Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 52359
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn tanto se ajusta, prima facie, a las pautas dadas en la sentencia de fecha 14-XI-2007 (fs. 619/641), y en los apartados III y IV de la resolución del 29-III-2017 (fs. 878/883) y ha sido consentida por la parte actora (v. escrito electrónico del 18-IV-2021), aprobar la liquidación practicada por la demandada (v. escrito electrónico del 25-III-2021 y archivos adjuntos) que al 19-III-2021, en concepto de capital e intereses, asciende a la suma de veintidós millones ochenta y cinco mil seiscientos noventa y tres pesos con ochenta y seis centavos -$ 22.085.693,86-.
Se deja establecido que, dentro de los diez días de notificada la presente, deberá la Municipalidad de Olavarría abonar el importe que surge de la liquidación que se aprueba (arts. 39 inc. 3, 57 y 163, Const. prov.; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2961; 501 y 502, CPCC).
Por su actuación profesional, regular los honorarios de los letrados de la parte actora, doctores Ángel Alberto Bianchi, Rodolfo Carlos Barra, Carlos Alberto Bellucci y doctora Rosario Barberis en la suma de … pesos con … centavos -$ … -, para cada uno; y para el doctor Juan Ángel Barberis, en la suma de … pesos con … centavos -$ … - (arts. 1, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 28 inc. "a", 41, 51 y 54, dec. ley 8904/77). …
B.52.359 "DI GIACOMO Y CONSALVO S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA"
I. Por resolución de fecha 29-III-2017 este Tribunal resolvió remitir los autos nuevamente a la Dirección General de Asesorías Periciales, a fin de que los especialistas intervinientes brinden acabadas explicaciones de conformidad con lo detallado en los apartados III y IV de dicho decisorio.
II. Posteriormente, el 9-IX-2019, y en tanto las explicaciones brindadas por los nuevos peritos intervinientes no evacuaron los requerimientos que fueran solicitados en la citada resolución, se les ordenó que, en el plazo de quince días, confeccionaran el dictamen definitivo a fin de completar y finalizar la tarea oportunamente encomendada de acuerdo a las pautas establecidas en la sentencia de fecha 14-XI-2007 y en los apartados III y IV de la resolución del 29-III-2017 (v. proveído de fs. 916/916vta.).
III. Habiendo sido presentado el dictamen requerido el 3-X-2019 (v. fs. 918/922), se confirió traslado a las partes.
La apoderada de la parte actora, solicitó la remisión de los autos a la oficina pericial a los fines de la designación de un perito contador, conforme lo manifestado por los peritos ingenieros en su informe, en tanto los valores resultantes de las planillas adjuntas estaban expresados a valores históricos (v. escrito del 19-XII-2019).
IV. El perito contador designado -Juan Manuel Carrica- presentó su dictamen el día 3-II-2021 (v. escrito electrónico y sus archivos adjuntos).
V. Al contestar el traslado que se le confiriera, la apoderada de la Municipalidad de Olavarría impugna el dictamen presentado (v. escrito electrónico del 25-III-2021 y sus archivos adjuntos).
Sostiene que el perito contador incurre en anatocismo y se aparta del criterio sostenido por el Tribunal.
Manifiesta que el experto, al exponer los procedimientos aplicados para arribar al monto que informa como la suma debida por el Municipio a la firma actora, señala que procedió a convertir a pesos los valores expresados en australes y a continuación, a actualizar hasta el 31-III-1991 las diferencias y montos impagos determinados por los peritos ingenieros civiles, utilizando el promedio de los Índices al Consumidor y de Costos de la Construcción publicados por el INDEC. Luego, adiciona el interés del 6% anual (a valores promedio mensuales) y finalmente, al monto total actualizado al 31-III-1991, se le aplica la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días en pesos.
Es en este punto, agrega, en que se produce el apartamiento del experto de las pautas de la sentencia ya que, al adicionar al monto total actualizado la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se produce la capitalización de intereses o la aplicación de interés compuesto, alcanzado por la prohibición de anatocismo.
A sus efectos, la demandada adjunta el cuadro de cálculo de intereses por el período 1-IV-1991 al 19-III-2021 calculados exclusivamente sobre el capital actualizado de $ 5.084.730,92 y reelabora el cálculo del Anexo III del dictamen pericial, el que arroja un monto total de capital más intereses de $ 22.085.693,86. (Ap. VI, escrito electrónico del 25-III-2021).
Por otro lado, la apoderada de la comuna demandada plantea que la sentencia dictada en el año 2007 establece una pauta diferente a la que actualmente aplica esta Suprema Corte con relación a los intereses a utilizar en el momento de actualizar el importe debido, por lo que, afirma, resulta violatorio del principio de igualdad aplicar una tasa más gravosa al Municipio. Cita la jurisprudencia de las causas C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera".
Dice que, por consiguiente, correspondería adecuar la imposición de intereses y establecer que para su cálculo deberá aplicarse la alícuota del 6% anual por la totalidad del período analizado, a los fines de evitar incurrir en un supuesto de "inaplicabilidad de ley" ( sic , Ap. V, escrito electrónico del 25-III-2021).
VI.1. A fin de contestar el traslado conferido en relación a la impugnación formulada por la parte demandada, la parte actora, mediante escrito electrónico del 18-IV-2021, señala que en aquella presentación la demandada objeta el cálculo pericial con fundamento en los términos en que fuera dictada la sentencia y en lo dispuesto por el artículo 623 del Código Civil, vigente a la fecha del fallo.
Agrega que, en la sentencia de autos, se dispuso que a partir del 1-IV-1991 el interés debía calcularse exclusivamente sobre el capital reajustado, esto es, excluyendo expresamente la suma correspondiente a intereses determinada hasta el 31-III-1991. Afirma, entonces, que le asiste razón a la demandada en ese punto, consiente la revisión del cálculo del perito contador y la liquidación que practica la contraparte y solicita su aprobación.
Por otra parte, en cuanto a lo manifestado en el apartado V del escrito de impugnación presentado por la demandada -"...adecuar la imposición de intereses y establecer que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual por la totalidad del período analizado..."-, la parte actora señala que este planteo es contradictorio con lo expresado en los puntos anteriores en los cuales reelabora la liquidación practicada por el perito contador y además, sostiene, constituye una inadmisible pretensión de alterar la cosa juzgada. Además señala que los precedentes citados carecen de toda relación con la materia debatida en autos.
VI.2. Analizadas las manifestaciones formuladas por las partes corresponde señalar, en primer término, con respecto al planteo formulado por la Municipalidad demandada en el apartado V del escrito del 25-III-2021 en relación a los intereses fijados en la sentencia dictada en autos el 14-XI-2007 y el criterio establecido en las causas "Vera" y "Nidera", sentencias dictadas el 18-IV-2018 y el 3-V-2018, respectivamente, que tiene dicho este Tribunal que la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. Se trata de una solución definitiva, concluyente, determinada: es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar (doctr. causas Ac. 82.827, "Eslaiman", sent. de 9-X-2003; C. 102.297, "Bilotte", sent. de 1-XI-2010; C. 106.338, "Sánchez", sent. de 14-IX-2011; C. 121.394, "Fernández", sent de 19-IX-2018 y C.121.901, "Barboni de Stella", sent. de 14-XI-2018, entre otras).
La autoridad de la cosa juzgada responde a una consideración esencial de orden público: la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente (causa C. 107.906, "Merech", sent. de 13-XI-2012 y sus citas).
Es que el efecto de la cosa juzgada es el de la imposibilidad de alterar lo decidido que debe permanecer inmutable, por lo que infringe tales efectos el fallo que altera lo resuelto en un pronunciamiento firme (conf. causas Ac. 75.634, "De Otazúa, sent. de 13-XII-2000; C.112.611, "Muiño", sent de 20-XI-2013).
Bajo tales premisas corresponde desestimar el planteo introducido por la demandada en el apartado V del escrito electrónico del 25-III-2021, en tanto su admisión supondría alterar una sentencia que se encuentra firme y que goza de los atributos de la cosa juzgada.
VI.3. En segundo término, con respecto a la impugnación formulada por la demandada en cuanto al cálculo de los intereses efectuado por el perito contador interviniente, lo dispuesto en la sentencia y en la resolución de fecha 29-III-2017, corresponde hacer lugar al planteo efectuado, en tanto es claro que los intereses debían ser calculados exclusivamente sobre el capital reajustado y el experto lo hizo sobre ese monto con más los accesorios hasta el 31-III-1991. Las partes, cabe destacar, están de acuerdo en este punto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
En tanto se ajusta, prima facie, a las pautas dadas en la sentencia de fecha 14-XI-2007 (fs. 619/641), y en los apartados III y IV de la resolución del 29-III-2017 (fs. 878/883) y ha sido consentida por la parte actora (v. escrito electrónico del 18-IV-2021), aprobar la liquidación practicada por la demandada (v. escrito electrónico del 25-III-2021 y archivos adjuntos) que al 19-III-2021, en concepto de capital e intereses, asciende a la suma de veintidós millones ochenta y cinco mil seiscientos noventa y tres pesos con ochenta y seis centavos -$ 22.085.693,86-.
Se deja establecido que, dentro de los diez días de notificada la presente, deberá la Municipalidad de Olavarría abonar el importe que surge de la liquidación que se aprueba (arts. 39 inc. 3, 57 y 163, Const. prov.; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2961; 501 y 502, CPCC).
Por su actuación profesional, regular los honorarios de los letrados de la parte actora, doctores Ángel Alberto Bianchi, Rodolfo Carlos Barra, Carlos Alberto Bellucci y doctora Rosario Barberis en la suma de … pesos con … centavos -$ … -, para cada uno; y para el doctor Juan Ángel Barberis, en la suma de … pesos con … centavos -$ … - (arts. 1, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 28 inc. "a", 41, 51 y 54, dec. ley 8904/77). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 -t.o. según dec. ley 4711/95 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo y habida cuenta de que los honorarios de los peritos deben adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa (doctr. causas B. 47.989 "Cegelec", DJBA, t° 119, pág. 602 y L. 44.096 "Taraborelli", sent. de 27-XI-1990, AyS 1990-IV, 316 - DJBA 142, pág. 37), se regulan los honorarios de los peritos intervinientes de la siguiente forma: para Daniel A. Cavalieri la suma de … pesos con ... centavos -$ … -; para Jorge A. Besoky y Santiago C. Autino la suma de ... pesos con … centavos -$ …-, para cada uno; y para Juan Manuel Carrica la suma de … pesos con … centavos -$ … -.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2021 15:16:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2021 08:29:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2021 23:27:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 11:01:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 12:33:17 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia