Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62800
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.800, "Sardi, Ramón Ernesto contra Municipalidad de Bahía Blanca. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Genoud.
I. El señor Ramón Ernesto Sardi, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Bahía Blanca a efectos de que se anulen las resoluciones 5-912-2001 y 5-1234-2001 dictadas en el expediente administrativo 517-4573-98, por el Intendente de la mencionada comuna, el 7 de marzo y el 7 de mayo de 2001, respectivamente.
Por el primero de los actos impugnados la autoridad administrativa aplicó al aquí actor la sanción de cesantía. Por el otro, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el interesado contra su antecedente.
Por consecuencia de la anulación pretendida el demandante requiere que se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba al momento del cese. Asimismo, solicita que se le abonen "los haberes devengados a su favor en el período que va desde el mes de abril de 1999 y la fecha en que se dictó la merituada resolución, y los que se generaron de la misma y hasta el momento de la reincorporación" (fs. 45, 3er. párr.), con costas.
Ofrece prueba.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio el municipio demandado quien, sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita el rechazo de la demanda. Ofrece prueba y se opone a la producción de la pericial ofrecida por la actora por considerar que no tiende a "aclarar el fondo de la cuestión que se discute y solamente produce gastos innecesarios" (v. fs. 142/146).
III. Agregadas las actuaciones administrativas (v. fs. 59/133), glosados los cuadernos de prueba (v. fs. 161/417 -actora- y 418/425 -demandada-) y el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 427/437), declarado perdido el derecho que la demandada tenía de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 442) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El actor relata que ingresó a trabajar en la Municipalidad de Bahía Blanca el 1 de octubre de 1989, en la categoría 4 del Estatuto Escalafón. Detalla que primeramente se desempeñó en el Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero" y que en 1996 fue trasladado al Departamento Minoridad, donde comenzó a cumplir tareas de sereno en el Jardín Maternal "San Vicente". Dice que allí desempeñó acabadamente sus tareas, mostrando buena conducta y predisposición al trabajo, sin que se le hayan aplicado sanciones disciplinarias.
Acota que el 14 de noviembre de 1997 fue designado delegado gremial, en el marco de la ley 23.551.
Continúa relatando que la Municipalidad de Bahía Blanca ordenó la instrucción de un sumario disciplinario, que tramitó por el expediente administrativo 517-4573-98 y culminó con su cesantía. Señala que, no obstante, dicha sanción tuvo que ser dejada sin efecto por resolución 5-938-99, atento que no se respetó la estabilidad gremial de la que gozaba, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 40 y 48 de la ley 23.551.
Señala que seguidamente la comuna instó la exclusión de la tutela sindical ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de Bahía Blanca. Dice que fundó esta petición en los hechos reprochados en el aludido sumario disciplinario, esto es, que durante su desempeño como sereno del mencionado Jardín Maternal olvidó un arma de fuego en el establecimiento, la que fue encontrada por niños en horas de la mañana, disparándose en forma accidental sin tener que lamentar víctimas; y, por otra parte, en que habría realizado llamadas particulares a Chile, en horario de trabajo y con el teléfono del mencionado servicio educativo.
Refiere que la comuna también solicitó -de conformidad con lo establecido en los arts. 52 primer párrafo in fine de la ley 23.551 y 30 del decreto 467/88- autorización judicial para suspenderlo preventivamente por considerar que existía un peligro potencial para los niños y docentes si permanecía en su lugar de trabajo.
Ahora bien, pone de resalto que los hechos que motivaron las actuaciones ocurrieron el 1 de junio de 1998 y que el pedido de suspensión fue realizado recién el 29 de abril de 1999; advirtiendo que, durante todo ese lapso, continuó trabajando en su lugar habitual, sin perjuicio que desde la suspensión la comuna dejó de abonarle sus haberes.
Denuncia que, con posterioridad a que el tribunal de trabajo declaró su exclusión de la garantía sindical, el Intendente de Bahía Blanca le aplicó la sanción de cesantía, la que impugnó mediante recurso de revocatoria que -a la postre- fue desestimado por la resolución 5-1234-2001.
En orden a su defensa, primeramente aduce que la Municipalidad de Bahía Blanca, previo al dictado de la resolución 5-912-2001, debió haber instruido un nuevo sumario en el que pudiera haber ejercido plenamente su derecho de defensa y se hubiera analizado debidamente su conducta.
Afirma que el procedimiento disciplinario previo a la exclusión de la garantía sindical carece de validez jurídica por cuanto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 52 de la ley 23.551, debió realizarse luego de efectuado el proceso de exclusión sindical.
Sostiene que el principio de cosa juzgada administrativa impide el dictado de la resolución que impugna.
En ese sentido, manifiesta que "al dictarse la resolución n° 5-938-99 de fecha 9 de marzo de 1999 existió un acto decisorio de la autoridad y que por dicho acto se reconoció un derecho subjetivo [...] cual es el de haber dejado sin efecto su cesantía y ordenarse la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo". Luego, asevera que "no existe ningún motivo válido para que se autorice un nuevo juzgamiento".
I.2. En otro orden, cuestiona la sanción por considerarla extemporánea en razón de haber sido aplicada casi tres años después de producidos los hechos.
I.3. También plantea la falta de proporcionalidad y gradualismo en que incurrió la autoridad comunal al aplicarle la cesantía. Expresa que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 63 de la ley 11.757, en caso de negligencia en el cumplimiento de las tareas y funciones la sanción a aplicar es llamado de atención, apercibimiento o suspensión hasta treinta días. Niega que su actuar encuadre en alguno de los supuestos contemplados en el art. 64 de aquella ley.
Asimismo, aduce la falta de razonabilidad de la sanción. Estima que debe aplicarse una sanción leve a aquel trabajador que observa antecedentes intachables, moderando la sanción cuando la falta ha obedecido a un caso fortuito o accidente.
I.4. Por último, reclama el pago de los haberes devengados desde el 29 de abril de 1999 (fecha de la sentencia que autorizó la suspensión preventiva del actor), hasta el 7 de marzo de 2001, fecha en que se dictó la resolución de cesantía 5-912-2001 que aquí impugna.
II. A su turno, la Municipalidad de Bahía Blanca detalla las instancias que atravesó el sumario disciplinario y seguidamente procede a responder los agravios planteados por la parte actora en su escrito postulatorio.
Afirma que el acto sancionatorio impugnado fue dictado como consecuencia del procedimiento administrativo sumarial, conforme las garantías del debido proceso y resguardando el derecho de defensa del encartado.
Pone de resalto que -oportunamente- el Intendente municipal revocó la cesantía dispuesta por no haberse cumplido con la exclusión de la garantía sindical previa del agente Sardi y, en consecuencia, ordenó la reincorporación del aludido agente al cargo que ocupaba a la fecha del cese.
Seguidamente relata que, una vez declarada judicialmente la exclusión sindical, la autoridad administrativa ordenó continuar el sumario administrativo, el que, finalmente, concluyó con la cesantía del agente Sardi.
Así, niega que debiera haberse iniciado un nuevo procedimiento administrativo sumarial una vez obtenida la exclusión sindical.
Por otra parte, postula que la cesantía aplicada al actor es adecuada a la conducta reprochada. Remarca que el actor dejó "un arma cargada al alcance de los niños, la que se disparó, en un lugar donde la actividad específica era la de cuidar, educar y alimentar a los menores". Destaca, además, que el imputado no poseía autorización para portar armas, ni la tenía registrada a su nombre, lo que considera como un agravante.
Por último, se opone al pago de los salarios dejados de percibir.
III. Del expediente administrativo 517-4573-98 (v. fs. 59/133) surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Por resolución 5-1418-98 el Intendente municipal ordenó "la instrucción de sumario administrativo a efectos de aclarar la situación planteada con relación al hallazgo de un arma de fuego en el Jardín Maternal 'San Vicente' y la constatación de llamadas telefónicas al exterior, efectuadas desde la línea de dicha institución en horario nocturno" (fs. 66).
III.2. A través de la resolución 5-501-99, el Intendente municipal declaró cesante al agente Ramón Ernesto Sardi. Para así decidir, consideró que "el arma de fuego hallada en el Jardín Maternal el día 1 de junio de 1998, disparada accidentalmente, pertenece al sereno de dicha institución, agente Sardi, quien es responsable del cuidado y custodia de la misma". Señaló que con tal accionar el imputado "puso en peligro la vida de los niños y del personal que concurre a trabajar a ese establecimiento". También consideró que "se ha[había] acreditado el uso de la línea telefónica del jardín por parte del agente en cuestión, sin autorización, para hacer llamadas de larga distancia al vecino país de Chile, hecho que fue reconocido por el imputado" (fs. 86).
III.3. A fs. 88/89 obra agregado el recurso de revocatoria interpuesto por el interesado contra la resolución sancionatoria antes mencionada. En esta pieza exclusivamente aduce la nulidad de la sanción invocando su condición de delegado gremial y se agravia por el incumplimiento de lo establecido en los arts. 48, 49 y 52 de la ley 23.551.
III.4. Acreditada la condición de delegado gremial del agente Sardi y en atención a que no se había cumplido el trámite judicial de exclusión de tutela sindical, por resolución 5-938-99, el Intendente de Bahía Blanca revocó la resolución 5-501-99 y ordenó la reincorporación del mencionado agente a su lugar de trabajo habitual. Asimismo, indicó a la asesoría letrada iniciar las acciones judiciales correspondientes a fin de obtener la exclusión del agente Sardi del fuero sindical (v. fs. 97).
III.5. A fs. 99/107 obra la sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en la causa "Municipalidad de Bahía Blanca c/Sardi, Ramón Ernesto s/ exclusión de garantía gremial", por la que, en atención a los hechos denunciados, se decidió excluir al señor Ramón Ernesto Sardi de la garantía gremial con que contaba.
III.6. Con fecha 28 de diciembre de 2000, el Intendente municipal ordenó continuar el trámite del sumario administrativo iniciado por resolución 5-1418-98, en razón de hallarse firme la sentencia judicial que excluyó de la tutela sindical al imputado Sardi (v. fs. 115, resol. 5-2667-2000).
III.7. Por resolución 5-912-2001 se declaró cesante al agente Ramón Ernesto Sardi (v. fs. 119), decisión que fue confirmada al rechazarse el recurso de revocatoria interpuesto por el interesado (v. fs. 122/126 y resol. 5-1234-2001, fs. 129).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes y reseñados los antecedentes del caso, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si la sanción de cesantía impuesta al actor se ajusta a derecho.
IV.1. Ahora bien, de modo preliminar resulta oportuno recordar que en lo concerniente a la fiscalización de actos discrecionales como los involucrados en la especie, la sola circunstancia de que la autoridad hubiere procedido en ejercicio de atribuciones de esa naturaleza no implica que las decisiones dictadas en ese ámbito sean irrevisables, por cuanto esa actuación es susceptible de examen y revisión judicial cuando infringe las normas que reglan sus límites o incurre en irrazonabilidad, arbitrariedad o desviación de poder (cfr. doctr. causas B. 57.761, "Stribeck", sent. de 7-XI-2001; B. 57.327, "Paus", sent. de 5-XII-2001; B. 57.250, "Acuña", sent. de 28-VIII-2002 y B. 57.566, "Catelen", sent. de 22-VIII-2007). De modo que la actividad discrecional no implica que los órganos estatales tengan un ámbito de actuación desligada del plexo normativo o que ella no resulte controlable (conf. doctr. causas B. 64.843, "González", sent. de 31-VIII-2021; B. 62.473, "Maggi", sent. de 3-II-2022 y sus citas; e.o.).
La Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas, no obstante que estas eventualmente tengan su origen en potestades de la índole antedicha. Y el escrutinio judicial de tal actividad no importa la sustitución del criterio de la Administración por el propio del juez, sino que conlleva la constatación de que aquella se ajustó a los límites impuestos por el ordenamiento y cumplió con la finalidad perseguida por el legislador al asignarle una facultad de esa naturaleza (cfr. doctr. causa B. 57.250, cit.). Si la discrecionalidad proviene del propio orden jurídico, corresponde al juez controlar que su ejercicio se ciña a los márgenes establecidos por aquel.
En suma, la circunstancia de que el órgano estatal obrare conforme atribuciones discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige el ordenamiento aplicable (conf. doctr. CSJN Fallos: 307:639; 320:2509 y 331:735).
IV.2. Sentado ello y delimitada la cuestión a decidir, corresponde ahora ingresar al análisis del caso particular.
IV.2.a. En primer lugar, cabe destacar que no se controvierte en autos:
IV.2.a.i. La conducta reprochada al agente Sardi por la que se inició el sumario administrativo disciplinario: olvido del arma de fuego en el Jardín Maternal "San Vicente" y efectuar, durante su horario de trabajo, llamadas a Chile desde la línea telefónica del mencionado servicio educativo (v. fs. 45/51 vta., demanda).
IV.2.a.ii. El señor Sardi no poseía autorización para portar armas de fuego ni tenía registrado a su nombre el revólver involucrado en los hechos investigados administrativamente (v. sent. laboral, fs. 25/39).
IV.2.a.iii. La calidad de delegado gremial que poseía el actor a la fecha del dictado de la resolución 5-501-99 (v. sent. laboral, fs. 25/39).
IV.2.a.iv. La autoridad municipal instruyó, por expediente administrativo 517-4573-98, el sumario administrativo disciplinario cumpliendo el debido procedimiento legal (v. fs. 48, 2do. párr.). El cuestionamiento a la resolución 5-501-99 se limitó al hecho de haber sido dictada sin cumplir la exclusión judicial de tutela sindical, ninguna observación o impugnación se realizó respecto a otras circunstancias, ni durante el trámite administrativo ni en esta instancia judicial (v. fs. 88/89, revocatoria contra resol. 5-501-99; 99/107, sent. exclusión de garantía gremial; 122/126, revocatoria contra resol. 5-912-2001 y 45/51 vta., demanda).
IV.3. Así delimitados los hechos controvertidos y las pruebas producidas en autos, corresponde analizar los argumentos ensayados por el demandante en su escrito postulatorio.
IV.3.a. En primer lugar, corresponde advertir que dos de los fundamentos dados por el actor corren por andariveles separados. De un lado manifiesta que, con posterioridad a la sentencia judicial que lo declaró excluido de tutela sindical, la comuna debió haber instruido un nuevo sumario administrativo disciplinario en el que pudiera ejercer su derecho de defensa; y, por otro, afirma que por aplicación de la "cosa juzgada administrativa" y el principio de non bis in idem , la autoridad administrativa no podía dictar la resolución sancionatoria controvertida.
Ninguna de estas defensas, cuyo abordaje debe ser secuencial atento el modo en que fueron planteadas, puede prosperar.
Al respecto es preciso aclarar que en la especie no se ha configurado la "cosa juzgada administrativa" invocada por el demandante. Ello en tanto, impugnada la resolución 5-501-99 por el interesado, la Administración advirtió el error de haber aplicado la sanción de cesantía a un agente que poseía la calidad de delegado gremial y readecuó el acto sancionatorio, instruyendo la obtención de la exclusión sindical (v. resol. 5-938-99, fs. 97).
Cumplido ese proceso judicial y declarada tal exclusión (v. sent. de fecha 9-VI-2000, fs. 99/107), el Intendente comunal ordenó la continuación del respectivo sumario (v. resol. 5-2667-2000 de fecha 28-XII-2000, fs. 115) y, posteriormente, mediante resolución 5-912-2001 (v. fs. 119) aplicó la sanción aquí cuestionada.
Esta consecución concatenada de actos ininterrumpidos, demuestra que en el trámite del sumario administrativo disciplinario no recayó un acto definitivo que cause estado y -por tanto- no puede tenerse por concluido el sumario disciplinario en el sentido favorable que pretende el actor.
Al contrario, al haber tomado conocimiento de la situación sindical del encartado, la Administración comunal en fiel resguardo de la garantía gremial, readecuó su proceder para obrar conforme a derecho. Bajo este prisma de análisis, merece particular importancia destacar que el art. 2 de la resolución 5-938-99, ordena a la "Asesoría letrada de la comuna a iniciar las acciones legales que corresponden a fin de lograr la exclusión sindical del agente". Tal decisión, que encuentra acabado fundamento en la motivación del acto, pone de relieve que el procedimiento sancionatorio se ha vertebrado de manera continua y sin intermitencias de ninguna naturaleza. Este iter ininterrumpido culminó en la resolución 5-912-2001. La clara motivación del acto administrativo no admite controversias interpretativas en torno a la voluntad comunal de eludir el escollo que presentaba la condición sindical para, una vez sorteado, continuar el sumario.
La imposibilidad circunstancial de segregar de los cuadros de la Administración a quien goza de la cobertura gremial, fue debidamente removida por el municipio sin generar efectos que puedan proyectarse sobre la validez del acto. La revocación de la medida originaria dictada juntamente con el direccionamiento hacia un proceso de exclusión de tutela sindical, y la posterior continuidad del sumario que culminó con la sanción aquí impugnada, conforman una unicidad procedimental que confluyen en la validez del acto segregativo.
En tal marco, deviene improponible la defensa de cosa juzgada invocada, pues para que ella pueda configurarse debe concurrir, entre otros recaudos, un acto administrativo final que haya devenido firme, elemento que no concurre en la especie.
Como una derivación lógica y necesaria de lo anterior corresponde desestimar el planteo vinculado al principio non bis in idem. En la especie no se aplicaron dos sanciones ni se juzgó un mismo hecho dos veces, sino que, dictado un acto sancionatorio sin previamente excluir la tutela sindical, este fue dejado sin efecto, ordenándose proceder en consecuencia para -una vez obtenida la exclusión- continuarse con el procedimiento.
Así, la comuna corrigió el procedimiento administrativo disciplinario al revocar la resolución sancionatoria, ordenar la reincorporación del actor a su cargo e iniciar el debido proceso judicial ante el fuero laboral. Una vez obtenida la exclusión, en sede judicial, de la tutela sindical de la gozaba el señor Sardi, la autoridad administrativa reanudó el proced
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