Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60559
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.559, "Yantorno, Nicolás Obdulio contra Provincia de Buenos Aires (Banco de la Provincia de Buenos Aires). Demanda contencioso administrativa" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan , Genoud, Torres, Borinsky, Natiello.
El señor Nicolás Obdulio Yantorno, por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, persiguiendo la anulación de las resoluciones por las cuales se decidió no renovar el contrato que lo vinculaba a esa entidad, y rechazar el recurso de revocatoria deducido.
Requirió, de manera accesoria, que se disponga su reincorporación a las funciones que cumplía y que se condene a la demandada al pago de una indemnización por el daño material y moral que manifiesta haber sufrido, con más los intereses correspondientes.
Ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y solicitó la imposición de costas a la demandada.
Pidió el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos de las decisiones que cuestiona (v. fs. 1/56), la que fue rechazada por resolución del Tribunal de 28-IX-1999 (v. fs. 59).
Corrido el traslado de ley se presentó a juicio el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien opuso excepción de incompetencia (v. fs. 100/146).
Por resolución de esta Corte de 10-X-2001 se desestimó la defensa opuesta, postergando el tratamiento de un planteo anulatorio de la notificación del cese para el momento de dictar sentencia definitiva (v. fs. 162/164).
Reanudado el plazo para contestar la demanda, el Banco sostuvo la legalidad de su obrar. Ofreció prueba, planteó el caso federal y exigió la imposición de costas (v. fs. 166/178).
A fs. 180/182 la actora contestó el traslado que, de la documentación agregada por la demandada, se le corrió a fs. 179.
Agregados los cuadernos de prueba (actora, fs. 194/522 y demandada, fs. 523/559) y los alegatos de ambas partes (v. fs. 573/581 y 562/572, respectivamente) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte actora inició la demanda que origina este pleito invocando la configuración de silencio administrativo (v. fs. 51 vta.), lo que derivó en la habilitación de instancia a través de la resolución de 21-VI-2000 (v. fs. 97).
Con posterioridad, la demandada opuso excepción de incompetencia con fundamento en que el acto impugnado se hallaba firme en sede administrativa, al no haber sido recurrido oportunamente (v. fs. 143/144).
Por su lado, la parte actora cuestionó la validez de la notificación del cese de fecha 5 de enero de 1999 y la carta documento de 7 de julio de 1999, pretendiendo que se declare su ineficacia.
II. Al rechazar la defensa de la demandada y diferir el tratamiento del pedido de nulidad de la referida comunicación para el momento de dictar la sentencia definitiva, el Tribunal consideró que el punto escapaba al contenido de la excepción interpuesta, por lo que no correspondía su decisión en aquella oportunidad (v. fs. 162/164).
III. Preliminarmente destaco que esta Suprema Corte ha declarado la aplicabilidad de las disposiciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a este Tribunal por el art. 215, segunda parte de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (doctr. causas B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004; B. 59.618, "Suarez", resol. de 11-II-2004 y posteriores; art. 78 inc. 3, ley cit.). De modo tal que son dichas normas adjetivas las que han de regir este proceso.
IV. Previo a tratar el fondo de la cuestión, corresponde examinar la defensa formal opuesta por la demandada, cuyo tratamiento fue diferido para esta etapa (v. fs. 162/164).
IV.1. Como se afirmó en la causa "Franchetti" (A. 70.396, sent. de 19-X-2011) en punto a las condiciones de admisibilidad de las demandas en el proceso administrativo, "resulta inocultable el cambio paradigmático que introduce el nuevo texto constitucional, en cuanto persigue extender el enjuiciamiento de las contiendas administrativas y vigorizar el control de la Administración, favoreciendo el acceso a los tribunales contenciosos administrativos. Se deduce, entonces, de aquella norma (en referencia al art. 166 de la Const. prov.) y de la explícita consagración de la eficaz tutela judicial (art. 15, Const. prov.) la superación del formalismo extremo que caracterizó, a veces, como una rémora inconducente para la obtención de una solución judicial de los conflictos, a ciertos institutos correspondientes al régimen de admisibilidad del proceso en la legislación adjetiva gestada en el anterior sistema" (conf. causa B. 64.553, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003; asimismo causa B. 62.879, "Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado", resol. de 17-IX-2008).
