Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62473
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.473, "Maggi, Julio César contra Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Genoud.
El señor Julio César Maggi, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) a efectos de que se declare la nulidad de las resoluciones de esta Suprema Corte 3.673 y 4.418 de fecha 1 de noviembre y 21 de diciembre de 2000, respectivamente.
Por el primero de los mencionados actos se declaró cesante al actor en el cargo de auxiliar letrado del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Por el otro se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el interesado contra el antecedente.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicita se ordene su reincorporación al cargo y función que ocupaba al tiempo de disponerse el cese.
Además, pide que se condene a la demandada a abonar una indemnización por los daños material y moral que, según dice, la medida impugnada le irrogó. Pretende que la reparación del primero de ellos sea calculada sobre la totalidad de los haberes dejados de percibir desde el 1 de noviembre de 2000 y hasta la fecha de la efectiva reincorporación, computando la bonificación por antigüedad, situación estatutaria y demás bonificaciones incorporadas al haber desde la aludida fecha y hasta la efectiva cancelación de la reparación.
Asimismo, requiere el reconocimiento de servicios "a los fines de garantizar la carrera administrativa y la consecuente relación previsional derivada de la actividad funcional".
Para el supuesto que se interprete que el art. 1 de la ley 2.961 limita el alcance del concepto de "autoridad administrativa" al Poder Ejecutivo, las Municipalidades o la Dirección General de Escuelas, plantea su inconstitucionalidad con fundamento en que obsta el control judicial suficiente y la garantía del debido proceso ante el juez natural.
Recusa con causa a todos los miembros del Tribunal por haber intervenido y emitido opinión y decisión durante el procedimiento administrativo disciplinario. También a aquellos jueces que pudieran haber integrado esta Corte y que en el futuro pudieran hacerlo, debido a su condición de par que hace que se justifique la recusación por motivos de decoro y delicadeza. Pide que se integre una Corte "ad-hoc" con abogados de la matrícula sorteados de la lista de conjueces.
Por último, ofrece prueba, formula reserva de caso federal y de denunciar el hecho, eventualmente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicita el beneficio de litigar sin gastos.
En atención a lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la ley 12.200, el Tribunal desestimó por innecesario, el beneficio de litigar sin gastos peticionado (v. fs. 55).
Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda, argumenta en favor de la legitimidad de las decisiones impugnadas y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 63/71).
Ofrece como única prueba las actuaciones administrativas; se opone en los términos del art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 77, CCA) a la prueba pericial contable ofrecida por la parte actora y formula reserva de caso federal.
Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 52), glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 89/246) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 248/254 -actora- y 255/256 -demandada-), integrado el Tribunal en debida forma (v. fs. 41, 78 y 262) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El actor relata que con motivo de una denuncia efectuada sobre presunta parcialidad y mal desempeño de su actuación como auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata, y de la imputación de haber practicado liquidación a un familiar para ser agregada a un expediente judicial, se ordenó la sustanciación de sumario administrativo disciplinario que tramitó en el expediente n° 3.001-1203/99. Agrega que la instrucción informó sobre las conductas que consideró violatorias del reglamento, aconsejando su sanción.
Detalla que las actuaciones disciplinarias culminaron con el dictado de la resolución del Tribunal 3.673/00 que declaró su cesantía. Señala que contra esta interpuso recurso de reconsideración que fue rechazado por resolución 4.418/00.
I.2. Inicia su defensa manifestando que deben considerarse las especiales condiciones en que desempeñó su función desde junio de 1992 hasta mayo de 2000. Precisa que en ese tiempo el juzgado careció de titular, por lo que esta especial situación lo llevó "a asumir roles que, en muchos casos, excedían los habituales de la delegación". Apunta que "todo el personal del Juzgado tuvo que multiplicar su esfuerzo para suplir la carencia de titular y adaptarse a los estilos de los magistrados subrogantes que se fueron sucediendo". Niega que en el desempeño de su cargo haya violado las normas que regulan la actuación de los funcionarios judiciales.
Aduce que el exceso de trabajo y la peculiar situación del juzgado, sumado al hecho habitual de licencias por enfermedad, maternidad y personales ocasionaba que supliera en forma personal roles de otros empleados y funcionarios en la elaboración directa de los proyectos que debían ser puestos a consideración del juez que, en ese momento, estuviera a cargo. Manifiesta que este sistema se sostenía aun en el caso de las causas atribuidas primariamente al secretario. Por ello dice que no debe sorprender que, por necesidades de suplencias, tomara intervención directa en algunas causas.
Resalta que salvo las cuestiones consideradas por la inspección no ha habido quejas de los abogados con relación a su actuación durante ese período de emergencia.
Impugna la denuncia efectuada en su contra por el titular del juzgado, por haber sido realizada vencido el plazo de prescripción de la acción disciplinaria. Afirma que, en la especie, se configura por aplicación del art. 89 inc. "c", apartados 1 y 2 del Acuerdo 2300. En este punto, refuta que en el caso concurra "una sucesión de continuidad hasta el 7 de mayo de 1999 y resulte aplicable el concepto de 'secuela de juicio'". Asevera que se confunde el instituto de derecho penal con la presunta falta disciplinaria que posee identidad y autonomía de configuración.
Además, refiere que la denuncia que originó el sumario se basó en la declaración testimonial de la doctora Suarez quien expresamente manifestó que si hubiese tenido certeza de que habían existido irregularidades en la sucesión de Arnaldo Gianelli las hubiera denunciado ante el juez.
Niega haber incurrido en parcialidad en la tramitación de la causa "Gianelli" y dice que los argumentos vertidos respecto a ella deben extenderse a las restantes causas a las que se hace referencia. Agrega que ante el primer cuestionamiento que el doctor Hooft le formuló, en oportunidad de anunciarse como abogado que actuaría por la parte demandada en la causa Gianelli, de inmediato lo puso en conocimiento del juez a cargo en ese entonces quien, aun a falta de apoyatura legal que lo avale, lo relevó de actuar en dicho expediente.
En otro orden, señaló que durante muchos años la distribución de tareas dentro del juzgado fue realizada por su titular. Niega que esta función le estuviera vedada a la Oficial Mayor y que aquella no pudiera "tomar contacto con ciertas causas". Dice que la misma funcionaria reconoce la distribución de causas por materia y que a ella le correspondía, en situación normal, entender en concursos y quiebras.
Descalifica la declaración de la señora Maoirano, con fundamento en haber actuado por la presión jerárquica de trabajar bajo la conducción inmediata del denunciante y haber declarado abiertamente su enfrentamiento con él.
Asevera que "se llegó a tener por probado que habría ingresado un escrito del estudio y colocarle el cargo, pese a que la persona de mesa de entrada al declarar en absoluto referenció tal extremo. Todo lo receptado han sido expresiones de terceros interpretando por sí y bajo su propia creatividad situaciones inexistentes". Se agravia de que ello haya sido receptado por el dictamen del señor Subprocurador y luego por esta Suprema Corte.
Destaca que el secretario del juzgado declaró que siempre actuó de conformidad con las normas impartidas por sus superiores.
Con relación a su intervención en asuntos en los que actuaban profesionales del Estudio Raúl Diez y Asociados, señala que desde 1979, época en la que era empleado, el entonces juez, aun conociendo el parentesco existente, no lo apartó de la función de despachar los escritos que presentaban, intervención que continuó en los distintos cargos que desempeñó. En este sentido, afirma que no está legislada la excusación del auxiliar letrado y señala como una falencia de la instrucción no haber citado al juez subrogante de aquella época.
Rechaza que haya traído escritos de ese estudio y que les hubiese colocado el cargo. Niega que exista prueba que lo acredite.
Con relación a la imputación vinculada a la impresora, manifiesta que también se ha distorsionado la apreciación de la prueba. Afirma, con sustento en las declaraciones testimoniales, que ese equipo era de uso del personal en general.
Refuta haber incurrido en la previsión del art. 1 inc. "b" de la Acuerdo 1686. Dice que su conducta no encuadra en su enunciado y resalta la carencia de intencionalidad y de elemento subjetivo para que se configure la infracción.
En cuanto a la imputación de la liquidación niega haber trabajado para estudios jurídicos y haber proporcionado información o mantener corresponsalía. Admite que "por la cercanía que existía entre mi[su] domicilio y el inmueble del estudio, en un gesto de simple gentileza y precisión en cuanto a los cálculos matemáticos exactos, efectué [efectuó] la planilla con datos oficiales existentes en todos los registros accesibles que sólo era para un examen interno sin intención ni autorización para que ello fuera agregado al expediente".
Rechaza haberse arrogado atribuciones que no le correspondían y afirma que esta imputación no ha sido debidamente acreditada durante el procedimiento disciplinario. Seguidamente admite que en las actuaciones sumariales existe un despacho que ha sido calificado como "privativo de la órbita jurisdiccional", planteando su defensa en las siguientes circunstancias: 1) "es un único caso, lo que le resta entidad como para insertarlo como causa de una falta"; 2) "corresponde a una causa que se radicó en el Juzgado n° 8 [...] por aplicación legal del fuero de atracción que provocó la situación de tramitarse en dicho juzgado el sucesorio del demandado de esos autos"; 3) "ninguna de las partes intervinientes e interesadas cuestionara el proveído, ya que ello resultaba aplicación del fuero de atracción"; 4) "el juez a cargo interino del Juzgado -ni el Secretario- no cuestionó el despacho en ejercicio de lo previsto por el art. 38 inc. 1 'in fine' del CPCC ratificando lo actuado y reafirmando que no existió ningún exceso de mi[su] parte ni ejercicio de arrogarme [arrogarse] atribuciones"; 5) "no ha existido acto subjetivo encaminado a configurar una arrogancia de tales labores ya que para la existencia de falta debe existir el elemento subjetivo indispensable".
En otro orden impugna el fundamento legal en el que la autoridad disciplinaria basó la sanción. Dice que "se apoya en el numeral 1 de la Acordada 1686 y art. 2 d) de la Acordada 1887..." y se agravia de que, pese a que el primero de los preceptos posee cuatro incisos, se lo ha inculpado de la totalidad de las faltas en ellos contempladas pues no se ha individualizado ninguno. Postula la nulidad de lo actuado por haberse vulnerado el principio de igualdad, congruencia, debida defensa en juicio, derecho de defensa, propiedad y la garantía de un procedimiento legal.
Agrega que con esta decisión se han modificado las bases de la investigación al extremo de que en el final se le imputa el total del referido art. 1 afectando los principios constitucionales. Acota que ello debió ser advertido por la resolución que decidió el recurso de reconsideración, pero sostiene que nada se analizó y se desestimó por considerar que "no se habían introducido nuevos elementos que permitieran modificar lo decidido".
En síntesis, concluye que el sumario culminó con una sanción encuadrada en hechos y normas que no fueron motivo del sumario, y se agravia de que la sanción es desproporcionada considerando su desempeño en los expedientes en cuestión y las particulares circunstancias en las que se encontraba el juzgado en esa época.
Por último, impugna la resolución del Tribunal 4.418/00. Niega que exista en su planteo una "mera discrepancia con la valoración de los hechos".
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado afirma que esta Suprema Corte de Justicia ejerció válidamente su potestad disciplinaria. Manifiesta que la Administración tiene a su cargo la obligación de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios a su cargo y que para lograrlo es menester que pueda exigir a los funcionarios el cumplimiento estricto de sus deberes y, eventualmente, sancionar a quienes cometan faltas.
En particular, pone de resalto que el Acuerdo 2300 -Estatuto del Agente Judicial-, al enumerar los deberes de los agentes públicos, establece el de "requerir al superior jerárquico se lo exima de intervenir en todo aquello en que su actuación pudiera originar interpretaciones de parcialidad o concurriere incompatibilidad moral" (art. 66 inc. 1). Transcribe también lo dispuesto en los arts. 2 del Acuerdo 1686 -modificado por el Acuerdo 2657- y 2 del Acuerdo 1887 -texto según Acuerdo 1891-.
Postula la regularidad del procedimiento disciplinario seguido al actor. Afirma que los hechos y las circunstancias acreditadas en las actuaciones administrativas evidencian la razonabilidad de la sanción de cesantía aplicada al doctor Maggi. Precisa que el demandante infringió las más elementales normas de ética que deben ser propias de un funcionario judicial, comprometiendo con su accionar el prestigio del Poder Judicial y de la administración de justicia.
Manifiesta que existiendo en las actuaciones sumariales respaldo probatorio razonable y suficiente, la decisión sancionatoria no puede ser descalificada. Agrega que la potestad de la autoridad administrativa de valorar y calificar los hechos configurativos de una falta disciplinaria y determinar la sanción aplicable es propia de sus atribuciones y su ejercicio no es revisable judicialmente si no se demuestra que ha mediado arbitrariedad.
En otro orden, afirma que los agravios del demandante resultan inconsistentes e infundados. Precisa que a efectos de demostrar que su conducta no ha influido en la suerte de las causas judiciales, se aferra al contenido de diversas declaraciones testimoniales que, según asevera, no resultan preponderantes para la resolución del caso.
Responde los agravios al derecho de defensa alegados por el actor, señalando que no menciona las pruebas o defensas de las que fue privado y qué incidencia estas podrían haber tenido en la determinación de la sanción a aplicar.
Destaca que, frente a la totalidad de los elementos de juicio recogidos durante la instrucción del sumario disciplinario, el actor no ha podido desvirtuar las constancias de las que surge la comisión de las faltas disciplinarias reprochadas.
Concluye que la sanción de cesantía aplicada al actor guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido que, en el caso, es la administración de justicia imparcial y transparente.
Por último, para el hipotético supuesto de que la demanda prospere, con cita de doctrina de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se opone al pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que duró la cesantía del actor.
III. De la prueba producida en autos surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo n° 3.001-1203/99.
III.1.a. Presentación efectuada por el juez del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata, doctor Pablo Porzio, ante esta Suprema Corte denunciando anomalías advertidas en el desempeño del auxiliar letrado. En este sentido, detalló que "el Dr. Maggi tramitaba en forma personalizada 'ciertas causas' en las que interviene [intervenía] el estudio jurídico de su cuñado del cual forma [formaba] parte también el doctor Sergio Jesús Campertoni [...] dichas causas eran llevadas, controladas y manejadas en forma personal por el citado, más aún, los despachos eran indicados a la Oficial Primero quien acataba las órdenes del mismo; estándole vedado a la oficial Mayor tomar contacto con esas causas, no figurando ningún cargo firmado por la misma, pues no se le permitía". Destaca que el doctor Campertoni "expresamente reconoce ser amigo del Dr. Maggi".
Agregó que la oficial mayor le indicó que "observó que Maggi colocaba cargos en escritos de ese estudio que él mismo traía, es decir, que no ingresaban por la mesa de entradas".
Añadió que el doctor Maggi, en una causa del mencionado estudio, habría presentado una actualización de liquidación, suscripto el cargo, proveído en la misma fecha y firmado por él mismo, "pero con un aditamento, la liquidación [...] fue confeccionada en hojas similares a las utilizadas en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires como 'copia', tamaño papel A4, diferente al resto de los utilizados por el estudio de la parte actora, confeccionada con una impresora de chorro de tinta" pese a que, según afirma, "el estudio de la actora en ninguna presentación utiliza [utilizó] dicho tipo de impresora, y confeccionada con un sistema exclusivo de la SCBA y de los demás tribunales provinciales 'EXES'..." (v. fs. 1/7 y 21).
III.1.b. Declaraciones testimoniales del personal del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata (v. fs. 12/20 y 25/30, 37/40, 52/57, 67 y 75).
III.1.c. Declaraciones de abogados de la matrícula (v. fs. 32/34).
III.1.d. Copia certificada del pedido de actualización del sistema Exes formulado por el doctor Julio César Maggi a efectos de instalarlo en su domicilio particular (v. fs. 41/43).
III.1.e. Declaración testimonial de la titular de la Delegación Informática Departamental (v. fs. 46/51).
III.1.f. Dictado el auto de imputación a fs. 78/81, mediante resolución de fecha 13 de abril de 2000, la instrucción ordenó la citación del doctor Julio César Maggi a prestar declaración indagatoria, oportunidad en la que ejerció su derecho a no declarar (v. fs. 82/83).
III.1.g. Corrido el traslado contemplado en el art. 10 inc. "b" del Acuerdo 1642 (v. fs. 89), el imputado presentó su descargo (v. fs. 91/103).
III.1.h. Con motivo del pedido efectuado por el doctor Maggi en su descargo, a fs. 113 prestó declaración testimonial el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
III.1.i. A fs. 116/118 la instrucción produjo el informe de conclusión del sumario administrativo que elevó al señor subsecretario de control judicial. En esta pieza, los instructores sumariantes tuvieron por acreditadas las infracciones imputadas al doctor Julio César Maggi a fs. 82/83.
III.1.j. A través de la resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de fecha 1 de noviembre de 2000 y de conformidad con el dictamen del señ
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