Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62035
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.035, "Lagoa, Alejandro Daniel (Ministerio de Seguridad). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Genoud.
I. El señor Daniel Alejandro Lagoa, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad - Ex Policía Bonaerense) a efectos de que se anulen las resoluciones del señor Jefe de Policía 91.998 y 93.279 de fecha 29 de diciembre de 1995 y 15 de marzo de 1996, respectivamente; como así también el decreto 2.268 dictado por el señor Gobernador de la Provincia el día 4 de julio de 2000.
A través de la resolución citada en primer término se aplicó al cabo Lagoa, en el sumario disciplinario tramitado en el expediente administrativo 2135-109.507/95, la sanción de cesantía. La resolución 93.279 y el decreto 2.268/00 confirmaron esta decisión al desestimar los recursos interpuestos por el interesado.
Por consecuencia de la anulación pretendida, requiere que se deje sin efecto la sanción impugnada y se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba al momento del cese. Asimismo, solicita que se le abonen los salarios caídos desde que se ordenó su disponibilidad preventiva más una indemnización en concepto de daño material y moral.
Formula reserva de caso federal, ofrece prueba y solicita que se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos.
II. A fs. 62 se declara innecesario expedirse con relación al pedido de beneficio de litigar sin gastos, en atención a que la ley 12.200 lo acordó con todos sus alcances de pleno derecho para las cuestiones de empleo público.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado. Contesta la demanda y solicita su rechazo sosteniendo la legitimidad de los actos impugnados. Ofrece prueba y plantea su desinterés, en los términos del art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, en la prueba pericial ofrecida por la demandante. Formula reserva de caso federal.
IV. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas (v. fs. 74), glosado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 112/332) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 337/340 -actora- y 341/342 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S
1ª) ¿Es procedente la oposición formal a la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En oportunidad de contestar la demanda, la Fiscalía de Estado plantea su improcedencia formal por entender que a la fecha en que se interpuso la acción ya se encontraba vencido el plazo de caducidad contemplado en el art. 13 del Código de Procedimiento Administrativo.
Manifiesta que, pese a que el actor aduce que el decreto 2.268/00 le fue notificado el día 29 de agosto de 2000, del acta policial agregada a fs. 124 del expediente administrativo surge que lo fue el día 13 de agosto de 2000. De ahí que sostiene que el plazo para iniciar la acción caducó el día 25 de septiembre de 2000 y la demanda fue promovida extemporáneamente.
Niega que lo expuesto pueda resultar alterado con la exposición judicial efectuada por el actor el día 2 de octubre de 2000. Afirma que, en tanto no se demuestre lo contrario, los documentos administrativos prueban acerca de sus fechas. De tal modo, dice que no habiendo acreditado el demandante de modo concluyente que la notificación se produjo en una fecha distinta de la que surge en el expediente administrativo, debe tenerse por cierta la que consta en las actuaciones administrativas: 13 de agosto de 2000.
II. Corrido el traslado de la oposición formal planteada por la parte demandada, el actor reconoce que compareció el día 13 de agosto de 2000 a despacho de la Comisaría 15ta. de la Matanza - Villa Luzuriaga para notificarse del decreto 2.268/00. No obstante ello, afirma que el plazo de caducidad de la acción debe computarse desde el día 29 de agosto de 2000, fecha en la que se efectuó la notificación del aludido decreto en su domicilio particular.
A su vez, pone de resalto que su defensor no fue notificado del aludido decreto.
En atención a dichas circunstancias considera que la demanda fue interpuesta en tiempo hábil.
Postula, además, que la acción fue iniciada dentro del plazo previsto en el art. 18 de la ley 12.008 que, según afirma, tiene vigencia para el caso de autos.
Finalmente, alega que la inadmisibilidad formal fue resuelta previamente por el tribunal. Precisa que la resolución de habilitación de la instancia no fue observada ni impugnada por la demandada por lo cual entiende aplicable el principio de preclusión procesal.
En este sentido, es oportuno recordar que el art. 78 inc. 2 de la citada ley prescribe que los plazos más amplios que regula para la realización de actos procesales, serán de aplicación a los procesos anteriores a su vigencia.
En tal marco normativo, la pretensión vinculada a la anulación de un acto administrativo debe ser promovida dentro del plazo perentorio de noventa días contados a partir del día siguiente a la notificación del acto definitivo (arts. 18 primer párr. e inc. "a" y 78 apdo. 2, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
III.2. Por lo tanto, en atención a que el día 13 de agosto de 2000 el señor Lagoa se notificó personalmente del decreto 2.268/00 (v. fs. 124) y presentó la demanda el día 10 de octubre de 2000 (v. fs. 61 vta.), cabe concluir que la demanda fue interpuesta dentro del plazo legalmente establecido.
III.3. Así, de conformidad con lo dispuesto por las normas antes indicadas y, de acuerdo a las constancias de autos, corresponde desestimar la oposición formal planteada por la demandada.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -modif. por ley 13.001- y 17, ley 2.961).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que ingresó a la Policía Bonaerense el día 1 de noviembre de 1988 y al momento de los hechos que originan la demanda se desempeñaba como cabo en el Agrupamiento Comando y prestaba servicios en la Comisaría de Munro.
Apunta que con anterioridad a la resolución del sumario administrativo disciplinario en el que se le aplicó la sanción de cesantía, se declaró su cese por prescindibilidad a través de las resoluciones del entonces Ministro de Justicia y Seguridad 141/97 y 1.259/98. Señala que impugnó judicialmente estos actos en la causa B. 59.733, "Lagoa, Alejandro Daniel contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa" de trámite ante este Tribunal.
En punto a los hechos que originaron la sanción narra que el día 11 de agosto de 1995 se le notificó la aplicación de dos días de arresto por no observar puntualidad a la presentación al servicio o al llamado del superior. Agrega que posteriormente el comisario elevó dicha sanción a diez días. Manifiesta que el 14 de agosto de 1995 se le comunicó que a partir de ese momento comenzaba a cumplir dicha medida disciplinaria, sin perjuicio del servicio y en la Infantería de Tigre, por haber transgredido el art. 52 inc. 9 del decreto ley 9.550/80.
Dice que al finalizar su horario de trabajo se puso a disposición de su superior. Aduce que la autoridad administrativa debió trasladarlo a la Infantería de Tigre a fin de iniciar el cumplimiento de la sanción. De ahí que afirma que la pena no comenzó a cumplirse por responsabilidad ajena a él. Se agravia de que pese a ello se le imputó "quebrantamiento del arresto".
Impugna las resoluciones del señor Jefe de Policía 91.998 y 93.279 y el decreto 2.268/00 por presentar vicios en sus elementos causa, motivación, objeto y finalidad, e incurrir en irrazonabilidad y arbitrariedad, razones todas estas por las que entiende que los actos son ilegítimos. Reclama su anulación.
Se agravia de que los actos en crisis no explican adecuadamente la aplicación de la sanción por quebrantamiento de arresto, pese a que este -según dice- no se había iniciado. Subraya que debía cumplirla en la Infantería de Tigre. Plantea el error en la causa.
Afirma que la Administración ha incurrido en violación de las facultades regladas, en particular, de lo dispuesto en el art. 183 del decreto 1.675/80. Admite que el objeto de los actos sería acorde a las facultades previstas por el decreto ley 9.550/80, sin perjuicio de lo cual asevera que la autoridad disciplinaria no respetó el procedimiento previsto en dicha reglamentación al imponer un arresto de cumplimiento efectivo en una dependencia policial y considerar que se comenzó a cumplir en otra.
De otro lado, plantea que la autoridad administrativa incurrió en exceso de punición al aplicarle la sanción de cesantía por un supuesto quebrantamiento de arresto de diez días que, originariamente, era de dos días. Por ello concluye que la sanción deviene arbitraria y desproporcionada.
Asimismo, sostiene que las resoluciones cuestionadas incurren en desviación de poder ya que no cumplen con la finalidad del decreto ley 9.550/80 que es optimizar la función policial en pos de brindar mayor seguridad cotidiana a la comunidad. Agrega que dentro de la reglamentación la potestad disciplinaria tiene por fin evitar y reprimir las irregularidades que puedan darse en su seno.
Cuestiona los aludidos actos por considerar que no han ponderado debidamente el derecho de defensa y el derecho a la estabilidad en el empleo público.
Señala que tampoco han respetado la legislación vigente en la materia, pues entiende que tales resoluciones administrativas alteraron lo dispuesto en el decreto ley 9.550/80, en particular, lo referido al procedimiento disciplinario.
Con relación a la pretensión indemnizatoria, pretende que se fije, en concepto de daño moral, la suma de quince mil pesos o lo que en más o en menos pueda surgir de la prueba a producirse en autos, o lo que en más o en menos este Tribunal estime corresponder. Considera, además, que los "...salarios caídos constituyen un daño material, susceptible de apreciación pecuniaria los cuales deben ser abonados en caso de declararse ilegítima la cesantía" que por esta acción cuestiona. Conforme el precedente "Guardiola" de este Tribunal reclama que se fije una indemnización en el treinta por ciento de los salarios dejados de percibir por todo el tiempo que estuvo privado del cien por ciento de sus haberes desde la prescindibilidad dispuesta en el sumario disciplinario en cuestión.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado detalla los hechos que configuran el caso de autos.
Pone de resalto que para la aplicación de la sanción de cesantía la autoridad disciplinaria consideró "...también el mal concepto que se tenía con relación al demandante". Detalla sus antecedentes disciplinarios.
Niega que la Administración haya incurrido en arbitrariedad y asevera que los actos cuestionados por el actor fueron dictados de conformidad con la legislación vigente en la materia.
Pone de resalto, además, que el imputado no ofreció siquiera una sola prueba en contrario durante la sustanciación del sumario administrativo.
En otro orden apunta que, pendiente el procedimiento disciplinario, el actor fue declarado prescindible en los términos de la ley 11.880, decisión cuya impugnación judicial dio origen a la causa B. 59.733, caratulada "Lagoa, Alejandro Daniel contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa" de trámite por ante este Tribunal. Aduce que aun cuando se anularan los actos administrativos que se cuestionan en autos, la prescindibilidad se mantendría, por lo que eventualmente, el agente sólo tendría derecho al cobro de la indemnización contemplada en el art. 6 de la ley 11.880.
Por último, niega que el actor tenga derecho al cobro de los salarios caídos reclamados.
Respecto al daño moral dice que el pago de la indemnización contemplada en la ley 11.880 comprende este concepto. Subsidiariamente y de conformidad con los precedentes del Tribunal, postula que el monto de esta indemnización no debería superar los seis mil pesos ($6.000).
III. De la prueba producida en autos surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
Expediente administrativo 2135-109.507/95 s/ eleva sumario administrativo -agregado sin acumular-.
III.1. Acta policial labrada el día 14 de agosto de 1995 a las 23:00 hs. (v. fs. 2 y su comunicación al comisario a fs. 1).
III.2. Declaración testimonial del ayudante de guardia que se encontraba en la Comisaría 3ra. de Vicente López - Munro el día 14 de agosto de 1995 (v. fs. 4).
III.3. A fs. 5 obra agregada declaración testimonial prestada por el encargado del servicio externo el día 15 de agosto de 1995
III.4. El titular de la Comisaría 3ra. de Vicente López (Munro) decide, con fecha 15 de agosto de 1995, ordenar la instrucción de sumario administrativo por infracción del art. 58 incs. 5, 6 y 7 del decreto ley 9.550/80 del que resulta imputado el cabo Daniel Alejandro Lagoa, legajo 131.620 (v. fs. 6).
III.5. A fs. 8/9 obra agregado el informe Circular DJ 62.
III.6. Copia certificada del libro de guardia en el que consta que a las 18:30 hs. "Se me hace saber que el cabo Lagoa comienza a cumplir a partir de la fecha de la notificación [...] el arresto". Seguidamente, consta "Franco. 19.55. Al cabo leg. 131.620 Lagoa". Luego indica "Presente. 10.10. Cabo leg. 131.620 Lagoa Daniel...". Por último, consta "...10.24- Se deja constancia que el cabo leg. 131.620 Lagoa Daniel que hallábase cumpliendo 10 días de arresto en esta dependencia se retiró en la víspera a las 19.55 horas regresando en la fecha [...] sin justificar causales de su ausencia habiendo superado ampliamente las dos (2) horas que la reglamentación le otorga..." (fs. 11/15).
