Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60561
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.561, "Cerone, Estela Cristina c/ Provincia de Buenos Aires (IPS). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani , Soria, Genoud , Kogan.
I. La señora Estela Cristina Cerone, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, IPS) a efectos de que se declare la nulidad de las resoluciones dictadas por el mencionado organismo en el expediente administrativo 2350-911/96 con fecha 17 de julio de 1997, 16 de julio de 1998 y 17 de junio de 1999.
Por el primero de los actos indicados la autoridad administrativa denegó el reconocimiento de servicios fictos solicitado por la parte actora en el marco de la ley 11.729. Por los otros, desestimó el recurso de revocatoria y, posteriormente, rechazó el recurso jerárquico.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, plantea la inadmisibilidad de la acción con fundamento en que a la fecha de iniciarla se encontraba vencido el plazo de caducidad previsto en el art. 13 de la ley 2.961. Subsidiariamente contesta la demanda y solicita su rechazo, argumentando a favor de la legitimidad de los actos administrativos impugnados.
III. Agregadas -sin acumular- las fotocopias de las actuaciones administrativas (v. fs. 27), glosado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 51/162 y 163) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 168/171 -actora- y 172/176 -demandada-), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La Fiscalía de Estado plantea la inadmisibilidad de la demanda por haber sido interpuesta una vez vencido el plazo contemplado en el art. 13 de la ley 2.961. Sostiene que, con relación a las decisiones del IPS, la acción contencioso administrativa queda expedita cuando el organismo notifica al administrado el acto que resuelve el recurso de revocatoria planteado contra una decisión administrativa anterior emanada de la misma autoridad.
Postula que la resolución dictada por el organismo previsional provincial el día 16 de julio de 1998 es, en el caso, el acto administrativo definitivo que causa estado, en atención a que decide el reclamo y además agota la vía administrativa.
Por consecuencia de ello, sostiene que a partir del día siguiente al de la notificación de la referida resolución debió la actora, en el plazo de treinta (30) días, promover la acción contencioso administrativa.
Afirma que a la fecha en que se interpuso la demanda de autos, el plazo de caducidad consagrado en el art. 13 de la ley 2.961 se encontraba vencido.
I.2. La actora, al contestar el traslado que se le confirió de la oposición a la admisibilidad de la demanda, aduce que las resoluciones impugnadas no constituyen decisiones administrativas de incumbencia exclusiva del IPS. Por ello, niega que se hubiera agotado la vía administrativa con la resolución de ese organismo que rechazó el recurso de revocatoria.
Alega que la ley 11.729 reconoce a los sujetos comprendidos por beneficios de naturaleza previsional y laboral. Por ello, sostiene que la aplicación de la ley no es de incumbencia exclusiva del IPS, pues este solo puede resolver cuestiones de naturaleza previsional. En tal entendimiento sostiene que, en el caso, la vía administrativa resultaba agotada con la decisión del Poder Ejecutivo.
En otro orden afirma que, al resolver el recurso de revocatoria, el IPS omitió manifestar que con su denegación se agotaba la instancia administrativa. Por ello sostiene que la demandada indujo a comprender que el procedimiento continuaba su trámite.
II. Este Tribunal ha declarado la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101- a las causas iniciadas antes del día 15 de diciembre de 2003, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (doctr. causa B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004 y posteriores).
El actual ordenamiento ritual armonizó sus disposiciones con las del antecedente y estableció en forma expresa lo señalado por el Tribunal en los precedentes recordados en el párrafo anterior, es decir, que su aplicación a las causas a las que alude el art. 215 de la Constitución de la Provincia está condicionada a su compatibilidad con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a esta Suprema Corte de Justicia (art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
En la especie, al tiempo del traslado de la demanda (v. resol. de 7-III-2001, fs. 31) el régimen legal vigente obedecía al sistema contenido en la ley 2.961 (arts. 39, 40 y sigs.). Siendo así, como la excepción opuesta a la pretensión actoral se dedujo una vez transcurrido el plazo de quince días de notificada la demanda, corresponde tenerla presente en esta oportunidad (arts. 39 y 40, cits. y 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101; doctr. causas B. 63.451, "Bazzano", resol. de 29-IX-2004 y B. 61.518, "Epelde", resol. de 9-III-2005).
