Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65042
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.042, "Siarrusta, María Cecilia c/ Municipalidad de Luján. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
I. La señora María Cecilia Siarrusta, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Luján a fin de obtener la nulidad y revocación de la resolución de la Secretaría de Economía 12/01 y del decreto municipal 615/02.
A través de la aludida resolución la autoridad municipal mantuvo la habilitación precaria otorgada a la actora para explotar, bajo los rubros "Restaurante, Pizzería y Bar", el local comercial ubicado en la calle San Martín n° 684 de Luján. Y denegó la habilitación del mismo inmueble como "Salón de Fiestas, Espectáculos Públicos, Disco". Por el decreto impugnado, el Intendente desestimó el recurso jerárquico interpuesto por la interesada contra su antecedente.
Formula reserva de reclamar los daños y perjuicios que, según afirma, la morosidad de la Administración comunal en el otorgamiento de la habilitación, le ha causado.
Solicita que, con carácter precautorio, se ordene la suspensión del acto cuestionado. Asimismo, realiza reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2002, esta Suprema Corte denegó la medida cautelar solicitada por entender que en el caso no concurrían los extremos que tornarían procedente su dictado (v. fs. 90).
III. A fs. 106/107 la actora denuncia que la ordenanza 3.923/98 en la que la comuna fundó la denegatoria de la habilitación solicitada, nunca fue publicada y que, como consecuencia de ello, resulta ineficaz conforme lo establecido por los arts. 110 y 112 de la ordenanza general 267/80 y 2 del entonces vigente Código Civil (ley 340). Asimismo, sostiene que igualmente es nula por aplicación del art. 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades siendo responsabilidad del municipio y sus funcionarios la indemnización de los daños y/o perjuicios causados por la incorrecta aplicación de dicha ordenanza no publicada y que, además, se pretende aplicar con efecto retroactivo. Amplía la prueba ofrecida.
IV. Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta la Municipalidad de Luján, contesta la demanda, argumenta en favor de la legitimidad de las decisiones impugnadas y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 123/127).
V. Agregadas -sin acumular- las fotocopias de las actuaciones administrativas (v. fs. 112), glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 148/169), declarado por perdido a las partes el derecho de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 172) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La actora relata que el 10 de noviembre de 1998 inició, ante la Municipalidad de Luján, el pedido de habilitación municipal de un negocio bajo los rubros restaurante, pizzería, bar, salón de fiestas y espectáculos públicos, discoteca.
Indica que, previo a ello, la autoridad comunal le había informado la zona apta para la aludida actividad comercial y que, de acuerdo a esta información, el 5 de noviembre de 1998, alquiló el local sito en calle San Martín n° 684 el que, según manifiesta, pertenece al distrito UC1.
Pone de resalto que a fs. 3 del expediente 5662/98 "...el funcionario actuante [...] deja[dejó] constancia a través del dictado de un acto administrativo simple, firme y consentido, que cumple con los requisitos sin ninguna observación".
Asevera que no concurría ningún obstáculo para la habilitación que solicitó. Destaca que de acuerdo al art. 2 inc. 4 del anexo I, ítem 1 de la ordenanza 1.444 (conf. dec. 211/80), en el capítulo 6 "Usos del Suelo" se encontraba autorizado y previsto para la zona en cuestión el "baile" como actividad.
Continúa relatando que, en tal contexto, y con la seguridad de que ningún inconveniente podría surgir comenzó a realizar mejoras y acondicionar el local, lo que insumió -según manifiesta- importantes erogaciones.
Señala que la ordenanza 3.923 fue dictada el 30 de noviembre de 1998, es decir, con posterioridad al pedido de habilitación municipal, por lo que sostiene que no puede afectar los derechos adquiridos a esa fecha. Asevera que al iniciar la tramitación de la habilitación durante la vigencia del art. 2 inc. 4 anexo i ítem 1 de la ordenanza 1.444/80 (dec. 211/80 "Plan Regulador", capítulo 6 "Usos del Suelo") y haber obtenido la respuesta positiva, "ha adquirido un derecho concreto, oponible y consolidado".
Refiere que si la demandada hubiera querido aplicar la ordenanza 3.923/98, con su dictado y promulgación habría sido suficiente para paralizar y rechazar todos los trámites al 30 de noviembre de 1998. Destaca que no lo hizo y que, sin embargo, continuó con la tramitación del expediente hasta el dictado de la resolución del Secretario de Economía 12/01, de fecha 28 de diciembre de 2001, es decir, tres años después.
Estima que, dado el tiempo transcurrido, se puede inferir que la voluntad de la comuna era habilitar el comercio y que, por consiguiente, debe aplicarse la teoría de los actos propios y el principio de preclusión.
En otro orden alega que la norma que ordena la suspensión de instalación de nuevos locales bailables no la alcanza pues, en su caso, el local ya estaba instalado (al respecto, menciona que tenía reclamos efectuados por ruidos y por la puerta de emergencia).
Asimismo, postula la incompetencia del Secretario de Economía para resolver sobre la habilitación comercial. Apunta que la aplicación de la ordenanza 3.923/98 correspondía a la órbita del Secretario de Gobierno quien intervino durante todo el trámite de la habilitación en cuestión.
Con posterioridad se presenta a fs. 106 y refiere haber tomado conocimiento de que la ordenanza 3.923/98 a través de la cual le niegan la habilitación, no ha sido publicada, por lo que plantea su ineficacia.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Luján realiza, primeramente, una negativa pormenorizada de los hechos y circunstancias expuestos en la demanda, y luego detalla las instancias que atravesó el trámite administrativo. Seguidamente manifiesta que la actuación de la comuna se ajusta a derecho, destacando que ha respetado la totalidad de los derechos y garantías constitucionales que asistían a la actora.
Niega que en el caso concurran relaciones jurídicas consumadas o en curso de ejecución que resulten amparadas por el derecho de propiedad.
Concluye que antes de la fecha de sanción de la ordenanza 4.021 no era posible que se habilitara el local "Al Diablo" como disco por no estar cumplidos los requisitos pertinentes y manifiesta que hubo infinidad de quejas por parte del vecindario contra el local.
Refuta que por la sola intervención del Departamento Catastro a fs. 3 y vta. del expediente 4069-5662/98 pueda concluirse que se encuentren reunidos todos los requisitos que permitan habilitar el funcionamiento en el lugar de una confitería bailable y/o disco.
Por último, asevera que la ordenanza 3.923/98 fue publicada en la cartelera que a tal efecto la comuna exhibe en sus dependencias. Destaca que la Ley Orgánica Municipal atribuye al Departamento Ejecutivo la promulgación y publicación de ordenanzas y que, consecuentemente, debe reconocérsele atribuciones para determinar razonablemente el medio a utilizar. Detalla que el art. 125 de la ordenanza general 267 prevé que los reglamentos administrativos tienen vigencia a partir del día siguiente al de su publicación por el medio que determine el Departamento Ejecutivo.
Expresa, además, que no se acreditó la incorporación de derecho alguno al patrimonio de la actora que vedara la aplicación de dicha norma.
Agrega que las ordenanzas 3.998 y 4.021 complementan a la primera y destaca que su publicación y eficacia no han sido objetadas por la actora.
III. De la prueba producida en autos, surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Copia certificada de la ordenanza 1.444 (t.o. dec. 211/80) agregada sin acumular en autos.
III.2. Copia certificada de la ordenanza 3.923 dictada por el Concejo Deliberante de Luján el 23 de noviembre de 1998 -agregada sin acumular-.
III.3. Copia certificada del decreto municipal 852/98 por el cual el Intendente de Luján promulgó la ordenanza 3.923 -agregada sin acumular-.
III.4. Copia certificada de la resolución del Secretario de Economía 12/01 -agregada sin acumular-.
III.5. Copia certificada del decreto 615/02 a través del cual el Intendente de Luján desestimó el recurso jerárquico interpuesto por la interesada contra la antes aludida resolución 12/01 -agregado sin acumular-.
III.6. Copia certificada de la ordenanza 3.998 dictada por el Concejo Deliberante de Luján el 12 de abril de 1999 (v. fs. 118).
III.7. Copia certificada de la ordenanza 4.021 de fecha 24 de mayo de 1999 (v. fs. 120).
III.8. Expediente administrativo 4069-5782/1998 s/solicita plazo de 30 días para la presentación de la documentación.
El 16 de noviembre de 1998 la señora María Cecilia Siarrusta, en el marco del pedido de habilitación municipal del local ubicado en calle San Martín n° 684 de Luján, solicitó que se le concedieran treinta días para la presentación de la documentación técnica de la obra "clandestina en construcción" realizada en el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 49, Parcela 14. Partida 4687 del Partido de Luján (v. fs. 1/3, expte. adm. cit.).