III.7. A fs. 16 consta la comunicación efectuada al titular de la Comisaría 3ra. de Vicente López que da cuenta de que el cabo Lagoa, el día 10 de agosto de 1995, no se presentó en horario a relevar a un compañero en un servicio de custodia realizado en el Hospital Municipal de Vicente López. Ante ello, en el marco del art. 52 inc. 9 del decreto ley 9.550/80 y considerando como agravante que el cabo Lagoa ha demostrado una gran irresponsabilidad en la custodia de una detenida penal, y que su irresponsabilidad perjudicó el normal desenvolvimiento de los servicios y tareas de esa dependencia, como así también que el cabo Lagoa era reincidente en su accionar, el oficial ayudante Larretape procedió a aplicarle un correctivo disciplinario consistente en dos (2) días de arresto, sin perjuicio al servicio y solicitó que se eleve el quantum de la sanción a lo que la autoridad estimara conveniente.
III.8. En atención a la falta comunicada, el comisario, con fecha 10 de agosto de 1995, decidió aplicar al cabo Lagoa diez (10) días de arresto, sin perjuicio del servicio y de cumplimiento en el asiento del Cuerpo de Infantería de Tigre (v. fs. 16 vta.).
III.9. El día 14 de agosto de 1995 se notificó al interesado que, al no haber presentado escrito de reconsideración en tiempo y forma, se tenía por decaído su derecho a recurrir la sanción, comenzando su cumplimiento a partir de ese acto (v. fs. 18).
III.10. A fs. 20/22 prestan declaración testimonial dos dependientes de la Policía que se encontraban en la Comisaría 3ra. de Vicente López-Munro, durante el tiempo que ocurrieron los hechos investigados en el sumario en cuestión.
III.11. Con fecha 17 de agosto de 1995 se ordenó la disponibilidad preventiva del cabo Lagoa por infracción del art. 58 incs. 5, 6 y 7 del decreto ley 9.550/80 (v. fs. 23 y 24).
III.12. Citado a prestar declaración indagatoria, el cabo Lagoa compareció ante la instrucción y se negó a declarar (v. fs. 25).
III.13. Se designó defensor y se ordenó su notificación (v. fs. 32 y vta. y 35).
III.14. Presentó defensa (v. fs. 36/37).
III.15. A fs. 41/44, el titular de la Comisaría 3ra. de Vicente López-Munro elevó a consideración del señor Jefe de Policía el sumario administrativo en el que produjo el informe final. Este concluyó señalando que se encontraba probado que el cabo Lagoa había transgredido con su conducta lo normado en el art. 58 incs. 5, 6 y 7 del decreto ley 9.550/80 y aconsejó aplicar la sanción de cesantía.
III.16. Antecedentes del cabo Lagoa (v. fs. 57).
III.17. Mediante la resolución 91.998 de fecha 29 de diciembre de 1995, el señor Jefe de Policía resolvió dar de baja por cesantía al cabo Daniel Alejandro Lagoa por haberse acreditado en autos que quebrantó una sanción de arresto impuesta por su superior, y mantener la disponibilidad preventiva oportunamente decretada. Asimismo, respecto a los haberes retenidos al causante por dicho motivo declaró que será de aplicación lo normado en el art. 87 del decreto ley 9.550/80 (v. fs. 69/70 y su notificación a fs. 73 -cabo Lagoa- y fs. 77 -defensor-).
III.18. A través de la resolución 93.279, el señor Jefe de Policía decidió no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el cabo Lagoa contra la resolución 91.998 (v. fs. 78, 85, 87, 91 y 98).
III.19. Decreto 2.268 de fecha 4 de julio de 2000 por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por el cabo Alejandro Daniel Lagoa contra la resolución 93.279 (v. fs. 119).
III.20. Notificación personal del decreto 2.268/00 efectuada al cabo Lagoa en la sede de la Comisaría 15ta. de La Matanza-Villa Luzuriaga el día 13 de agosto de 2000 (v. fs. 124).
III.21. Notificación personal del decreto 2.268/00 efectuada al defensor del cabo Lagoa el día 1 de diciembre de 2000 (v. fs. 124).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si la sanción de cesantía impuesta al actor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 58 inc. 5 del decreto ley 9.550/80, se ajusta a derecho.
IV.1. Preliminarmente es preciso señalar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos que importen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no solo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70 y ord. gral. 267/80; cfr. mi voto, causas B. 58.328, "Millar", sent. de 21-V-2003; B. 59.078, "González",
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