Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64843
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.843, "González, Marta Noemí contra Municipalidad de General Paz. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Torres, Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud, Violini .
I. La señora Marta Noemí González, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General Paz a fin de que se declare la nulidad de los decretos 237/98, 276/98 y 354/02 dictados por el Intendente municipal en el expediente administrativo n° 4.047-4602/88.
Por el primero de los actos impugnados la autoridad administrativa aplicó a la actora la sanción de cesantía. Por el segundo, desestimó el recurso interpuesto contra aquel. Finalmente, el decreto 354/02 rechazó el recurso de revisión presentado por la señora González.
Por consecuencia de la nulidad reclamada pide se ordene su reincorporación al cargo que ocupaba al momento del cese y se le abonen los salarios dejados de percibir desde el mes de mayo de 1998, con más intereses, aportes previsionales correspondientes a los años laborados y los propios desde mayo de 1988.
Asimismo, solicita se fije una indemnización por los daños material y moral que aduce haber sufrido como consecuencia de los actos que impugna.
Por último, formula reserva de caso federal y ofrece prueba.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de General Paz y opone excepción de cosa juzgada (v. fs. 47/49), cuyo traslado fue respondido por la actora a fs. 61/67.
III. Mediante resolución de fecha 1 de diciembre de 2004, el Tribunal rechazó la excepción de cosa juzgada (v. fs. 71/72) al entender, en el marco del art. 318 del Código Procesal Civil y Comercial, que la caducidad de instancia declarada en la causa B. 59.975, "González, Marta Noemí contra Municipalidad de General Paz. Demanda contencioso administrativa" no extinguió la acción, la cual podría ser ejercida en un nuevo juicio; ni perjudicó las pruebas producidas. Puntualizó que el modo en que concluyó aquel juicio inhibe la existencia de la cosa juzgada.
IV. A través de su representante, la Municipalidad de General Paz contesta la demanda en la que plantea su inadmisibilidad con fundamento en que los actos impugnados se encuentran firmes. Asimismo, sostiene la legitimidad de la actuación de la comuna y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 80/84).
V. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 42), glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 118/368), incorporado el alegato presentado por la parte demandada (v. fs. 373/378), declarado por perdido a la parte actora el derecho que tenía de alegar (v. fs. 381) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Procede la oposición a la admisibilidad de la demanda?
En caso negativo,
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Municipalidad de General Paz en oportunidad de contestar la demanda plantea la inadmisibilidad de la acción con fundamento en que la actora pretende que se declare la ilegitimidad y consecuente nulidad de actos que considera firmes.
Aduce que desde que se desestimó el recurso de revocatoria deducido por la señora González contra la resolución de este Tribunal que decretó la caducidad de la instancia en la causa B. 59.975, "González, Marta Noemí contra Municipalidad de General Paz. Demanda contencioso administrativa" -en la que la aquí actora impugnó la sanción de cesantía que se le aplicó a través de los decretos 237/98 y 276/98- , transcurrieron más de 90 días.
Afirma que con la presente demanda la actora pretende "revisar en sede judicial actuaciones administrativas (decretos 237 y 276) que se encuentran firmes y que no cuestionó en tiempo y forma ...". Plantea que "so pretexto del rechazo del recurso de revisión" intenta "adentrarse en cuestiones que ya han prescripto".
II. Corrido el traslado de ley, la demandante solicitó la desestimación de los aludidos planteos por considerarlos improcedentes y extemporáneos.
III.2. En orden a la firmeza de los actos alegada por la Municipalidad de General Paz, cierto es que es doctrina de esta Corte que el vencimiento del plazo para presentar un recurso o la demanda judicial -según corresponda- convierte la resolución en un acto firme y, por lo tanto, insusceptible de ser revisado en esta instancia (cfr. doctr. causa B. 52.312, "Ippólito", sent. de 27-IV-1999; B. 57.538, "Venturino Eshiur SA", sent. de 11-VII-2001; B. 60.163, "Máxima SA AFJP", sent. de 10-IX-2003 y B. 63.116, "Rodríguez Loreto", sent. de 14-VI-2006).
En efecto, el art. 14 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, determina como actividad frente a la cual verter la pretensión de contenido anulatorio, que la administración dicte un acto definitivo o equiparable, motorizando las cargas impugnativas asociadas al carácter ejecutorio y a la presunción de validez que poseen las decisiones administrativas (arg. art. 103, 110 y concs., Ord. Gral. 267/80; causa B. 51.667, "Terreri", sent. de 2-IX-1997; B. 57.150, "Humbertmann", sent. de 6-IV-1999, "D.J.B.A.", 156-243; B. 55.353, "Cobos", sent. de 21-VI-2000; e.o.). De tal suerte, si concurre una denegación del reclamo, mediante un acto formal adverso a las postulaciones del interesado, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final u órgano delegado por aquella, que no es tempestivamente controvertido por el afectado -en instancia de la administración o en sede judicial, según el caso-, la pretensión impugnativa posterior lucirá una falencia que conspirará contra su admisibilidad. En tan específica circunstancia, la reedición del pedimento en sede administrativa o judicial, salvo los supuestos de la revisión (art. 118, ord. gral. 267) o el tratamiento de las denuncias de ilegitimidad (art. 74, ord. cit.), se enfrenta con el valladar de los arts. 14 inc. 1 apart. "a" y 35 inc. 1 apartado "i", ley 12.008 (t.o. ley 13.101), en función del cual deviene aplicable el criterio de esta Corte contrario a la viabilidad de las pretensiones enderezadas a cuestionar actos firmes o consentidos en sede administrativa por el interesado (cfr. doctr. causa B. 50.291, "Limp SRL", resol. de 17-III-1987; B. 8.994, "Bongiovani", sent. de 24-X-1987; B. 50.225, "Rodríguez", sent. de 22-XI-1998; B. 55.489, "Sanabria", sent. de 29-XII-2003 y B. 51.812, "Empresa Argentina de Construcciones Públicas", sent. de 21-XII-2005).
En definitiva, no obstante los principios de seguridad y estabilidad que exhiben los actos estatales, ante determinadas circunstancias, la aludida firmeza puede ceder siempre y cuando se hayan cumplido ciertos requisitos. Uno de esos casos es el de la revisión prevista en el art. 118 de la ordenanza general 267, que se intenta contra un acto firme en sede administrativa. Tal característica hace que se lo considere un recurso especial, no obligatorio, de carácter limitado y que para su procedencia sea necesario el cumplimiento exhaustivo de ciertos recaudos (cfr. doctr. causas B. 48.173 y B. 48.712, cits.; B. 59.287, "Trejo", sent. de 27-XII-2002 y sus citas).
III.3. Es precisamente el recurso de revisión el remedio que la señora González ha intentado, en última instancia en sede administrativa, alegando a efectos de su procedencia, un manifiesto error de hecho que, según aduce, resulta de las propias constancias del expediente administrativo. En este sentido expresó que la autoridad municipal, al decidir el sumario administrativo disciplinario, no consideró la sentencia criminal que declaró su absolución al entender que no había sido comprobada su autoría en el delito imputado. Agregó que "no se puede en sede administrativa municipal volver a discutir la comisión de hechos pretendiéndose que la misma los habría cometido".
III.4. Ha señalado este Tribunal que la resolución desestimatoria del recurso de revisión es impugnable por vía contencioso administrativa pero solo cuando a través de ella se hubieran podido infringir las específicas normas que el ordenamiento jurídico recoge para su fundamentación (cfr. doctr. causas B. 52.295, "Irigoyen", resol. de 19-VI-1990 y sus citas; B. 57.809, "Lacassagne", sent. de 29-XI-2000; B. 59.287, cit.).
Advierto que este Tribunal, en la causa "Centioli" (B. 66.901, resol. de 8-X-2008) fijó como doctrina legal en materia previsional, luego seguida en materia de empleo público en la causa B. 62.043, "Karanicolas", sentencia de 31-X-2016, que la resolución administrativa que decide acerca de la admisibilidad de un recurso de revisión debe contener una fundamentación suficiente dada la índole de los derechos en juego; exigencia que comprende un exhaustivo análisis de los planteos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente y su confronte con los recaudos legalmente establecidos al efecto (en la especie, art. 118 inc. "a", ord. gral. 267/80).
III.5. En la especie, como se advierte de la simple lectura del decreto 354/02, la exigencia de adecuada y suficiente fundamentación no ha sido satisfecha. La administración comunal se limitó a expresar dogmáticamente que "no surgen elementos en las presentes actuaciones que, por su gravedad, hagan necesario recurrir a este excepcional medio, ni errores de hecho del carácter de los mencionados en el art. 118 inc. a) de la OG". Agregó que la recurrente debió impugnar "en la instancia del procedimiento administrativo correspondiente las cuestiones observadas a través del presente recurso". Y finalmente concluyó señalando "que es evidente la intención de la recurrente de filtrar a través del presente un nuevo examen de la totalidad de los problemas planteados por el acto originario".
III.6. Las afirmaciones transcriptas, consignadas en el acto en crisis, tal como indiqué precedentemente, no configuran una adecuada y suficiente fundamentación para la desestimación del recurso de revisión deducido por la señora González. No explican, en el caso concreto, cuáles son los motivos por los que no resulta procedente el aludido remedio. Ello basta para desestimar el planteo de inadmisibilidad de la acción formulado por la Municipalidad de General Paz.
III.7. Sentado ello y, en atención a lo expresado por la demandada en su responde, no parece lógico que en el sub lite , a esa solución se añada el reenvío a sede administrativa para la emisión de un nuevo acto que resuelva conforme a derecho el recurso de revisión deducido con fecha 5 de julio de 2002, pues ello solamente produciría como único efecto el de obligar a la actora a transitar nuevamente un camino ya recorrido ante la Administración, cuando su pretensión ya fue desestimada en esa sede y se encuentra íntegramente sustanciado este proceso judicial, marco en el que las partes han desplegado sus argumentos y pruebas sobre la cuestión de fondo (arts. 15, Const. prov. y 14 inc. "b", CPA; cfr. doctr. causa B. 56.648, "Galeano Mañay", sent. de 27-V-2015 y B. 62.043, cit.).
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3 in fine , ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Tal como lo afirma mi distinguido colega preopinante, la Municipalidad de General Paz, en oportunidad de contestar la demanda, planteó la inadmisibilidad de la pretensión al considerar que la actora persigue la nulidad de actos que se encuentran firmes.
Describe, al respecto, el siguiente derrotero: i) 15 de julio de 1998: dictado del decreto 237, mediante el cual se dispuso su cesantía; ii) 18 de agosto de 1998: dictado del decreto 276, mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra aquella decisión; iii) promoción por la señora González de una pretensión impugnatoria contra los referidos actos, que tramitara bajo el registro n° 59.975 por ante esta Suprema Corte, que culminara el 21 de noviembre de 2001 mediante la resolución 1.432, que declaró la caducidad de la instancia; iv) 5 de julio de 2002: interposición por la aquí actora de un recurso de revisión en sede administrativa; v) 10 de septiembre de 2002: decreto 354 a través del cual se desestimó ese recurso.
A partir de allí sostiene que ha prescripto la posibilidad de demandar judicialmente la nulidad de los decretos 237 y 276, ya que han adquirido firmeza. De otro modo, se estaría permitiendo que la Municipalidad de General Paz se vea sometida a un proceso judicial sin solución de continuidad, en detrimento del más elemental criterio de seguridad jurídica, en protección del cual se establecen los plazos en los cuales puede el administrado requerir la revisión judicial de los actos de la administración pública (v. fs. 80 vta./82).
Seguidamente, tras transcribir las causales previstas en el ordenamiento para la procedencia del referido recurso y parte de los fundamentos del decreto que lo desestimó, sostiene que dicha decisión es impugnable judicialmente solo cuando a través de ella se hubieran podido infringir las específicas normas que el ordenamiento jurídico recoge para su fundamentación, por lo cual resulta inviable cualquier intento de suscitar con este pretexto un nuevo examen de la totalidad de los problemas planteados en el acto originario (fs. 83).
Luego de transcribir doctrinas de este Tribunal, concluye que la recurrente debió impugnar durante la instancia del procedimiento administrativo correspondiente, las cuestiones observadas a través del recurso de revisión, siendo a su criterio evidente que su intención es filtrar a través de este medio impugnatorio, un nuevo examen de la totalidad de los problemas planteados por el acto originario (v. fs. 83 vta. y 84).
II. A fs. 86 la actora se notifica espontáneamente, solicitando el rechazo de los aludidos planteos por considerarlos improcedentes y extemporáneos.
III.1. De manera preliminar, he de dejar sentado que la oposición articulada debe resolverse a la luz de las prescripciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, en tanto sus reglas resultan aplicables al caso a tenor de lo resuelto por el Tribunal en las causas B. 64.996, "Delbés", resolución de 4-II-2004; B. 64.203, "Lobbe", resolución de 24-III-2004; B. 59.618, "Suarez", resolución de 11-II-2004; B. 60.833, "Noriega", sentencia de 8-IV-2015 y sus citas.
III.2. Efectuada la reseña precedente corresponde analizar si las decisiones impugnadas mediante las cuales se decidió la cesantía de la actora (decretos 237/98 y 276/98), han adquirido firmeza por falta de impugnación oportuna, argumento este en el que sustenta la demandada el pedido de rechazo de la pretensión.
Esta Corte ha señalado que el vencimiento del plazo para presentar un recurso o la demanda judicial -según corresponda- convierte a la resolución en un acto firme y, por lo tanto, insusceptible de ser revisado en esta instancia (doctr. causas B. 52.312, "Ippólito", sent. de 27-IV-1999; B. 57.538, "Venturino Eshiur S.A.", sent. de 11-VII-2001; B. 60.163, "Máxima S.A. AFJP", sent. de 10-IX-2003 y B. 63.116, "Rodríguez Loreto", sent. de 14-VI-2006).
En efecto, el art. 14 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, determina como actividad frente a la cual verter la pretensión de contenido anulatorio, que la administración dicte un acto definitivo o equiparable, motorizando las cargas impugnativas asociadas al carácter ejecutorio y a la presunción de validez que poseen las decisiones administrativas (arg. arts. 103, 110 y concs., ord. gral. 267/80; causas B. 50.087, "Playa Grande", sent. de 8-IX-1992, "Acuerdos y Sentencias", 1992-III-373; B. 51.667, "Terreri", sent. de 2-IX-1997; B. 57.150, "Humbertmann", sent. de 6-IV-1999, "D.J.B.A.", 156-243; B. 55.353, "Cobos", sent. de 21-VI-2000; e.o.). De tal suerte, si concurre una denegación del reclamo mediante un acto formal adverso a las postulaciones del interesado emanado de la autoridad con competencia resolutoria final u órgano delegado por aquella que no es tempestivamente controvertido por el afectado -en instancia de la administración o en sede judicial, según el caso-, la pretensión impugnativa posterior lucirá una falencia que conspirará contra su admisibilidad. En tan específica circunstancia, la reedición del pedimento en sede administrativa o judicial, salvo los supuestos de la revisión (art. 118, ord. gral. 267/80) o el tratamiento de las denuncias de ilegitimidad (art. 74, ord. cit.), se enfrenta con el valladar de los arts. 14 inc. 1 apdo. "a" y 35 inc. 1 apartado "i", ley 12.008 (t.o. ley 13.101), en función del cual deviene aplicable el criterio de esta Corte contrario a la viabilidad de las pretensiones enderezadas a cuestionar actos firmes o consentidos en sede administrativa por el interesado (causas B. 50.291, "Limp S.R.L.", resol. de 17-III-1987; B. 48.994, "Bongiovani", sent. de 24-X-1987; B. 50.225, "Rodríguez", sent. de 22-XI-1988; B. 55.489, "Sanabria", sent. de 29-XII-2003; B. 51.812, "Empresa Argentina de Construcciones Públicas", sent. de 21-XII-2005 y B. 55.723, "Arano", sent. de 15-III-2017).
III.3. De la reseña efectuada por la actora -que se corresponde con las constancias del expediente administrativo y las existentes en esta causa- se desprende que los decretos 237/98 y 276/98 han quedado firmes, en tanto la pretensión impugnatoria promovida con anterioridad -que tramitara bajo el registro n° 59.975 de este Tribunal-, culminó con la resolución 1.432 de 21-XI-2001 que declaró la caducidad de la instancia.
Sin embargo, la circunscripción del objeto litigioso derivado de dicha circunstancia no alcanza para dirimir el pleito, pues aún resta analizar la juridicidad del decreto 354/02 mediante el cual el municipio desestimó el recurso de revisión.
Ello por cuanto, conforme lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, ante determinadas circunstancias, no obstante los principios de seguridad y estabilidad que exhiben los actos estatales, dicha firmeza puede ceder siempre y cuando se hayan cumplido ciertos requisitos.
Uno de esos casos es -precisamente- el de la revisión prevista en el art. 118 de la ordenanza 267/80, que se intenta contra un acto firme en sede administrativa. Tal característica hace que se lo considere como un recurso especial, no obligatorio, de carácter limitado y para su procedencia es necesario el cumplimiento exhaustivo de ciertos recaudos (conf. causas B. 48.173 y B. 48.712, cit.; B. 59.287, "Trejo", sent. de 27-XII-2002 y sus citas).
Las causales contempladas en el aludido art. 118 para fundar el recurso de revisión son las siguientes: a) que haya sucedido manifiesto error de hecho que resulte de las propias constancias del expediente administrativo; b) que se hubiera dictado el acto administrativo como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta, o graves irregularidades comprobadas administrativamente; o c) que la parte interesada afectada por dicho acto, hallare o recobrare documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de un tercero.
Es criterio de este Tribunal que la resolución administrativa que decide acerca de la admisibilidad de un recurso de revisión debe contener una fundamentación suficiente, exigencia que comprende el exhaustivo análisis de los planteos fácticos y jurídicos expuestos por
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