Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62452
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.452, "Brown, Carlos Ramón contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Violini.
I. El doctor Carlos Ramón Brown, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) y solicita se declare la nulidad de las resoluciones de fecha 24 de mayo y 18 de octubre de 2000, dictadas por ese organismo en el expediente administrativo 230/96 caratulado "Rendición de cuentas correspondiente al Ministerio de la Producción y el Empleo. Ejercicio 1996".
Por el primero de los actos mencionados se determinó la responsabilidad patrimonial del actor y se le aplicó una multa global y cargo pecuniario por las irregularidades detectadas durante su gestión como Ministro de la Producción y Empleo en el período antes indicado. La segunda resolución impugnada desestimó el recurso de revisión presentado por el interesado.
Por consecuencia de la nulidad reclamada, pide se dejen sin efecto las sanciones impuestas.
Por último, ofrece prueba, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar y formula reserva del caso federal.
II. Por resolución de fecha 27 de noviembre de 2002, en el marco de lo dispuesto en los arts. 32 de la ley 4.373 y 36 de la ley 10.869 -de idéntico tenor-, este Tribunal ordenó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado abstenerse de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo del cargo pecuniario aplicado al actor en el expediente 230/96 -"Rendición de Cuentas correspondiente al Ministerio de la Producción (Ejercicio 1996)"- hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa (v. fs. 68).
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda, y con fundamento en la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 79/87).
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva del caso federal.
IV. Producida la prueba, agregados el cuaderno de prueba actora (v. fs. 106/132) y el alegato presentado por la parte demandada (v. fs. 145/146), declarado por perdido el derecho que tenía de alegar la accionante (v. fs. 148), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata el actor que en el expediente administrativo 230/96, con fecha 24 de mayo de 2000, el Tribunal de Cuentas decidió aplicarle una multa global de mil ochocientos pesos ($1.800) por los motivos explicitados en los considerandos tercero, séptimo, décimo segundo y décimo cuarto de aquel acto.
Agrega que también se le formuló un cargo pecuniario por la suma de dos mil ciento setenta y seis pesos con ochenta centavos ($2.176,80) en solidaridad con el entonces Director General de Administración del mencionado Ministerio.
Cuestiona ambas sanciones.
I.1. En orden al reproche de falta de justificación de la compra de pasajes aéreos teniendo en cuenta la restricción que establecía el decreto 4.071/88, destaca que el cumplimiento de las misiones y funciones de cada una de las áreas del Ministerio a su cargo requería la concurrencia de los funcionarios a ferias y eventos promocionales, organizados a nivel nacional e internacional, a fin de fomentar las actividades productivas, sean agrícolas, ganaderas, turísticas, industriales o comerciales. Sostiene que, en ese cometido, el transporte aéreo justificaba una correcta administración de los recursos del Estado, entendiendo que el tiempo de traslado y el cansancio del funcionario por el viaje también puede ser mensurado económicamente.
Menciona que como titular del Ministerio de la Producción dispuso, mediante la resolución 310/92, que el otorgamiento de pasajes oficiales aéreos debía contar con su autorización, delegando dicha facultad en el Director General de Administración en caso de ausencia o imposibilidad de cumplir con aquella tarea.
Asevera que durante su gestión esa operatoria se efectuó de conformidad con la normativa entonces vigente, por lo que postula la improcedencia de la multa en cuestión. Además, destaca que no se generó perjuicio al patrimonio provincial.
I.2. Con relación al abuso en la utilización del anticipo de gastos, aduce que durante el ejercicio 1996 no existía disposición alguna que prohibiera dicho mecanismo, ni tampoco la figura de la "caja chica asignada al ministerio", circunstancias ambas en las que justifica que no se incurrió en ilegalidad.
Además, considera que el excesivo rigor formal del Tribunal de Cuentas no condice con lo resuelto en la reunión convocada por dicho organismo los días 26 y 28 de mayo de 1997, que en su "Síntesis Informativa y Recomendaciones" efectuadas en la mencionada reunión establecieron las pautas para utilizar dicho proceder administrativo.
Por último, sostiene que el acto que impugna incurre en contradicción y que, en el caso, tampoco se causó perjuicio al erario con esta conducta.
I.3. En orden al cargo vinculado a la transgresión del art. 76 inc. 1 del decreto 3.300/72 con relación al desdoblamiento de contratos vinculados al servicio de seguridad y vigilancia, se agravia de que el Tribunal de Cuentas no analizó los argumentos expuestos en su descargo y en el recurso de revisión presentado. Señala que el servicio era prestado sin emisión de la orden de compra y que, en atención al escaso presupuesto asignado a la repartición, no fue posible realizar la cancelación en tiempo y forma, sino que se cumplió con el refuerzo presupuestario producido al final del ejercicio.
Destaca que todos y cada uno de los libramientos de los pagos fueron intervenidos por la Delegación de la Contaduría General de la Provincia, sin observación alguna.
Afirma que respecto a esta contratación tampoco se generó un perjuicio al erario provincial y pone de resalto que las respectivas erogaciones fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas.
I.4. Asimismo, niega las irregularidades endilgadas en el marco del Plan Piloto de Pavimentación -decreto 2.727/95- por transgresión del art. 76 inc.1 del Reglamento de Contrataciones.
Explica que los contratos observados por el Tribunal de Cuentas fueron realizados en concordancia con las disposiciones del mencionado decreto y en cumplimiento con lo prescripto en la Ley de Contabilidad. Destaca que fueron aprobados por los organismos de la Constitución.
Rechaza la aplicación en este caso de los arts. 77 y 7 del Reglamento de Contrataciones por tratarse de una situación de crisis y emergencia social en la que el Estado debía dar respuesta. Agrega que el art. 4 del decreto 2.727/95 autorizaba tal metodología.
Refuta también que estas contrataciones hayan generado perjuicio fiscal y subraya que el Tribunal de Cuentas aprobó las erogaciones realizadas.
I.5. Finalmente, dice que los contratos de locación de obra reprochados fueron debidamente justificados en las respectivas actuaciones administrativas, en las que -según afirma- constan los avances de las personas contratadas y la etapa sujeta al pago.
También, en este caso, considera que no hubo perjuicio fiscal y asevera que se cumplió con la normativa en vigencia.
I.6. Por último, impugna el cargo pecuniario impuesto -en solidaridad con el señor Ruiz, ex Director General de Administración- por desaprobación de la suma de dos mil ciento setenta y seis pesos con treinta y tres centavos ($2.176,33) a raíz del otorgamiento de pasajes aéreos a terceros contratados bajo la figura de locación de obra, es decir, ajenos a la Administración Pública y en violación de lo dispuesto por el decreto 4.071/88. Se agravia que el Tribunal de Cuentas, en su decisión, no identifica a las personas que habrían viajado con los pasajes cuestionados. Dice que ello resulta una falencia en la motivación que afecta el ejercicio de su derecho de defensa.
Sin perjuicio de ello, explica que en el recurso de revisión entendió que se refería a los contratos de locación suscriptos con el señor Brown y con la señora Gallego. Justifica dichas contrataciones y aclara que los pasajes solo fueron utilizados cuando las circunstancias de urgencia hacían imperiosa la presencia del contratado en un punto distinto al asiento de sus funciones.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado -a través de su apoderado- argumenta a favor de la legitimidad de las sanciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas.
Señala que tal como surge de las actuaciones administrativas, el actor autorizó en reiteradas oportunidades el uso de pasajes aéreos por parte de diversos funcionarios y agentes de la repartición, sin haber acreditado la existencia de alguna de las causales de excepción previstas en el decreto 3.728/71 (t.o. dec. 4.071/88). Apunta que es el propio actor quien, en el recurso de revisión presentado, reconoció que no se utilizó el procedimiento adecuado (v. fs. 960, cuerpo V, expte. adm.).
Concluye que la sanción analizada resulta ajustada a la normativa aplicable, encontrando suficiente fundamento en los hechos y pruebas obrantes en las actuaciones.
Por otra parte, manifiesta que el Tribunal de Cuentas dispuso aplicar una multa global al actor -entre otros funcionarios- por haber constatado la indebida utilización del sistema de anticipos para gastos, autorizados por aquel en su carácter de Ministro de la Producción y el Empleo, durante el ejercicio 1996. Al respecto señala que esta forma de pago que consiste en adelantar fondos con cargo de rendir cuentas, no se encontraba contemplada en la legislación vigente de ese entonces (Ley de Contabilidad, dec. ley 7.764/71), circunstancia de la que surge evidente la irregularidad de su adopción.
Destaca que gran parte del presupuesto asignado a la repartición en cuestión fue ejecutado mediante dicha modalidad sin que se hubiere acreditado el dictado de normas de excepción que permitieran justificarlo.
Agrega que el aludido método de manejo de los fondos, conlleva el riesgo de la comisión de otros graves incumplimientos, tales como la elusión de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones y de normas sobre retenciones impositivas, al tiempo que destaca que constituyen un obstáculo para la tarea de control a cargo del Tribunal de Cuentas.
Refuta que la multa aplicada importe un excesivo rigor formal o incurra en arbitrariedad. Sostiene que es consecuente con el criterio sostenido por el Tribunal de Cuentas en la reunión del mes de mayo de 1997.
En otro orden, señala que durante el procedimiento de rendición de cuentas bajo análisis se detectó que se había infringido el art. 76 inc. 1 del decreto 3.300/72 con la contratación directa del servicio de seguridad y vigilancia. Se observó que para la realización de un mismo trabajo o servicio se habían abonado montos que considerados en su conjunto superaban la cantidad establecida en la aludida norma.
Niega que los argumentos esgrimidos en la demanda resulten útiles para desvirtuar los fundamentos de las sanciones aplicadas por el Tribunal Fiscal.
Respecto de las contrataciones directas correspondientes al Plan Piloto de Pavimentación en el marco del decreto 2.727/95 que creó la Unidad de Generación de Empleo, pone de resalto que en su instrumentación tampoco se respetó la norma contenida en el art. 76 inc. 1 del Reglamento de Contrataciones, en tanto los montos de los contratos suscriptos en el marco del referido programa superaron el fijado por dicha norma para autorizar contrataciones directas.
Indica que estos contratos no se ajustaron a lo previsto en el art. 4 del aludido decreto 2.727/95 en orden a que deben aplicarse las normas de excepción contenidas en el art. 26 de la Ley de Contabilidad (dec. 7.764/71 y art. 9 inc. "d", Ley de Obras Públicas 6.021). Precisa que no se acreditó en las actuaciones administrativas, ni en esta instancia judicial, que previamente a la contratación se hubiere realizado una compulsa de precios con motivo de la cual se hubiesen recibido por lo menos dos ofertas válidas.
Advierte, asimismo, que las autoridades administrativas competentes no agruparon los pedidos de contratación directa con la debida anticipación de manera tal que se formalicen en una sola vez para cada ejercicio por períodos trimestrales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento de Contratación, aplicable a la especie por remisión de los arts. 76 inc. 1 (actual 80) y 77 (actual 82) del Reglamento de Contrataciones.
Aclara que el Tribunal de Cuentas no desconoció la situación de crisis, emergencia social y desocupación que imperaba durante el ejercicio fiscal en cuestión, sino que su reproche se centró en el incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento arriba citado y en el decreto 2.727/95.
En orden a los contratos de locación de obra celebrados con las personas indicadas en el Anexo "F", agregado a fs. 181 del expediente administrativo, señala que no se han aportado los elementos que permitan tener por acreditado el cumplimiento del objeto del contrato en cuestión de acuerdo a la descripción realizada por la autoridad administrativa. Por ello, postula que el pago del precio sin que existan constancias del cumplimiento efectivo de la obra contratada, torna indebido el pago autorizado por los funcionarios intervinientes.
Por último, con relación al cargo deudor formulado al demandante explica que el Tribunal de Cuentas observó los pasajes aéreos utilizados por el señor Daniel Tadeo Brown y la señora Gabriela Nélida Gallego, quienes se hallaban vinculados a la Administración provincial por contratos de locación de obra, por transgredir lo dispuesto en el art. 12 del decreto 3.728/71 (t.o. 1988) en cuanto establecía expresamente que el servicio de transporte aéreo de pasajeros sería utilizado exclusivamente por agentes de la Administración.
III. De la prueba producida resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de autos:
III.1. Resolución del Tribunal de Cuentas dictada el día 24 de mayo de 2000 en el expediente administrativo 230/96 y su notificación al actor (v. fs. 1/18).
III.2. Recurso de revisión interpuesto por el señor Brown contra la resolución indicada en el apartado anterior (v. fs. 19/25).
III.3. Resolución dictada el día 18 de octubre de 2000, a través de la cual el Tribunal de Cuentas rechazó el recurso de revisión incoado por los interesados contra su similar de fecha 24 de mayo de 2000, y su notificación al actor (v. fs. 26/27).
III.4. Resolución del Ministerio de la Producción 340/92 (v. fs. 28).
III.5. Resolución del Ministerio de la Producción y el Empleo 640/96 que aprobó el contrato de locación de obra con el señor Daniel Tadeo Brown (v. fs. 29/30).
