Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61202
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la impugnación formulada por la parte actora e intimar a Fiscalía de Estado para que, dentro del plazo de diez días de notificada, practique una nueva liquidación actualizada, cumpla con la carga de informar el importe del cargo de base que utilizara para confeccionarla y adjunte la prueba documental respaldatoria, si correspondiere (arts. 34 inc. 5 ap. "b" y concs., CPCC).
II. Aprobar en cuanto hubiere lugar por derecho la liquidación practicada en concepto de daño moral, que asciende a la suma de $38.321,53 al 2-III-2021.
Déjase establecido que, dentro de los diez días de notificada la presente, deberá la Dirección General de Cultura y Educación abonar el importe que surge de la liquidación que se aprueba (arts. 39 inc. 3, 57 y 163, Const. prov.; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2961; 501 y 502, CPCC).
III. Por su actuación profesional, regúlanse en base a la liquidación que parcialmente se aprueba los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Alcides Daniel Bosisio, en la suma de pesos … -$ … - (arts. 1, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 28 inc. "a", 41, 51 y 54, dec. ley 8904/77). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 -t.o. según dec. ley 4711/95 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
B.61.202 “MARINO ALICIA ESTER CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DCION. GRAL. CULT Y EDUC.)”
I.1 Con fecha 1-XII-2020 Fiscalía de Estado acompaña la liquidación practicada en autos que asciende en concepto de capital e intereses a la suma de $253.449,06 calculada al 30-XI-2020 (v. archivo adjunto al escrito de fecha cit.).
I.2. Habiéndose conferido el correspondiente traslado, la parte actora impugna el cálculo por ausencia de sustento documental que permita analizar si se adecua a las pautas establecidas en la sentencia y por haberse omitido calcular el monto de condena de daño moral (v. presentación electrónica de fecha 17-XII-2020).
I.3. A su turno, la demandada manifiesta que ha tomado como base para practicar liquidación aquellos montos informados por la Dirección General de Cultura y Educación conforme la escala salarial vigente en el período ordenado en la sentencia y que es este organismo quien cuenta con la información suficiente como para realizar un cálculo como el que corresponde efectuar (v. presentación electrónica de fecha 3-III-2021).
Asimismo, adjunta liquidación correspondiente a la condena por daño moral y solicita se aprueben los cálculos practicados, que ascienden a la suma de $253.449,06 y $38.321,53, respectivamente.
II.1. En primer lugar, corresponde destacar, tal como se ha expuesto en otras causas que tramitan ante este Tribunal y donde se han suscitado cuestiones análogas a la aquí planteada, que es la administración quien se halla en mejores condiciones y cuenta con los elementos suficientes como para arribar al cálculo que se ajuste a derecho y a los parámetros establecidos en el fallo dictado en estos autos (arts. 34 inc. 5° ap. "b", 501 y concs., CPCC; doctr. causas B. 61.267, "Lunazzi", resol. de 14-VII-2010; B. 61.894, "Ortega", resol. de 25-XI-2015, entre otras).
Ahora bien, cabe aclarar, que dicha operación debe basarse en documentación respaldatoria o contar con un detalle, a modo de descripción, del cargo base utilizado para realizar la operación aritmética, a modo de permitir que la parte contraria efectúe un debido control con la sentencia dictada en autos.
Es que si bien le asiste razón a la demandada al manifestar que la Dirección General de Cultura y Educación cuenta con los elementos suficientes como para llevar adelante el cálculo que debe abonarse a la actora, también es cierto que lleva razón la actora al requerir un sustento documental o explicativo suficiente que permita conocer de dónde han surgido los montos sobre los cuales se practica la liquidación y de los que resulta el cálculo realizado. Refuerza lo expuesto la circunstancia de que la operación ha sido confeccionada por la Oficina Contable de la Fiscalía de Estado, por ser quien lo suscribe y no por el organismo demandado.
Por ello, corresponde intimar a la Fiscalía de Estado, para que dentro del plazo de diez días practique una nueva liquidación actualizada, informe el origen de los importes a partir de los cuales realizara el cálculo liquidatorio y cuál es la base documental respaldatoria, si correspondiere (arts. 34 inc. 5 ap. "b" y concs., CPCC).
II.2. Asimismo y siendo que la liquidación de los importes adeudados en concepto de daño moral se ajusta a las pautas establecidas y no ha sido impugnada, corresponde aprobar su cálculo, en cuanto hubiere lugar por derecho, por la suma de $38.321,53 calculados al 2-III-2021.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la impugnación formulada por la parte actora e intimar a Fiscalía de Estado para que, dentro del plazo de diez días de notificada, practique una nueva liquidación actualizada, cumpla con la carga de informar el importe del cargo de base que utilizara para confeccionarla y adjunte la prueba documental respaldatoria, si correspondiere (arts. 34 inc. 5 ap. "b" y concs., CPCC).
II. Aprobar en cuanto hubiere lugar por derecho la liquidación practicada en concepto de daño moral, que asciende a la suma de $38.321,53 al 2-III-2021.
Déjase establecido que, dentro de los diez días de notificada la presente, deberá la Dirección General de Cultura y Educación abonar el importe que surge de la liquidación que se aprueba (arts. 39 inc. 3, 57 y 163, Const. prov.; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2961; 501 y 502, CPCC).
III. Por su actuación profesional, regúlanse en base a la liquidación que parcialmente se aprueba los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Alcides Daniel Bosisio, en la suma de pesos … -$ … - (arts. 1, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 28 inc. "a", 41, 51 y 54, dec. ley 8904/77). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 -t.o. según dec. ley 4711/95 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2021 17:58:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2021 22:41:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 09:03:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 19:44:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 07:25:01 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2021 07:30:29 hs. bajo el número RR-792-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia