Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57535
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 57.535, "Balderrama, Enrique Roberto contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Borinsky, Budiño, Violini, Natiello .
I. Enrique Roberto Balderrama, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires.
Solicita se declare la nulidad de los decretos 1.111/95 y 1.700/96, ratificatorio del anterior.
A su vez peticiona se ordene el restablecimiento de la situación de disponibilidad preventiva en que se encontraba al momento de su exoneración, se disponga la reposición, como agente de la Policía Bonaerense al cargo que le hubiere correspondido conforme al régimen de ascensos y se condene a la Provincia demandada a abonar los salarios no percibidos durante la disponibilidad preventiva y los daños y perjuicios provocados por la ilegítima ruptura del vínculo de empleo público que unía a las partes, con intereses y actualización. Requiere imposición de costas a la demandada invocando temeridad.
Pide como medida cautelar la suspensión de los efectos de los actos que cuestiona.
Ofrece prueba.
II. A fs. 200 este Tribunal rechaza la medida cautelar peticionada.
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, postulando la legitimidad del obrar administrativo y solicitando el rechazo de la acción.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la actora y los alegatos de las partes, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde la indemnización de daños y perjuicios?
En su caso:
3ª) ¿Qué parámetros corresponde aplicar?
4ª) ¿Procede el daño moral?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Relata el actor que el 28 de julio de 1993, la señora Delia Elena Coria presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía de Cámara, que tramitó por causa n° 8.935, caratulada "Balderrama, Enrique Roberto s/ Tentativa de extorsión" ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 10 del Departamento Judicial de La Plata.
Explica que, en su denuncia, la señora Coria afirmó que el día 8 de julio de 1993, a causa del presunto robo de un minicomponente, se presentó en la Comisaría Segunda de La Plata a efectos de informar el hecho, siendo atendida por el Oficial Polo quien la derivó al Oficial Balderrama.
Señala que este comenzó a poner excusas para recepcionarle la denuncia y que además le explicó que para efectuarla "...debía abonar una especie de colaboración para los muchachos de la Comisaría", negándose la denunciante a ello. Afirma que luego, los dos Oficiales le dijeron que volviera al día siguiente. Relata que regresó a la Comisaría los días 9, 12, 13, 14, 16 y 17 de julio. Expresa que recién pudo asentar la pertinente denuncia policial, tomada por el actor, el día 12 cuando fue acompañada por su exesposo, el señor Di Pascuale, y que, pese a su pedido, no se le entregó copia de la misma porque le decían que "no quería pagar".
Afirma que la señora Coria presentó la denuncia ante la Fiscalía porque se sintió indefensa y burlada por la policía y que lo único que obtuvo de esta fue una pérdida de tiempo.
Por su parte el actor indica que con fecha 13 de mayo de 1994, en la Brigada de Investigaciones VI se recibió la causa penal n° 8.935, la que contenía su orden de detención, por encontrarlo prima facie incurso en el delito de tentativa de extorsión.
Añade que, en virtud de ello, la Administración consideró que tal transgresión encuadra en lo previsto en el art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80, por lo que dispuso iniciar el sumario administrativo (que tramitó por expediente n° 2.137-794953/94); ordenó a su vez que se agregaran fotocopias de la causa penal "sobre el que se basará el presente" y declaró su disponibilidad preventiva (art. 86, cuerpo cit.).
Realiza una reseña de la prueba producida en sede penal y agrega que las únicas actuaciones administrativas sustanciadas luego del inicio del sumario fueron un informe circunstanciado de los hechos efectuado por la misma Brigada, la declaración indagatoria administrativa del actor de fecha 24 de mayo de 1994 y su escrito de defensa del 10 de junio de ese mismo año.
Aduce que en estas dos últimas actuaciones resaltó que no existían pruebas de ninguna naturaleza indicativas de que hubiera pedido dinero a la señora Coria, ni tampoco de que él le hubiera tomado denuncia alguna. Además, adiciona que no recuerda conocer a la denunciante, destaca que el exesposo no lo reconoció en rueda de personas y que el allanamiento efectuado por el juzgado penal en la Comisaría Segunda arrojó resultado negativo en cuanto no se encontró asentada la denuncia que dijo haber realizado la señora Coria.
En virtud de ello, expresa que solicitó al Jefe de la Policía Bonaerense que para la resolución administrativa se aguardara el desenlace de la causa judicial. Señala que, en forma intempestiva, omitiendo la tramitación de actuaciones obligatorias y sin tomar en consideración lo requerido, el instructor elevó el sumario a la autoridad mencionada a efectos de que resolviera el asunto.
Explica que, en esta elevación, se consideró como prueba de cargo la denuncia efectuada, el reconocimiento en rueda por parte de la denunciante y el testimonio del Oficial Polo en sede judicial y, como prueba de descargo, la declaración indagatoria del imputado y el escrito de defensa.
Subraya que se soslayó la prueba producida en sede penal en que el actor fundó sus descargos (allanamiento negativo y reconocimiento en rueda del señor Di Pascuale).
Agrega que el instructor concluyó en que "existe una imputación penal contra el causante, por tanto, es tan responsable de la transgresión imputada, como lo es del delito en cuestión para la justicia", solicitando la aplicación de la pena de exoneración de las filas de la Policía Bonaerense.
Indica que la Dirección de la Asesoría Jurídica estimó como prueba concluyente de su culpabilidad el auto de detención en sede judicial y el reconocimiento en rueda de la denunciante, creando la convicción del Área que con su accionar afectó gravemente su dignidad como funcionario y el prestigio de la institución (art. 59 inc. 7, dec. ley 9.550/80), meritando como atenuante la foja de servicios carente de sanciones graves y sin agravantes que computar.
Señala que por medio de la resolución 82.380/94, de 25-IX-1994, el Jefe de la Policía Bonaerense solicitó al Poder Ejecutivo su baja por exoneración.
Añade que la Asesoría General de Gobierno, mediante dictamen 1.070/94, destacó que en el sumario se siguió el procedimiento correspondiente y se acreditó la comisión de la falta.
Agrega que, por consiguiente, se dictó el decreto 1.111, de 12 de mayo de 1995, disponiendo su baja.
Expresa que, ante la interposición de un recurso de reconsideración contra el acto indicado, el día 3 de junio de 1996 se dictó el decreto 1.700, desestimándolo.
Destaca que luego de producida nueva prueba en el proceso penal, con fecha 11 de abril de 1996, se dictó sentencia en ese fuero absolviéndolo por no encontrarse acreditada la materialidad ilícita.
Señala que antes de que se le notificara el decreto 1.700/96 realizó sendas presentaciones en la Secretaría de Seguridad de la Provincia y en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, comunicando el dictado de la sentencia absolutoria en sede penal y pese a ello, con fecha 1 de julio de 1996, se le notificó el decreto aludido.
Finalmente interpuso recurso de revisión el 7 de agosto de 1996, el cual se sustanció y tramitó mediante expediente 2.100-10008/96.
Luego cuestiona el decreto 1.111/95, por carecer de fundamentación autónoma ya que su motivación remite a la resolución 82.380/94 del Jefe de la Policía y al dictamen 1.070/94 de la Asesoría General de Gobierno.
Recalca que tanto la existencia del hecho como su participación en el no han sido probados en la especie.
Asimismo, cuestiona el decreto 1.700/96 y denuncia que ambos actos poseen vicios en sus elementos causa, motivación y finalidad.
Peticiona el pago de los daños material y moral, además de los mayores ingresos que le hubieren correspondido derivados de los ascensos que no pudo obtener, con más intereses y actualización monetaria.
Solicita imposición de costas a la contraria y denuncia temeridad.
II. Corrido el pertinente traslado, la Fiscalía de Estado contesta la demanda y solicita su rechazo.
Expresa que los argumentos traídos por el actor no demuestran el ejercicio arbitrario o ilegítimo de la potestad disciplinaria administrativa.
Indica que las actuaciones administrativas mediante las cuales se investigó la conducta del exagente Balderrama y que dieron lugar al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la autoridad demandada, se originaron a raíz de la denuncia policial efectuada por la señora Coria.
Señala que, en virtud de esa denuncia, encuadrando la actitud del agente como infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80, se resolvió su baja por exoneración por haberse acreditado que incurrió en la comisión de faltas al régimen del servicio.
Destaca que, a diferencia de la investigación penal, aquí no se trata de probar la comisión de un ilícito como es la tentativa de extorsión, sino que se advierte la clara violación a los deberes del cargo por parte del demandante, debido a que para un simple trámite de radicación de una denuncia en la dependencia en la que aquel se desempeñaba, una ciudadana debió concurrir en numerosas oportunidades, ocasionándole un innecesario dispendio de tiempo y el sentirse burlada e indefensa por la institución encargada de velar por la seguridad de la población.
Finalmente sostiene que no existe arbitrariedad en la pena fijada debido a la gravedad de los hechos comprobados.
Rechaza asimismo los planteos accesorios de pago de sueldos dejados de percibir, el cómputo de los ascensos que hubieren correspondido, el daño moral invocado y la condena en costas.
III. De las actuaciones administrativas y documental acompañada se desprenden las siguientes constancias útiles para la siguiente causa:
III.1. Expediente 21.100-349102, legajo personal del actor.
III.2. Expediente 794.953/94.
III.2.a. Copia de denuncia de la señora Coria del 28-VII-1993 (v. fs. 3/4).
III.2.b. Acta de constatación del libro de entrada de sumarios de la Comisaría Segunda.
III.2.c. Acta de audiencia de reconocimiento en rueda de personas de Coria (v. fs. 66/67) y de Di Pascuale (v. fs. 68/69).
III.2.d. Declaración del Oficial Polo (v. fs. 77).
III.2.e. Proveído en actuaciones penales donde se ordena la detención de Balderrama el 4 de mayo de 1994.
III.2.f. Comunicación de 13 de mayo de 1994 al Jefe de Asuntos Internos sobre el inicio del sumario administrativo caratulado Infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80 del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el que resulta causante el Oficial Subinspector legajo 16.405, Balderrama, Enrique, del numerario del Comando Patrulla Bonaerense, basado en la causa penal 8.935, caratulada "Valderrama, Enrique s/ Tentativa de extorsión Coria Delia Elena- F.C." en el que interviene el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, doctor Federico Guillermo Atencio (v. fs. 93).
III.2.g. Declaración indagatoria administrativa del agente Balderrama en la que sostuvo su inocencia en relación a los hechos que se le imputaban (v. fs. 98).
III.2.h. Escrito de defensa (v. fs. 102).
III.2.i. Conclusiones del Oficial sumariante (v. fs. 105).
III.2.j. Decreto de disponibilidad preventiva desde el 13 de mayo de 1994 (v. fs. 108).
III.2.k. Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Policía del 25 de agosto de 1994 considerando que la conducta reprochada se encuadra como infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80 (v. fs. 120).
III.2.l. Resolución 82.380/94 mediante la cual el Jefe de la Policía solicita al Poder Ejecutivo la baja por exoneración del Oficial Balderrama, en fecha 25 de septiembre de 1994 (v. fs. 121/123).
III.2.m. Dictamen de la Asesoría General de Gobierno en el que se considera que puede procederse a disponer la baja por exoneración de Balderrama (v. fs. 132).
III.2.n. Decreto 1.111/95 mediante el cual el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dispuso la baja en el cargo del Oficial Subinspector Enrique Roberto Balderrama por exoneración, por haberse acreditado que incurrió en la comisión de faltas al régimen del servicio en los términos del art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80 (v. fs. 135).
III.2.ñ. Recurso de reconsideración interpuesto por el actor (v. fs. 145/147).
III.2.o. Dictamen de la Asesoría General de Gobierno a favor del rechazo del recurso (v. fs. 150).
III.2.p. Decreto 1.700/96 mediante el cual el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires desestimó el recurso deducido (v. fs. 153).
III.3. Expediente 2.100-10.008/96 que contiene el recurso de revisión de 7 de agosto de 1996, con copias de constancias de la causa penal, incluida la sentencia absolutoria del señor Balderrama por no encontrarse acreditada la materialidad ilícita.
III.4. Expediente 5.100-10991/98 donde se desestima el recurso de revisión.
III.5. En estas actuaciones:
III.5.a. Informe del Departamento de Liquidación de Haberes del Ministerio de Seguridad (v. fs. 258/300).
III.5.b. Informe de la Dirección de Servicios Técnicos Administrativos del Ministerio de Justicia y Seguridad (v. fs. 301/305).
III.5.c. Prueba pericial contable (v. fs. 343/347).
IV. Expuestas así las posiciones de las partes, la cuestión a resolver radica en determinar si la sanción expulsiva que se impugna se ajusta a derecho.
IV.1. El actor alega que no se encuentra acreditada la materialidad fáctica del delito imputado en sede penal ni los hechos denunciados por la señora Coria en los que se basan las actuaciones administrativas, en tanto no han sido corroborados en el sumario por ninguna de las pruebas producidas. Además, proclama la arbitrariedad en la sanción aplicada.
En tal sentido, expresa que los decretos cuestionados contienen vicios en sus elementos causa, motivación y finalidad y además son arbitrarios.
Manifiesta que solo quedó probada la comparecencia de la señora Coria a la Comisaría Segunda por su declaración y porque ella reconoció a Balderrama en rueda de personas, sin que ningún otro testigo ni documentación fueran idóneos para acreditar los sucesos denunciados.
