Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 56525
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el planteo de la parte actora por el que solicitara la actualización del capital de condena con aplicación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General que publica el INDEC, sustentado en su objeción al art. 10 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561.
II. Hacer lugar al pedido de aplicación de la ley 12.836 y modificatorias a una parte del crédito reconocido en autos, conforme lo señalado en el apartado II.2, en relación a los segmentos diferenciados de la cuenta.
III. Ordenar a la Municipalidad de La Matanza que en el plazo de quince (15) practique nueva liquidación conforme las pautas establecidas en el apartado aludido precedentemente, tomando como referencia los montos nominales de haberes consignados en el cómputo acompañado a fojas 469/473 -que refieren al 60 % de los haberes reconocidos-, calculando los intereses correspondientes hasta el momento de la confección de la cuenta ordenada (arts. 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2.961; 34, inc. 5º “b” y concs., CPCC).
B.56.525 “M., A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA”
I. La sentencia de fecha 30-IX-2014 por la que, devuelta la causa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con nueva integración del Tribunal, se hiciera lugar parcialmente a la demanda, condenando a la Municipalidad de La Matanza a abonar a la parte actora una suma equivalente al 60% de los haberes correspondientes desde la fecha en que el señor A. M. fuera separado de su cargo hasta la de su fallecimiento (16-X-1992 al 20-IX-2000), con intereses conforme las pautas establecidas, aplicables sobre los períodos reconocidos.
A los fines del cumplimiento del decisorio, en fecha 17-VII-2015, se libró oficio por Secretaría (art. 79, ley 2961, conf. art. 78 inc. 3 Ley 12.008 -texto según Ley 13.101-).
Como respuesta a dicha diligencia, se presentó el apoderado de la demandada acompañando actuaciones administrativas en las cuales la contaduría municipal practicó liquidación (fojas 446/473). Señaló que la dependencia mencionada elaboró su cómputo, en cuanto a la fecha de consolidación e intereses, conforme las disposiciones de la ley 12.836 y modificatorias, solicitando su aplicación a los autos (escrito de fecha 20-V-2016).
Frente a ello, el letrado de la parte actora arguyó la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 23.928 (texto según art. 4, ley 25.561), por entender que dicha normativa propiciaba la confiscación del derecho de propiedad sobre el crédito reconocido. Asimismo, pidió la consideración de algún otro índice o mecanismo que permitiera una armónica equivalencia de las prestaciones objeto de condena, esgrimió su derecho de ampliar su planteo respecto de la validez de la ley 12.836 en la etapa de ejecución y, finalmente, solicitó la designación de un perito que se expida sobre la actualización del crédito en cuestión (escrito de 9-XII-2019).
En una nueva presentación (8-VII-2021), la parte actora insiste con la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 23.928 (texto según art. 4, ley 25.561), y con la impugnación oportuna de la ley 12.836. Además, practica una liquidación que actualizando el monto de condena al 30-IV-2021 -mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPCNG) del INDEC- asciende a la suma de $ 4.029.573,52. Por último, reitera el pedido de designación de un especialista para que se expida sobre la actualización solicitada.
Por su lado, la comuna demandada promueve una presentación la cual realiza un conjunto de consideraciones acerca de las cuestiones controvertidas, requiriendo el rechazo del pedido actoral (16-VIII-2021). Comienza afirmando que a la fecha en que practicara liquidación, el mecanismo de consolidación dispuesto por la ley 12.836 y modificatorias, se encontraba plenamente convalidado en su constitucionalidad. En segundo término, expresa que la aplicación de los intereses fijados por el Tribunal, con exclusión de cualquier esquema que promoviera la actualización del capital mediante la utilización de índices de "inflación" (IPCNG-INDEC), también se hallaba ratificada por decisiones dictadas sin solución de continuidad. Sostiene que, en virtud de ello, no cabría retrotraer el trámite de las actuaciones a una instancia que se halla precluida.
II. Encontrándose trabado el debate en torno a la aplicación de las normas señaladas precedentemente, cuyo resultado condiciona los términos en que se deberá conformar la cuenta de autos, corresponde despejar previamente tal cuestión.
II.1. En primer lugar, el planteo efectuado por la parte actora pidiendo la actualización del capital de condena por aplicación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General que publica el INDEC, con sustento en la objeción constitucional al art. 10 de la ley 23.928 -modificado por el art. 4 de la ley 25.561-, deviene improcedente, dado que la prohibición dispuesta en el texto legal ha sido constitucionalmente convalidada en numerosos antecedentes por esta Suprema Corte (doctr. causas L. 91.575, "Carzoglio" sent. de 7-X-2009; L. 86.189, "Correa", sent. de 29-VIII-2007; I. 3541, "Games", sent. de 30-IX-2014; I. 2979, "Massa", sent. de 25-II-2015, entre otras).
Este Tribunal ha sostenido que de admitirse la "actualización", "reajuste" o "indexación" de los créditos se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 (conf. Ac. 68.567, sent. de 27-IV-1999), doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (conf. causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; Ac. 88.502, "Latessa", sent. de 31-VIII-2005; B. 64.606, "Di Benedetto", sent. de 3-IX-2008; B. 67.476, "Maier", sent. de 16-II-2011; CSJN causa M. 913.XXXIX, "Massolo, Alberto José c/Transporte del Tejar S.A.", sent. de 20-IV-2010, entre otras).
II.2. En segundo término, en cuanto a la aplicación de la ley 12.836 y modificatorias, es dable señalar que el Tribunal ha afirmado con reiteración que en razón de tratarse de una normativa de orden público, su aplicación resulta inexcusable (arts. 9 y 13, ley 12.836; doctr. causas C.110.280, "Taboada", sent. de 29-V-2013; C. 101.994, "Pasi", sent. de 11-VI-2014 y C. 109.235, "Rodil", sent. de 7-V-2014; conf. CSJN causas 75.XLVIII, "Ragone", sent. de 30-IX-2014; "Ader S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios", sent. de 11-XII-2014; entre muchas otras). Ello, con la aclaración de que el empleo de la legislación citada solo era admisible para aquellas obligaciones cuyo hecho generador reconociera una fecha anterior a la de corte fijada en ella, es decir, al 31-XII-1999 (doctr. causas C. 104.022, "González Ramírez", sent. de 24-IV-2013; C. 110.280, "Taboada", sent. de 29-IV-2013; B. 57.318, "Gascón", resol. de 12-VIII-2015; B. 63.860, "Medicine", resol. de 20-IX-2017; B. 60.902, "Zubiarrain", resol. de 5-VIII-2020; entre otras).
En el presente caso, el reconocimiento del porcentaje de haberes concretado en la sentencia refiere a períodos alcanzados y excluidos de aquella previsión temporal (60% de haberes comprendidos desde el 16-X-1992 al 20-IX-2000), razón por la cual debe admitirse el pedido de aplicación de la ley a una parte de la liquidación de autos, esto es, el primer segmento que va desde el 16-X-1992 hasta el 31-XII-1999, excluyéndose de su aplicación al porcentaje de haberes atribuible a períodos posteriores a la fecha de corte que corresponde adicionar a la cuenta, es decir, el segundo segmento a partir del 1-I-2000 hasta el 20-IX-2000.
Sentado lo anterior, cabe puntualizar, en relación a las sumas del primer tramo de la liquidación, que de las modalidades cancelatorias que ofrece el marco legal bajo análisis, la única opción válida en la actualidad consiste en el pago en moneda de curso legal con intereses calculados conforme las pautas fijadas en el art. 19 de la normativa de emergencia (Tasa Promedio de la Caja de Ahorro Común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente; doctr. causas C. 104.267, sent. de 15-VI-2016; B. 61.015, "Astilleros", resol. de 29-III-2017, entre otras), dado que la posibilidad cancelación de la obligación mediante los bonos previstos en la ley se ha tornado impracticable a raíz del vencimiento del plazo de amortización (arts. 18, ley 12.836 y 7, ley 13.436; causas B. 55.325, resol. de 13-II-2008; B. 61.015, "Astilleros", resol. de 29-III-2017; entre otras).
Con relación al segundo tramo, posterior a la fecha de corte, se deberán aplicar los intereses que, dispuestos en casos análogos, consisten en la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; doctr. de la mayoría, causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Por consiguiente, corresponde declarar que la ley 12.836 y sus modificatorias resultan aplicables únicamente a la parcela de la liquidación -primer segmento- que comprende porcentajes de haberes hasta la fecha de corte establecida la norma.
II.3. De la cuenta practicada por la Municipalidad de La Matanza se observa que, en cuanto al cálculo del porcentaje del 60 % de los haberes adeudados, en los valores nominales tomados de referencia, éstos no han sido refutados por su contraparte. Ahora bien, el resto de la liquidación no fue confeccionaba bajo las premisas referidas con anterioridad, de modo tal que, no siendo posible su aprobación, corresponde ordenar a la demandada la confección de un nuevo cómputo bajo las pautas explicitadas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el planteo de la parte actora por el que solicitara la actualización del capital de condena con aplicación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General que publica el INDEC, sustentado en su objeción al art. 10 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561.
II. Hacer lugar al pedido de aplicación de la ley 12.836 y modificatorias a una parte del crédito reconocido en autos, conforme lo señalado en el apartado II.2, en relación a los segmentos diferenciados de la cuenta.
III. Ordenar a la Municipalidad de La Matanza que en el plazo de quince (15) practique nueva liquidación conforme las pautas establecidas en el apartado aludido precedentemente, tomando como referencia los montos nominales de haberes consignados en el cómputo acompañado a fojas 469/473 -que refieren al 60 % de los haberes reconocidos-, calculando los intereses correspondientes hasta el momento de la confección de la cuenta ordenada (arts. 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2.961; 34, inc. 5º “b” y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2022 14:28:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2022 09:45:29 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2022 10:01:08 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2022 12:03:32 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 28/06/2022 20:08:36 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/06/2022 20:10:35 hs. bajo el número RR-690-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia