Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62721
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.721, "Serruda, Hugo Omar c/ Provincia de Buenos Aires (Policía). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Natiello, Borinsky.
I. El señor Hugo Omar Serruda, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Policía) y solicita que se condene al organismo demandado a abonarle una indemnización por los daños y perjuicios que aduce haber sufrido con motivo del accidente ocurrido el día 21 de mayo de 1997 en cumplimiento de sus funciones.
Practica liquidación y solicita actualización del capital por desvalorización de la moneda e intereses.
Ofrece prueba y pide expresa imposición de costas a la demandada.
II. A fs. 88/107 el actor modifica y amplía la demanda; encuadra su pretensión en el art. 1.113 y concordantes del Código Civil entonces vigente y acompaña copia del juicio iniciado ante el Tribunal de Trabajo de Lanús, cuya demanda pide sea tenida como causal de interrupción de la prescripción.
Posteriormente, plantea la inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 12.008 modificado por la ley 13.101 (v. fs. 110/111), dándose traslado a la demandada a fs. 113.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta la Fiscalía de Estado y contesta la demanda (v. fs. 116/198). Plantea que la pretensión indemnizatoria por accidente de trabajo ocurrido con motivo y en ocasión de las funciones que el actor cumplía en la Policía Bonaerense, no corresponde a la competencia contencioso administrativa que tiene atribuida transitoriamente este Tribunal. Manifiesta que el actor carece de acción en esta instancia judicial, pues afirma que esta pretensión debe tramitar ante los tribunales de trabajo y en el marco de los procedimientos establecidos en la ley 24.557.
Seguidamente opone la defensa de prescripción de la acción civil por haber transcurrido más de dos años desde que el accidente acaeció.
Por último, refuta el planteo de inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 12.008 modificado por la ley 13.101, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
IV. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba actora -único formado-, glosado el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 406/407) y declarado por perdido el derecho de la demandada a alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 409), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la pretensión indemnizatoria en el marco del art. 1.113 del Código Civil?
2ª) ¿Es procedente la pretensión de cobro de la indemnización contemplada en el art. 116 del decreto ley 9.550/80?
3ª) ¿Prospera el pedido de actualización de las sumas reclamadas?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar en la Policía de la Provincia de Buenos Aires el día 10 de enero de 1990. Refiere que el día 21 de mayo de 1997, mientras cumplía tareas de vigilancia en la Hilandería "Villa Ocampo", frustró una tentativa de robo, oportunidad en la que resultó herido de bala. Precisa que rápidamente fue trasladado a la guardia del Hospital "Iriarte" de Quilmes con un cuadro de descompensación hemodinámica por hemoperitoneo. Dice que en ese servicio fue compensado y luego derivado en helicóptero al Hospital "Churruca" para su intervención quirúrgica de urgencia.
Continúa narrando que durante la cirugía se le realizó una laparotomía exploradora con drenaje hemoperitoneo y colostomía transversa.
Agrega que durante la internación tuvo un cuadro infeccioso grave con leucocitosis y derrame pleural izquierdo paraneumónico. Señala que estos cuadros repercutieron gravemente en su estado general con importante pérdida de peso y anemia. Apunta que pese a que la colostomía funcionaba adecuadamente tuvo una neuritis intercostal que fue tratada con una infiltración de sustancia anestésica (epinefrina).
Manifiesta que estuvo internado en la Unidad de Terapia Intermedia hasta el día 28 de mayo de 1997 y que el día 4 de junio de 1997 le dieron el alta hospitalaria con seguimiento por consultorio externo.
Señala que el día 15 de octubre de 1997 fue internado nuevamente durante cinco días para realizar la reinserción colónica y restaurar el tránsito intestinal.
Dice que como consecuencia del evento dañoso que describe permanece con una eventración de la línea blanca abdominal y parestesias en la herida lumbar que irradia a pelvis y en el sitio de reinserción colónica.
Destaca que, con motivo de los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones policiales, la Administración no le ha abonado suma alguna en concepto de indemnización.
En el marco de los arts. 512, 1.109, 1.113, 1.067, 1.079, 1.085 y concordantes del Código Civil (ley 340) estima los daños sufridos: emergente, psiquiátrico y psicológico, moral, estético, biológico, y gastos médicos, de farmacia y traslados.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado preliminarmente plantea su disconformidad con la decisión de este Tribunal de calificar la materia involucrada en autos como contencioso administrativa. Afirma que la acción tiene por objeto la reparación de los daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo ocurrido con motivo y en ocasión de las funciones que cumplía el actor como policía de la Provincia de Buenos Aires.
Advierte que, bajo la pretensión indemnizatoria planteada en el marco del Código Civil, intenta hacer uso en forma errónea de la opción que contemplaba la ley 24.028 que, al momento del accidente en cuestión, ya había sido derogada por la ley 24.557.
Postula que en el supuesto de que se acreditaran las circunstancias fácticas relatadas en la demanda deberá encuadrarse el caso bajo la ley 24.557, en la que se encuentran obligatoriamente incluidos los funcionarios y empleados del sector público de las provincias.
Afirma que en el ámbito de aplicación de esta norma operaría la liberación de responsabilidad civil de la Provincia de Buenos Aires conforme lo dispuesto en su art. 39 apartado 1, quedando circunscripta la pretensión al supuesto contemplado en el art. 1.072, circunstancia que dice no se cumple en autos. Por ello, concluye que el actor carece de acción para reclamar con arreglo a las normas de atribución de responsabilidad del Código Civil.
Con carácter subsidiario, opone la defensa de prescripción con fundamento en lo dispuesto en el art. 4.037 del Código Civil en cuanto establece que prescribe a los dos años la acción por responsabilidad civil extracontractual.
Apunta que el hecho que origina la pretensión articulada aconteció el día 21 de mayo de 1997 y que la demanda fue incoada el día 28 de mayo de 2001, por lo que en ese momento estaba ampliamente vencido el referido plazo legal.
Niega que la demanda por accidente de trabajo iniciada ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de Lanús haya interrumpido el plazo de prescripción de la acción civil.
Advierte que mediante aquella presentación la parte actora reclamó la indemnización tarifada prevista en la ley 24.028, sin perjuicio de que a la fecha del hecho ya se encontraba vigente la ley 24.557, y en esta instancia pretende se lo indemnice por la vía civil.
Subsidiariamente, contesta la atribución de responsabilidad que intenta el actor en el escrito inaugural.
Dice que, al fundar su demanda en el Código Civil, el actor asume los riesgos propios de toda acción de derecho común desapareciendo el tutelaje protectorio del derecho del trabajo y sus presunciones a favor del operario como, asimismo, el sistema específico previsto en el régimen policial.
En tal marco, niega que pueda prosperar la responsabilidad de la Provincia sobre la base de un factor de atribución subjetivo, habida cuenta de que el actor no ha imputado al Estado ninguna omisión culposa que haya ocasionado o impedido evitar el daño.
Asimismo, en orden a la responsabilidad de naturaleza objetiva, refuta que la hermenéutica del art. 1.113 admita que la actividad, el ambiente laboral o las condiciones en las que se presta el trabajo, puedan considerarse incluidos en el concepto de cosa generadora de infortunios laborales.
No obstante ello, dice que si el actor pretende responsabilizar a la Provincia en los términos del art. 1.113 segunda parte in fine del Código Civil, entonces debe acreditar cuatro recaudos básicos que aquel exige para su procedencia, circunstancias que -según dice- no demuestra.
Pone de resalto que, del propio relato efectuado por el actor en la demanda, surge que el daño fue producido por un delincuente, por lo que postula que el hecho dañoso lo ocasionó un tercero por el cual la Provincia de Buenos Aires no debe responder. De tal manera, opone la eximente de responsabilidad prevista en la última parte del art. 1.113 del Código Civil.
III. De la prueba producida en autos, resultan acreditados los siguientes elementos útiles para la decisión de la cuestión sometida a juzgamiento:
III.1. Expediente 2137-450.414/97.
III.1.a. Informe de fecha 21 de mayo de 1997, producido por el titular de la Comisaría Primera de Quilmes, a los fines de llevar a conocimiento del Jefe de la Policía Bonaerense los hechos ocurridos ese día en la Hilandería "Villa Ocampo" ubicada en dicho partido. Allí se deja constancia de que se ha iniciado el sumario penal caratulado "Atentado y resistencia a la autoridad. Hallazgo automotor. Lesiones graves. Robo calificado automotor reiterado. Tenencia de arma de guerra. Tentativa de robo calificado", con la intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes (v. fs. 28). Concluye señalando que de las actuaciones sumariales "...no se desprenden circunstancias por las cuales deba darse encuadre administrativo para el personal policial involucrado en los presentes autos, ya que no ha contravenido ninguna de las normas disciplinarias previstas en el decreto ley 9550/1980".
III.1.b. A fs. 132, el médico de Policía detalló que el actor sufrió "...traumatismo abierto de abdomen por proyectil de arma de fuego con aparente orificio de salida en región lumbar derecha, se le realizó laparotomía exploratoria, se halló hemoperitoneo y 2 perforaciones de colon transverso por ello se le realizó colostomía transversal. Conclusiones: Dichas lesiones incapacitaron al causante para el trabajo por un lapso de tiempo mayor a un mes de acuerdo a lo establecido por el art. 115 inciso 7mo. del C.P.C.C., son lesiones de carácter grave" (sic).
III.1.c. Mediante la resolución 5.302/99 dictada por el Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa el día 24 de septiembre de 1999, se declaró exento de sanción disciplinaria al cabo Hugo Omar Serruda por no haber transgredido norma alguna del régimen disciplinario vigente, durante el episodio ocurrido el día 21 de mayo de 1997 en la Hilandería "Villa Ocampo" (fs. 139).
III.1.d. Con fecha 4 de febrero de 1999, el señor Hugo Omar Serruda solicitó ante el Departamento de Seguridad Social de la Policía Bonaerense el pago de la indemnización por la incapacidad sufrida en el ejercicio de sus funciones el día 21 de mayo de 1997 (v. fs. 169). Idéntica solicitud realizó el día 18 de mayo de 1998 (v. fs. 192).
III.1.e. A fs. 175 la "Junta Superior de Reconocimientos Médicos dictamina que las lesiones sufridas por el causante, al momento del examen, le produjeron una incapacidad parcial y permanente del 10% (diez por ciento) de la total laboral, debiéndose la misma a un hecho traumático súbito y violento. Dichas lesiones demandaron para su curación más de un mes, revistiendo el carácter de graves...".
III.1.f. A fs. 223 la División Medicina Funcional determina que la fecha de consolidación de las lesiones padecidas por el causante Hugo Omar Serruda es el día 21 de mayo de 1997.
III.1.g. A fs. 229/233 la División Auditoría realizó la liquidación correspondiente a la indemnización por incapacidad solicitada, la que ascendía a cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con ocho centavos ($4.498,08) al día 13 de septiembre de 2000.
III.2. Legajo 134.448 -Serruda, Hugo Omar- y la correspondiente foja de servicios (v. fs. 244).
III.3. Informe de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos en la que se detalla: "...que ha sido reconocido en Junta Superior de Reconocimientos Médicos, con fecha 6-IV-2000, el cabo Primero, legajo 134.448, Serruda, Hugo Omar de 41 años de edad y 10 años de antigüedad, perteneciente a la Comisaría Lanús Sexta. Paciente que sufre el 21-V-1997 herida por proyectil de arma de fuego en abdomen con 2 perforaciones en colon transversal y hemoperitoneo. Se realizó laparotomía exploradora y posterior cirugía (colostomía transversa) con buena evolución post operatoria [...] Dictamina que las lesiones sufridas por el causante al momento del examen le produjeron una incapacidad parcial y permanente del 10% de la total laboral debiéndose la misma a un hecho traumático súbito y violento. Dichas lesiones demandaron para su curación más de un mes, revistiendo el carácter de grave..." (fs. 251).
III.4. Informe del perito contador designado en autos (v. fs. 303/305).
III.5. Informe del perito médico designado en autos (v. fs. 323/330, 335, 349/350).
III.6. Copia certificada de la causa caratulada "Serruda, Hugo Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ accidente de trabajo" de trámite por ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de Lanús (v. fs. 368/384).
IV. Tal como han sido relatadas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, la cuestión a decidir consiste en determinar si le asiste derecho al actor a percibir, por un lado, una indemnización con fundamento en las normas del Código Civil por los daños y perjuicios que aduce haber sufrido en ejercicio de las funciones policiales, y de otro, la indemnización prevista en el art. 116 inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80.
IV.1. Primeramente, corresponde analizar la procedencia de la indemnización reclamada en el marco de los arts. 512, 1.109, 1.113, 1.067, 1.079, 1.185 y concordantes del Código Civil -ley 340- (hoy derogado por la ley 26.994).
IV.1.a. La Fiscalía de Estado, en oportunidad de contestar la demanda, planteó la prescripción de la acción civil. Sostuvo que, a la fecha de la interposición de la demanda, esto es el día 28 de mayo de 2001, ya había transcurrido ampliamente el plazo de dos años contemplado en el art. 4.037 del Código Civil -ley 340, hoy derogado-.
IV.1.b. Es dable aclarar que no obstante que el Código Civil (ley 340) fue derogado por el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994, B.O. de 8-X-2014) vigente desde el día 1 de agosto de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de este último, el art. 4.037 del Código Civil resulta aplicable al caso de autos.
IV.1.c. De las constancias agregadas a la causa resulta que el daño sufrido por el actor se produjo el día 21 de mayo de 1997. Además, advierto que en las actuaciones administrativas obra informe en el que se deja constancia que las lesiones se consolidaron ese mismo día (v. fs. 223).
Si bien a la fecha en que se interpuso la demanda de autos (28 de mayo de 2001) ya había transcurrido el plazo de dos años establecido en el referido art. 4.037 del Código Civil, cierto es que el día 30 de abril de 1999 el señor Serruda inició ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de Lanús la acción de indemnización por accidente de trabajo. Corresponde entonces analizar si esta presentación tuvo aptitud para interrumpir el plazo de prescripción de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3.986 del Código Civil, tal como alega el actor en la demanda (v. fs. 41, último párr.).
De acuerdo a las constancias de dicha causa agregadas a fs. 88/99, el señor Serruda, con fecha 30 de abril de 1999, demandó en el fuero laboral a la Provincia de Buenos Aires por accidente de trabajo en virtud de los daños sufridos en ejercicio de sus funciones el día 21 de mayo de 1997 en la Hilandería "Villa Ocampo".
Mediante resolución dictada el día 12 de mayo de 1999 el Tribunal de Trabajo n° 2 de Lanús se declaró incompetente para intervenir en esos autos con fundamento en que, de acuerdo a lo establecido en el art. 30 del decreto ley 7.543/67, los juicios en que la Provincia sea parte demandada deberían promoverse y tramitarse ante los jueces y tribunales letrados del Departamento Judicial de La Plata, cualquiera sea su monto o naturaleza (v. fs. 96).
IV.1.d. En la causa C. 92.585, "Gregorini" (sent. de 14-V-2008), en lo que interesa destacar, este Tribunal expresó que "...para interrumpir la prescripción de la acción basta cualquier gestión judicial que ponga de manifiesto la actividad del acreedor y su intención de mantener vivo el derecho y no dejarlo perder" (cfr. art. 3.986, Cód. Civ.; conf. causas Ac. 38.918, sent. de 16-II-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-I-74, "D.J.B.A.", 1988-134-194, "El Derecho", 128-384, "La Ley" 1988-C-476; C. 95.735, "DGI", sent. de 2-III-2011 y Rc. 116.621, "Carus", resol. de 9-V-2012).
En esa misma línea la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que "...por demanda (art. 3986 del Código Civil), debe entenderse toda presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate (v. doctrina de Fallos: 312:2134; 327:1629) y, en armonía con esta doctrina, ha dicho asimismo, que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (v. doctrina de Fallos: 308:1339 y sus citas; 312:2352; 318:879; 323:192, entre muchos otros)" (CSJN n° 1135, L.XLII in re "Sánchez de Elyeche, Sara Marta c/ Domínguez, Daniel Oscar y otro", sent. de 18-XII-2007, por remisión al dictamen de la Procuración General).
Desde esta perspectiva, y toda vez que la acción incoada ante el fuero laboral y la de autos tienen el mismo objeto, esto es, obtener la indemnización por los daños sufridos con motivo del accidente ocurrido el día 21 de mayo de 1997 en ejercicio de funciones policiales, es posible sostener que la primera, impetrada el día 30 de abril de 1999 (v. cargo, fs. 376 vta.) interrumpió el plazo de prescripción de la presente, pues la declaración de incompetencia del Tribunal de Trabajo en nada modifica la interrupción efectuada (arts. 3.986, Cód. Civ. vigente al momento de los hechos y 7, Cód. Civ. y Com. de la Nación; cfr. doctr. causas C. 120.459, "Maffi", sent. de 21-XII-2016 y A. 71.426, "Rodríguez", sent. de 10-IX-2016).
En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de prescripción efectuado por la Fiscalía de Estado.
IV.2. Sentado ello, se debe analizar la procedencia de la acción por responsabilidad civil extracontractual que formula el actor en el marco de los arts. 1.113 y concordantes del Código Civil -ley 340, hoy derogado- (actuales arts. 1.753, 1.763 y concs., Cód. Civ. y Com. de la Nación).
IV.2.a. La referida norma en la que el actor funda su pretensión reparatoria, disponía: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable".
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.