En ese contexto, ha dicho el Tribunal en la jurisprudencia citada que "supuesta la efectiva configuración de un caso (art. 166 in fine , Const. prov.) para cuya ocurrencia en ocasiones puede ser menester la articulación de un pedimento ante la entidad administrativa, el tránsito por vías administrativas -ora la reclamación ante la autoridad, ora el procedimiento recursivo en la misma sede- han de tener cabida, como excepción a la directa demandabilidad estatal, en aquellas hipótesis expresamente requeridas por un enunciado normativo de rango legal. Regulación de la cual la carga de acudir ante la Administración ha de ser una expresa y razonable consecuencia, a fin de no contrariar el principio de la accesibilidad irrestricta a la jurisdicción".
IV.2. En el caso bajo análisis, la pretensión incoada posee ribetes que precisan ser examinados a la luz del distinto orden de requisitos de admisibilidad contemplados por el Código procesal aplicable, así como de la doctrina que esta Corte ha venido desarrollando desde su entrada en vigencia (conf. causa B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004).
En primer lugar, corresponde abordar el planteo de nulidad de las notificaciones mediante las cuales se le comunicó al actor que el Banco había decidido no renovar el contrato que lo vinculaba con la institución, mediante una notificación de fecha 5 de enero de 1999 en la que se expresó: "Comunicámosle que se ha dispuesto no renovar su contrato cuyo vencimiento opera el 31.12.98, desvinculándolo consecuentemente de la Institución a partir del 01.01.99" (v. fs. 37).
El demandado, al fundamentar la excepción de incompetencia, indicó que de la secuencia epistolar "...se deduce que el acto administrativo objeto de la demanda es aquel que fuera notificado mediante carta documento del 05/01/99. Es decir, a partir de tal notificación técnicamente comienza a correr el plazo para interponer la demanda contencioso administrativa..." (v. fs.143 vta.).
De la mera lectura de las comunicaciones se advierte que carecen de las notas típicas de los actos administrativos que motorizan las cargas impugnatorias (conf. causa A. 70.396, cit.), sin que puedan ser consideradas notificaciones válidas al no ser posible determinar cuál es el acto administrativo cuya notificación se intentó. Tampoco individualizan expediente alguno. En tales condiciones, ellas devienen nulas en los términos de los arts. 62 y 67 del decreto ley 7.647/70.
De tal modo, la acción deducida no se dirige contra un acto, sino que el objeto del litigio, conforme lo expuesto por el demandante, reside en la reincorporación a su cargo y el pago por los daños y perjuicios sufridos (v. fs. 49 y vta.).
Así planteada, la pretensión del señor Yantorno consiste en el reconocimiento y/o restablecimiento de derechos y un resarcimiento, en los términos del art. 12 incs. 2 y 3 de la ley 12.008, texto según ley 13.101.
Tales pretensiones resultan escindibles del canal anulatorio establecido en el inc. 1 del mentado art. 12 y su supuesto complementario de vinculación regulado en el art. 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo (doctr. causa B. 63.860, "Medicine SRL", resol. de 16-II-2005).
Por lo expuesto, la defensa formal opuesta no prospera.
V. Despejado el punto anterior y teniendo en cuenta que, al admitirse la procedencia formal de la acción la parte actora pudo desplegar ampliamente su actividad defensiva ante esta Corte, corresponde a esta altura ahondar en el fondo de la cuestión debatida (conf. arts. 1, 12 inc. 1 y 2, 32, CCA).
V.1. Relata el peticionante que fue nombrado como personal de seguridad en el Banco de la Provincia de Buenos Aires el 18 de agosto de 1977, en la División Seguridad y Vigilancia de la Contaduría Departamental de Mar del Plata, y que con posterioridad se dispuso la suscripción de un contrato de locación de servicios como "personal de planta no permanente".
Expresa que esta situación se prolongó durante los años siguientes, suscribiendo similares contratos en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1991, y que a pesar de ello se lo evaluaba como al personal de planta permanente para el desempeño de tareas de maestranza y mayordomía.
Señala que en 1992 se calificó el vínculo como "locación de obra". Agrega que el mismo encuadre se repitió en 1993 y que estos convenios se firmaban "al sólo efecto administrativo" pues el cumplimiento de sus funciones no dependía de ellos.
Afirma que a partir de 1994 la relación pasó a denominarse "de empleo público por tiempo determinado" y que se efectuaban aportes previsionales a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con los arts. 6 inc. "b" y 9 del Estatuto del personal de la institución bancaria.
Continúa relatando que los documentos se suscribían por períodos anuales hasta 1997 y que en 1998 se firmaron dos convenios semestrales.
Finalmente, añade que el 5 de enero de 1999 se le comunicó la decisión de no renovar su contrato desde el 31 de diciembre de 1998 y no se le facilitó copia del acto administrativo respectivo.
Sostiene que se le denegaron los pedidos de vista de las actuaciones que formuló y que por ese motivo presentó diversas notas en enero y febrero de 1999, hasta que el 19 de febrero de 1999 envió una carta documento en la que solicitó una explicación de las razones de la medida y el reconocimiento de diversos rubros indemnizatorios de índole laboral.
Argumenta que la decisión que dispuso la no renovación del contrato se encuentra viciada en la motivación, dado que no expresa las razones de hecho y de derecho que dieron lugar a su dictado, y resulta ilegítima toda vez que se desconoció el derecho a la estabilidad de la que gozaba. Remarca que, en síntesis, la cuestión medular consiste en determinar si tiene o no derecho a la estabilidad.
Afirma que debe reconocérsele tal derecho, puesto que, si bien en un comienzo se aludió a su condición de personal contratado, dicha situación derivó posteriormente en un vínculo estable pues se extendió por veintiún años, durante los cuales siempre se le dispensó -a su criterio- el trato propio de los agentes estables de la institución.
Considera que los convenios suscriptos tenían una latitud tal en su objeto que se apartaban del tipo clásico de la locación de obra o de servicios, encuadrándose de mejor manera en la relación de empleo público.
En esa inteligencia, entiende que se lo apartó del cargo, dejándolo cesante, sin la correspondiente y previa instrucción de sumario e imputación de una falta.
Acerca de la pretensión indemnizatoria, aduce que la existencia de perjuicios derivada de la ilegitimidad de la cesantía debe presumirse, estimando la magnitud de aquéllos en el ochenta por ciento (80%) de las remuneraciones que dejó de percibir entre el cese y la efectiva reincorporación que a su juicio debe disponerse, con más sus intereses.
Respecto del daño moral que dice haber sufrido por la baja, lo calcula en $50.000 o lo que en forma prudencial fije el Tribunal.
V.2. A su turno, la demandada sostiene la legalidad de su obrar, manifestando que la relación se extinguió por el mero transcurso del plazo pactado en el último contrato, y que además no se trata de "un acto administrativo positivo sino por el contrario de la manifestación libre y voluntaria de una de las partes contratantes".
Efectúa una extensa negativa de los hechos afirmados en la demanda y pide imposición de costas.
Subraya que la decisión del Banco se fundó en lo establecido en el estatuto del personal (arts. 6 y 9) y en las disposiciones del contrato que lo vinculaba con el actor; que fue dispuesta por la Gerencia General, órgano competente al efecto, y que la forma se ajustó a la índole del objeto, que era simplemente comunicar la no renovación del contrato.
Afirma que la decisión adoptada no es arbitraria ni irrazonable, de modo tal que no se afectaron los derechos del actor, actuando siempre dentro del marco discrecional permitido.
En cuanto a la pretensión indemnizatoria, pone de resalto que ella debe rechazarse, porque quien acciona no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio sufrido, ni ha ofrecido prueba para ello.
Respecto al remedio por daño material, sostiene que éste se encuentra vaciado de fundamento en tanto que se produjo una compensación de beneficios entre la falta de remuneración y la no prestación de servicios.
Y en lo que atañe al rubro por daño moral, manifiesta que es requisito para la procedencia de su reparación la presencia de dolo, lo que dice no verificarse en la especie. Además, que no cualquier molestia corresponde ser resarcida, sino solo lesiones que afecten la salud o la integridad física, algo que tampoco se presenta en autos.
V.3. Por último, el demandante en el traslado conferido a fs. 180/182 manifiesta que la suscripción de sucesivos contratos no pudo desconocer sus derechos como trabajador, reiterando que su ingreso se produjo por un acto de designación el 16 de agosto de 1977 y que, posteriormente y en forma unilateral, el Banco modificó la causa de la relación mediante la firma de tales documentos.
También argumenta que la accionada mantiene una conducta procesal contradictoria, toda vez que al interponer la excepción perentoria hizo referencia al acto administrativo que había dictado y que se encontraba firme, mientras que al contestar la demanda negó la existencia de acto alguno pasible de impugnación.
Denuncia que se trata de un caso de fraude a la ley, porque la demandada recurrió a una contratación prohibida e ilegal para eludir el derecho a la estabilidad que correspondía reconocerle. De ese modo, entiende, se colocaría en peor posición a quien trabaje para el Estado respecto de quien lo haga para un particular, en contra de las directivas constitucionales.
Finalmente, invoca el principio de continuidad de la relación laboral, con cita del art. 90 de la Ley de Contrato de Trabajo y reitera que, en definitiva, trabajó durante veintidós años para el Banco de la Provincia de Buenos Aires prestando servicios de seguridad, tareas que a todas luces eran de carácter permanente.
VI. De las copias de las actuaciones administrativas agregadas por las partes surgen los siguientes elementos útiles para decidir:
VI.1. El 5 de enero de 1999 Nicolás Obdulio Yantorno se notificó personalmente del cese dispuesto por el empleador (v. fs. 37).
VI.2. El 18 de enero de 1999 pidió copia de su currículum vítae y una constancia de que la causa del cese fue la no renovación del contrato (v. fs. 41).
VI.3. El 20 de enero de 1999 solicitó la liquidación de horas extras (v. fs. 42).
VI.4. El 8 de febrero de 1999 reiteró el pedido de que se le extendiera una copia de su legajo personal (v. fs. 43).
VI.5. El 19 de febrero de 1999 envió una carta documento reclamando diversos ítems: la comunicación de los motivos por los cuales no se renovó el contrato, el reintegro de su legajo personal y el pago de diversos rubros indemnizatorios como horas extras, días trabajados en enero de 1999, vacaciones no gozadas, antigüedad y falta de preaviso (v. fs. 45).
VI.6. El 23 de marzo de 1999 la Gerencia de Recursos Humanos solicitó opinión a la Gerencia de Dictámenes e Informes del Banco acerca de la carta documento enviada por el actor (v. fs. 287).
VI.7. El 25 de marzo de 1999 la Gerencia de Dictámenes aconsejó: (a) manifestar que por el tipo de vínculo que tenía el actor no se requería la expresión de causa para rescindir el contrato; (b) que no correspondía la entrega del legajo personal; y (c) que no procedía el pago de las indemnizaciones pretendidas porque no resultaba aplicable la legislación laboral (v. fs. 285/286).
VI.8. El 15 de junio de 1999 el actor, por apoderado, planteó la nulidad de la notificación del 5 de enero de 1999, pidió vista de las actuaciones, solicitó la reincorporación al cargo y pronto despacho, aclarando que la carta del 19 de febrero de 1999 debía interpretarse como recurso de revocatoria (v. fs. 84/88).
VI.9. El 26 de abril de 1999 la Gerencia de Recursos Humanos solicitó un nuevo dictamen a la Gerencia de Dictámenes e Informes del Banco (v. fs. 262) y ésta se expidió el 30 de mayo de 1999. Aconsejó rechazar la presentación, entendiendo que el contrato vencía por el mero transcurso del plazo estipulado y que esto se encontraba habilitado por el estatuto del personal.
Además, ponderó que, debido al tiempo transcurrido desde la notificación, conferirle tratamiento de recurso podría habilitar la instancia contencioso administrativa, proponiendo un modelo de respuesta (v. fs. 265/266).
VI.10. El 2 de julio de 1999 la Gerencia General, División Seguridad, reenvió a la Oficina de Trámites de Ingreso y Egreso del Banco un informe de la Sucursal Mar del Plata con el detalle de las tareas cumplidas por el señor Yantorno previo a su separación (v. fs. 263/264).
VI.11. El 7 de julio de 1999 el Banco envió una carta documento al actor, informando -en lo que hace al caso de autos- la motivación de la decisión de no renovar su contrato, aclarando que ese acto se encontraba firme en sede administrativa (v. fs. 44).
VI.12. El 22 de julio de 1999 el apoderado del señor Yantorno recurrió la decisión, manteniendo el planteo de nulidad y pedido de vista de las actuaciones.
VI.13. El 9 de agosto de 1999 se emitió un nuevo dictamen, ponderando el precedente "Burigotto" de este Tribunal y aconsejando el rechazo fundado del planteo (v. fs. 243/246).
VI.14. Por último y con posterioridad al inicio de la acción judicial, el actor presentó un pedido de pronto despacho el 10 de septiembre de 1999 (v. fs. 94).
VII. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones útiles, la cuestión a decidir consiste en determinar si el Banco de la Provincia de Buenos Aires pudo válidamente dejar de renovar el contrato que lo vinculaba con el señor Yantorno.
VII.1. La doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte indica que los agentes de planta temporaria -mensualizados o jornalizados- participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (doctr. causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; entre otras).
Asimismo, en reiteradas oportunidades se ha resuelto, también por mayoría, que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada
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