Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63048
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.048, "Paz de Ceretti, María Rosa c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda Contencioso Administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres .
I. La señora María Rosa Paz de Ceretti plantea demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Vicente López con el objeto de repetir las sumas abonadas en concepto de Tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública vinculada al inmueble de su propiedad ubicado en la calle Fray M. Esquiú n° 2.830 de la localidad de Carapachay (Circunscripción: V; Sección: D; Manzana: 40; Parcela: 4), "...desde el decenio anterior a [su] reclamo administrativo" (fs. 7). Requiere que se liquide su crédito con la aplicación de las mismas pautas que rigen para el caso de mora del contribuyente y "...a todo evento su acreditación para lo futuro" (fs. 7 vta.).
Sostiene que el tributo fue mal liquidado por la comuna hasta el dictado de la resolución 703/96 mediante la que se acordó el cambio de la categoría "comercio y vivienda" a "vivienda" y que, en consecuencia, efectuó ingresos en exceso hasta que operó aquella modificación en la situación de revista del bien (v. fs. 7/9).
II. Corrido el traslado de ley, se presenta la Municipalidad de Vicente López, contesta la demanda y pide su rechazo.
Postula que corresponde limitar el reconocimiento de los pagos en exceso por los períodos identificados por la actora en su requerimiento administrativo cuya acreditación para la cancelación de deudas posteriores fue acordada por la comuna mediante la resolución 703/96 y su modificatoria 1.131/99 (esto es, períodos 3 a 6/95 y 1/96).
Por otro lado, sostiene que procede la aplicación del saldo a favor reconocido -y no la devolución de los respectivos valores- porque la contribuyente no se opuso expresamente a tal mecanismo de cancelación en oportunidad de notificársele la decisión de la comuna en tal sentido. Destaca que la manifestación expresa de aquella disconformidad resultaba necesaria para dar curso a la repetición del tributo pues así se halla previsto explícitamente en el art. 41 de la ordenanza fiscal 8.880 (v. fs. 41/44 vta.).
III. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas (v. fs. 21), producida la prueba ofrecida por las partes, glosados los cuadernos respectivos y el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 142 y vta. y 143/144) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora demanda la devolución de las sumas que alega haber abonado en exceso a la Municipalidad de Vicente López en concepto de Tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública vinculada al inmueble de su propiedad ubicado en la calle Fray M. Esquiú n° 2.830 de la localidad de Carapachay (Circunscripción: V; Sección: D; Manzana: 40; Parcela: 4; al que corresponderán las referencias en lo sucesivo) durante los diez años anteriores al requerimiento administrativo de recategorización del bien y "acreditación" (fs. 40 y 41 del expediente administrativo 8.229) que efectuó el día 11 de abril de 1996.
Relata haber conocido accidentalmente que, por el mismo gravamen, le eran liquidadas sumas más elevadas que a sus vecinos y que, por tal motivo, se acercó a las correspondientes oficinas de la comuna para consultar respecto de esa situación.
Explica también que, producto de aquellas averiguaciones, pudo saber que su inmueble estaba registrado en la categoría "comercio y vivienda" y que esa circunstancia explicaba el modo en que se liquidaba la tasa en cuestión.
Manifiesta haber iniciado dos expedientes administrativos (3.904 y 3.905) con el objeto de obtener el cambio en la condición de su bien y el reconocimiento de los montos ingresados en exceso como consecuencia de la equivocada categorización.
Describe que la recalificación fue concedida, admitiendo la Administración el error en el que había incurrido. Expresa que, aunque "[L]a conducta ética de un ente público obliga, ante este reconocimiento expreso, reintegrar el daño causado al vecino, en forma inmediata, íntegra y espontáneamente" (fs. 7 vta.), la demandada no actuó de tal forma. Sostiene que, por eso, el obrar administrativo resulta ilegítimo y malicioso.
Manifiesta haber requerido la devolución de las sumas abonadas bajo la equivocada categorización de su inmueble y solicitado un pronto despacho de esas actuaciones que no fue satisfecho.
Relata que ante las circunstancias descriptas promovió un reclamo judicial, de análogo tenor al presente, que fue radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 del Departamento Judicial de San Isidro y que esta Suprema Corte ordenó archivar mediante decisión de fecha 12 de abril de 2000 por corresponder la causa a su competencia originaria (v. fs. 8).
Expone que, con posterioridad, cursó dos cartas documento a la demandada requiriendo la devolución objeto de aquel expediente judicial y de estas actuaciones (v. fs. 10/11 y 13/14). Puntualiza que a una de ellas el municipio le respondió que, ante la falta de disconformidad expresa con la decisión administrativa mediante la que se acogió su pedido de recategorización y reconocimiento de diferencias a favor (refiere a la resol. 1.113/99; v. fs. 12), contaba con "...una imputación a acreditarse en [su] cuenta a obligaciones futuras" (fs. 8 vta.).
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Vicente López sostiene que mediante la resolución 1.113/99 se acogió el reclamo formulado por la actora en su sede y que, en oportunidad de notificarse de tal acto, la señora Paz de Ceretti no manifestó disconformidad alguna.
Dice que ante esa circunstancia corresponde la acreditación del saldo a favor de la contribuyente para la cancelación de obligaciones futuras, por aplicación de las disposiciones contenidas en el art. 41 de la ordenanza fiscal 8.800 que establece tal consecuencia para el supuesto de admitirse la repetición de tributos cuando no hubiera oposición expresa del peticionante (v. fs. 42).
A la par, postula que el reclamo de la actora no puede prosperar por resultar "excesivo y fuera de toda lógica" (fs. 42 vta.).
En ese sentido destaca que, en oportunidad de formular el pedido de acreditación en instancia administrativa, la contribuyente identificó los períodos 3 a 5/95 y 1/96, de manera que la demanda judicial "dista diametralmente" (fs. 43 vta.) de lo requerido en instancia administrativa por la actora.
III. Las actuaciones administrativas agregadas a la causa ponen de relieve los siguientes datos útiles para resolver la controversia. Se trata del expediente 4.119-3.905/96, a cuya foliatura se hará referencia en los puntos siguientes.
III.1. El 11 de abril de 1996, la actora peticionó al municipio demandado el cambio de categoría del inmueble de su propiedad, precisando que, tanto con anterioridad como en aquel momento, el bien se destinaba exclusivamente a vivienda (v. fs. 19). Esta presentación dio inicio al expediente 4.119-3.904/96, que fue con posterioridad agregado a las actuaciones que se indican en el párrafo siguiente (v. fs. 38).
En la misma fecha, solicitó la acreditación de las diferencias por pago en exceso que resultaran de reconocerse aquella modificación con respecto a la Tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública. Al formular el pedido identificó los períodos 3 a 6/95 y 1/96 como aquellos cuya consideración pretendía, adjuntando las respectivas constancias de pago (v. fs. 40/41). Este requerimiento tramitó en el expediente 4.119-3.905/96.
Ambas peticiones de la actora fueron realizadas a través de la presentación de sendos formularios preimpresos, extendidos por la propia demandada para vehiculizar solicitudes de esos órdenes.
III.2. En el expediente 4.119-3.904/96, en fecha 6 de diciembre de 1996, se dictó la resolución 703/96 mediante la cual se acordó el cambio de categoría solicitado, con fundamento en que no se registraban antecedentes de habilitaciones de ninguna índole referidas al inmueble y en que el inspector actuante efectivamente había comprobado que el bien se destinaba a vivienda. En los considerandos de esa decisión se precisó también que la modificación de la condición impositiva era concedida "...desde la 2da. Cuota del Año 1996" (fs. 30).
Notificada de ese acto, la aquí actora requirió su modificación, solicitando que "...el cambio de categoría se otorgue con retroactividad a cinco (5) años desde la 2da. cuota año 1996" y que "[S]e acredite el importe resultante al pago de futuros vencimientos hasta cubrir el total de lo erróneamente percibido en más por [la] Municipalidad" (fs. 34).
III.3. Ya agregado el primer expediente a las actuaciones 4.119-3.905/96, la comuna dictó la resolución 61/97 mediante la que se ratificó la anterior 703/96 y se rechazó el pedido de acreditación mencionado en el punto precedente (v. fs. 63).
Contra aquel acto, la señora Paz de Ceretti interpuso recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio, solicitando nuevamente que la recategorización de su inmueble tenga efectos desde los cinco años previos a la segunda cuota del año 1996 (v. fs. 67/70).
III.4. Habiéndose requerido pronto despacho (v. fs. 74) y previo dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del municipio (v. fs. 76/77), fue dictada la resolución 1.131/99 (v. fs. 82/83). Mediante ella se rectificaron las decisiones anteriores, disponiéndose la modificación en la situación del inmueble "a partir de junio de 1995" (fs. 82) y ordenando la acreditación de las diferencias a favor de la contribuyente emergentes de la reliquidación de los períodos cuyos comprobantes de pago fueron agregados a la petición inicial (esto es, 3 a 6/95 y 1/96).
El 26 de abril de 1999, la señora Paz de Ceretti se notificó de la resolución 1.131/99, expresando: "reservo mis derechos" (fs. 85 vta.).
III.5. Mediante memorando 2.359, la Secretaría Legal y Técnica de la demandada informó a la Secretaría de Economía y Hacienda acerca del inicio por la aquí actora de un reclamo judicial tramitando por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 del Departamento Judicial de San Isidro, por medio del que pretendía la repetición de las sumas que resultaron abonadas en exceso en atención al cambio de categoría decidido respecto del inmueble de su propiedad. Solicitó también que esa área verificase la liquidación de diferencias efectuada por la contribuyente en su presentación judicial o practicase la que estime correcta (v. fs. 89).
El día 3 de julio de 1999, la dependencia requerida precisó que las diferencias a favor de la contribuyente reconocidas en instancia administrativa y respecto de las que se dispuso la acreditación para cancelar obligaciones futuras, corresponden a todos los períodos indicados en la petición que dio inicio al expediente 4.119-3.905/96 (v. fs. 99).
IV. Por otro lado, de las constancias acompañadas en la presente causa se extrae que:
IV.1. Mediante carta documento n° 23.071.5001AR, del día 18 de diciembre de 2000, la actora reclamó al municipio el pago de las diferencias a su favor surgidas de la recalificación de su inmueble y en los términos en que las había solicitado en el ya referido expediente administrativo 4.119-3.905/96 y en sede judicial (v. fs. 11 y 13).
IV.2. El 30 de enero de 2001 la comuna envió a la señora Paz de Ceretti la carta documento n° 05.568.4052AR. Allí, con cita del art. 41 de la ordenanza fiscal 8.800, expresó que la decisión de aplicar los saldos a favor para el pago de obligaciones posteriores -y no devolver aquellos valores- respondió a la circunstancia de no haberse manifestado la expresa disconformidad con la decisión administrativa que así lo dispuso (v. fs. 12).
IV.3. En respuesta a la comunicación anterior, la aquí actora envió al municipio la carta documento n° 24.806.8841AR, del día 23 de febrero de 2001, por la que insistió en requerir la devolución de las diferencias a su favor emergentes de la recategorización de su bien, con más los intereses y recargos que cobra la Municipalidad en su calidad de acreedora, "...en efectivo y por el lapso reclamado de 10 años al reclamo [sic]" (fs. 14).
V. Relatadas las posiciones de las partes y expuestos los antecedentes relevantes de las actuaciones administrativas y las constancias agregadas, conviene comenzar por precisar que la actora pretende en autos la repetición de un tributo que alega abonado sin causa.
El instituto de la repetición permite que los particulares reclamen al Estado, aun judicialmente, el reembolso de aquellos valores ingresados en concepto de tributos y accesorios en el entendimiento de que aquel pago fue ilegítimo por resultar indebido o sin causa. Tiene fundamento en el principio general de que nadie debe enriquecerse a costa de otro, a la vez que se sustenta en las garantías constitucionales que protegen al contribuyente frente a posibles desvíos de la ley o en su aplicación (CSJN Fallos: 297:500).
De tal modo, la repetición "estructuralmente, constituye el revés de la relación tributaria" (Jarach, Dino; El Hecho Imponible, Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo, 3ra. Edición, reimpresión, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, pág. 48) y se instrumenta como un supuesto especial de la actio in rem verso (v. mi voto en la causa B. 62.283, "Dionisio Demattei S.A.", sent. de 23-X-2013).
V.1. Resulta entonces que el primer recaudo que debe reunirse para que sea procedente una pretensión como la articulada en autos es la acreditación de haberse efectivamente cancelado (comúnmente mediante el ingreso de las sumas respectivas a las cuentas del Estado) la obligación cuya ilegitimidad -total o parcial- se denuncia.
De las constancias de la causa se extrae que la contribuyente abonó la Tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública por los períodos 3 a 6/95 y 1/96. Tal circunstancia fue reconocida por la comuna al emitir la resolución 1.131/99 mediante la que ponderó los recibos de pago aportados por la señora Paz de Ceretti con su reclamo inicial (v. fs. 82/83 del expediente administrativo).
Pero no sucede lo mismo con el resto de los períodos por los que se peticiona la devolución. No obra en la causa constancia alguna que dé cuenta del ingreso de las respectivas sumas al Fisco municipal, ni de la cancelación por algún otro medio de las obligaciones que se señalan como ilegítimas.
Más aún, la actora abandonó el interés por la producción de la prueba pericial contable que había ofrecido con la demanda en cuanto requería que por su intermedio se "...efectúe el cálculo de los montos percibidos en exceso durante el lapso reclamado y/o el que en definitiva se fije" (fs. 8 vta.). En ese sentido se expresó en su presentación de fs. 79, oportunidad en la que circunscribió su interés en la producción de esa o una medida semejante para la precisión del "valor actual" de las sumas por las que se admita la demanda, dejando librado a criterio del Tribunal el reemplazo del pedido de informe al experto en aquella disciplina por otro medio que estime idóneo, o su postergación para la etapa de ejecución de sentencia. Adviértase también que, frente a ello y toda vez que la comuna demandada manifestó mantener su intención de producir dicha prueba mientras la contraparte no la desistiera (v. fs. 88), se difirió su producción para el caso de considerársela necesaria durante la etapa de ejecución (v. fs. 89).
La incorporación de un informe pericial contable, referido a la cuantía de los pagos en exceso que se hubieran efectuado durante todos los períodos discutidos en autos, habría permitido eventualmente demostrar su existencia. Sin embargo, ante la manifestación expuesta por la actora a fs. 79 y la postergación de su producción, si se admitiera, para la etapa de ejecución de sentencia (v. fs. 79), se hace evidente que la consumación de esa medida ya no podría ser útil para acreditar aquellas cancelaciones. Es que, en el contexto procesal reseñado, ella únicamente podría referirse -llegado el caso- al punto respecto del que la oferente mantuvo su interés -vale reiterarlo, la fijación del "valor actual del crédito a reintegrar" (fs. 79)-.
En suma, sin ignorar que la demandada objetivamente pudo haber estado en condiciones de suplir con intervención de un perito el déficit documentario de la reclamante, la estrategia seguida por esta y la naturaleza estrictamente patrimonial de los derechos en juego obliga al Tribunal a juzgar a la luz de los elementos efectivamente producidos en el expediente, pues a esta altura cualquier innovación sobre el tema alteraría seriamente el balance del contradictorio.
Dadas tales circunstancias, la tesitura que se adopte respecto de la legitimidad del tributo y la consecuente decisión respecto del reembolso, únicamente podrá referirse a los períodos 3 a 6/95 y 1/96, pues solo esos son los pagos cuya existencia surge acreditada de las constancias de autos.
V.2. Por otro lado, la procedencia de la repetición tributaria se encuentra condicionada al registro de un pago indebido o sin causa. Adelanto que tal extremo se verifica en el caso.
De hecho, la propia comuna reconoció haber clasificado equivocadamente el inmueble de propiedad de la actora a los efectos de la tasa en cuestión, lo que tuvo como consecuencia una errada liquidación administrativa del gravamen.
Ya al dictar la resolución 703/96, mediante la que se acordó el cambio de categoría requerido, el municipio consideró el informe producido por su Departamento de Liquidaciones conforme al cual el bien no registraba antecedentes vinculados a una habilitación comercial. Ponderó también la información producida por el inspector municipal que comprobó in situ que el inmueble se encontraba destinado exclusivamente a vivienda (v. fs. 30 del expediente administrativo).
Con posterioridad, también admitió expresamente la improcedencia de la clasificación en la que se había encasillado a la propiedad. Así lo hizo en instancia administrativa, al fundar la ya citada resolución 1.131/99 (v. fs. 82/83 del expediente administrativo) y también en sede judicial, al manifestar en la contestación de demanda que "...por error involuntario [...] liquidaba los impuestos de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública como si se tratara de una vivienda con local comercial" (fs. 41 vta.).
Tal reconocimiento explícito resulta suficiente para tener por demostrado que la liquidación del tributo en cuestión respondió a una equivocación de la demandada en la categorización del bien. Ello conduce necesariamente a concluir que los pagos efectuados en consecuencia resultaron ilegítimos en cuanto excedieron las sumas que debió abonar la actora si la condición impositiva del inmueble de su titularidad hubiese resultado correcta (doctr. causa B. 62.664, "Cooperativa Agropecuaria de la Violeta Ltda.", sent. de 15-VI-2011).
En ese sentido, válido es recordar que el error en el ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de los tributos, al menos como principio, no debe ser fuente de perjuicios al contribuyente, en tanto no haya mediado alguna conducta de su parte que merezca la descalificación por fraude, dolo o culpa grave equiparable (v. mi voto en la causa B. 59.591, "B.E.D.A. S.A.", sent. de 8-X-2008; CSJN Fallos: 258:208; e.o.).
VI.1. Sentado ello, corresponde analizar la alegada aplicación del art. 41 de la ordenanza fiscal 8.800 que efectúa el municipio. Según esta norma, corresponde la acreditación de las sumas involucradas en la cuenta corriente tributaria del inmueble para ser aplicadas a la cancelación de obligaciones futuras y no la directa d
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