Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61173
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.173, "Ireba, Fernando Marcelo contra Provincia de Buenos Aires (DGCyE). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El señor Fernando Marcelo Ireba, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación) por haber sido denegado su pedido de licencia con goce de sueldo, por "actividad de interés público o del Estado", contemplada en el art. 115 inc. "c" del decreto 688/93.
Pretende que se condene a la demandada a abonarle los salarios que a raíz de ello no percibió durante el lapso comprendido entre el 26 de abril de 1994 y el 31 de diciembre de 1997, con más intereses hasta el efectivo pago.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita beneficio de litigar sin gastos.
II. A fs. 20 este Tribunal señaló que en atención a que la ley 12.200 acuerda a los empleados estatales el beneficio de litigar sin gastos, con todos sus alcances y de pleno derecho, en las actuaciones judiciales en las que se ventilan reclamos vinculados a la relación de empleo público, resulta innecesario expedirse respecto a la petición formulada por la actora en ese sentido.
III. Corrido el traslado de ley se presenta la Fiscalía de Estado, niega los hechos y el derecho alegado por la parte actora, afirma que la demanda es infundada y, sobre la base de la legitimidad del obrar administrativo, solicita el rechazo de la acción.
Ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
IV. Agregado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 76/470), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 478/479 -actora- y 480/481 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El actor relata que tanto el gobierno nacional como los provinciales dictaron leyes y decretos, y suscribieron diversos convenios tendentes a paliar la situación que atravesaba el sector agropecuario. Agrega, en lo que atañe al objeto de la demanda, que el 22 de septiembre de 1986, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA) y la ex Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires (en adelante DGEyC; actual Dirección General de Cultura y Educación, en adelante DGCyE) celebraron el Convenio de Colaboración Recíproca que acompaña. Entre sus objetivos destaca: "utilizar a la escuela como centro de interés, temas de la vida y el trabajo rural para el conocimiento del medio posibilitando de esta manera la formación del educando", "brindar conocimientos al personal docente a fin de que pueda desarrollar más eficientemente su labor" y "proveer a las escuelas, en forma regular, información técnica y orientación actualizada para el desarrollo de las actividades relacionadas con el sector agropecuario".
Pone de resalto que en la cláusula decimotercera el aludido convenio contempla la afectación de personal en las estaciones experimentales agropecuarias del INTA y, según afirma, se mantiene la dependencia económica con el organismo al cual pertenece.
Señala que la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 227/93 creó el "Programa Federal de Reconversión Productiva" (Cambio Rural) para promover y facilitar la intensificación y reconversión productiva, como un medio para superar la situación económica de la pequeña y mediana empresa rural y propender al desarrollo agropecuario, conjugando una mayor competitividad con los principios de equidad social y sustentabilidad de nuestra base ecológica.
Destaca la importancia del programa tanto para el pequeño y mediano productor como para el docente bonaerense que, a través de su tarea en "Cambio Rural", logra adquirir conocimientos para luego volcarlos en beneficio del alumnado.
Aclara que, si bien por la participación en el programa no se percibían honorarios, el INTA, a través de la Fundación ArgenINTA, suscribió con los profesionales un contrato de locación de obra por un monto que oscilaba entre los trescientos y quinientos pesos mensuales, con los que se pretendía cubrir los gastos que demandaría la empresa.
Acota que a fs. 52/53 el certificado reza "...no percibe ningún tipo de honorarios extras ni gastos de ninguna índole (combustible, estadía, etc.)" por lo que era imprescindible contar con su salario docente. Recalca que lo cobrado por la locación de obra solo alcanzaba para cubrir los costos de traslado y estadía que el cumplimiento del plan le irrogaba.
Afirma que no hubiese aceptado ingresar al programa si no se le otorgaba licencia con goce de sueldo, pues ello hubiera producido una importante merma en sus ingresos.
Dice que en el convencimiento de que se le concedería la aludida licencia para realizar el Programa, la solicitó en el marco del art. 115 inc. "c" del decreto 688/93 al Director del Enseñanza Media, Técnica y Agraria el 25 de abril de 1994. Indica que esta petición originó el expediente administrativo n° 5.826-2498907/94.
Apunta que mediante resolución DGCyE 2.565/94 se le concedió licencia por causas particulares. Agrega que, posteriormente, a través de las resoluciones DGCyE 2.677 y 7.374, de fecha 10 de marzo de 1997 y 15 de diciembre de 1998, respectivamente, se rechazaron los recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio y se le otorgó la licencia por actividad de interés público o del Estado sin goce de sueldo en el marco del art. 115 inc. "c" del decreto 688/93.
Sostiene que la licencia debió ser concedida con goce de sueldo pues la documentación del Programa "Cambio Rural" acredita que se trata de una labor de interés público o del Estado.
Dice que cuando un profesional invierte tanto tiempo, dedicación y sacrificio en favor del perfeccionamiento, ello redunda en beneficio de su desempeño docente. Agrega que ha tenido que hacer un sacrificio económico para lograr el resultado, pero siempre teniendo en mira que "llegaría el resarcimiento, porque de otra manera se vería seriamente afectado el derecho constitucional de propiedad".
Cuestiona el acto administrativo que le niega el derecho a percibir el sueldo durante un prolongado período no obstante haberse reconocido la importancia de la tarea desempeñada. Lo impugna por no brindar las razones y fundamentos para desestimar la licencia solicitada con goce de sueldo, limitándose a expresar "en el presente caso no están dados los supuestos para acceder a dicha petición".
Añade que -con anterioridad- pedidos similares fueron resueltos favorablemente.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado, luego de detallar las instancias del trámite administrativo, señala que la resolución DGCyE 7.374/98 decidió, en definitiva, conceder al docente Ireba licencia sin sueldo por el art. 115 inc. "c" del decreto 688/93 entre el 26 de abril de 1994 y el 31 de diciembre de 1997.
Seguidamente detalla el marco normativo en el que encuadra el caso y diferencia las licencias contempladas en el Estatuto del Docente. Puntualiza que las enumeradas en el art. 114 de la ley 10.579 son otorgadas al personal docente con la sola justificación de la causal que se invoca. Señala que, en cambio, el art. 115, consagra la facultad privativa y discrecional de la Administración de otorgar o no, según las particularidades del caso, las licencias en él contempladas.
Expresa que las facultades discrecionales son otorgadas por la ley a los órganos administrativos para aplicarlas a situaciones que por su complejidad, variabilidad y particularidad no son susceptibles de una previsión legal que permita someterlas a un reglamento general y que se ejerciten conforme a los fines que la misma ley establece.
Por ello postula que nada puede reprocharse a la autoridad administrativa.
Pone de resalto que el actor se encontraba vinculado con el Programa "Cambio Rural" a través de un contrato de locación de obra por el que percibía un pago por las prestaciones realizadas. Por ello, asevera, la DGCyE entendió que la licencia debía concederse por actividad o interés público del estado sin goce de sueldo.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Resolución 227/93 dictada por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (v. fs. 134/139).
III.2. Convenio suscripto entre el INTA y la DGEyC aprobado por resolución INTA de fecha 14 de agosto de 1986 (v. fs. 300/306)
III.3. Nota de la Sociedad Rural de Roque Pérez, entidad que patrocinó al ingeniero agrónomo Ireba en el Programa Federal de Reconversión Productiva "Cambio Rural" entre 1993 y 1997 (v. fs. 313/314).
III.4. Informe elaborado por el Ministerio de Asuntos Agrarios (v. fs. 359/390). En él consta el modelo de convenio a celebrarse por el plazo de tres años entre el grupo de productores y la Comisión de Acción Provincial de la Provincia de Buenos Aires del Programa Federal de Reconversión Productiva "Cambio Rural" (en adelante, CAP) -ver cláusula decima-.
III.5. A fs. 383 obra agregada copia de la nota remitida a la CAP por el señor Roberto Basso, en representación del grupo de productores rurales, y la Sociedad Rural de Roque Pérez, como entidad promotora, manifestado su voluntad de adherir al Programa "Cambio Rural" y proponiendo como Promotor Asesor al ingeniero agrónomo Fernando Ireba.
III.6. A fs. 402/431 el INTA informó que el actor prestó servicios entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1997 como promotor asesor del Grupo "Cambio Rural" denominado "Roque Pérez III Cerdos".
III.7. Expediente administrativo n° 5.826-2498907/94.
III.7.a. Con fecha 25 de abril de 1994 el ingeniero agrónomo Fernando Marcelo Ireba solicitó ante el Director de Enseñanza Media, Técnica y Agraria que se le concediera licencia por actividad de interés público o del Estado, con goce de sueldo, conforme lo dispuesto en el art. 115 inc. "c" del decreto 688/93, a fin de participar en el Programa "Cambio Rural". Señaló que en ese programa se desempeñaría como promotor asesor de grupos productores, tarea que resultaría incompatible en términos de tiempo con el ejercicio de la docencia (v. fs. 3).
III.7.b. A fs. 2, el Director de Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción detalló las tareas a desempeñar por el ingeniero agrónomo Ireba en su función de promotor asesor del aludido programa.
III.7.c. A fs. 13, el Inspector de Educación Media, Técnica y Agraria informó que el docente Ireba "en el Programa "Cambio Rural" cumple funciones de Promocionar el Programa y Asesorar a un grupo de productores [...] dicho cargo es rentado " (el destacado me pertenece).
III.7.d. Situación de revista del docente Ireba en la que consta que es titular de 13 horas semanales en la Escuela Agropecuaria n° 1 de La Plata (v. fs. 16).
III.7.e. A partir del 26 de abril de 1994 la Directora General de Cultura y Educación concedió al aquí actor licencia en los términos del art. 114 inc. "o" apartado 1, por dos años, en su desempeño como profesor titular en la Escuela Agropecuaria n° 1 de La Plata y profesor provisional en la Escuela Agropecuaria n° 1 de Magdalena (v. resol. DGCyE 2.565/94 -fs. 17-).
III.7.f. Recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio interpuesto por el interesado contra la resolución aludida en el apartado anterior (v. fs. 19/21).
III.7.g. Por resolución DGCyE 2.677/97 se dejó establecido que la licencia concedida mediante resolución 2.565/94 al docente Fernando Marcelo Ireba debía ser considerada en los cargos allí citados por el art. 115 inc. "c" del decreto 688/93 y no por la norma indicada en el aludido acto administrativo (v. fs. 280).
III.7.h. Certificación de que el actor de autos "ha desarrollado tareas de apoyo durante el período abril de 1996-junio de 1997 a la comisión de Acción Provincial (CAP) organismo coordinador del Programa de Reconversión Productiva para la pequeña y Mediana Empresa Rural 'Cambio Rural' en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires" (v. fs. 332).
III.7.i. A fs. 333/338 se agregaron dos contratos de locación de obra celebrados entre el actor y la Fundación ArgentINTA por los períodos del 1 de abril al 31 de julio de 1997 y 1 de agosto al 31 de diciembre de 1997.
III.7.j. A través de la resolución DGCyE 7.374/98 se desestimó el recurso de revocatoria que el interesado interpuso contra su similar 2.677/97 y se le concedió licencia, sin sueldo, conforme el art. 115 inc. "c" del decreto 688/93, desde el 26 de abril hasta el 31 de diciembre de 1997, por su participación en el Programa "Cambio Rural" organizado por el INTA (v. fs. 342).
III.7.k. Recurso jerárquico presentado por el docente Ireba contra la resolución DGCyE 7.374/98 (v. fs. 351/35) al que se adjuntaron los actos administrativos por los que se concedieron licencia con sueldo íntegro desde el 23 de octubre al 4 de noviembre de 1989 por asistir el "Curso de Formulación y Evaluación de Procesos de Exportación de Productos no tradicionales" organizado por la Fundación de Estudios sobre Ingeniería Comercial Agropecuaria en la Provincia de Santa Fe (v. resol. DGEyC 3.697/91 a fs. 356/357) y desde el 17 de septiembre y hasta el 21 de noviembre de 1990 en el marco del art. 115 inc. "c" apartado I (v. resol. DGEyC 834/92).
IV. De acuerdo con las postulaciones de las partes y los antecedentes reseñados, la cuestión a resolver se centra en determinar si la decisión de conceder al actor licencia por actividad de interés público o del Estado sin goce de sueldo, en atención a su participación en el Programa "Cambio Rural" organizado por el INTA, se ajusta a derecho.
IV.1. La ley 10.579 -Estatuto del Docente-, en el art. 115, faculta a la DGCyE, para otorgar licencias por estudio o perfeccionamiento docente (inc. a) y por actividad de interés público o del Estado (inc. "c"), entre otras causales.
Por su parte, el decreto 688/93, al reglamentar esta norma, estableció: "c) Por Actividad de Interés Público o del Estado: Se concederá licencia cuando el Docente deba cumplir actividades culturales, académicas o diplomáticas, o realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o participar en conferencias o congresos en el país o en el extranjero, declarados de interés público o del Estado, o cuando concurra a los mismos investido de la representación oficial del Organismo. Esta Licencia podrá ser concedida con o sin sueldo, de acuerdo a las particularidades del caso...".
La impugnación efectuada por el actor en su escrito postulatorio se limita a cuestionar la decisión de denegarle el goce de sueldo durante el tiempo que le fue concedida la licencia por su participación en el Programa "Cambio Rural" organizado por el INTA.