III.9. Expediente administrativo 4069-5662/98 s/solicita habilitación restaurante, pizzería, bar, salón de fiestas, espectáculos públicos y discoteca.
III.9.a. Con fecha 10 de noviembre de 1998 la actora de autos se presentó ante la Municipalidad de Luján y solicitó la habilitación municipal del inmueble ubicado en San Martín n° 684 de la ciudad de Luján para los rubros antes mencionados (v. fs. 1, expte. adm. cit.).
III.9.b. A fs. 3 vta. tomó intervención el Departamento Obras Particulares y dejó constancia de que, según al plan regulador de Luján, correspondía al distrito UC1 y "cumple SI".
III.9.c. Reclamo de vecinos efectuado en julio de 1999 por las molestias ocasionadas por el funcionamiento del local comercial ubicado en calle San Martín n° 684 de Luján (v. fs. 41/42, 76 y 124, expte. adm. cit.) y exposición civil efectuada por un vecino ante las molestias, perturbaciones e inseguridad que sufre en su domicilio por el comportamiento de los concurrentes al mencionado local (v. fs. 43, 44/49 y 63/64, expte. adm. cit.).
III.9.d. Presentación de la señora Siarrusta solicitando se resuelva el pedido de habilitación para todos los rubros originariamente solicitados (v. fs. 65, expte. adm. cit.).
III.9.e. Resolución del Secretario de Gobierno y Planificación de fecha 5 de noviembre de 1999 (v. fs. 71, expte. adm. cit.).
III.9.f. Resolución del Secretario de Gobierno y Planificación de fecha 25 de noviembre de 1999 (v. fs. 112, expte. adm. cit.).
III.9.g. El 1 de diciembre de 1999 la señora Siarrusta se presentó nuevamente ante la Municipalidad y solicitó que se le indicaran los recaudos que debía cumplir a fin de obtener la habilitación en el rubro salón de fiestas y espectáculos públicos. Manifestó que "deja[dejaba] para más adelante el pedido del rubro discoteque" (fs. 116).
IV. Conforme los antecedentes reseñados y las posiciones de las partes antes detalladas, la cuestión a decidir se centra en determinar si la decisión de la autoridad municipal de desestimar, a través de la resolución de la Secretaría de Economía 12/01 y del decreto 615/02, el pedido de habilitación de un local comercial bajo los rubros "espectáculos públicos", "salón de fiestas" y "disco", se ajusta a derecho.
Si bien en el escrito postulatorio se alegan daños y perjuicios que, según se aduce, se sufrieron como consecuencia de la actuación comunal, respecto a ellos la demanda se limita a formular reserva para un eventual reclamo posterior.
IV.1. En orden a las facultades de los gobiernos locales para expedir normas como las impugnadas entiendo oportuno recordar que este Tribunal ha reconocido reiteradamente que los municipios cuentan con potestades de raíz constitucional para dictar normas generales y obligatorias sobre actividades de interés local desarrolladas o a desplegarse en la esfera de su competencia territorial (art. 192 inc. 6, Const. prov.; conf. doctr. causas I. 2.043, "Masil", sent. de 15-III-2000; I. 1.992, "Aguas Argentinas", sent. de 7-III-2005; B. 65.508, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata", sent. de 27-XII-2017 y B. 66.852, "Bartel", sent. de 10-VII-2019).
La Constitución provincial establece que integra el ámbito de competencia de los municipios el dictado de "ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6, Const. prov.). Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58 y sus reformas-, en el art. 25, dispone: "Las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales". Seguidamente, el art. 27 establece que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar: "la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales" (inc. 1). Además, posee atribuciones en orden a "la prevención y eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, en especial, las de origen sonoro y lumínico..." (art. 27 inc. 17).
En este marco, esta Suprema Corte ha expresado que las autoridades comunales tienen legalmente asignada por la Ley Orgánica de las Municipalidades la potestad de reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y su zonificación (arts. 27 inc. 1 y 28 inc. 7); lo que conlleva reconocer que las comunas cuentan con la potestad jurídica de limitar el ejercicio de determinados derechos individuales con el fin de asegurar el bienestar general (doctr. causas I. 1.129, "Martin Oliveira", sent. de 10-IV-1984; I. 1.248, "Sancho", sent. de 15-V-1990; B. 50.333, "Nida", sent. de 2-III-1999; B. 59.197, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata", sent. de 27-IX-2017; B. 63.444 y B. 66.852, cit.).