III. La oposición a la admisibilidad de la demanda no prospera.
La decisión de computar el plazo de caducidad a partir de la notificación del acto que denegó el recurso de revocatoria no condice con el criterio amplio con que los jueces deben apreciar las cuestiones de índole previsional (conf. doctr. causa A. 69.172, "Bocos", sent. de 14-X-2009). En la especie, ello importaría un excesivo rigor formal, pues "...allende sus eventuales defectos, se evidencia como nunca abandonada" la instancia administrativa (CSJN Fallos: 325:2114), toda vez que la interesada interpuso el recurso jerárquico a fin de que el Poder Ejecutivo resolviera en definitiva con relación al beneficio de la ley 11.729 que pretendía (conf. doctr. causa B. 57.015, "Freschi de Hours", sent. de 3-V-2006).
Voto, pues, por la afirmativa .
Costas por su orden (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante, doctor Torres, por los motivos que a continuación he de desarrollar.
Si bien al tomar intervención en la causa B. 57.015, "Freschi de Hours", sentencia de 22-XII-1998 -atendiendo al plexo normativo adjetivo por entonces vigente (arts. 73, dec. ley 9.650/80; 94 y 97, dec. ley 7.647/70 y 13 y 28, CCA, ley 2.961) y siguiendo una reiterada jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia (doctr. causas B. 49.694, "De Virgilio de Arrébolo", resol. de 25-II-86; B. 50.611, "Conobras S.A.", resol. de 17-III-87; B. 54.931, "Lizarraga", resol. de 6-IV-93; B. 55.114, "Moreno", sent. de 18-II-97; B. 57.350, "Cisterna", resol. de 11-II-97; e.o.)-, sostuve que la interposición de recursos improcedentes, aun cuando fueran sustanciados por la autoridad administrativa, no tiene la virtualidad de interrumpir el plazo de caducidad, dicha decisión fue descalificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, en una causa que guarda sustancial analogía con la presente (en la que esta Suprema Corte había rechazado la acción judicial con base en que fue presentada una vez vencido el plazo para hacerlo, ello debido a que tomó como fecha de comienzo del cómputo del plazo de caducidad de la acción el día posterior a haber sido notificada la resolución denegatoria del recurso de revocatoria, al que consideró acto definitivo), haciendo suyos los argumentos expuestos por el señor Procurador General en su dictamen, argumentó que el fallo "...no condice con el criterio amplio con que deben apreciar los jueces las peticiones atinentes a la materia previsional (v. Fallos 312:1030). Máxime, si como en el caso que nos ocupa, la solución opuesta a la adoptada no significa menoscabar el derecho de la otra parte y si, por el contrario, permite el adecuado tratamiento que merece una solicitud de esta naturaleza que a la postre, allende sus eventuales defectos, se evidencia como nunca abandonada".
Dicha doctrina fue reiterada por el cimero Tribunal federal en la causa "Bocos", sentencia de 28-V-2013.
Siendo así y aun cuando la letra del actual art. 18 inc. "a" del Código Contencioso Administrativo, ley 12.008, pareciera validar la tesis que en su momento sostuve, tratándose de un conflicto que enmarca en la materia previsional, por razones de celeridad y economía procesal he de plegarme al criterio fijado por la Corte federal en las causas antes citadas, dejando a salvo mi opinión sobre el tópico.
Voto por la afirmativa.
Costas por su orden (art. 17, CCA, ley 2.961 en función del art. 78 inc. 3, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Más allá de la funcionalidad que pueda atribuírsele al recurso jerárquico interpuesto por la actora (conf. art. 97, dec. ley 7.647/70), de acuerdo con la jurisprudencia reseñada por el ponente no es posible atender al criterio avanzado por la Fiscalía de Estado con la consecuencia de obstar la revisión intentada que, en las condiciones en las que esta fue presentada, debe reputársela tempestiva (CSJN Fallos: 325:2114 y causa B.197.XLVII "Bocos, José Luis c/ Ministerio de Economía (IPS)", sent. de 28-V-2013; doctr. causa B. 57.015, "Freschi de Hours", sent. de 3-V-2006).
En consecuencia, voto también por la afirmativa .
Costas por su orden (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a la solución que proponen los señores jueces preopinantes, sobre la base de las consideraciones que seguidamente quedarán explicitadas.