III.6. Decretos 2.332/96 y 2.727/96 (v. fs. 31/34).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si la multa y el cargo pecuniario impuestos al actor se ajustan a derecho.
IV.1. Inicialmente recuerdo que al Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159 inc. 1, Const. prov.).
El mencionado organismo despliega su actividad en virtud de las disposiciones de la ley 10.869 que, en su art. 15, sindica a aquel como autoridad encargada de aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por los obligados (conf. doctr. causas B. 60.034, "Ruiz", sent. de 28-III-2012 y B. 60.036, "Brown", sent. de 22-VIII-2018).
Por su parte, el art. 16 de ese mismo texto legal, lo faculta a imponer las sanciones de llamado de atención, amonestaciones, multas y cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Así es que, en tal cometido, el Tribunal de Cuentas debe verificar la sujeción de la actuación estatal al ordenamiento jurídico positivo.
IV.2. Reseñado lo anterior, corresponde puntualizar los elementos fácticos en que se sustenta el caso en estudio. El doctor Carlos Ramón Brown se desempeñó como Ministro de la Producción y el Empleo durante el ejercicio fiscal 1996. Por su actuación en tal carácter, el Tribunal de Cuentas le impuso, a través de la resolución de fecha 24 de mayo de 2000 dictada en el expediente 230/96, y conforme lo dispuesto en el aludido art. 16 de la ley 10.869, una multa global de mil ochocientos pesos ($1.800) y un cargo pecuniario de dos mil ciento setenta y seis pesos con ochenta centavos ($2.176,80), este último en solidaridad con otros dos funcionarios.
IV.3. Las irregularidades detectadas por el organismo de control y que confirieron fundamento a la multa global que por esta acción se impugna, refieren a las siguientes cuestiones: 1) la utilización de pasajes aéreos por parte de terceros ajenos a la Administración que habían celebrado contratos de locación de obra con el Estado provincial, y por funcionarios del Ministerio de la Producción y el Empleo sin acreditar las causales de excepción exigidas en el decreto 3.728/71 (t.o. dec. 4.071/88); 2) abuso en la utilización del "anticipo de gastos"; 3) transgredir lo establecido en el art. 76 inc. 1 del decreto 3.300/72 en el procedimiento de contratación del servicio de vigilancia y seguridad prestado en dependencias del Ministerio y en la celebración de contratos correspondientes al Plan Piloto de Pavimentación y 4) no acreditar las obras producidas con motivo de las locaciones de obra celebradas y que fueron oportunamente informadas.
Por lo demás, el cargo pecuniario aplicado al actor resulta de la desaprobación de los gastos correspondientes a pasajes aéreos otorgados a personas ajenas a la Administración provincial, vinculadas a ella a través de contratos de locación de obra, en violación de lo dispuesto en el decreto entonces vigente 3.728/71 (t.o. dec. 4.071/88).
IV.4.a. En orden a las observaciones referidas al otorgamiento de pasajes aéreos, primeramente, corresponde señalar que esta práctica se encontraba regulada por el antes mencionado decreto 3.728/71 (t.o. dec. 4.071/88) que, en su art. 12 establecía que el servicio de transporte aéreo de pasajeros "...será[sería] utilizado exclusivamente por agentes de la Administración en los casos de traslado urgente debidamente justificado o cuando razones de economía así lo aconsejen o bien cuando no existan líneas ferroviarias o automotores que lleven al punto de destino".
IV.4.b.i. Con relación a la formulación del cargo pecuniario, si bien el actor se agravia de que no fueron identificados los profesionales contratados que utilizaron los pasajes aéreos observados por el organismo demandado, cierto es que él mismo los identifica en su escrito postulatorio. De tal modo, resulta acreditado que tuvo pleno conocimiento de la falta imputada y de los sujetos al cual esta hacía referencia (v. fs. 44 último párr., 44 vta. primer y último párrs. y 45 primer párr.). Además, reconoce que en el recurso de revisión ya los había identificado.
En consecuencia, no se advierte que se haya afectado el derecho de defensa del actor quien anoticiado del alcance de las faltas que se le atribuyeron, tuvo oportunidad de ser oído y producir la prueba que estimó conveniente durante el trámite administrativo y en esta instancia judicial.
IV.4.b.ii. Por otra parte, el actor destaca que el contrato de locación de obra del señor Daniel Tadeo Brown tenía por objeto realizar un estudio de
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