Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65203
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.203, "Pérez, Gregorio contra Municipalidad de Pilar. Demanda contencioso administrativa" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud, Soria, Violini, Kohan.
El señor Gregorio Pérez, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Pilar. Pretende la reincorporación al puesto de trabajo del que fue apartado, según entiende, en modo ilegítimo.
Solicita también el pago de haberes no percibidos hasta ese momento, más intereses y una indemnización en concepto de daño moral.
Corrido el traslado de ley, el apoderado de la Municipalidad de Pilar contesta la demanda. Alega la legitimidad de su actuación y solicita el rechazo de las pretensiones.
Agregados los expedientes administrativos, los cuadernos de prueba de las partes, no habiendo ninguna de ellas hecho uso del derecho de alegar y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde reconocer un resarcimiento? ¿En qué medida?
3ª) ¿Procede la pretensión de indemnización por daño moral?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar en la Municipalidad de Pilar el 1 de junio de 1996 como Oficial electricista en el área de mantenimiento del alumbrado público, desempeñándose de lunes a viernes de 7 a 13 hs. de forma continua e ininterrumpida hasta el día 27 de agosto de 2001, fecha en que se le comunicó su cese mediante telegrama.
Manifiesta que las tareas realizadas y el tiempo trabajado no se condicen con la calificación de personal temporario alegada por la demandada, resultando a su juicio evidente la ilegitimidad de su apartamiento dado que gozaba de estabilidad en su empleo, conforme lo dispuesto en el art. 7 de la ley 11.757. Aclara sobre el punto que nunca suscribió un contrato de empleo con la Municipalidad.
Plantea que como corolario del actuar ilegítimo de la demandada se vulneraron derechos del trabajador consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales, como también su derecho de acceder a un beneficio previsional.
Solicita en consecuencia el reconocimiento de los salarios dejados de percibir hasta la efectiva reincorporación a sus tareas habituales, con intereses y el pago de una indemnización por daño moral. Pide la imposición de costas a la demandada.
II. Por su parte, el apoderado de la Municipalidad de Pilar, al contestar la demanda, niega los hechos afirmados por el actor y sostiene la legitimidad de lo actuado.
Indica que la situación de revista del exagente Pérez fue la de personal temporario -sin estabilidad- desde su ingreso el 1-06-1996 por decreto 2.061/96, para cumplir tareas en la Delegación Municipal de Del Viso, hasta el cese dispuesto a partir del 27-8-2001 por decreto 1.662/01 (v. fs. 68).
Por tal carácter niega que le asista un derecho a la estabilidad por el transcurso del tiempo, ello de conformidad con la normativa vigente aplicable al caso y el criterio sostenido por esta Suprema Corte (cita jurisprudencia en apoyo de su postura).
Aclara que la relación de empleo público con el actor se rigió de acuerdo a lo prescripto en el art. 92 y siguientes de la ley 11.757. Hace especial hincapié en la previsión del art. 101 de dicho cuerpo legal, según el cual el personal temporario podrá ser dado de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen. Concluye que el cese dispuesto se ajustó a derecho y, suma en consideración, que esa comuna al momento de decidirlo se hallaba en emergencia económica, financiera y administrativa.
Finalmente, impugna por improcedente la liquidación practicada en la demanda y rechaza cualquier reclamo por daño moral y patrimonial en atención a la legitimidad de su actuación.
III. De la documentación administrativa acompañada por las partes, agregadas al expediente judicial, surgen los siguientes datos útiles para resolver la presente cuestión:
III.1. Mediante decreto 2.061 de 4-XII-1996 el señor Gregorio Pérez fue designado como personal temporario a partir del día 1-6-1996 y por dos años para desempeñarse en la Delegación Municipal de Del Viso con una remuneración equivalente a la categoría S-1 (art. 1). Dicho acto contempla que podrá ser dado de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen o cuando incurra en abandono del cargo, de conformidad con lo prescripto en el art. 64 de la ley 11.757 (art. 2); ordena la notificación al interesado e imputa el gasto a la partida finalidad 2.1.1.1.2.5.2 "Personal Temporario" del presupuesto en vigencia (art. 3) -ver fs. 91 y 240-.
III.2. Obra copia de certificación de servicios de Gregorio Pérez con fecha 3-VII-1997 expedida por la Municipalidad a efectos de ser presentada en IOMA, en la que se indica que el agente presta servicios como personal temporario (v. fs. 88).
III.3. A fs. 77, 82 y 84 constan decretos de designaciones semestrales de personal temporario, entre los cuales se encuentra el actor, para los períodos 1-1-2000 al 30-6-2000; 1-7-2000 al 31-12-2000 y 1-1-2001 a 30-6-2001 (dec. 2.444/99; 1.280/00; dec. 620/01; respectivamente).
