Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62523
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.523, "Fernández, Claudio Alejandro contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, Mancini.
I. Esta Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia dictada el 8 de abril de 2015, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda. Ello implicó anular la resolución 100.901 del 30 de abril de 1997, dictada por el señor Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; condenar a la autoridad demandada a reincorporar al señor Claudio Alejandro Fernández en tareas acordes a su aptitud laboral y ordenar el dictado de un nuevo acto administrativo debidamente fundado, dando intervención previamente a la Junta Médica Superior (v. fs. 94/109).
II. La Fiscalía de Estado acompañó copia del expediente administrativo 5.100-3680/2015, en el cual obra un informe de la Dirección de Personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que en base al dictamen de la Junta Médica Superior, señala que el actor no posee aptitud para desempeñarse en ningún subescalafón policial, por presentar una capacidad inferior a los 2/3 de la total laboral; resultando de imposible cumplimiento la manda judicial que ordena su reincorporación (v. fs. 113/151).
III. Frente a ello, la parte actora realizó reiteradas presentaciones con el objeto de obtener un acto debidamente fundado por parte de la Administración que acate la sentencia y disponga su reincorporación. Subsidiariamente, pide un resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados y, eventualmente, el dictado de una medida cautelar ya que manifiesta carecer de obra social (v. fs. 153, 158 y 166).
IV. Finalmente, se acompañó a estos autos la resolución 1.116/18 dictada por la Auditoría General de Asuntos Internos, por medio de la cual se resolvió receptar el alcance de la sentencia y disponer el sobreseimiento del actor, por haber quedado desplazado el elemento subjetivo de la falta cometida atento el padecimiento de salud que este presenta (v. fs. 186/188).
V. Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 177) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
2ª) ¿Corresponde hacer lugar a la pretensión relativa al pago de los salarios caídos?
En caso negativo:
3ª) ¿En qué medida corresponde resarcir el daño material?
4ª) ¿Qué pauta corresponde tomar para el cálculo del porcentaje fijado en la cuestión anterior?
5ª) ¿Corresponde indemnizar por daño moral? ¿En qué medida?
A tenor del resultado arribado en las previas cuestiones:
6ª) ¿Corresponde el reconocimiento de intereses para el cálculo del resarcimiento del daño material, si no fueron reclamados en la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Esta Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia dictada el 8 de abril de 2015, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda, lo que implicó: i) anular la resolución 100.901 del 30 de abril de 1997 y ii) condenar a la Provincia de Buenos Aires a reincorporar al señor Claudio Alejandro Fernández en tareas acordes a su aptitud laboral y a dictar un nuevo acto administrativo debidamente fundado, dando intervención previamente a la Junta Médica Superior (v. fs. 94/109).
II. A fs. 113/151 la Fiscalía de Estado acompaña una fotocopia del expediente administrativo 5.100-3680/2015 originado para cumplir con la manda judicial. De allí surgen las siguientes circunstancias relevantes:
II.1. La Asesoría Letrada de Policía dictamina que correspondería dar cumplimiento a la sentencia (fs. 135).
II.2. La Dirección de Sanidad, División Junta Superior de Reconocimientos Médicos, el 10 de septiembre del 2015 sostiene -luego de realizar una evaluación clínica, entrevista y testificaciones en el gabinete psicotécnico y posterior Junta Superior de Reconocimientos Médicos- que el actor no evidencia aptitud para desempeñarse en ningún subescalafón, "presentando una incapacidad inferior a los 2/3 de la total laboral"; refiriéndose evidentemente a una capacidad inferior al mínimo requerido (fs. 146).
II.3. La División Movimiento de Personal de la Policía remite las actuaciones -atento lo dictaminado por la Junta Superior de Reconocimientos Médicos- a la Fiscalía de Estado y a la Asesoría Letrada a fin de que le indiquen el temperamento a seguir (fs. 148).
II.4. La Asesoría Letrada de Policía considera que, sin perjuicio de lo informado por la División Junta Superior de Reconocimientos de la Dirección de Sanidad, correspondería dar cumplimiento a la sentencia dictándose un nuevo acto administrativo en el sentido ordenado por la Suprema Corte de Justicia (fs. 149).
III. Por resolución del 16 de agosto de 2017, esta Corte receptó los reiterados planteos de la actora (v. fs. 154, 158 y 166) y en atención al tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y el dictamen de la Asesoría Letrada de Policía (v. folio 33 del expte. adm. 5.100-3680/2015 agregado en fotocopia a fs. 113/150), intimó a la demandada a que en el perentorio plazo de 10 días diera estricto cumplimiento a la sentencia dictada en autos, bajo apercibimiento de la responsabilidad personal de los funcionarios con competencia a ese efecto (v. fs. 168).
IV.1. Con posterioridad, la demandada solicitó la remisión del expediente original 2.137-48146/95 a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia (v. fs. 179) y el Tribunal se lo remitió otorgándole un nuevo plazo de 10 días para ello (v. fs. 181 y vta., 19-X-2017).
IV.2. El 20 de marzo de 2018 se acompaña a estos autos la resolución 1.116/18 dictada por la Auditoría General de Asuntos Internos que, luego de hacer una reseña de todo lo sucedido tanto en sede administrativa como judicial, resolvió receptar el alcance de la sentencia y disponer el sobreseimiento del actor, por haber quedado desplazado el elemento subjetivo de la falta cometida debido al padecimiento de salud que presenta. En sus consideraciones, tuvo especialmente en cuenta el dictamen de la Junta Médica Superior de fecha 10 de septiembre de 2015, en cuanto estableció que el causante no presenta aptitud para desempeñarse en ningún subescalafón, padeciendo una capacidad inferior a los 2/3 de la total laboral (v. fs. 186/188).
V. Tal como han quedado expuestas las circunstancias del caso, la cuestión a dirimir consiste en determinar si la autoridad demandada ha cumplido acabadamente con la sentencia dictada en autos. También, la procedencia tanto del pago de los salarios caídos como de una indemnización de daños y perjuicios oportunamente peticionada.
V.1. Esta Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia dictada el 8 de abril de 2015, por mayoría, hizo lugar a la pretensión anulatoria de la resolución 100.901 del 30 de abril de 1997 que dispuso la cesantía del actor y condenó a la Provincia de Buenos Aires a reincorporar al señor Claudio Alejandro Fernández en tareas acordes a su aptitud laboral y a dictar un nuevo acto administrativo debidamente fundado, dando intervención previamente a la Junta Médica Superior (v. fs. 94/109).
Para así decidir el Tribunal entendió que si bien la autoridad policial morigeró la sanción primigenia (cesantía en lugar de exoneración), no justificó por qué, frente a los elementos reunidos (dictámenes médicos de fs. 28 y 36 vta.) que indicaban el padecimiento de trastornos de conducta del imputado, como también el dictamen de la entonces Dirección de Asesoría Jurídica que aconsejaba no aplicar sanción alguna por resultar inimputable (fs. 62 vta.), impuso una medida expulsiva. En aquel decisorio, este Tribunal concluyó -siguiendo numerosos precedentes sobre la materia- que el art. 108 inciso "c" del decreto ley 7.647/70 impone a la Administración el deber de motivar su decisión cuando se separe del criterio sustentado en el dictamen de órganos consultivos, exigencia que en el obrar estatal cuestionado se incumplió.
V.2. La Autoridad demandada, luego de transcurrido un lapso considerable desde el dictado del fallo, dictó la resolución 1.116 que resolvió receptar el alcance de la sentencia y disponer el sobreseimiento del actor, por haber quedado desplazado el elemento subjetivo de la falta cometida, debido a sus padecimientos de salud (v. fs. 186/188).
V.3. Frente a ello no cabe sino concluir que la demandada ha cumplido parcialmente la sentencia de esta Corte.
En efecto: no ha reincorporado al actor en tareas acordes con su aptitud laboral, desoyendo no solo lo ordenado por esta Suprema Corte sino también lo dictaminado por los organismos asesores (v. dictamen de fs. 149) que aconsejaron dar cumplimiento a la manda judicial no obstante lo dictaminado por la Junta Médica que consideró que no podía desempeñarse en ningún subescalafón porque su "incapacidad es inferior a los 2/3 de la total laboral" -estimo que quiso decir incapacidad superior, pues de otro modo tendría el porcentaje suficiente de capacidad-. Es más, ya el actor al demandar pidió la reincorporación en el Agrupamiento Servicios toda vez que por sus padecimientos de salud no podía desempeñarse en el Agrupamiento Comando.
De este modo el señor Fernández, al no haber sido reinstalado oportunamente en su cargo para realizar tareas acordes a su capacidad como sugirió la junta médica, quedó en una situación de desamparo agravada por sus padecimientos de salud.
La demandada debió reincorporarlo e inmediatamente si su capacidad era inferior a la total requerida, otorgarle una licencia por enfermedad y concomitantemente comenzar a tramitar una jubilación por invalidez para que no quedara en una situación de exclusión tanto del sistema de la seguridad social como del laboral, contrario a la Constitución provincial.
En efecto, en la reforma de 1994 se incorporó a la Constitución de la Provincia una regla específica aplicable a este tópico, según la cual, en materia de seguridad social, regirán, entre otros, los principios de justicia social, primacía de la realidad e indemnidad (art. 39 inc. 3 in fine ).
Pues bien, la circunstancia en la que se encuentra el actor, fuera del sistema laboral por haber sido cesado de manera ilegítima, sin haber podido acceder a los beneficios de la seguridad social y con padecimientos de salud de gravedad tal que determinaron su sobreseimiento en el sumario que se le seguía, lo colocan en un estado de desamparo incompatible con los preceptos constitucionales referidos.
Semejante situación es ilegítima, en cuanto vulnera la garantía de estabilidad en el empleo público que ampara al actor (arts. 14 bis, Const. nac. y 103 inc. 12, Const. prov.) y, al propio tiempo, le niega el acceso a prestaciones de la seguridad social reconocidos por el art. 39 de la Constitución provincial.
Todo lo cual lleva a intimar a la autoridad administrativa a que en el plazo de 60 días reincorpore al señor Claudio Alejandro Fernández en su cargo, asignándole tareas acordes a su capacidad laboral si la reducción de ésta fuera inferior al 66% (conf. art. 30, ley 13.236). Y ello sin perjuicio de la facultad de la demandada de evaluar si el actor reúne las condiciones necesarias para obtener alguno de los beneficios previsionales previstos en el régimen respectivo y, de corresponder, coordine con las autoridades competentes el inmediato inicio de los trámites para el reconocimiento de la prestación pertinente (arts. 30, ley 13.236 y 58 inc. 1, apdos. "a" y "b", ley 13.982).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria Pettigiani, Torres y Mancini por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Corresponde que analice si procede el pago de la totalidad de los salarios devengados y no percibidos en virtud del cumplimiento parcial de la sentencia de esta Corte dictada en abril de 2015.
Al respecto, la Legislatura provincial ha establecido ciertas pautas en orden al resarcimiento que le corresponde al agente público que entiendo deben tenerse en consideración. Así: el entonces vigente Estatuto del Empleado municipal (ley 11.757, art. 85) y el Régimen para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires (ley 10.430, art. 103) prescriben que cuando un sumario administrativo concluye por absolución o sobreseimiento definitivo del imputado "... le serán abonados íntegramente los haberes correspondientes al tiempo que duró la suspensión preventiva...". Si bien las normas citadas hacen referencia a los casos en que el agente no fuera sancionado, entiendo que la reparación allí estipulada resulta aplicable analógicamente a supuestos como el de autos, de separación del empleado de la Administración por una cesantía declarada judicialmente nula.
Siendo ello así, infiero que tanto en uno como en otro supuesto procede el pago de todos los salarios devengados desde la separación del cargo hasta su incorporación (B. 59.999, "Di Lorenzo", sent. de 21-XII-2011, entre muchas otras).
En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado la estabilidad propia de los empleados públicos, la cual excluye, por principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta y su consiguiente reincorporación ("Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Reincorporación", sent. de 3-V-2007).
En la causa citada, el máximo Tribunal, confirmando la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VI), ordenó a la Administración reincorporar a la actora y abonarle los salarios caídos desde el despido hasta su reincorporación y, de no concretarse aquella, hasta el momento de su jubilación.
Por otra parte, la declaración judicial de nulidad de la cesantía tiene efecto retroactivo al momento de la emisión del acto revocado (conf. CSJN Fallos: 321:635; Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo , Tomo II, 3ra. Ed., Bs. As., 1981, págs. 549 y 551; Gordillo, Agustín A.; Tratado de Derecho Administrativo , Tomo III, 1ra. Ed., págs. XI-33 y 34; Escola, Héctor J.; Tratado General de Procedimientos Administrativos , Bs. As., 1975, págs. 108 y 109), por lo que entiendo que al retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al acto declarado ilegítimo, debe compensarse el detrimento patrimonial del empleado estatal mediante el pago de la totalidad de los salarios caídos, devengados desde la baja de la Administración hasta su reincorporación o la fecha del cese (conf. mi voto en la causa B. 56.478, "García", sent. de 14-IV-2004).
Por otra parte, si el proceso en el que se persigue la declaración de nulidad de la cesantía, se prolonga excesivamente, ello también constituye un defecto imputable al Estado, sea por la imperfección de las normas procesales o por la lentitud de la administración de justicia, y no puede inferirse de ello que durante el transcurso del trámite el empleado pudo razonablemente haber encontrado otro empleo, debiendo esta circunstancia en todo caso ser probada por la demandada.
En base a los fundamentos vertidos, considero que corresponde abonarle al actor los salarios dejados de percibir desde que se lo separó del cargo hasta la fecha de su efectiva reincorporación.
En consecuencia, voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Si la pretensión de condena al pago de salarios caídos fuese considerada en términos estrictos, no cabría sino su rechazo.
En efecto, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no corresponde, como regla, el pago de las remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el periodo que media entre la separación del agente público ilegítimamente dado de baja y su reincorporación (Fallos 307:1220; 308:1795), salvo disposición legal expresa y específica en contrario (Fallos 297:427; 308:732; 313:473; 316:2922 ; 319:2507; 326:2347; 327:4928).
Por tal razón, esta Suprema Corte -una vez declarada la ilegitimidad del acto administrativo que dispusiera una medida segregativa respecto de un agente público de planta permanente con estabilidad- ha resuelto, repetidamente, empleando una doctrina que comparto, que el reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio materia] ocasionado por el cese ilegítimo (causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985, "Acuerdos y Sentencias" 1985-I-212).
En tal contexto, cabe rechazar la pretensión de condena al pago de salarios caídos (conf. doctrina causas B. 63.718, "Ferreres", sent. de 26-X-2010; B. 64.953, "Ithurrart", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Voto por la negativa .
Costas en el orden causado (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la segunda cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Si la pretensión de condena al pago de salarios caídos fuese considerada en términos estrictos, no cabría sino su rechazo. En efecto, desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no corresponde, como regla, el pago de las remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público ilegítimamente dado de baja y su reincorporación (Fallos 307:1220; 308:1795), salvo disposición legal expresa y específica en contrario (Fallos 297:427; 308:732; 313:473; 316:2922; 319:2507; 326:2347; 327:4928).
Por tal razón, esta Suprema Corte -una vez declarada la ilegitimidad del acto administrativo que dispusiera una medida segregativa respecto de un agente público de planta permanente con estabilidad- ha resuelto repetidamente: i) que el reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo (causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-212) y ii) que, al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, ese daño se presume an debeatur por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria.
Por lo expuesto, voto por la negativa .
Costas en el orden causado (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Torres y Mancini por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Conforme lo expuesto en la segunda cuestión, entiendo que corresponde otorgar al accionante el pago de la totalidad de los haberes devengados y no percibidos desde la separación de su cargo y hasta la fecha de su efectiva reincorporación (B. 57.183, "Chaparro", sent. de 21-XI-2003; B. 57.454, "Sebey", sent. de 1-III-2004; B. 60.019, "Salvatori", sent. de 30-VI-2004, entre muchas otras -a cuyos fundamentos me remito-).
Así lo voto .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Tal como señalara, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación; Fallos 303:1199, 1215; 308:732, 1795; 321:635; e.o.).
Sin embargo, dicho Tribunal ha dejado a salvo la existencia de u
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