge Alberto; Carabajal, José Luis; Escolano, Ricardo Ángel; Gutierrez, Juan Alberto; Vargas, Juan Omar; Lusto, Marina Esther; Juárez, María Cristina; Sánchez, Antonio Aldo; Wright, Fernando Ruben; Casavalle, Juan José; Salvatierra, Susana J.; Burgos, Héctor Darío; Agosto, Eduardo Alfredo; Arioni, Humberto Alfonso; Robledo, Juan Carlos; Caro, Raúl Oscar; Robledo, Jorge Aníbal; D'arpa, Guillermo S.; Lopardo, Horacio Oscar: Genta, Aníbal Pedro; Giles, Juan Carlos; Moyano, Jorge Raúl; Donatelli, Marcela Edith; De Marcos, José L.; Ponce, Paola Marcela; Frías, Alberto Raúl; Zellotti, Roberto: Alayon, Jorge Antonio; Caldas, Juan Carlos; Pesina, Roberto y Benítez, Alberto; por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa, por retardación, contra la Municipalidad de 25 de Mayo, a fin de obtener el reconocimiento y pago de las diferencias de haberes por la errónea liquidación del trabajo desempeñado en exceso de la jornada ordinaria (y/o adicional de igual carácter y distinta denominación).
Solicitan además la actualización monetaria e intereses por las diferencias referidas, desde que se devengaron y hasta el momento del efectivo pago.
Piden también los intereses moratorios correspondientes a las horas extras de los años 1996 y 1997.
II. Por resolución del día 9 de julio de 2004 el Tribunal afirma su competencia para decidir en la causa y declara reunidos los requisitos de admisibilidad de la pretensión, confiriendo traslado de la demanda en los términos de lo normado por la ley 12.008, texto según ley 13.101 (v. fs. 422).
III. El 13 de mayo de 2005 se presenta, a través de su representante, la Municipalidad de 25 de Mayo. Plantea en primer lugar la falta de personería en virtud del fallecimiento de los coactores Acosta, José Fermín; Elorga, Roque Vicente; Gamez, Juan Carlos; Montanari, Guillermo; Santopietro, Rodolfo Alfredo; Susperregui, Francisco O. y Yelpo, Ruben Horacio.
Asimismo, introduce argumentos obstativos a la procedencia formal de la demanda; en tal sentido advierte que los demandantes no han reclamado en la instancia administrativa los intereses por el período 1996/1997.
A continuación, pone en consideración la prescripción para reclamar las diferencias de haberes requeridas y subsidiariamente, contesta la demanda y pide su rechazo.
IV. A fs. 534/535 se presenta el apoderado de los actores y habiendo tomado conocimiento del fallecimiento de los señores José Fermín Acosta; Juan Carlos Gamez; Rodolfo Santopietro; Roque Vicente Elorga; Ruben Horacio Yelpo; Guillermo Montanari; Francisco Susperregui y Héctor Oscar Gatti, denuncia los herederos de cada uno de ellos y los presenta en el proceso (v. fs. 479/533). A fs. 536 el Tribunal lo tuvo por presentado por parte en representación de los herederos individualizados a fs. 534 y vta., a fin de continuar con el proceso incoado.
V. La demandada omitió remitir las actuaciones administrativas en las que tramitara el reclamo de los actores, pese a que le fueran requeridas. Agregados los cuadernos de prueba de ambas partes, sin que la demandada haya hecho uso del derecho de alegar, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Quienes aquí se presentan, manifiestan desempeñarse como agentes de la Municipalidad de 25 de Mayo, cumpliendo tareas que exceden su horario normal de trabajo y que han percibido sumas sensiblemente inferiores a las que les correspondían.
La parte actora explica que la irregularidad se ha mantenido a lo largo del tiempo y que ante tal situación efectuaron en forma individual el correspondiente reclamo administrativo, poniendo de manifiesto los errores en la liquidación de las horas trabajadas en exceso de la jornada laboral y peticionando el pago de las diferencias correspondientes.
Señala que en sus presentaciones los agentes ratificaron la solicitud formulada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de 25 de Mayo, con fecha 23 de junio de 1997, en representación de sus afiliados.
Expresa que, pese a que tanto la Asesoría General de Gobierno como el Asesor Letrado de la municipalidad demandada dictaminaron en forma favorable a su pretensión, la Administración demandada no se pronunció acerca del reclamo impetrado.
Alega haber presentado en diferentes oportunidades pedidos de pronto despacho, no logrando conmover la pasividad de la empleadora.
Consigna que los agentes trabajaron horas extras y que les han sido abonadas de acuerdo a un monto inferior al previsto en la normativa aplicable. Pone de relieve que fueron liquidadas únicamente sobre la base de sus sueldos, sin computar el adicional por antigüedad, compensaciones y otras retribuciones.
Invoca lo dispuesto por el Estatuto del Personal Municipal de 25 de Mayo (ordenanza 1.825/87 y modif.) que establece el modo de cálculo de la retribución por horas extras.
Esgrime que no obstante que a partir de la sanción de la ley 11.757 quedaron sin efecto las ordenanzas locales y si bien en lo atinente a las tareas que los agentes deben cumplir que excedan la jornada laboral normal, el art. 21 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades -en ese entonces vigente- no especifica cuál es la base sobre las que se deben liquidar los incrementos por el trabajo desempeñado en exceso de la jornada ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de ese régimen legal, considera de aplicación el art. 26 de la ley 10.430 que fija que serán retribuidas en forma directamente proporcional a la remuneración que tenga pautada el agente en concepto de sueldo y adicional por antigüedad.
Arguye que en tanto esas previsiones han sido desoídas por la demandada, se ha incurrido en una errónea liquidación de las horas trabajadas en exceso de la jornada normal.
Puntualiza que la Asesoría General de Gobierno se pronunció a favor del reclamo interpuesto y consideró que la municipalidad de 25 de Mayo debía incorporar el adicional por antigüedad a la base empleada para la liquidación del porcentaje de las horas extras laboradas por sus empleados.
Agrega que en igual sentido se pronunció la Asesoría Letrada de la comuna accionada.
Argumenta que el valor hora extra no puede ser igual para quienes posean antigüedad en su empleo que para quienes no la tengan, puesto que de ese modo se iguala a quienes además de su esfuerzo personal pueden agregar su experiencia con quien aún no puede hacerlo, afectando la igualdad y razonabilidad que impone distinguir entre aquellos que se encuentren en diferentes situaciones.
Con base en tales fundamentos sostiene que esa interpretación de la norma es inconstitucional y solicita que así sea declarada por el Tribunal.
En otro orden destaca -como reconocimiento a su derecho- que la demandada abonó durante los años 1996 y 1997 las horas extras trabajadas de acuerdo con los parámetros sostenidos por los actores, no obstante que no fueron computados los intereses devengados en relación a esas sumas; por lo que así lo reclama y solicita sean liquidados al momento de hacer lugar a la demanda.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
II. A su turno, la Municipalidad de 25 de Mayo en primer lugar expone que la demanda contiene dos reclamos, el primero dirigido al reconocimiento y pago de las diferencias por horas extras supuestamente mal liquidadas y por otro el pago de los intereses devengados por esas sumas.
A continuación, plantea la improcedencia de la pretensión actora. Esgrime que en sede administrativa nunca requirieron el pago de los intereses por el período 1996/1997. Aduce que el pedido presentado por el representante gremial de los actores no incluyó los intereses por tales años, por lo que la reserva y ratificación efectuada en sede administrativa no constituye un reclamo en los términos exigidos por el ordenamiento procesal (ley 2.961, vigente al momento de presentar la demanda, ni por el art. 14 de la ley 12.008, texto según ley 13.101).
Señala que las horas extras realizadas en el lapso 1996/1997, respecto de las cuales los actores reconocen que han sido correctamente liquidadas en cumplimiento de lo normado en la ley 11.757, por entonces vigente, fueron percibidas de conformidad y sin formular ningún tipo de reserva en oportunidad de suscribir los recibos correspondientes.
Subsidiariamente, para el caso de que los intereses reclamados por las horas extras realizadas en los años 1996/1997 correspondieren a un eventual atraso en el pago de esas sumas, afirma que aquellos se encuentran alcanzados por la prescripción extintiva.
En este aspecto esgrime que desde que percibieron esos montos hasta el momento en que se promovió la demanda, transcurrieron más de cinco años (art. 4.027, inc. 3, Cód. Civ., en ese momento vigente).
Para el supuesto de considerarse que la presentación efectuada por el representante gremial constituyó el reclamo por los intereses, plantea que la acción judicial también se encuentra prescripta por haber transcurrido más de cinco años desde el momento en que solicitaron el pronto despacho y hasta que interpusieron la demanda. En ese orden, explica que con fecha 11 de diciembre de 1987 quedó configurado el silencio con efecto denegatorio.
Con cita de lo resuelto por esta Corte en la causa B. 59.792, "Rotsche", sentencia de 13-IV-2005, aduce que resulta de aplicación el plazo quinquenal de prescripción, cuando lo reclamado constituye un atraso en el pago de algo que debe efectuarse en plazos de períodos más cortos que un año.
En cuanto al fondo de la pretensión incoada, sostiene que el obrar de la municipalidad resulta legítimo, explica que las horas extras se liquidaron de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.
Indica, en cuanto al alcance temporal de la pretensión, que el reclamo de los interesados está dirigido a obtener el reconocimiento y pago de las diferencias por horas extras supuestamente devengadas hasta la entrada en vigencia de la ley 11.757 (2-II-1996).
Apunta que hasta ese momento la comuna accionada las liquidó de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Personal municipal (art. 125, ordenanza 1.825/87, modif. por la ordenanza 1.877/87).
Interpreta tal dispositivo y enuncia que allí se estableció un principio respecto a la remuneración que corresponde asignar, a los agentes que cumplan una jornada semanal de trabajo superior a la que fija la norma (30 horas semanales).
Entiende que cuando la norma dispone la "retribución básica" alude a lo que el art. 56 inc. 1 de la ordenanza 1.825/87 designa sueldo o jornal del agente y que constituye una de las retribuciones a las que tiene derecho.
Puntualiza que el legislador municipal distinguió dos situaciones, la que denomina jornada prolongada y las horas extras. La primera, referida a aquellos agentes que por razones de servicio deben desarrollar de modo permanente un mayor horario que el establecido como jornada de trabajo y para ellos se apartó del principio general, estableciendo una retribución proporcional a la mayor carga horaria con relación al sueldo, con más la bonificación por antigüedad, compensaciones y toda retribución con excepción del salario familiar.
En punto a las horas extras esgrime que la norma ha querido diferenciar completamente su régimen del anterior. Señala que no estableció una base especial para determinar la retribución proporcional que corresponde a su realización, aunque sí los recargos según se hayan prestado en día laborable, no laborable o feriado. En consecuencia, sostiene que debe regir el principio general contenido en el artículo, computando solamente la retribución básica o sueldo del agente.
Por otra parte, argumenta que los dictámenes invocados por los actores, elaborados por la Asesoría General de Gobierno y la Asesoría Letrada de la Municipalidad, abordan tangencialmente el análisis hermenéutico del art. 125 de la ordenanza 1.825/87 y carecen de fundamentos.
En otro orden propone la inatendibilidad del planteo constitucional contenido en la demanda, pues considera que la exclusión del adicional por antigüedad y otras compensaciones para determinar la remuneración por horas extras, no constituye una violación al principio de igualdad.
Afirma que la solución contenida en el artículo ha tenido como propósito remunerar las tareas que exceden a la jornada laboral de un modo diferente según se trate de una prolongación permanente (jornada prolongada) o de la esporádica realización de horas extras.
Por ende, considera que como el tratamiento diferenciado no resulta arbitrario ni importa un privilegio indebido para un grupo de personas, la garantía de igualdad no resulta afectada.
Debido a la imprecisión de la demanda respecto al alcance temporal de la pretensión, opone a su progreso la prescripción decenal.
Finalmente plantea el caso federal.
III. A fs. 470/471 y 475/477 la parte actora contesta el traslado de la defensa de prescripción opuesta por la demandada.
En relación al reconocimiento y pago de las diferencias que les corresponden por la errónea liquidación de horas extras, advierte que el reclamo efectuado no podría abarcar hacia el pasado un período superior a diez años contados a partir de su presentación en sede administrativa, efectuada el 23 de junio de 1997, pues los períodos anteriores quedan alcanzados por la prescripción decenal.
Puntualiza que la determinación del aspecto temporal y la cuantía de las horas extras reclamadas en cada caso, queda supeditada a la prueba informativa y contable ofrecida.
En lo referente a la defensa de prescripción planteada respecto de la pretensión tendiente a obtener el cobro de los intereses correspondientes a las tareas realizadas en exceso de la jornada ordinaria en los años 1996/1997, aduce que contrariamente a lo sostenido por la demandada, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales presentó con fecha 12 de noviembre de 1998 un escrito solicitando que se abonen los intereses por la mora incurrida en el pago.
Esgrime que el requerimiento formulado ante la Municipalidad, ha impedido el curso del plazo de prescripción. Arguye que los efectos del acto interruptivo perduran mientras la instancia administrativa se mantenga.
IV. Liminarmente cabe determinar el alcance de la pretensión actora.
No obstante las imprecisiones denunciadas por la demandada (v. contestación, capítulo: Legitimidad del Obrar Administrativo Cuestionado, pto. 2., fs. 460 y vta., en especial segundo párrafo), del escrito de inicio surge que se reclama:
IV.1. El reconocimiento y pago de las diferencias por la errónea liquidación del trabajo desempeñado en exceso de la jornada ordinaria, en su condición de empleados de la Municipalidad de 25 de Mayo (v. escrito de inicio, pto. II. Objeto, fs. 398 vta.; pto. IV. Antecedentes, primero y segundo párr., fs. 399 vta. y 400; pto. V.4., fs. 406 vta. y 407; pto. VII. Prueba, ptos. VII.2 y VII.3. y lo manifestado a fs. 470 y vta.).
Puntualizan que si bien la determinación del aspecto temporal y la cuantía de las horas extras reclamadas en cada caso se encuentra supeditada a la prueba informativa y contable ofrecida; el reclamo comprende los 10 años anteriores a su presentación en sede administrativa efectuada el 23 de junio de 1997, pues los períodos anteriores quedarían alcanzados por la prescripción extintiva (v. fs. 470 vta., primero y segundo párr.).
IV.2. El pago de los intereses moratorios por las horas extras de los años 1996 y 1997, toda vez que, si bien afirman que han sido abonadas computando el adicional por antigüedad y demás retribuciones, el pago fue efectuado con demora (v. fs. 475).
A partir de que la ley 11.757 entrara en vigencia el 2 de febrero de 1996, aseveran que la liquidación de las horas extras se efectuó correctamente, por lo tanto, desde ese momento la pretensión queda circunscripta a determinar al reconocimiento de intereses moratorios.
V. Previo a ingresar al análisis de la cuestión de fondo, corresponde expedirse sobre la procedencia de la objeción relativa a la admisibilidad de la demanda.
Una atenta lectura de lo expuesto por la comuna demandada, permite concluir que además de referirse a la prescripción liberatoria de las diferencias por horas extras correspondientes a los años 1996 y 1997, plantea la falta de agotamiento de la vía en tanto sostiene que los actores no efectuaron reclamo administrativo por los intereses por tal período y acudieron directamente a la instancia judicial. Asimismo, formula alegaciones sobre la prescripción de la acción en virtud de considerar que treinta días después de que presentaran el pedido de pronto despacho, quedó configurado el silencio con efecto denegatorio y desde ese momento, hasta que efectivamente presentaron la demanda transcurrieron más de cinco años (v. fs. 458 vta./459 vta.).
Adelanto, por los fundamentos que seguidamente desarrollaré, que la oposición no puede prosperar.
En efecto, por resolución del Tribunal del 9 de junio de 2004 (v. fs. 422) se declaró aplicable al caso el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101), de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en ese régimen legal.
De modo que la cuestión a resolver se encuentra regida por lo dispuesto en el art. 34 de ese cuerpo legal, según el cual el planteo de excepciones de previo y especial pronunciamiento debe ser efectuado dentro de los primeros
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.