Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65725
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la liquidación presentada por la parte actora a fs. 344/345 (escrito de fecha 1-III-2021) e intimar a la demandada para que, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, conforme las pautas señaladas, actualice la liquidación que presentara con fecha 21-VII-2020 (v. archivo adjunto agregado al escrito de fs. 313/314) y que fuera aprobada por resolución del 2-IX-2020 (fs. 319/319 vta.).
II. Ordenar al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a reintegrar a la actora lo descontado en exceso en virtud de la retención efectuada por aplicación del impuesto a las ganancias, según constancias acompañadas por la Fiscalía de Estado en archivo adjunto al escrito de fecha 22-III-2021, conforme las pautas señaladas.
B.65.725 “MARTINEZ NORMA ALICIA C/PROVINCIA DE BS. AS (I.P.S.)”
I. A fs. 344/345 la actora presenta liquidación de intereses considerando el auto aprobatorio de la liquidación y la fecha de pago.
Señala que el cálculo lo practica sobre dichas pautas y en los términos del artículo 770 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Asimismo, considera que la retención efectuada por la parte contraria en concepto de Impuesto a las Ganancias al realizar la liquidación anterior no corresponde, por lo que solicita, con la finalidad de ejercer su derecho de defensa, se la intime a presentar detalle del cálculo que practicara, dejando a salvo que los intereses fijados judicialmente están exentos de ese tributo.
Afirma que los intereses reconocidos en una sentencia que admite el reclamo de la actora y que se generan por la mora en el pago del haber pensionario, no responden a la categoría de ganancias o enriquecimiento y es por ello que en esta instancia deja establecida la impugnación de su procedencia, reservándose el derecho a cuestionar su monto y formular planteo de inconstitucionalidad (v. escrito del 1-III-2021; fs. 344/345).
II. Habiéndose conferido el correspondiente traslado, la parte demandada la impugna.
II.1. Sostiene que la liquidación en traslado calcula intereses sobre el monto total de la aprobada en autos; esto es, tomando en cuenta tanto capital como intereses, lo que resulta totalmente improcedente, debiendo computarse la tasa aplicable únicamente sobre el capital.
Agrega que, respecto al período que debe comprender este cálculo ampliatorio, es sabido que el curso de los intereses cesa cuando se realiza el pago. Tal requisito, afirma, se cumplimenta con el depósito judicial y dación en pago, es decir, cuando el acreedor ha podido tomar legalmente conocimiento de ello y se encuentra en condiciones de extraerlo.
Por lo tanto, señala que una liquidación correcta computaría intereses a la tasa indicada por los períodos posteriores a la liquidación aprobada en autos, sobre los montos históricos y hasta la fecha de pago.
Asimismo sostiene que, si se considerara pertinente lo planteado, la base sólo podría ser la suma líquida que le correspondía cobrar tras haberse retenido el impuesto a las ganancias. Es así que el monto sobre el cual habría que calcular los intereses, en todo caso, sería el percibido por la actora, pues ese es el importe del cual se habría visto privada y que podría devengar intereses.
Por otro lado, argumenta que es incorrecta la fecha de inicio del cómputo en tanto la actora pretende capitalizar intereses y devengar nuevos a partir de la fecha de presentación de la liquidación y no a partir del momento establecido en la propia normativa que invoca. Sostiene que, incluso siguiendo su tesitura, el inicio de los intereses operaría recién una vez aprobada y vencido el plazo otorgado por el Tribunal para dar en pago esa liquidación. Agrega que corresponde formular similar reparo respecto de la fecha de corte de intereses propuesta, pues pretende que se computen hasta el día 10-II-2021 pese a que la dación en pago fue efectuada el día 5-II-2021.
II.2. Además, hace saber que acompaña documental que justifica la retención del impuesto a las ganancias. Aclara que las objeciones dirigidas a cuestionar la inclusión o no dentro del impuesto de los rubros que distingue la actora es una cuestión que excede la competencia del Instituto de Previsión Social, quien tiene el deber de retener, no siendo siquiera competente el Tribunal para entender acerca de la inconstitucionalidad que pretende esgrimir (v. escrito del 22-III-2021; fs. 351/352).
III. Por su parte, la actora al contestar el traslado que se le confiriera, solicita el rechazo de las argumentaciones expuestas por la demandada.
