Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64489
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.489, "Giannettasio, Graciela María contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Borinsky , Mancini , Violini.
I. La doctora Graciela María Giannettasio, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) y solicita se declare la nulidad de las resoluciones dictadas por ese organismo el 18 de agosto de 1999 y el 22 de mayo de 2002, en el expediente administrativo 167/94, caratulado "Rendición de cuentas correspondiente a la Dirección General de Escuelas y Cultura. Ejercicio 1994".
Por el primero de los mencionados actos se determinó la responsabilidad patrimonial de la actora y se le formuló cargo pecuniario por la suma de $10.628,45. Además se le aplicó multa de $1.800. La segunda resolución indicada desestimó el recurso de revisión interpuesto por la actora contra la anterior.
Plantea la inconstitucionalidad del aludido acto al entender que incurre en arbitrariedad e irrazonabilidad.
Por consecuencia de la nulidad reclamada, pide se dejen sin efecto las sanciones impuestas.
Solicita que, con carácter precautorio, se ordene la suspensión de la ejecutoriedad del acto impugnado.
Además, requiere la citación en carácter de tercero de las señoras Marta Taladriz y Graciela Scipione.
Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Por resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, en el marco de lo dispuesto en los arts. 32 de la ley 4.373 y 36 de la ley 10.869 -de idéntico tenor-, esta Suprema Corte ordenó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado "...se abstengan de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo de la multa aplicada a la accionante mediante el fallo del Tribunal de Cuentas -dictado en el expediente 167/94 DGEyC, de fecha 16-VIII-1999 y hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa. Ello, bajo responsabilidad de la peticionaria, a cuyo efecto deberá prestar caución juratoria" (v. fs. 68/69).
III. A fs. 95/108 se presenta la parte actora y amplía la demanda en orden a sus fundamentos, desiste de la citación en carácter de terceros requerida en su escrito postulatorio y ofrece prueba.
IV. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, con fundamento en la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 120/133).
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal.
V. A fs. 517 la Fiscalía de Estado denuncia que la actora ha depositado en las cuentas 1.865/4 "HTC INGRESOS POR MULTAS" y 108/9 "HTC INGRESOS POR FALLOS" las sumas de $10.628,45 y $1.800, respectivamente.
Asimismo, detalla que el pago fue recibido "a cuenta".
VI. Corrido el traslado de la presentación de la Fiscalía de Estado agregada a fs. 505/517, la parte actora manifiesta que el pago efectuado no implica conformidad con la sentencia del Tribunal de Cuentas ni un desistimiento del derecho invocado en autos.
VII. Producida la prueba, agregados el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 153/468) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 472/489 -actora- y 499/500 -demandada-), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Relata la actora que en el expediente administrativo 167/94, el 18 de agosto de 1999, el Tribunal de Cuentas decidió aplicarle una multa de $1.800 y cargo pecuniario por la suma de $10.628,45, en virtud de las faltas que le atribuyó durante su desempeño en el cargo de Directora General de la entonces Dirección General de Escuelas y Cultura - Ejercicio 1994.
Analiza ampliamente la naturaleza jurídica y la impugnación judicial de las decisiones del Tribunal de Cuentas y, con cita de precedentes de este Tribunal, les atribuye el carácter de resolución definitiva equivalente a un decreto del Poder Ejecutivo en cuanto a su recurribilidad ante esta Corte por demanda contencioso administrativa.
Afirma que la resolución que por esta acción cuestiona es nula por contener vicios en los elementos causa, procedimiento, objeto y finalidad.
I.1. Impugna la multa impuesta. Dice que el acto se aparta de la reglamentación, en particular de lo dispuesto en el art. 16 inc. 4 de la ley 10.869 en cuanto no valoró el carácter, el efecto y la gravedad de la falta cometida para la graduación de la multa aplicada, por lo que sostiene que es irrazonable.
I.1.a. Con relación a la reprochada presentación de la rendición de cuentas en forma extemporánea, se agravia de que el Tribunal de Cuentas no haya ponderado la situación que precedió a su desempeño como Directora General de Escuelas y Cultura. Acota que inició su gestión el día 4 de mayo de 1992.
Pone de resalto el atraso existente al momento de su designación y afirma que ello imposibilitó realizar las rendiciones en término en los primeros ejercicios de su gestión.
Dice que en aquella época la casi totalidad de las tareas administrativo contables se realizaban en forma manual o semiautomática. De otro lado, destaca el impacto que tuvo la hiperinflación en la gestión administrativa, pues al tener que desdoblar pagos se dificultó, según explica, la presentación de las rendiciones de cuentas.
Apunta que a principios del año 1993 se acordaron nuevas medidas con la Contaduría de la Provincia a fin de acelerar el procedimiento de control de las cuentas públicas.
Asimismo, aduce que la sanción por la demora en las rendiciones de cuentas debe alcanzar a los funcionarios que tienen asignada competencia específica en esa materia. Dice que es irrazonable responsabilizar al titular del organismo.
I.1.b. Con relación a las objeciones vinculadas a los contratos que originaron las órdenes de pago cuestionadas en el considerando séptimo de la resolución impugnada, alega que el Tribunal de Cuentas se apartó de la finalidad de protección de la hacienda pública.
Agrega que el contrato refiere a una obra concreta, "la coordinación", tomando el concepto de obra como "un bien que crea la actividad humana".
A su vez, destaca que la obra encomendada fue efectivamente realizada por lo que niega que se haya configurado perjuicio fiscal.
Con respecto a la supuesta intención de eludir el control de incompatibilidad de servicios, se agravia de que el Tribunal de Cuentas no proveyó la prueba oportunamente ofrecida a fin de que por oficio la Dirección Provincial de Personal informe si existía o no la referida incompatibilidad.
I.2. En otro orden cuestiona la resolución de fecha 18 de agosto de 1999 en cuanto decidió dejar en suspenso, postergar o reservar ciertas cuestiones. Se agravia porque el Tribunal de Cuentas no identificó a los funcionarios alcanzados y declaró que aquellos no podían considerarse eximidos de responsabilidad. Dice que la Ley Orgánica no habilita a efectuar tales suspensiones o reservas (arts. 4 y 5). Afirma que esta decisión viola el derecho aplicable, resulta arbitraria, irrazonable y, por ende, es nula.
Asevera que no existe justificación para mantener en suspenso la decisión respecto a las cuestiones detalladas en los arts. 3 y 4 del acto cuestionado, pues el tema de los remanentes de haberes con el Banco de la Provincia de Buenos Aires se ha regularizado y, se encausó la solución en lo atinente a los aportes previsionales y sindicales.
Manifiesta que en las actuaciones administrativas resultan esclarecidas las circunstancias que rodearon la celebración del convenio de refinanciación de deudas pertenecientes a la Administración Central -aprobado por decreto 1.524/92-.
Afirma que las retenciones practicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y fundadas en los términos del decreto 1.524/92 fueron resueltas en el Convenio 506 de fecha 28 de mayo de 1997 -aprobado por resolución de la Dirección General de Cultura y Educación 7.148/97- celebrado entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Provincia de Buenos Aires por el cual esta entidad bancaria reconoció a favor de la Dirección General entonces a su cargo un saldo de $17.814.881,35 en concepto de remanente de pago de haberes correspondientes a las rendiciones efectuadas hasta el mes de octubre de 1993.
Por ello sostiene que fue a partir de ese momento que la Dirección General se encontró en condiciones de efectuar los reclamos a los entes previsionales y sindicales por los montos depositados correspondientes a los recibos de cheques no pagados.
Asevera que estas cuestiones se originaron en situaciones ajenas a la responsabilidad de la Dirección General a su cargo, circunstancia que dice haber acreditado en el trámite administrativo.
I.3. Impugna también el cargo pecuniario de $10.628,45 impuesto por desaprobar el pago del consumo de dos equipos de telefonía celular no autorizados.
Aduce que esta decisión adolece de fundamentación fáctica y jurídica.
Postula que todos los equipos de telefonía autorizados bajo la vigencia de la normativa anterior al decreto 588/94 podían continuar siendo abonados por la Dirección General de Escuelas y Cultura, pero ante el rechazo de la autoridad de aplicación debía dárseles la baja en forma inmediata.
Luego, expone distintas circunstancias para justificar el uso de ambos teléfonos celulares.
Concluye que, habiéndose utilizado los aparatos en cuestión para desarrollar funciones propias de la Administración, el cargo pecuniario formulado en el artículo décimo sexto del acto impugnado, implicaría un enriquecimiento sin causa de la Administración.
Además, pone de resalto que a partir de la reforma de la Constitución provincial vigente desde el mes de septiembre de 1994 y de lo dispuesto en la ley 11.612, en su desempeño como Directora General de Escuelas y Cultura poseía, en el ámbito de su competencia, idénticas atribuciones a las conferidas al Poder Ejecutivo por las leyes vigentes.
I.4. Por otra parte, manifiesta que la finalidad de las normas constitucionales y legales que otorgan competencia de contralor al Tribunal de Cuentas es la protección de la hacienda pública.