III.4. A fs. 62 luce una carta documento fechada el 27-8-2001 mediante la cual la Municipalidad de Pilar notifica al señor Pérez que ha resuelto dar por finalizados sus servicios como personal temporario, a partir de esa fecha, y de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo II de la ley 11.757.
III.5.a. El actor responde por el mismo medio con fecha 6-9-2001. Indica que atento al accidente de trabajo que sufrió el 28-12-2000 se encontraba en situación de realizar tareas pasivas según los certificados médicos expedidos por los médicos del hospital municipal. Además, niega encontrarse comprendido en el régimen dispuesto por el capítulo II de la ley 11.757, sino que en virtud del art. 7 del mismo cuerpo legal, ha adquirido el derecho a la estabilidad por lo que intima a la revisión de la medida como también solicita la entrega del decreto que dispone su cese (v. fs. 61).
III.5.b. El mismo día, el actor dedujo también recurso de revocatoria cuestionando su cese y solicitó, bajo apercibimiento de ley, que se individualizara el decreto que así lo decidió en resguardo de su derecho de defensa (v. fs. 56/57).
III.6. El 2-X-2001 mediante decreto 1.662/01 la Municipalidad de Pilar dio por finalizada la designación como personal temporario del agente Gregorio Pérez a partir del 27-8-2001 (v. fs. 242).
III.7. Con fecha 27-XII-2001 la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó sobre el recurso presentado el 6-9-2001 por el actor. Entendió que resultaba admisible, pero debía rechazarse en tanto consideró que el cese dispuesto de quien se desempeñaba en la planta temporaria, sin estabilidad, se ajustó a derecho; y agregó que la Municipalidad se hallaba en emergencia económica, financiera y administrativa, teniendo la necesidad de reorganizarse y racionalizar el gasto (v. fs. 102/103).
A fs. 104 vta., el Jefe de Mesa de Entradas de la Municipalidad demandada dejó constancia de que el 13-2-2002 se presentó el señor Pérez y luego de haber leído las actuaciones se negó a dejar constancia de su notificación.
El 10-4-2002 la comuna remitió una carta documento al exagente notificando el dictamen (v. fs. 5 y 108).
El actor rechazó la notificación y solicitó mediante pronto despacho la resolución del recurso presentado el 6-IX-2001 (v. fs. 9,10 y 11).
III.8. Previo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos (v. fs. 115), mediante decreto 536/02 de 19-VI-2002, se desestimó el recurso contra el cese. Como fundamento de tal decisión, en el acto se transcribieron las consideraciones expuestas en el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos -fs. 8-. El decreto 536/02 se notificó el 29-11-2002 (v. fs. 119 vta.).
III.9. A fs. 12 consta la ficha para afiliados obligatorios de IOMA del señor Pérez, firmada el 22 de enero de 2001 y en fs. 12 vta. la Jefa del Departamento de Remuneraciones de la Dirección de Personal certificó la firma del agente y consignó la designación temporaria desde el 1-1-2001 hasta el 30-6-2001.
III.10. Consta que el agente Gregorio Pérez sufrió un accidente de trabajo el día 18-12-2000 (v. fs. 34). De la documentación acompañada sobre el hecho cabe tener en consideración:
III.10.a. Obra la denuncia en la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (Provincia ART) del accidente de trabajo sufrido por el señor Gregorio Pérez, electricista, con una antigüedad de 4 años en la Municipalidad de Pilar (v. fs. 34).
III.10.b. A fs. 69 consta el alta médica dispuesta por la ART el 5-3-2001 del accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2000 (v. fs. 69).
III.11. A fs. 35 se observa la constancia de la Clínica Privada de Don Torcuato fechada el 24-5-2001 que da cuenta de la internación, con fecha 11-5-2001, con diagnóstico de hernia de disco y alta de internación del 18-5-2001.
IV. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si la Administración municipal demandada se ajustó a derecho al dictar el cese del señor Gregorio Pérez.
IV.1. En primer lugar, cabe aclarar el vínculo que unió a las partes y las normas que lo regían, para luego determinar si la ruptura de la relación dispuesta por la autoridad estatal se ajustó a derecho. Eventualmente, si los rubros indemnizatorios y salariales reclamados resultan procedentes.
De la documentación acompañada surge la primera designación que da cuenta de que el señor Gregorio Pérez ingresó a trabajar como personal temporario a partir del día 1-6-1996 y por dos años, para desempeñarse en la Delegación Municipal de Del Viso con una remuneración equivalente a la categoría S-1 (art. 1); podía ser dado de baja por razones de servicio o abandono del cargo, de conformidad con lo prescripto en el art. 64 de la ley 11.757 (art. 2) y se imputó dicho gasto a la partida finalidad 2.1.1.1.2.5.2 "Personal Temporario" del presupuesto en vigencia -art. 3- (v. fs. 91, dec. 2.061 de 4-XII-1996-).
Luego, bajo la misma modalidad, pero con un plazo semestral, el actor, entre otros, fue designado por los períodos 1-1-2000 al 30-6-2000; 1-7-2000 al 31-12-2000 y 1-1-2001 al 30-6-2001 (v. fs. 84, dec. 2.444/99; fs. 82, dec. 1.280/00; fs. 77, dec. 620/01 respectivamente).
En todos los nombramientos se dejó establecido que no obstante el plazo previsto, la Administración comunal podía dar de baja al agente temporario por razones de servicio o abandono de cargo (arts. 101 y 64, ley 11.757).
La última designación formal probada en la causa es la dispuesta por el decreto 620/01 para cumplir tareas durante el primer semestre del año 2001 (v. fs. 77).
De lo anterior se sigue que con la documentación acompañada ha quedado acreditado que el señor Pérez fue designado desde su ingreso como personal temporario y en los sucesivos nombramientos mantuvo siempre el mismo carácter, hasta el cese que le fue notificado con fecha 27-8-2001 (v. fs. 62); es decir, ya vencido el plazo por el cual había sido designado por decreto 620/01.
IV.2. La ley 11.757 -Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires- vigente al momento de los hechos, en su art. 12 establecía dos tipos de ordenamiento de sus agentes: la planta de personal permanente, integrada por quienes gozan de estabilidad (inc. 1); y la planta temporaria, que comprende al personal temporario propiamente dicho (inc. 2 "a"), al reemplazante (inc. 2 "b"), al destajista (inc. 2 "c") y al contratado por locación de servicios (inc. 2 "d").
A los cuadros temporarios no les resulta aplicable el art. 7 de la ley, en tanto se trata de una disposición normativa relativa a la planta de personal permanente en cuanto regula las condiciones bajo las cuales se perfecciona el derecho a la estabilidad en el empleo; calidad de la que gozan o pueden aspirar solo quienes sean designados en dicho cuadro.
La norma mencionada establece que todo nombramiento es provisional hasta que el agente adquiera estabilidad, derecho que se obtiene a los doce meses, de no mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente.
Sin embargo, el demandante pretende y alega que el tiempo transcurrido en el ejercicio del cargo temporario ha posibilitado la adquisición de la estabilidad referida (art. 7, ley 11.757).
Este Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha resuelto -por mayoría- que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista. En suma, el mero transcurso del tiempo, no es idóneo para trastocar por sí la situación de revista del agente (conf. doctr. causas B. 57.107, "Taglia", sent. de 2-V-2007; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 66.727, D'Anunzio sent. de 16-IX-2009; B. 58.153, "Nuñez", sent. de 30-V-2012, e.o.). Ha resuelto también que los agentes de planta temporaria -mensualizados o jornalizados- participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; e.o.).
IV.3. No obstante, esta Corte ha censurado el obrar administrativo por medio del cual se utilizan figuras autorizadas legalmente para casos excepcionales de designación temporaria de los agentes, aplicándoselas por un tiempo irrazonablemente prolongado (doctr. causas B. 64.315, "Carrizo" y A. 69.913, "Villafañe", sents. de 13-XI-2012; A. 70.896, "Martínez", sent. de 20-V-2015; B. 56.601, "Corvo", sent. de 22-VIII-2018; B. 60.557, "Fernández" y B. 60.558, "González", sents. de 6-XI-2019). Además de aquellas directrices del Tribunal, cabe considerar que, dentro del conjunto de pautas dadas por la Corte federal en la causa "Ramos" (Fallos: 333:311; L.L., 2010-B, 647), deben tenerse en cuenta si ese comportamiento generó -o tuvo aptitud de generar- una legítima expectativa de permanencia laboral en el agente o su continuidad en el empleo -o el desarrollo de la carrera administrativa- mediante la renovación sistemática de su contrato.
V. Aplicados esos lineamientos a la situación particular del actor, resulta que -tal como ha sido señalado- el señor Gregorio Pérez fue designado a partir del día 1-6-1996, como personal temporario del municipio de Pilar (decreto 2.061/96), condición en la que permaneció con los sucesivos nombramientos hasta el día 27-8-2001 (cap. II, arts. 92/103 planta temporaria, ley 11.757).
Como tal, se encuentra excluido de las previsiones que en materia de estabilidad prevé el plexo normativo aplicable, pues su condición de agente temporario le ha impedido adquirir aquel carácter. El acto de designación es -conforme la doctrina mayoritaria de esta Corte a la que antes se hiciera referencia- el que imprime el régimen aplicable a la relación, sin que, en el caso, esa situación de revista haya resultado modificada.
Además, considero que la relación de la demandada con el actor no pretendió encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado (conf. "Ramos", cons. 5° y "Cerigliano", cons. 5°, última parte). Es que no se presenta una situación que evidencie la exorbitancia en la prolongación de la relación transitoria que se ha verificado en otros precedentes de este Tribunal (v.gr. causas B. 64.315, "Carrizo" y A. 69.913, "Villafañe"; A.70.896, "Martínez"; B. 56.601, "Corvo"; B. 60.557, "Fernández" y B. 60.558, "González", cits.).
A tales consideraciones, que impiden acceder a lo pretendido, agrego que la aseveración del actor desconociendo cualquier tipo de contratación o el carácter temporario de su designación se ha visto desautorizada con parte de la documental que él mismo acompañó con la demanda: así, de la lectura de los distintos recibos originales de haberes de los meses del primer semestre de 2001 se colige que revistaba como personal temporario (v. fs. 19/23).
También surge evidente la naturaleza del vínculo, de la copia de la ficha de afiliación a IOMA que los agentes de los municipios -que prestaron su adhesión- deben presentar para ser afiliados obligatorios a dicha obra social y obtener la cobertura por el plazo que determine su designación. Este documento está fechado el 22-1-2001, firmado por el actor y se adjunta con una certificación de servicios otorgada por la comuna para ser presentada al Instituto referido. Ambas presentaciones expresamente indican que el actor se desempeñaba como personal temporario desde el 1-1-2001 hasta el 30-6-2001 (v. fs. 12 y 13). A fs. 88 luce otra certificación del mismo tenor para la afiliación correspondiente a un período anterior.
VI. No empece la conclusión señalada las alegaciones del actor relativas a que su cese se debió al accidente que sufriera en el trabajo el 28-12-2000.
Considero que no se ha podido acreditar el vicio de desvío del fin del acto segregativo alegado en el escrito de inicio, en tanto no se ha demostrado que el Jefe comunal decidiera su cese persiguiendo una finalidad diferente a la expresada.
Puntualmente, respecto al accidente laboral, consta que fue dado de alta médica el 5-3-2001 (v. fs. 69). Luego fue intervenido quirúrgicamente, situación de la que también obtuvo el alta (v. fs. 35) y, finalmente, trabajó por el período 01-1-2001 al 30-6-2001 (v. fs. 77, dec. 620/01).
El actor no logra probar que aquel accidente ocurrido meses antes de su cese -del que se recuperó y le permitió volver a sus tareas- haya sido el motivo determinante de la extinción de la relación de empleo entre las partes.
No altera dicha conclusión el expediente judicial que acompaña, tramitado en el Tribunal del Trabajo n° 1 de San Isidro ("Pérez, Gregorio c/ Municipalidad de Pilar s/accidente") en el que se determina una indemnización por el porcentaje de incapacidad resultante del infortunio padecido. Ello así, en tanto no resulta un hecho controvertido del proceso el accidente laboral sufrido por el señor Pérez ni tiene incidencia en la finalización del vínculo que, como quedó dicho, era temporario.
Es doctrina de este Tribunal, que cuando se reproche al actuar administrativo el desvío del fin, ha de demostrarse la existencia de un propósito distinto de tal obrar, mediante pruebas que evidencien la intencionalidad concreta de extinguir la relación laboral (conf. doctr. causa B. 55.656, "Mograbi", sent. de 8-VII-1997), carga probatoria que recae sobre quien invoca la existencia de una cesantía encubierta, de una reprochable estigmatización o de una violación al principio de razonabilidad en la adopción de la medida de baja (doctr. causa B. 57.253, "Rodríguez", sent. de 9-V-2001), exigencia que el aquí actor no ha satisfecho.
En suma, todas las consideraciones previas no permiten que prospere la pretensión del actor respecto a la estabilidad de su designación y reincorporación a sus tareas.
VII. No obstante lo antes expuesto, la extinción del vínculo con el empleado requería el dictado de un acto administrativo previo a la ejecución del cese, ello en consonancia con las disposiciones que regulan los vínculos temporarios y condicionan la baja de dicho personal por acto expreso, fundado y emanado de autoridad competente (arts. 101 y 102, ley 11.757).
Lo dicho, claro está, por no tratarse de la finalización natural de
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