Destaco, en primer lugar, que la propia norma expresa que esta licencia "podrá ser concedida con o sin sueldo", dejando librada esta decisión a las particularidades de cada caso. De tal modo, la letra de la reglamentación no garantiza al docente el derecho al goce de licencia con sueldo. Ello así, en la medida que la autoridad administrativa no está obligada a otorgar esta clase de licencia por tratarse de una atribución que se le reconoce en el marco de sus facultades discrecionales (conf. doctr. causas B. 50.891, "Domini", sent. de 27-XII-1996; B. 59.316, "De Grazia", sent. de 21-V-2008 y B. 59.197, "Cooperativa de Horticultores Mar del Plata Ltda", sent. de 27-IX-2017).
IV.2. En orden a la revisión judicial de esta categoría de decisiones administrativas, este Tribunal ha expresado reiteradamente que la actuación discrecional de la Administración no implica que los órganos estatales tengan un ámbito de actuación desligado del plexo normativo o que ello no resulte controlable. La Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas, no obstante que estas eventualmente tengan su origen en potestades discrecionales. Y el escrutinio judicial de tal actividad no importa la sustitución del criterio de la Administración por el del juez, sino que conlleva la constatación de que aquella se ajustó a los límites impuestos por el ordenamiento y cumplió con la finalidad perseguida por el legislador al asignarle una facultad de esa naturaleza. Si la discrecionalidad proviene del propio orden jurídico, concierne al juez controlar que su ejercicio se ciña a los márgenes establecidos por aquel (conf. doctrina causas B. 57.053, "Mema", sent. de 24-XI-2010; B. 63.949, "Busto", sent. de 15-VII-2015; B. 66.616, "Cabrera", sent. de 4-XI-2015; e.o.).
Así, la actuación de tal tipo de prerrogativas es susceptible de examen y revisión judicial cuando infringe las normas que reglan sus límites o incurre en irrazonabilidad, arbitrariedad o desviación de poder (cfr. doctr. causas B. 62.272, "Simoni", sent. de 26-X-2016; B. 63.469, "Sáenz Orellana", sent. de 6-XII-2017 y B. 65.621, "Sheridan", sent. de 23-II-2021).
De tal modo, en atención a que la propia norma autoriza a otorgar la licencia en cuestión con o sin goce de sueldo, entonces la cuestión a decidir se circunscribe a determinar si al negar el goce de sueldo durante el tiempo que le fue concedida la licencia en el marco del art. 115 inc. "c", la autoridad administrativa incurrió en irrazonablidad, arbitrariedad o desviación de poder.
IV.3. El actor justifica su pretensión de que la licencia le sea otorgada con goce de sueldo alegando que por su desempeño en el referido programa no percibía honorarios, salvo la compensación de entre trescientos y quinientos pesos acordada en el contrato de locación de obra celebrado con la Fundación ArgenINTA.
En respuesta a la prueba informativa ofrecida por la actora, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires remitió el modelo de convenio a celebrar, en el marco del Programa Federal de Reconversión Productiva "Cambio Rural", entre el Grupo de Productores y la CAP por un plazo de tres años (v. fs. 367/369).
En la cláusula primera de este convenio se detalla que el Programa Federal de Reconversión Productiva "Cambio Rural" tiene por objeto impulsar, a través de la capacitación y asistencia técnica, los emprendimientos de aquellos productores que manifestaran su voluntad y decisión de integrar un proceso innovativo, apelando a las tecnologías disponibles, intensificando los procesos de producción con mayor dedicación y eficiencia en la gestión empresarial, articulando el cambio tecnológico al financiamiento, a la reorganización de la estructura productiva, a la diversificación de la oferta agropecuaria, a generar mayor valor agregado y a intensificar la participación del sector en la comercialización, para mejorar la capacidad empresarial de sus establecimientos y encontrar alternativas viables de transformación que permitan generar excedentes económicos a fin de garantizar la evolución del proceso productivo.
En este acuerdo, el grupo de productores se compromete a compartir la asistencia técnica a través de un profesional de las ciencias agrarias que prestará sus servicios en calidad de promotor asesor del grupo, quien podrá ser propuesto por el grupo de productores (v. cláusula 2º). Por su parte, la CAP, a los fines de este convenio, actuará por medio del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, quien contratará, capacitará y evaluará al promotor asesor del grupo de productores, y establecerá la relación funcional del promotor asesor, a los fines de asistirlo, supervisarlo y coordinar actividades conjuntas en la que participen otros técnicos. A su vez el grupo de productores se compromete a permitir la asistencia del promotor asesor a las jornadas y tal
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