IV.2. Por su lado la demandada sostiene que el resultado de la sentencia penal, en el caso de absolución, no implica que las actuaciones tramitadas en sede administrativa corran la misma suerte. Especifica que el delito que no logró acreditarse en sede penal es el de tentativa de extorsión y que lo que aquí se cuestiona es la actitud del agente Balderrama, que incomodó a la señora Coria y la hizo concurrir en varias oportunidades a la comisaría a fin de tomarle su denuncia, lo que afectó el prestigio de la institución, encuadrándose su conducta en el art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80.
IV.3. En ese contexto, cabe señalar que el correcto ejercicio de la potestad jurisdiccional de control de las facultades disciplinarias de la Administración requiere la verificación, en el caso, que los hechos se encuentren probados y configuren la causal que fundó la sanción impuesta, es decir la verdadera y efectiva existencia de sus antecedentes (conf. Garrido Falla, Fernando, "Tratado de Derecho Administrativo". Instituto de Estudios Políticos. Madrid 1964, vol. I, pág. 475). El control judicial de la actuación administrativa en materia disciplinaria constituye una derivación lógica del encuadre de esta en el marco del principio de juridicidad de la Administración Pública (conf. doctr. causas B. 63.770, "Fonseca", sent. de 22-XII-2010; B. 61.327, "P.G., A.F.", sent. de 18-IV-2011 y B. 63.469, "Sáenz Orellana", sent. de 6-XII-2017).
Adelanto que, a mi entender, la demanda prospera.
IV.4. En efecto, el decreto 1.111/95, que dispuso la baja por exoneración del agente Balderrama, valoró en sus considerandos la resolución 82.380/94 del Jefe de Policía que solicitó la aplicación de dicha sanción al actor y la conformidad resultante del dictamen de la Asesoría General de Gobierno en el mismo sentido.
En la referida resolución 82.380/94, se tomó en consideración la denuncia de la señora Coria, la declaración del exmarido, señor Di Pascuale, que acompañó a la denunciante, la negativa de los hechos por parte del sumariado, la declaración del Oficial Polo que refirió haber atendido a la señora Coria y haberla derivado con Balderrama, el reconocimiento en rueda de personas por parte de la denunciante y que el magistrado penal ordenó la detención del sumariado por considerarlo incurso en el delito de tentativa de extorsión. Así se solicitó la baja por exoneración del Oficial Subinspector Enrique Roberto Balderrama, por "haberse acreditado en autos que con su conducta afectó gravemente el prestigio de la institución, toda vez que ante su negativa de haber atendido a una persona que concurriera a la dependencia donde se desempeñaba se estableció por distintos medios que su versión era falsa y que dejó de cumplir con sus deberes policiales tales como dar curso inmediato a una denuncia o exposición que se le ordenara recibiera generando además en días sucesivos el comparendo innecesario de la damnificada, molestias y descrédito ante la trasuntada falta de eficiencia y seriedad que cabe al funcionario policial, originando dicha conducta la sustanciación de una causa penal por el delito de Tentativa de Extorsión, en la que el Juez interviniente dispuso su detención".
Con relación a esto último corresponde señalar que luego de dictado el decreto 1.111/95 que ordenó la exoneración del agente Balderrama, el juez penal dictó sentencia absolutoria por el delito de tentativa de extorsión, por no haberse probado la materialidad fáctica del mismo, circunstancia que obviamente repercute en el sumario policial más allá de la independencia entre los fueros penal y administrativo (art. 67, dec. ley 9.550/80).
Pese a ello, lo que se le reprocha a Balderrama en el sumario administrativo es el incumplimiento de sus deberes, lo que habría afectado el prestigio de la institución.
Así, de la prueba mencionada por la demandada, lo único que resulta acreditado es que la señora Coria concurrió a la Comisaría Segunda, que fue atendida por el Oficial Polo (quien la derivó con Balderrama) y que reconoció al actor en rueda de personas. De ningún modo está probado cuál fue el motivo por el que ella se presentó en varias oportunidades. Tampoco del testimonio de Di Pascuale surge que no le tomaron la denuncia: él sólo repite lo que le dijo la señora Coria. Por otra parte, Di Pascuale no pudo reconocer a Balderrama en rueda de personas. Asimismo, el testimonio de Polo no es suficiente para tener por configurada la falta pues sólo reconoció que la señora Coria se presentó varias veces en la Comisaría y que él la derivó con Balderrama. Finalmente, lo que el actor declaró es que no existían pruebas para acreditar los dichos de Coria.
La demandada no ordenó prácticamente diligencias o medidas probatorias, amén de la prueba producida en sede penal, que pudiese determinar la responsabilidad del agente involucrado, como lo prevé el art. 67 in fine del decreto ley 9.550/80.
Por lo tanto, las pruebas de cargo con base en las cuales se le atribuyó un proceder irregular al actor, en ningún caso pudieron tenerse como bastan
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