II. Entiendo que en la temática propuesta, que involucra el reconocimiento de servicios fictos, el legislador provincial particularizó específicamente su tratamiento. Ello significa, esencialmente, el diseño de un esquema diferencial a fin de materializar el derecho perseguido.
Me explico.
II.1. La ley 13.026 estableció, en su art. 1, que quedaban comprendidos en su alcance todas aquellas personas que por causas políticas, gremiales o estudiantiles, o las que hayan sufrido prisión, exilio o privación de la libertad que no fueren consecuencia de la comisión de delitos comunes, hayan sido exonerados, cesanteadas o inducidas a renunciar a los cargos públicos que ejercían en cualesquiera de los poderes del Estado provincial, Entes Autárquicos, Municipios y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, o en ejercicio de cargos electivos o desempeñándose en funciones con mandato fijo al 16 de setiembre de 1955, 5 de junio de 1962, 28 de junio de 1966 y 24 de marzo de 1976.
Asimismo, el art. 8 del mencionado cuerpo normativo determinó, a partir de su vigencia, un plazo de ciento ochenta (180) días corridos para que las personas comprendidas en el mencionado art. 1 efectuasen su adhesión por escrito ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires o ante la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II.2. Posteriormente, la ley 13.624 derogó el art. 8 de la ley 13.026.
III. Del modo expuesto, es dable colegir que -en estos supuestos- el legislador provincial ha flexibilizado las alternativas vinculadas a los reclamos en procura del reconocimiento en cuestión. Y ello deberá conllevar el consiguiente correlato procedimental como modo de realización del derecho perseguido.
No se me escapa que la situación procesal en la que quedó colocada la actora se concretó con anterioridad a la vigencia de esas disposiciones. Sin embargo, debe quedar comprendida en dichos extremos merced a la operatividad que cabe reconocer en el caso al art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que cobija la interpretación en favor de la aquí peticionante.
Por lo brevemente expuesto, voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3°, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Relata la actora que se desempeñó como docente en el cargo de Directora de la Escuela de Estética de la ciudad de Azul, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, destaca que tiene una antigüedad de veinticinco (25) años de servicios prestados en la Provincia, los cuales solo fueron interrumpidos por las detenciones sufridas por razones políticas.
Señala que el día 20 de noviembre de 1974, desempeñando tareas en la Escuela n° 1 "Ministro Zarini", en la localidad de Barker, Partido de Benito Juárez, fue detenida y luego liberada a principios del año 1975, reincorporándose a su vida laboral.
Agrega que, con posterioridad a dicho suceso, por iguales motivos, fue nuevamente privada de su libertad y suspendida preventivamente en el ámbito laboral por la comisión de las infracciones previstas en la entonces vigente ley 20.840 (arts. 1, 2 y 11).
Indica que en vísperas del restablecimiento del orden constitucional y con la fuerza del inevitable advenimiento de la democracia fue liberada el día 17 de octubre de 1982 y restituida a la labor docente el día 26 de marzo de 1983. En particular refiere a la documentación agregada en las actuaciones administrativas que dan cuenta del trámite de la causa "Bageneta, Rubén Silvio y otros s/ Infracción ley 20.840. Tandil", ante el fuero federal y que, según afirma, prueba que su detención se debió a motivos políticos e ideológicos, no por delitos comprendidos en el Código Penal.
Sostiene que los actos por los cuales se rechazó su petición son nulos puesto que el organismo decide en base a una incorrecta valoración de los hechos. Indica que el IPS denegó el beneficio por no haber sido dejada cesante ni exonerada durante un gobierno de facto , omitiendo considerar que fue efectivamente detenida en el año 1975, solo por razones ideológicas y políticas, siendo liberada físicamente recién en el año 1982.
Puntualiza que la demandada erróneamente lee la plataforma fáctica del caso infiriendo que la suspensión laboral administrativa impuesta por la autoridad de aplicación fue con motivo de la primera detención padecida en el año 1974, cuando en realidad esto no fue así. Alega que por ese hecho fue sobreseída y continuó trabajando, aportando al sistema previsional, extremo que se acreditó con las constancias agregadas a la causa.
Postula que la inexacta valoración de los hechos soslaya la circunstancia fáctica de que, en realidad, recién el día 15 de julio de 1975 fue efectivamente detenida y privada de su libertad prologándose dicha situación hasta el día 15 de octubre de 1982, fecha en la que se le notificó el cambio de situación de arresto por el régimen de libertad vigilada.
Afirma que en el plazo en que estuvo detenida, solo fue suspendida administrativamente sin que se disponga el cese ni la exoneración, cuestión que no le es imputable a su persona. Por el contrario, señala que, siendo esta una facultad propia de la Administración, de forma alguna puede servir de argumento para denegar en forma dogmática el beneficio solicitado.
Reitera que la interpretación literal de la norma excluye la aplicación, en su caso, por la mera circunstancia de no considerar que su detención fue en un gobierno constitucional, omitiendo el hecho de que la prolongación en el tiempo comprendió también el periodo de facto , circunstancia que debe ser valorada a los fines de reconocer los servicios fictos solicitados en el marco de la ley 11.729.
II. Por su parte, la demandada contesta que los extremos invocados por la actora no resultan vinculantes, toda vez que el caso se resuelve por la sola aplicación de la norma que, según afirma, debe interpretarse de forma restrictiva en tanto refiere a una gratificación previsional para un determinado grupo de personas.
Señala la doctrina de este Tribunal que interpreta que la ley 11.729 exige, a los fines del reconocimiento de servicios fictos, que la interrupción en el desempeño de un cargo público hubiese tenido lugar en alguno de los periodos de gobierno de facto , supuesto que según lo alegado no sucedió en el caso, motivo por el cual no se encuentra alcanzado por la norma.
III. De la prueba producida en autos surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
III.1. Legajo de la actora (v. fs. 89/95).
III.2. Informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través del cual se informa que "...no registra legajo CONADEP/SDH correspondiente a la Sra. Estela Cristina CERONE (DNI nro. 6.416.333)", pero que se le ha dado intervención a la Secretaría de Derechos Humanos en tanto registra tramitaciones ante la unidad de la ley 24.043 (v. fs. 140).
III.3. Fotocopias certificadas de la causa "Bageneta, Ruben Silvio - Cerone de Bageneta, Estela Cristina - Delbonis de Perez, Norma Inés por Infracción Ley 20.840- Tandil", de trámite por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1, Secretaría 3 de Azul (agregadas sin acumular a estos autos -v. fs. 148-).
III.4. Copias certificadas correspondientes a la causa caratulada "Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires s/ denuncia", perteneciente a las actuaciones "Consejo de Guerra Especial Estable 1/1-Comando del Primer Cuerpo de Ejército Letra 1B7 Número 8929/1 caratulado 'Néstor Horacio Lafitte s/ asociación ilícita'" (fs. 153/161).
III.5. Copias certificadas del expediente administrativo 2350-911/96.
III.5.a. El día 19 de febrero de 1996 la señora Estela Cristina Cerone se presenta ante el IPS y solicita que se le otorgue el beneficio de la ley 11.729 (v. fs. 2/12).
III.5.b. Copia del informe del Ministerio del Interior en el que se registra el expediente iniciado por la señora Cerone con el objeto de percibir un beneficio por los días de detención que -en principio- se corresponderían con los denunciados en autos (v. fs. 6).
III.5.c. Resolución de fecha 13 de diciembre de 1974 a través de la cual el señor juez federal de Tandil ordenó la prisión preventiva de la aquí actora por imputársele la comisión de los delitos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 20.840 (v. fs. 29/35).
III.5.d. Certificación de servicios y código jubilatorio expedidos por la Dirección General de Cultura y Educación (v. fs. 36/41).
III.5.e. De conformidad con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 24) y la vista fiscal (v. fs. 44), el IPS denegó el reconocimiento de servicios fictos solicitado por la docente Cerone (v. fs. 47).
III.5.f. Interpuesto el recurso de revocatoria por la interesada (v. fs. 53/57), previa intervención de la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 65) y cumplida la vista fiscal (v. fs. 66), el IPS desestimó la impugnación (v. fs. 70).
III.5.g. El día 17 de junio de 1999 el IPS, previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno y vista fiscal, denegó el recurso jerárquico incoado por la interesada (v. fs. 76/85, 88, 90 y 94).
IV. Tal como ha quedado planteada la cuestión y dadas las particularidades extraordinarias e históricas que rodearon el caso, adelanto que la demanda debe tener acogida favorable. Veamos.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.