Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 53986
Lo que resolvió el tribunal
I. Aceptar la excusación formulada por el doctor Luis Esteban Genoud.
II. Tener por integrado el Tribunal con la señora Jueza doctora Hilda Kogan, los señores Jueces doctores Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria, Victor Horacio Violini, Carlos Angel Natiello, Daniel Alfredo Carral y la señora Jueza doctora María Florencia Budiño.
III. Hacer lugar parcialmente al planteo deducido por los herederos del actor, declarando abstracta la controversia en lo referido a las multas aplicadas al señor José María Diáz Bancalari y tener por circunscripto el objeto de la pretensión remanente a la impugnación relativa a los cargos patrimoniales impuestos por las resoluciones cuya anulación se persigue en el proceso (arts. 36, inc. 1, CPCC y 77, inc. 2, CCA).
B.53.986 “DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (TRIB. DE CUENTAS)”
I. Pasan los autos al acuerdo con el fin de resolver la integración definitiva del Tribunal y, con su resultado, analizar las presentaciones de los herederos del señor José María Díaz Bancalari por medio de las cuales solicitan la extinción del proceso (fs. 123/124, 125/126) y la oposición a ese pedido formulado por la Provincia demandada (v. fs. 128).
II.1. El Tribunal ha quedado desintegrado con motivo del fallecimiento del doctor Héctor Negri, las renuncias presentadas por los doctores Juan Carlos Hitters -aceptada mediante decreto 1117/16- , Eduardo Néstor de Lázzari -aceptada mediante decreto 58/21-, Eduardo Julio Pettigiani -aceptada mediante decreto 654/21-, así como la excusación del doctor Luis Esteban Genoud (v. fs. 131).
Asimismo, por decreto 269/19 (Resol. SCBA 920/19) fue designado el señor Ministro doctor Sergio Gabriel Torres como miembro titular de esta Suprema Corte.
II.2. En virtud de todo ello, a fs. 132 se dispuso replicar la composición de la Corte resultante del acta del día 23 de abril de 2021 en la causa B 53.492, "Díaz Bancalari, José María c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas)" por la que el Tribunal quedó integrado con el entonces Presidente del Tribunal de Casación Penal, el doctor Víctor Horacio Violini y con los vocales doctores Carlos Angel Natiello, Daniel Alfredo Carral y la doctora María Florencia Budiño.
III. Decidido lo anterior, cabe resolver el planteo de la parte actora por el cual persigue que se declare extinguido el proceso a partir del fallecimiento del señor José María Díaz Bancalari, acreditado a fs. 111/116.
III.1. Para así hacerlo, considera que las sanciones impuestas al causante se originaron en su desempeño como Intendente del Municipio de San Nicolás de los Arroyos, razón por la cual sostiene que su cumplimiento no puede ser exigido a los herederos, por tratarse de acciones que califica de contravencionales (v. fs. 123/124, 125/126).
III.2. La demandada se opone a ello, por considerar que los cargos impuestos pretenden recomponer los daños ocasionados a los bienes públicos, por lo que la acción para perseguir su cumplimiento no se extingue con la muerte del infractor (v. fs. 128).
III.3. En este sentido y tal como se pronunciara este Tribunal en la causa B. 53.722, "Aramburu", sent. de 27-VIII-2020, cabe poner de relieve que la naturaleza jurídica de una sanción no se determina por el tipo de prestación o consecuencia en que esta conlleva, sino por la naturaleza jurídica del deber infringido, antecedente lógico de toda sanción. Conforme este deber sea "civil", "penal" o "administrativo", la naturaleza de la sanción que acarrea su incumplimiento será, respectivamente, civil, penal o administrativa.
En particular, la responsabilidad administrativa como género posee varias subespecies. Dos de las cuales son la "responsabilidad disciplinaria" y la "responsabilidad pecuniaria" (conf. doctr. causa B. 58.704, sent. de 23-VII-2008; e.o.). La multa administrativa es una sanción pecuniaria que se impone al transgresor de una disposición administrativa, abstracción hecha del daño material que la infracción haya causado o podido causar (Bielsa, Rafael; "Derecho Administrativo"; T. IV, pág. 90, 6ta. ed., La Ley, Bs As, 1965).
Así, se ha señalado que si se trata de procedimientos de naturaleza administrativa, que tienen por objeto establecer un título de obligación respecto de un determinado responsable, el Tribunal de Cuentas es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar de modo definitivo la gestión de los administradores de la hacienda pública, señalando las responsabilidades en que éstos hubieran incurrido (Bielsa, Rafael; "Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas"; pág. 353, Rosario, 1941). A tal efecto la legislación reglamenta un juicio de cuentas y/o de responsabilidad, para que tramiten ante él (Granoni, Raúl A.; "El control de los gastos públicos por los Tribunales de Cuentas", ed. Argentina de Finanzas y Administración, pág. 170, Bs. As., 1946).
En el caso que nos ocupa, se imputa la violación de deberes de naturaleza administrativa, debido a ello correspondería únicamente una sanción disciplinaria y/o reparatoria de la misma naturaleza.
No pueden existir dos sanciones de la misma naturaleza con subsunción sobre un mismo hecho, de allí que hay que diferenciar la naturaleza jurídica de multas y cargos. Si el cargo persiste aún sobre los herederos del causante, es por su plena identificación con el perjuicio material ocasionado sobre los bienes públicos. Ahora bien, ello no podría predicarse sobre las multas porque, si bien subsiste, en la especie, materialidad fáctica susceptible de sanción, se trata de una pena (Granoni; op. cit, pág. 183) y de ello resulta que, en este caso, el fallecimiento del actor imposibilita a la autoridad administrativa el ejercicio de su potestad en cuanto a este tipo especial de sanción.
Como necesaria consecuencia de la muerte del actor es dable señalar que, en el sub examine , la imputación de incumplimiento de normas legales y reglamentarias por la que se le impusiera una multa de 3.000.000 de australes en el artículo cuarto de la resolución del Tribunal de Cuentas del 30-IV-1991, se ha extinguido naturalmente por la razón aludida precedentemente, ya que una eventual condena no tendría razón de ser, ni podría recaer sobre el patrimonio heredado por quienes han continuado la acción.
III.4. No obstante, atento que el cargo patrimonial no constituye una pena sino una deuda contraída por el causante, la obligación de restituirlo se transmite a sus herederos (arts. 2.278, 2.289 y 2.317, Cód. Civ. y Com. -arts. 3.279, 3.363, 3.365 y 3.371, Código Civil derogado-).
Y siendo que en la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas impugnada en el proceso también se imponen cargos patrimoniales al señor Díaz Banacalari (v. arts. 1° y 3°), sumado a la expresa oposición formulada por la demandada a la extinción de la acción, corresponde rechazar el pedido de la parte actora en lo relativo a esta última medida (arts. 36, inc. 1, CPCC y 77, inc. 2, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Aceptar la excusación formulada por el doctor Luis Esteban Genoud.
II. Tener por integrado el Tribunal con la señora Jueza doctora Hilda Kogan, los señores Jueces doctores Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria, Victor Horacio Violini, Carlos Angel Natiello, Daniel Alfredo Carral y la señora Jueza doctora María Florencia Budiño.
III. Hacer lugar parcialmente al planteo deducido por los herederos del actor, declarando abstracta la controversia en lo referido a las multas aplicadas al señor José María Diáz Bancalari y tener por circunscripto el objeto de la pretensión remanente a la impugnación relativa a los cargos patrimoniales impuestos por las resoluciones cuya anulación se persigue en el proceso (arts. 36, inc. 1, CPCC y 77, inc. 2, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:52:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 09:37:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2022 13:59:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2022 08:40:57 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 28/10/2022 14:20:41 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2022 14:20:58 hs. bajo el número RR-1142-2022 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia