Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64841
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.841, "Gallo, Gladys Viviana c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Mancini, Natiello.
I. La doctora Gladys Viviana Gallo, en causa propia, promueve demanda contencioso administrativa contra esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de que se declare la nulidad de las resoluciones 2.033/02 y 2.661/02 dictadas por esta Corte en el expediente administrativo 3001-2098/1999 con fecha 3 de julio y 23 de septiembre de 2002, respectivamente.
Por el primero de los actos mencionados se aplicó a la actora la sanción de cesantía por las faltas cometidas en su desempeño como secretaria del Juzgado de Paz Letrado del Partido de Exaltación de la Cruz. Por la resolución 2.661/02, fueron rechazados los recursos de reconsideración y revisión incoados contra la anterior.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicita se deje sin efecto la sanción aplicada y se la exima de toda responsabilidad disciplinaria.
Por último, recusa a los señores magistrados que suscribieron las resoluciones que por esta acción impugna, pide la designación de conjueces, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. A fs. 64 y 90 se excusan de intervenir los miembros del Tribunal.
III. A fs. 65/87 la accionante acompaña a estos autos fotocopia certificada del veredicto absolutorio dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, el día 11 de noviembre de 2002, en la causa 359/12, caratulada "Gallo, Gladys Viviana s/ falsificación y destrucción de documentos". Seguidamente, acompaña la carta documento remitida el día 12 de abril de 2003 por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires a través de la cual se le comunicó que había aprobado el examen para el cargo de juez de Paz Letrado del Partido de Exaltación de la Cruz, "...continuando en carácter de postulante para el mismo" (fs. 103/105).
IV. A fs. 101 se integra este Tribunal con los miembros del Tribunal de Casación Penal (conf. art. 30 última parte, ley 5.827; leyes 11.922, 11.982, 12.119 y 12.162; arts. 13 y 33 inc. "a", ley 12.060; SCBA Ac. 2839, de 16-IX-1998; art. 13, ley 12.074 y su modif. 12.310 -modif. ley 5.827-).
V. Corrido el traslado de ley, a través de su representante se presenta la Fiscalía de Estado, contesta la demanda, niega los hechos allí expuestos, argumenta en favor de la legitimidad de las decisiones impugnadas y solicita el rechazo de la acción.
Ofrece como única prueba las actuaciones administrativas y formula reserva de caso federal.
VI. A fs. 180/181 y 184 se rectificó la conformación del Tribunal en su número de integrantes y composición de conformidad con lo dispuesto por la ley 13.662 y la Acordada 3345/07.
VII. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas, no habiéndose formado cuadernos de prueba (v. fs. 163), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 168/171 -actora- y fs. 172 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La actora relata que en el marco del procedimiento administrativo disciplinario que se inició a fin de investigar supuestas irregularidades cometidas en su desempeño como secretaria del Juzgado de Paz Letrado del Partido de Exaltación de la Cruz, con fecha 10 de febrero de 2000, se ordenó su suspensión preventiva. Se agravia de que dicha medida precautoria fue prorrogada por casi treinta (30) meses, pese a que la norma aplicable dispone que debía tener como plazo máximo noventa (90) días, renovable por otro período igual.
Plantea que, en su caso, podría haber optado la autoridad administrativa por el traslado a otra dependencia judicial, decisión que hubiera evitado el grave perjuicio económico que la medida precautoria, durante treinta (30) meses, implicó para su familia.
Dice que durante el procedimiento se han cumplido todas las etapas, al tiempo que afirma que se ha producido prueba suficiente para desvirtuar la totalidad de los cargos endilgados. Pone de resalto que tales elementos probatorios no han sido valorados ni considerados por esta Corte al resolver los recursos incoados contra la resolución que decidió aplicar la sanción de cesantía.
Destaca que el Tribunal ha omitido considerar hechos nuevos que la beneficiaban en cuanto la liberaban de toda responsabilidad frente a los cargos imputados.
Cuestiona lo que entiende una demora innecesaria de este Tribunal para decidir, en definitiva, el mentado sumario disciplinario. A su vez, destaca que los hechos en que se funda la sanción no se encuentran probados. Entiende que la resolución de condena solo afirma dogmáticamente que aquellos se hallan acreditados, pero no explicita de manera concreta cuál es la prueba que demuestra su existencia.
Impugna la resolución 2.033 por "...repetir, casi textualmente los cargos que fueran vertidos por los inspectores instructores, mencionando únicamente la prueba que fuera colectada por los mismos; sin consideración alguna de las medidas probatorias" que aportó. Cuestiona el rechazo de los recursos interpuestos y del planteo de prescripción, por entender que se dio un tratamiento puramente formal y superficial de los argumentos planteados.
Sostiene que los actos impugnados padecen vicios en los elementos causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Además, les endilga arbitrariedad por incurrir en irrazonabilidad, por lo que postula su anulación.
Finalmente, aduce que la investigación realizada en sede penal ha desentrañado la realidad de los hechos quedando al descubierto la maniobra realizada por quienes la denunciaron con la clara intención de perjudicarla en su carrera judicial.
Por último, sostiene que los cargos que se le imputan no ameritan tan grave sanción.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado afirma que esta Suprema Corte de Justicia ejerció legal y razonablemente sus facultades disciplinarias y, conforme las circunstancias comprobadas en el sumario administrativo disciplinario, decidió aplicar a la actora la sanción de cesantía.
Primeramente, aclara que la resolución 2.033/02 declaró la cesantía de la actora por haberse comprobado en el sumario disciplinario que la doctora Gallo incurrió en varias inconductas notorias durante su desempeño como secretaria del Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz (arts. 164, Const. prov.; 32, Ley Orgánica 5.827 y 2 inc. "d", Ac. 1887), habiendo afectado gravemente el prestigio del Poder Judicial. Enumera las irregularidades comprobadas en el ejercicio del cargo de secretaria por parte de la demandante. Dice que el encuadre legal realizado es producto de la derivación razonada de la prueba producida, por cuanto la conducta asumida por la accionante implicó efectivamente la transgresión de sus deberes funcionales.
Acota que el art. 2 del Acuerdo 1887 establece que las faltas en que incurran los funcionarios y empleados auxiliares del Poder Judicial, además del llamado de atención, serán sancionadas con cesantía previa actuación (v. inc. "d", art. cit.).
Afirma que con la sustanciación del sumario administrativo disciplinario se acreditó que la accionante obró sin la debida rectitud y decoro que es dable exigir de quienes forman parte del organismo encargado de la administración de justicia, siendo pasible de la sanción de cesantía de acuerdo a la norma antes indicada.
Plantea la inexistencia de incidencia de la sentencia recaída en sede penal en el sumario administrativo. Apunta que ambas investigaciones se sustancian y resuelven conforme a normas y pautas diferentes y llevan aparejadas consecuencias propias de cada ámbito de actuación.
En orden a los vicios que la accionante les atribuye a los actos administrativos en crisis, manifiesta que tal alegación no tiene ningún fundamento y fueron planteados sin la necesaria invocación de un interés sustancial y concreto que justifique la pretendida anulación.
Afirma que el trámite del sumario disciplinario resultó debidamente impulsado y su duración fue razonable, no habiendo existido demoras injustificadas ni extensión indebida de plazos. Además, con cita de doctrina de este Tribunal, destaca que el incumplimiento de los plazos legales compromete la responsabilidad personal de los funcionarios intervinientes mas no la validez de lo actuado en el marco de un procedimiento administrativo. A su vez, señala que el interesado tiene a su disposición herramientas procesales especialmente destinadas a resolver la eventual demora en el trámite o su conclusión.
Manifiesta que, ante la constatación de una infracción contra la eficacia de la administración de justicia, este Tribunal cumplió razonablemente su deber de control disciplinario respecto de los miembros que integran aquel organismo y sancionó a la agente que demostró no cumplir adecuadamente su labor. Con cita de doctrina de esta Suprema Corte, afirma que la Administración es el único juez de la sanción, sin estar sujeta a censura en sede judicial, mientras no se rebasen los límites impuestos a la facultad disciplinaria.
Destaca que la actora no cumplió con la carga de la prueba del daño que invoca. En particular niega que la doctora Gallo haya sufrido daño moral. Apunta que en la especie no se acredita la existencia de un daño cierto y concreto, ni un eventual nexo causal con el obrar del organismo demandado.
III. De las fotocopias de las actuaciones administrativas agregadas -sin acumular- a estos autos (v. fs. 112), surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo 3001-2098/1999.
III.1.a. En atención al informe elaborado por los instructores a fs. 204/208 y a la gravedad de los cargos investigados, este Tribunal decidió suspender preventivamente, con retención de haberes y prohibición de prestar servicios a partir del día 9 de febrero de 2000, a la secretaria del Juzgado de Paz Letrado del Partido de Exaltación de la Cruz, doctora Gladys Viviana Gallo (v. resol. 124/00; fs. 209).
III.1.b. A fs. 225/229 se notifica a la mencionada funcionaria los hechos que se le imputan y se la cita para ejercer su derecho de defensa en los términos de los arts. 92, 308 y 309 del Código Procesal Penal. Seguidamente, la encartada opta por prestar declaración indagatoria.
III.1.c. A fs. 230 se le confiere vista de las actuaciones a la imputada y se le notifica el plazo de veinte (20) días para realizar el descargo correspondiente (conf. art. 10 inc. "b", Ac. 1642).
III.1.d. A fs. 233/249 la doctora Gallo presenta su descargo.
III.1.e. Mediante resolución 812, dictada el día 31 de marzo de 2000, el Tribunal decidió proveer toda la prueba ofrecida por la imputada, y denegó el pedido de levantamiento de la suspensión preventiva por no concurrir "...elementos que hagan variar la situación existente al momento de disponerse la misma" (fs. 254).
III.1.f. A fs. 297/310 obran agregadas las declaraciones prestadas por los testigos propuestos por la imputada.
III.1.g. A fs. 320 se agregó la denuncia penal efectuada por los instructores a fin de investigar si los hechos reprochados en el sumario administrativo disciplinario importaron, además de irregularidades administrativas, delitos de acción pública (conf. art. 287 inc. 1, CPP).
III.1.h. Mediante la resolución 1.639, de fecha 24 de mayo de 2000, este Tribunal decidió prorrogar la suspensión preventiva impuesta a la doctora Gladys Viviana Gallo (v. fs. 326).
III.1.i. Previa presentación del alegato producido por la imputada (v. fs. 340/342), los instructores a cargo del procedimiento disciplinario realizaron el informe de conclusión del sumario (v. fs. 356/368).
III.1.j. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Provincia, este Tribunal declaró cesante a la secretaria del Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz, doctora Gladys Viviana Gallo, a partir del día 9 de febrero de 2000 (v. resol. 2.033/02 -fs. 391/396-).
III.1.k. Mediante la resolución 2.661/02 esta Suprema Corte decidió desestimar el planteo de prescripción formulado por la interesada y rechazar los recursos de revisión y reconsideración que interpuso contra la resolución 2.033/02 (v. fs. 433/434).
III.1.l. Fotocopias del anexo documental I: fotocopias de la causa caratulada "Martínez González, Balbina s/ sucesión ab intestato ".
III.1.m. Fotocopias del anexo documental II: fotocopias de la causa caratulada "González, Nicolás Oscar s/ sucesión ab intestato ".
III.2. Fotocopias del expediente administrativo 3001-1469/2000 iniciado por el señor Carlos Alberto Di Marco y la señora Elsa Beatriz Migliore sobre la declaración prestada en el expediente 3001-2098/1999. Con fecha 26 de septiembre 2000 se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno, con la finalidad de investigar los hechos denunciados, y al Colegio de Abogados departamental a los efectos que estime corresponder.
III.3. Fotocopias de la causa caratulada "Angeloni, Oscar Abel s/ sucesión ab intestato ".
III.4. Fotocopias del expediente administrativo 5900-824/2000, caratulado "Sra. Sara Raquel Miguelez impugna postulación de la Dra. Viviana Gallo de Totoro para el cargo de Juez de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz".
III.5. Fotocopias de la IPP 24.136, caratulada "s/ Denuncia -Rodriguez, Eduardo Gustavo- Chiavaro, Lisandro Luis".
III.6. Fotocopias del expediente administrativo 3001-1331/2000 que se inició con motivo de la denuncia efectuada por la señora Graciela Fernanda Sordo con relación a irregularidades en el desempeño de la secretaria del Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz, doctora Gladys Viviana Gallo. Estas actuaciones fueron concluidas mediante la resolución 3.828/02, en atención a la cesantía de la mencionada funcionaria dispuesta por resolución 2.033/02.
IV. Conforme los antecedentes reseñados y las posiciones de las partes antes detalladas, la cuestión a decidir se centra en determinar si la sanción de cesantía aplicada a la actora se ajusta a derecho.
En este punto es preciso señalar que las invocaciones realizadas por la interesada respecto de la suspensión preventiva dispuesta por el Tribunal durante la sustanciación del sumario disciplinario, aparecen como un mero planteo, huérfano de las precisiones necesarias para delinear una pretensión concreta.
El demandante debe individualizar clara y concretamente los extremos que integran su pretensión. De lo contrario, la carga postulatoria resulta incumplida y, por consecuencia, limitado el alcance de la decisión final de los jueces (conf. doctr. causas B. 58.115, "Francia", sent. de 3-VIII-2008 y B. 59.840, "Galván", sent. de 11-III-2013).
En la especie, las expresiones de la actora con relación a la medida precautoria dispuesta en el sumario administrativo a partir del día 9 de febrero de 2000 no reúnen los requisitos esenciales para ser abordados judicialmente.
De tal modo, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se limita al análisis de la legitimidad de la sanción de cesantía aplicada a la doctora Gallo.
IV.1. Preliminarmente, corresponde señalar que esta Corte ha expresado con anterioridad -en doctrina que comparto- que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos como los cuestionados en autos que traducen el ejercicio de potestades disciplinarias, no exhibe como tal, en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, que acote las causales determinantes de una eventual invalidez (conf. doctr. causa B. 61.309, "González", sent. de 23-XII-2013).
Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también están comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa. Ellos traducen un quehacer sujeto a control y eventual invalidación judicial, al comprobarse no solo la arbitrariedad, irrazonabilidad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial como lo proclama la citada doctrina jurisprudencial, sino también la concurrencia de cualquier otra circunstancia determinante de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 15, Const. prov. y 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; conf. mi adhesión al voto del doctor Soria, causa B. 57.268, "B., J. c. B.", sent. de 22-VIII-2007 y doctr. reiterada en las causas B. 55.971, "Pulvermarcher", sent. de 29-VIII-2007; B. 57.459, "D.", sent. de 28-V-2008; B. 62.559, "Pennella", sent. de 3-IX-2008; B. 61.139, "Credaro", sent. de 19-IX-2012; B. 61.309, cit.; e.o.).
De acuerdo con la doctrina reseñada resulta procedente el control judicial amplio de la decisión separativa aplicada a la doctora Gallo.
IV.2. A través de la resolución 2.033/02 este Tribunal decidió aplicar a la doctora Gladys Viviana Gallo la sanción de cesantía a partir del día 9 de febrero de 2000 por haberse acreditado en el expediente administrativo 3001-2098/1999 que incurrió en diversas irregularidades durante su desempeño como Secretaria Letrada del Juzgado de Paz Letrado del Partido de Exaltación de la Cruz.
El acto en crisis detalla y explica las que denomina "...graves anomalías comprobadas en el desempeño funcional de la actora", a saber:
IV.2.a. Extraer piezas procesales de la causa caratulada "Martínez Gonzáles, Balbina s/sucesión ab intestato " (expte. 980/99).
En el acto sancionatorio se explicó que de "...la documentación certificada ante notario con fecha 25 de octubre de 1999 y agregada en autos por el Oficial Mayor de dicho Juzgado (de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz) [...], surge probado que en el expediente citado en primer término la abogada [...] -en representación de los hijos de doña Balbina Martínez González- promovió un juicio sucesorio, registrándose un cargo de recepción impuesto en forma manuscrita por la aquí actora en su función de Secretaria del mencionado organismo judicial, con fecha 10-IX-1999" (fs. 29/30, anexo documental I). Agrega que el "...magistrado se declaró incompetente a fs. 31 y a fs. 32 la letrada presentó un escrito titulado 'Subsana error-Solicita se admita prórroga'", pedido que fue denegado por auto fechado en el mismo mes, pero sin fecha, a posteriori de la declaración de incompetencia. Estas actuaciones de fs. 29/33 fueron sustituidas colocándose en su lugar, a fs. 29/30, otro escrito de inicio del proceso sucesorio con un acápite titulado "competencia" en el que se solicitaba la prórroga de la jurisdicción territorial, cargo que -evidentemente- fue inserto con posterioridad a la certificación notarial de las piezas de la causa, también completado en forma manuscrita por la doctora Gallo con fecha 10 de septiembre de 1999 (v. anexo I). Apunta posteriormente que "...lo expuesto motivó que se rehiciera el despacho original admitiéndose la prórroga de jurisdicción requerida y disponiéndose la apertura del proceso sucesorio mediante providencia del 17 de septiembre de 1999...". En este punto advierte que, contrariamente a la modalidad habitual de ser escrito en forma manuscrita, esta providencia contiene la fecha impresa (v. fs. 31, anexo I).
Seguidamente afirma que los argumentos esgrimidos por la doctora Gallo en su descargo sosteniendo la errónea presentación conjunta de los dos escritos iniciales diferentes -a modo de original y copia- no se compadece con la conducta procesal de las letradas intervinientes. Destaca que desapareció del "...expediente la demanda original, el primer despacho -que la propia abogada [...] reconoció haber visto- y el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.