III.1. Afirma que en autos resulta aplicable lo normado por el artículo 770 inc. "c" del Código Civil y Comercial, dado que se dan los dos presupuestos que permite el cálculo de intereses sobre el total aprobado. Esto es, que la obligación surja de una liquidación judicial firme y que la misma haya sido objeto de incumplimiento e intimación. Es innegable, sostiene, que en autos se dan los presupuestos que viabilizan la procedencia de la capitalización de intereses pues esta se admite, específicamente, cuando liquidada la deuda el juez ordena pagar la suma resultante y el deudor, intimado, fuere moroso en hacerlo, debiendo, como consecuencia de la mora, intereses sobre el monto total de la liquidación impaga.
Destaca que el auto aprobatorio de la liquidación data del 2-IX-2020, pero en forma expresa estableció que el monto resultante lo es al 30-VI-2020, y es a partir de esa fecha donde deben computarse los intereses hasta el momento del efectivo pago, que en el caso de autos está representado por la orden de pago o transferencia a favor de la actora.
Manifiesta que por tales razones no corresponde el cálculo de intereses sobre los montos históricos, como pretende la demandada, por lo que debe rechazarse la impugnación presentada con costas.
III.2. Asimismo, analizando la documentación acompañada por la demandada con relación a la retención que se efectuara del impuesto a las ganancias, considera que dicha deducción debe efectuarse exclusivamente sobre el capital y que no puede considerarse imponible por este concepto el interés emergente de la sentencia.
Afirma que es de aplicación en autos lo normado por el artículo 26 incisos "i" y "t" de la ley 20.628 (t.o. dec. 824/19), que en forma expresa establecen que están exentos del gravamen "los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales..." y "los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza...", por lo que considera que debe rectificarse la retención realizada y restituir a la parte actora lo descontado de más.
Agrega que no puede considerarse "ganancia" el monto de los intereses judiciales aplicables a los haberes previsionales adeudados dada su naturaleza laboral, accesoria si se considera que dichos beneficios previsionales derivan de aportes salariales y sustituyen los ingresos derivados de la actividad. Entiende que la exención de retención de ganancias sobre intereses es extensiva a créditos previsionales pues si la norma beneficia al personal activo indiscutiblemente esa protección se impone al sector pasivo.
Afirma que los intereses judiciales no responden a la categoría de ganancia o enriquecimiento sino que constituyen un intento de reparación de los perjuicios derivados de la mora, por lo que su exención al pago del tributo está más que justificada (v. escrito del 9-IV-2021; fs. 354/356).
IV. Analizando los planteos formulados por las partes, corresponde señalar lo siguiente:
IV.1. El artículo 770 del Código Civil y Comercial, al igual que lo hacía el artículo 623 del ordenamiento antes vigente, normas que este Tribunal ha juzgado aplicables a deudas de la Administración, veda como regla general la deuda de "intereses de los intereses". Sin embargo, entre las excepciones a dicha prohibición se encuentra el caso de la obligación liquidada judicialmente que es mandada a pagar por el juez y el deudor es moroso en hacerlo, en cuyo caso procede la capitalización desde el momento del vencimiento de dicha intimación (art. 770 inc. "c", Cód. Civ. y Com.).
Bajo tal premisa, lejos de simplemente haberse notificado la resolución que aprobó la liquidación que ahora se pretende actualizar, hecho que -como se tiene dicho- no basta para verificar la excepción antes señalada (doctr. causa B. 67.055, "Cuomo", resol. de 4-VII-2012 y sus citas), es claro que en el caso se procuró el cumplimiento de la condena con toda la severidad inherente a las potestades coactivas que confiere a los jueces el artículo 163 de la Constitución provincial, a través de los dispositivos conminatorios previstos en el plexo de normas procesales aplicables en la especie (v. fs. 1085 y 1091; cfr. arts. 86 y concs., ley 2961; 78 inc. 3, CCA).
En estas circunstancias y como ya lo ha sostenido este Tribunal en anteriores fallos (causa B. 63.881, "Liendo", resol. de 28-XII-2016), en principio se verifica uno de los supuestos en los cuales el anatocismo se encuentra permitido y, por ello, corresponde establecer las pautas para calcularlo.
Sobre esa base cabe indicar que el período que corre entre el 1-VII-2020 (fecha inmediatamente posterior a la del corte de la primera liquidación) y el 14-IX-2020 (fecha en la que venció el término perentorio para que se haga efectivo el pago) la condena devengó intereses sólo sobre el capital original.
Pero por el lapso que se extiende entre el 15-IX-2020 y hasta 5-II-2021 (fecha de la dación en pago), corresponde calcular intereses sobre el saldo capitalizado por los rendimientos que se habían devengado hasta ese momento, a la tasa pasiva más alta pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días (doctr. causas B.64.953, "Ithurrart", resol. de 14-IX-2016 y B. 63.881, cit.).
Con estas pautas, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, la demandada deberá actualizar la liquidación que presentara el 21-VII-2020 (v. archivo adjunto agregado al escrito de fs. 313/314), que fuera aprobada por resolución del 2-IX-2020 (fs. 319/319 vta.).
IV.2. En segundo término, la parte actora cuestiona la retención que la autoridad pública provincial realizó por aplicación de la ley 20.628 y, eventualmente, hace reserva de plantear la inconstitucionalidad del texto de la ley.
De las constancias de autos surge que luego de aprobada la liquidación por el monto de $ 8.652.938,68 (v. resol. de 2-IX-2020; fs. 319/319 vta.), la demandada dio en pago la suma de $ 6.963.555,09 aclarando que el Instituto de Previsión Social había retenido la suma de $ 1.689.383,49, en concepto de impuesto a las ganancias sobre el monto de la condena (v. escrito del 5-II-2021 y su archivo adjunto; fs. 334).
La ley 20.628 (t.o. dec. 824/19) no define el concepto de ganancia, sino que enumera cuáles son las situaciones jurídicas y económicas que generan la obligación tributaria (arts. 1 y 2).
Por su parte, los artículos 26 y 27 de la citada norma establecen las exenciones al gravamen.
En lo que aquí interesa, el artículo 26 de la ley 20.628, en sus incisos "i" y "t", dispone que estarán exentos: "Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales" y "Los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza".
Del plexo normativo referenciado surge claramente que los intereses devengados por el crédito reconocido en una sentencia como la de autos -que admite el derecho de pensión a la actora y condena a abonar la prestación con retroactividad a la fecha del fallecimiento del causante con intereses- no deben contribuir en el mentado impuesto.
En eso ha podido influir que los intereses fijados en una sentencia judicial lejos están de considerarse estrictamente un enriquecimiento, ya que constituyen la reparación de los perjuicios sufridos por la mora en el reconocimiento de la pretensión planteada por la actora.
El contenido de la liquidación aprobada en autos por resolución del 2-IX-2020 está conformado tanto por el capital como por los intereses, por lo que en virtud de la exención establecida en el artículo 26 de la ley 20.628 (t.o. dec. 824/19), el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires debió efectuar la retención por el impuesto a las ganancias solamente sobre el capital determinado en dicha liquidación (v. archivo adjunto al escrito electrónico del 21-VII-2020), es decir, sobre el monto de $ 3.044.003,33.
Siendo así, teniendo en consideración la naturaleza alimentaria de los derechos involucrados y la preferente tutela constitucional de la que goza la actora, corresponde ordenar a la demandada reintegrar a la señora Martínez el importe retenido indebidamente por el IPS en concepto de impuesto a las ganancias, con más los intereses correspondientes, que se calcularán de acuerdo a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por los depósitos a plazo fijo a treinta días, desde el momento en que debió depositarse en autos y hasta su efectivo pago (conf. CSJN Fallos: 342:411; 344:983).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la liquidación presentada por la parte actora a fs. 344/345 (escrito de fecha 1-III-2021) e intimar a la demandada para que, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, conforme las pautas señaladas, actualice la liquidación que presentara con fecha 21-VII-2020 (v. archivo adjunto agregado al escrito de fs. 313/314) y que fuera aprobada por resolución del 2-IX-2020 (fs. 319/319 vta.).
II. Ordenar al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a reintegrar a la actora lo descontado en exceso en virtud de la retención efectuada por aplicación del impuesto a las ganancias, según constancias acompañadas por la Fiscalía de Estado en archivo adjunto al escrito de fecha 22-III-2021, conforme las pautas señaladas.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:21:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:37:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:49:50 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:24 hs. bajo el número RR-609-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia