Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64394
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art.4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.394, "Lazzatti, María de los Ángeles contra Municipalidad de Rojas. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Soria, Torres, Violini, Mancini.
La señora María de los Ángeles Lazzatti promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Rojas pretendiendo que se deje sin efecto la ordenanza 2.596/01, por medio de la cual se suprimió el Juzgado de Faltas del que era titular y se dispuso el cese en sus funciones.
Pide, como consecuencia de la anulación, que se condene a la demandada a su reincorporación y al pago de los daños materiales y morales ocasionados por la cesantía que entiende ilegítima.
Oportunamente amplió demanda.
El Tribunal por resolución de fecha 10 de diciembre de 2003 hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Municipalidad demandada a reincorporar a la doctora Lazzatti a los cuadros de la Administración, debiéndole asignar funciones de rango y remuneración equivalentes a las que cumplía al tiempo del cese (v. fs. 134/139).
La Municipalidad de Rojas contestó la demanda solicitando su rechazo.
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la actora y su alegato, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es procedente la pretensión resarcitoria del daño material? ¿En qué medida?
3ª) ¿Es procedente la pretensión resarcitoria del daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Relata la actora que mediante la ordenanza 400/87 se creó en el Partido de Rojas el Tribunal de Faltas, disponiéndose que su funcionamiento se ajustaría a los lineamientos del decreto ley 8.751/77, modificado por la ley 10.269/86.
Indica que mediante decreto del Intendente n° 1.375/87 fue designada Directora de Faltas.
Explica que la ordenanza 400/87 fue modificada en su art. 5 por su par 430/87 por medio de la cual se dispuso que el Juzgado de Faltas estaría a cargo de un juez y no de un director de faltas como hasta entonces.
Pone de relieve que mediante ordenanza 2.596/01, se suprimió el Juzgado de Faltas y, como consecuencia de ello, se dispuso su cese como titular del mismo.
Manifiesta que contra dicha determinación interpuso recurso administrativo que fue rechazado.
Plantea que lo resuelto por la demandada colisiona con la legislación aplicable al caso, a saber: arts. 22 y 23 del Código de Faltas municipales, decreto ley 8.751/77; texto ordenado por decreto 8.526/86 y modificado por ley 11.723.
Indica que el citado art. 22 expresamente establece que los jueces de faltas gozan de estabilidad en sus funciones desde su designación y únicamente podrán ser removidos por determinadas causas que califica de taxativas, entre las cuales no figura la supresión del juzgado.
Agrega que además de no respetarse la estabilidad en la relación de empleo público en cuanto no se consideraron para su remoción las expresas pautas fijadas por los arts. 22 y 23 antes aludidos, se adujeron falsas causales que no se vinculan con la realidad social de la comunidad de Rojas.
Manifiesta que, previo a la supresión del juzgado y como medida transitoria ante la situación de emergencia administrativa, económica y financiera declarada, la Municipalidad sancionó la ordenanza 2.576/01 por medio de la cual dispuso una disminución de las remuneraciones más elevadas para preservar la intangibilidad de las remuneraciones de los agentes de menores ingresos.
Aclara que, habiendo sido alcanzada por dicha medida, la acató plenamente y, sin embargo, sesenta días después se declaró su cese sin causa.
Menciona al respecto que al crearse la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se disolvió la Justicia de Faltas mediante decreto 738 y, a los titulares de los juzgados, se les ofreció un retiro especial, una indemnización o la reubicación en dependencias públicas afines. Contrariamente a ello, debió solicitar que se le permitiera optar por alguna de aquellas soluciones y su pedido fue rechazado.
Puntualiza que la decisión cuestionada presenta un claro desvío del fin ya que en la misma ordenanza de supresión del juzgado se modificó el presupuesto municipal y se creó el cargo de Instructor Sumariante, con idénticas funciones a las que ella ejerció durante catorce años con una retribución casi idéntica. Entiende entonces que el único cargo suprimido fue aquel del que ella era titular.
Destaca que el resto del personal siguió cumpliendo las mismas tareas y el número de carátula de cada nuevo expediente continuó el registro y numeración del ex Juzgado de Faltas.
Cuestiona también la contradicción de la ordenanza al expresar que reconoce que la justicia de faltas a cargo de un abogado genera autonomía funcional e independencia, pero a su vez que ello dificulte al departamento ejecutivo el control de las infracciones y la ejecución de las sanciones aplicadas. Entiende que dicha decisión acarrea inseguridad jurídica.
Sobre el punto, además, deja constancia que la mayoría de las infracciones que se tramitan en el Juzgado de Faltas corresponden a habilitaciones comerciales inconclusas, de modo que la dificultad de control alegado por la demandada no resulta cierta. Afirma que tal circunstancia demuestra que la intención de la demanda fue removerla del cargo sin más.
Concluye que la ordenanza resulta ilegítima e inconstitucional y ha violentado su derecho a la estabilidad.
Agrega que la norma que suprimió el Juzgado fue resistida políticamente en el Concejo Deliberante apelándose al desempate del voto del Presidente de ese cuerpo. También que fue un tema de debate público a través de los medios de comunicación local (acompaña notas periodísticas). Explica que, como consecuencia de ello, su salud se vio severamente afectada y el estrés le produjo una úlcera gástrica sangrante que desembocó en una internación en terapia intensiva.
Indica que se encuentra en tratamiento por disritmia neurovegetativa y estrés intenso por presión y angustia laboral, con trastornos digestivos severos, alimentarios y del sueño. Ofrece prueba.
Por tales circunstancias, además de solicitar la reincorporación definitiva en el cargo de jueza de faltas, pide también una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
I.2. Al ampliar la demanda denuncia que mediante ordenanza 2.801 sancionada el 12 de agosto de 2004 se creó nuevamente el Juzgado de Faltas municipales, se suprimió la figura del Instructor sumariante y se designó como juez titular a otra persona (v. fs. 171/172).
Se agravia de la notificación verbal que le hicieran sobre su pase a trabajar a dicho Juzgado como colaboradora.
Aclara que fue reincorporada como agente municipal a partir del 1 de julio de 2004 en cumplimiento de la medida precautoria dispuesta por este Tribunal y que se le asignaron funciones en la Asesoría Letrada de la comuna.
Considera que el hecho de ser empleada en el Juzgado de Faltas no suple el cargo de juez que le fuera quitado ilegítimamente.
Denuncia que desde su reincorporación su remuneración -que debía ser equivalente a la que percibía previo al cese- fue liquidada sin computarse el porcentaje de la bonificación por dedicación funcional (20%).
Sobre este último punto indica que realizó el reclamo administrativo obteniendo dictamen favorable de la Asesoría General de Gobierno con fecha 31 de marzo de 2005, no obstante ello, la Municipalidad no cumplió con su pago.
Detalla que tanto el actual juez de faltas, como así también los demás funcionarios con categoría de directores perciben la aludida bonificación (que asciende a un 35%), mientras que, sin motivo, pese a ocupar un cargo de tal categoría, continúa siendo discriminada al no abonársele tal adicional.
Solicita, en consecuencia, que se le pague la diferencia salarial que resulta de los montos efectivamente percibidos y aquellos que debieron serle abonados. Ofrece prueba.
Finalmente solicita una indemnización por daño moral, tanto por la publicidad que tomaron los sucesos en los medios de comunicación escritos y orales, cuanto por los daños a la salud consecuencia del estrés y presión laboral (internación en el servicio de terapia intensiva por diagnóstico de úlcera sangrante). Ofrece prueba.
I.3. Al momento de alegar, el letrado de la actora puso de manifiesto que en el año 2017 la doctora Lazzatti fue designada nuevamente como jueza de faltas pero de forma interina, luego de la renuncia de quien se desempeñara hasta entonces en el cargo.
En dicha presentación hace saber que mantiene las pretensiones iniciales expuestas en la demanda en tanto reafirma que su apartamiento de la función, luego de un desempeño de catorce años, fue arbitrario e ilegítimo.
II. Al contestar la demanda el letrado apoderado de la Municipalidad de Rojas ratifica la validez y vigencia de la ordenanza 2.596/01 y solicita el rechazo de las pretensiones de la actora. Niega todo lo expresado por la accionante.
Señala que la ordenanza cuestionada fue dictada por el Concejo Deliberante, conforme al régimen legal y las facultades conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).
Explica que la supresión del Juzgado de Faltas y el cese consecuente de su titular obedeció a un ahorro presupuestario para el municipio, haciendo prevalecer el interés general por sobre el individual. Aclara entonces que no hubo remoción de la jueza, sino que, al eliminarse el cargo de la estructura, accesoriamente se produjo el cese en las funciones de quien se desempeñaba como titular del mismo.
Alega que el dictado de la ordenanza estuvo enmarcado por la necesidad de superar las dificultades operativas del control de las infracciones por parte del Departamento Ejecutivo, que en épocas de emergencia económica y financiera merecían un tratamiento ágil y oportuno.
Invoca la adhesión de esa comuna a lo dispuesto por la ley 12.727 mediante la ordenanza 2.576/01 del 10 de agosto de 2001, que declaró el estado de emergencia administrativa, económica y financiera del municipio de Rojas. Advierte, entonces, que la ordenanza sancionada el 26 de septiembre de 2001 resulta congruente y consecuente con el estado de emergencia que padecía la administración municipal.
Explica que, con posterioridad, la situación fue superada y mediante ordenanza 2.801/04 se creó nuevamente un Juzgado de Faltas y se designó a un funcionario a su cargo. Aclara que considera que la creación de dicho organismo no puede obligar a la comuna a reponer a la accionante como su titular.
Remarca que el reintegro de la doctora Lazzatti obedeció al cumplimiento de una medida cautelar y a la espera de la sentencia de fondo, respecto de un cese cuestionado que esa comuna considera legítimo.
Concluye solicitando el rechazo de la demanda y el consecuente levantamiento de la medida cautelar.
III. De la documentación acompañada surgen los siguientes datos útiles:
III.1. Por ordenanza 400, del 3 de julio de 1987, se dispuso la creación de un Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Rojas a cargo de un Director, cuyo funcionamiento se ajustaría a los lineamientos del decreto ley 8.751/77, modificado por ley 10.269 (v. fs. 5/6).
III.2. Mediante decreto 1.375/87 el Intendente designó como Directora de Faltas a la doctora Lazzatti a partir del día 7 de agosto de 1987 (v. fs. 7).
III.3. La ordenanza 430/87 del 24 de septiembre de 1987 modificó el art. 5 respecto a la denominación del cargo del titular del organismo por el de juez de faltas de acuerdo a las disposiciones del decreto ley 8.751/77, art. 19 inc. "a" (v. fs. 8).
III.4. Mediante ordenanza 2.576/01 de 10 de agosto de 2001 la Municipalidad de Rojas adhirió a la ley 12.727 declarando el estado de emergencia administrativa, económica y financiera del municipio y dispuso a partir del 1 de agosto de 2001 una disminución del 13% de los sueldos de personal superior y jerárquico establecidos en la Ordenanza General de Presupuesto 2001, entre otras medidas (v. fs. 358/361).
III.5. A fs. 9/10 la actora acompaña una presentación de un bloque de concejales dirigido al Presidente del Concejo, fechado el 25 de septiembre de 2001, rechazando el proyecto de supresión del Juzgado de Faltas.
III.6. A fs. 309/312 luce la ordenanza 2.596/01, del 26 de septiembre de 2001 que suprimió el Juzgado de Faltas, dispuso el cese en sus funciones de su titular y creó el cargo de Instructor Sumariante para el desempeño de los cometidos hasta entonces asignados al cargo disuelto.
III.7. Por decreto 484 del 12 de julio de 2004, se reincorporó a la doctora Lazzatti a los cuadros de la administración municipal en cumplimiento de la medida cautelar dictada en este proceso (v. fs. 313).
III.8. A fs. 269 luce Comunicación 745/04 del Concejo Deliberante aprobando la designación del doctor Fernando Ángel Gutiérrez para desempeñarse en el cargo de juez de faltas del Partido de Rojas y a fs. 270 se acompaña el decreto 610 del 27 de agosto de 2004 de designación del nombrado en el referido cargo a partir del 30 de agosto de 2004.
III.9. Expediente administrativo 673/2001: Se inicia con carta documento de la actora de fecha 30 de agosto de 2001 contra el proyecto de supresión del Juzgado de Faltas, dirigida al Intendente (v. fs. 1). La que es respondida rechazando las afirmaciones de la señora Lazzatti (v. fs. 10/11).
III.10. Expediente administrativo 368/2002:
III.10.a. Con fecha 1 de noviembre de 2001 la actora solicita se le aclaren las funciones que debía desempeñar ante la ordenanza de supresión del Juzgado cuya titularidad ejercía (v. fs. 4).
III.10.b. Con fecha 5 de junio de 2002 se rechaza su presentación (v. fs. 6/8).
III.10.c. Con fecha 21 de junio de 2002 la doctora Lazzatti interpuso recurso de revocatoria que fue rechazado el 26 de junio de 2002 (v. fs. 11/16 y 25/27).
IV. Expuestas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si la Municipalidad de Rojas se ajustó a derecho al decidir la supresión del Juzgado de Faltas, así como al disponer el cese de la actora como titular de dicho órgano.
IV.1. Como quedara reseñado precedentemente, de la documentación acompañada surge que el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Rojas fue creado por ordenanza 400/87 y la doctora Lazzatti fue designada como su titular a partir del 7 de agosto de 1987 (v. fs. 5/6, ordenanza 400/87; 7, dec. 1.375/87 y 8, ord. 430/87).
A su vez la norma de creación dispuso que el funcionamiento del nuevo órgano se ajustaría a los lineamientos del Código de Faltas municipales (dec. ley 8.751/77, modif. por ley 10.269; v. fs. 5, art. 5, ord. 400/87).
El 10 de agosto de 2001 la Municipalidad de Rojas adhirió a la ley 12.727 declarando el estado de emergencia administrativa, económica y financiera del municipio. Determinó, a partir del 1 de agosto de 2001 -transitoriamente y por el tiempo de la emergencia- una disminución del 13% de los sueldos de personal superior y jerárquico establecidos en la Ordenanza General de Presupuesto 2001 y la suspensión del pago de horas extras, entre otras medidas (v. fs. 358/361; ordenanza 2.576/01).
El 26 de septiembre de 2001 la Municipalidad decidió suprimir el Juzgado de Faltas con fundamento en el estado de emergencia declarado y dispuso al mismo tiempo el cese de funciones de la doctora Lazzatti (v. fs. 309/312, ordenanza 2.596/01).
En suma, la actora se desempeñó como jueza titular del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Rojas durante catorce años, desde su creación hasta su supresión.
La demandante efectuó varios reclamos administrativos y judiciales desde el cese, invocando, entre otros agravios, la vulneración de la estabilidad en la relación de empleo público, sin éxito.
Recién fue reincorporada a la planta de personal municipal a partir del 1 de julio de 2004, en cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por este Tribunal por imperio de la cual se ordenó a la comuna demandada la asignación de "...funciones de rango y remuneración equivalentes a las que cumplía al tiempo del cese" (fs. 134/139), comenzando a percibir una remuneración equivalente al cargo de Director (dec. 484/04, fs. 313).
Ese mismo año, mediante ordenanza 2.801/04 se reinstaló el Juzgado de Faltas y se designó a partir del 30 de agosto de 2004 a un juez titular en planta permanente del personal municipal, con categoría de Director, conforme lo previsto en la norma citada (v. fs. 155/156 y 191/192).
Finalmente, de acuerdo a lo denunciado por el letrado patrocinante de la actora, la doctora Lazzatti en el año 2017 habría sido nuevamente designada como jueza de faltas, aunque en forma "interina" (fs. 510 vta.).
IV.2. Cabe, como anticipé, analizar en primer lugar la legitimidad de la ordenanza que dispuso la supresión del Juzgado de Faltas municipal de Rojas y la asunción de su competencia por parte del Departamento Ejecutivo municipal, pretensión anulatoria que, si bien la actora mantiene, en el alegato parece desdibujar, al poner en el centro del debate la ilegitimidad de haberla dejado cesante (v. fs. 512 vta. y sigs.).
IV.2.a. Vale recordar que la ley 12.727 declaró la emergencia administrativa, económica y financiera en la Provincia de Buenos Aires (B.O. de 6-VIII-2001), invitando a los municipios a adherir a ella (art. 45).
La Municipalidad de Rojas decidió adherir a la referida ley mediante ordenanza 2.576/01, declarando así el estado de emergencia administrativa, económica y financiera de la comuna, con los alcances allí establecidos (v. fs. 358/361).
En tal marco, invocando que la jurisdicción natural en materia de faltas compete al Departamento Ejecutivo; la necesidad de procurar una mayor eficacia en el ejercicio de tal jurisdicción; la pretensión de implementar políticas activas eficientes para encauzarlas en procura de una mejor calidad de vida de los habitantes del partido y con respeto al paralelismo de las competencias, el Concejo Deliberante decidió, entre otros tópicos, suprimir el Juzgado de Faltas (art. 1, ordenanza 2.596/01 -v. fs. 309/311).
IV.2.b. La cuestión bajo examen ha sido objeto de atención por parte de esta Corte al resolver conflictos suscitados, precisamente, con motivo de la supresión de Juzgados de Faltas -si bien en tales casos las decisiones fueron adoptadas por el Departamento Ejecutivo- con fundamento en lo dispuesto por la ley 11.685 de emergencia administrativa municipal (causas B. 57.912, "Concejo Deliberante de Coronel Suárez c/ Municipalidad de Coronel Suárez s/ conflicto art. 196 Const. prov.", resol. de 6-V-1997 y B. 57.454, "Sebey", sent. de 1-III-2004).
En tales precedentes, por mayoría, en decisión que he compartido y reitero ahora, esta Corte sostuvo que una vez creados por el Concejo Deliberante los juzgados de faltas no pueden válidamente ser suprimidos o reestructurados por decisión del Departamento Ejecutivo para asumir su competencia, puntualmente sobre la base de que en aquellos casos la ley 11.685 no autorizaba semejante solución.
El presente caso difiere sustancialmente de los precitados, dado que tanto la creación como la supresión del Juzgado de Faltas fue decidida por el Departamento Deliberativo. Tal circunstancia resulta esencial a las resultas del caso.
Veamos.
La organización de la Justicia de Faltas en la Provincia de Buenos Aires ha sido instituida y regulada por el decreto ley 8.751/77 -modificado por ley 10.269-, norma que modificó sustancialmente la escasa reglamentación que sobre el punto traía el decreto ley 6.769/58 (arts. 162 a 164).
El llamado Código de Faltas Municipales (art. 18) establece que el juzgamiento de éstas estará a cargo de la justicia de faltas "...cuya organización,
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