Sostiene que, en el caso de autos, se le dio "...excesiva importancia a leves incumplimientos formales oportuna y plenamente justificados" por lo que se desnaturalizó la función del órgano de control.
Dice que el Tribunal de Cuentas la ha sancionado con fundamento en supuestas infracciones formales, no existiendo imputación de incumplimientos esenciales relativos a su cargo, ni se ha configurado ninguna de las causales que menciona el art. 16 de la ley 10.869 como habilitantes de la aplicación de sanciones. Destaca que no se obstruyó la actividad de control ni se desobedecieron sus resoluciones. Afirma que en todo momento ha colaborado con el organismo para el ejercicio del control de la hacienda pública.
I.5. Asimismo, se agravia por la inexistencia de dictamen jurídico previo a la emisión del acto que por esta acción impugna. Sostiene que ello implica un grave apartamiento del procedimiento debido que acarrea la nulidad del acto.
I.6. Finalmente, cuestiona que el Tribunal de Cuentas incumplió el plazo de doce meses establecido en el art. 17 de la ley 10.869, a los efectos de dictar la resolución final en el trámite administrativo.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado argumenta a favor de la legitimidad de las sanciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas.
II.1. En primer lugar, responde los agravios vinculados a lo resuelto en los artículos tercero, cuarto y quinto de la decisión impugnada.
Refuta que el Tribunal de Cuentas carezca de competencia para diferir la decisión de cuestiones investigadas en expedientes específicamente formados al efecto.
Explica que las cuestiones cuya decisión fue postergada en los indicados artículos, han dado origen a expedientes específicos en donde se analizan y profundizan, por su complejidad, los hechos investigados. Agrega que los funcionarios involucrados no pueden quedar exentos de sanción hasta las resultas definitivas de tales actuaciones "...ante la eventualidad de futuras derivaciones".
Sin perjuicio de ello, acota que en la resolución de fecha 22 de mayo de 2002, que desestimó el recurso de revisión interpuesto por la aquí actora, se dejó sin efecto la suspensión impuesta a la aprobación de los importes gastados en la Partida Principal-Personal, pertenecientes a los ejercicios 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, respecto al expediente letra "D" resolución 32/94, liberando de responsabilidad a los funcionarios intervinientes en relación con esta cuestión puntual.
Igualmente, apunta que en el mismo acto se confirmó lo decidido en los artículos cuarto y quinto de la resolución de fecha 18 de agosto de 1999, por no haber recaído decisión definitiva en los expedientes 167-76/96 y 167-77/96.
Además, señala que el diferimiento que la actora cuestiona no le causa agravio ya que aún no se le ha aplicado ninguna sanción o cargo por este tema y, eventualmente, en el momento que se decidiera, destaca que la aquí demandante podría cuestionarla en sede judicial.
II.2. Acota también que en el caso de que la doctora Giannettasio pretendiera reprochar una demora formal de la Administración en decidir podría ocurrir a los medios procesales específicos que al efecto le proporciona el ordenamiento jurídico.
II.3.a. En orden a la multa impuesta en el artículo octavo afirma que se encuentra habilitada por lo dispuesto en los arts. 16 y 18 in fine de la ley 10.869. Precisó que, pese a que la rendición de cuentas debió ser elevada al Tribunal de Cuentas mensualmente no pudiendo exceder la última rendición el día 31 de mayo de 1995, fue cumplimentada entre los días 22 de agosto de 1996 y 9 de septiembre de 1998.
Asimismo, destacó que las excusaciones presentadas por la actora fundadas en el atraso que existía al momento de iniciar su gestión fueron respondidas oportunamente por la División Relatora expresando que "...el hecho de asumir las rendiciones de antiguas gestiones no obsta a remitir las de la propia gestión en término...".
II.3.b. Advierte que, para la aplicación de la aludida multa, la autoridad de contralor había ponderado también la emisión de órdenes de pago por contratos de locación de obra cuyo objeto no se correspondía con esa clase de contratos sino con locaciones de servicios. Apuntó que el uso de la locación de obra generó la no intervención previa al contrato de la Dirección de Personal de la Provincia y posibilitó la designación de personal eludiendo los controles y las limitaciones que hubieran correspondido si se celebraban contratos de locación de servicios.
Afirma que las tareas de "coordinación" a las que alude la actora en relación con dichos contratos no pueden dar origen a una "obra concreta", tal como pretende. Asevera que la "coordinación" importa una prestación de servicios que como tal debió ser instrumentada.
Resta trascendencia a la alegada inexistencia de incompatibilidad, pues dice que el análisis del régimen de incompatibilidad es solo uno de los aspectos que resulta incluido en el control que debe efectuarse respecto a la designación de personal.
II.4. En otro orden, explica que el cargo pecuniario impuesto a la actora en la resolución en crisis corresponde a los consumos de telefonía celular de dos equipos que no habían sido autorizados por la Dirección Provincial de Comunicaciones.
Con fundamento en el art. 5 del decreto 588/94 refuta la posición de la actora que alega que hasta que se le notificó la denegatoria a incorporarlos en el respectivo registro, podían utilizarse los teléfonos en cuestión a cargo del Estado.
Subraya que en el marco del decreto 588/94 la registración era una condición necesaria para poder librar órdenes de pago por los consumos de telefonía celular.
Asimismo, señala que sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución provincial reformada en el año 1994 y la Ley Provincial de Educación 11.612 atribuyeron al Director General de Cultura y Educación, el decreto 588/94 durante su vigencia resulta plenamente aplicable a la actividad de cada uno de los órganos estatales.
Advierte, además, que la orden de pago n° 3.585 por $901 no autorizada sería de fecha posterior a la notificación que habría efectuado la Dirección Provincial de Comunicaciones en cuanto a la no incorporación de la línea en el registro respectivo
A todo evento, niega la fecha de la notificación efectuada por la Dirección Provincial de Comunicaciones por no constar en las actuaciones administrativas.
II.5. Finalmente, manifiesta que el procedimiento previo a la resolución impugnada ha observado los pasos normativamente establecidos sin afectar el derecho de defensa de la actora.
II.6. Por último, asevera que la decisión del Tribunal de Cuentas ha sido dictada dentro del plazo previsto en el art. 17 de la ley 10.869. Precisa en este sentido que el procedimiento culminó con los envíos practicados entre los días 22 de agosto de 1996 y 9 de septiembre de 1998. De ahí que la resolución dictada el día 18 de agosto de 1999, lo fue dentro del plazo de doce (12) meses desde que el organismo de control tuvo la documentación completa de la rendición de cuentas efectuada por la Dirección General.
III. De la prueba producida resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de autos:
III.1. Expediente administrativo 167/94 "Rendición de Cuentas correspondiente a la Dirección General de Escuelas y Cultura. Ejercicio 1994".
III.1.a. A fs. 265/269 se produjo el informe previsto en el art. 26 de la ley 10.869 modificado por las leyes 10.876 y 11.756.
III.1.b. Corrido el traslado contemplado en el art. 27 de la ley 10.869 y modificatorias (v. fs. 271 y 272), la doctora Giannettasio lo contestó manifestando su adhesión a la presentación de fs. 283 y 280/282.
III.1.c. A fs. 300/305 se produce el informe ampliatorio del producido conforme lo dispuesto en el art. 26 de la ley 10.869 y sus modificatorias.
III.1.d. Remesa 16/94 (v. fs. 308).
III.1.e. Corrido el traslado ordenado en el art. 27 de la ley 10.869 y sus modificatorias, la aquí actora lo contestó manifestando su adhesión a la presentación de fs. 320/331 y 333 (v. fs. 310, 311 y 332).
III.1.f. Con fecha 15 de diciembre de 1997 y 9 de septiembre de 1998, la Dirección General de Cultura y Educación remite, a través de la Delegación de la Contaduría General de la Provincia, las remesas 18 y 19, respectivamente, de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 1994 (v. fs. 336/339).
III.1.g. Resolución de fecha 15 de octubre de 1997 dictada por el Tribunal de Cuentas en el expediente 167/93 "Rendición de Cuentas Dirección General de Escuelas y Cultura. Ejercicio 1992" (fs. 374/386).
III.1.h. Informe del art. 30 de la ley 10.869 y sus modificatorias.
III.1.i. Resolución de fecha 18 de agosto de 1999 (v. fs. 411/418).
III.1.j. Recurso de revisión interpuesto por la doctora Giannettasio contra la resolución indicada en el apartado anterior (v. fs. 432/448).
III.2. Resolución de fecha 22 de mayo de 2002 dictada por el Tribunal de Cuentas en el expediente administrativo 167/94 (v. fs. 39 y vta.).
III.3. Informe de la Contaduría General de la Provincia en el que se indica que en el año 1994 la Delegación Fiscal de la Contaduría General de la Provincia ante la Dirección General de Cultura y Educación funcionaba en la calle 12 esquina 55, primer piso de la ciudad de La Plata. Asimismo, detalla que con posterioridad fue trasladada al edificio central de l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.