Sabido es que la habilitación o autorización constituye un acto administrativo mediante el cual se reconoce a un interesado el cumplimiento de las condiciones impuestas por la reglamentación en razón del interés o la necesidad colectiva, facilitando el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad lícita. Con una decisión favorable el interesado queda facultado para desplegar esa actividad, implicando el acto de autorización la remoción de un obstáculo legal para el ejercicio de aquella (conf. doctr. causas B. 50.891, "Domini", sent. de 27-XII-1997, publicada en Acuerdos y Sentencias, 1996-V-802; B. 59.255, "Ramudo", sent. de 12-X-2005 y B. 59.316, "De Grazia", sent. de 21-V-2008).
La habilitación comercial en el ámbito de la función administrativa importa una modalidad de obrar de contenido prohibitivo, reglamentaria, reguladora por razones de bien común, que puede afectar la esfera de interés de un ciudadano especial (conf. doctr. causa B. 62.471, "Oreópulos", sent. de 20-XII-2017). Esta afectación específica e individual no determina por sí la ilegitimidad de la decisión administrativa (conf. doctr. causa B. 66.852, cit.).
IV.2. El control judicial de tal actuación debe sujetarse a una revisión de la legitimidad del procedimiento desplegado en la instancia municipal. Debe ponderarse la conformidad de dicha actividad con el ordenamiento jurídico, atendiendo también a la situación de hecho para verificar el ajuste de la decisión con sus antecedentes causales (conf. doctr. causa B. 50.891, cit.).
La pauta fundamental de un efectivo control consiste en verificar el cumplimiento de los deberes establecidos bajo una subordinación al principio de legalidad tanto del obrar del particular como de la Administración.
No escapan al control jurisdiccional las decisiones que la Administración dicte en ejercicio de las facultades discrecionales que se le atribuyen a efectos de evaluar el cumplimiento de las condiciones que la reglamentación establece.
Este Tribunal ha expresado reiteradamente que la actuación discrecional de la Administración no implica que los órganos estatales tengan un ámbito de actuación desligado del plexo normativo o que ello no resulte controlable. La Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas, no obstante que estas eventualmente tengan su origen en potestades discrecionales. Y el escrutinio judicial de tal actividad no importa la sustitución del criterio de la Administración por el del propio juez, sino que conlleva la constatación de que aquella se ajustó a los límites impuestos por el ordenamiento y cumplió con la finalidad perseguida por el legislador al asignarle una facultad de esa naturaleza. Si la discrecionalidad proviene del propio orden jurídico, concierne al juez controlar que su ejercicio se ciña a los márgenes establecidos por aquel (conf. doctr. causas B. 57.053, "Mema", sent. de 24-XI-2010; B. 63.949, "Busto", sent. de 15-VII-2015; B. 66.616, "Cabrera", sent. de 4-XI-2015; e.o.).
IV.3. De las constancias agregadas en autos -puntualizadas en el apartado III- surge que el 10 de noviembre de 1998, fecha en que la señora Siarrusta solicitó ante la autoridad comunal la habilitación del local comercial ubicado en calle San Martín n° 684 de Luján, el plan regulador vigente era el aprobado a través de la ordenanza 1.444 -agregada sin acumular en autos-. En esta reglamentación se contemplaba el uso "espectáculos públicos y bailes" para la zona UC1 a la que pertenecía el inmueble en cuestión (v. anexo I).
Destaco que el 16 de noviembre de 1998, seis días después de solicitar la habilitación, la interesada se presentó y pidió que se le concediera el plazo de treinta días para la presentación de la documentación técnica de la obra ubicada en calle San Martín n° 684 en el que existía, en aquel momento, una obra clandestina en construcción.
El 23 de noviembre de 1998 el Concejo Deliberante de Luján dictó la ordenanza 3.923 -promulgada el 30 de noviembre de 1998 por decreto 852/98- que suspendió, en el ámbito del Partido de Luján, la instalación de nuevos establecimientos de los denominados "confiterías bailables", los que quedarían limitados a los existentes a la fecha hasta tanto se legislara sobre el particular. En su art. 2 precisó que la suspensión se extendía "a la ampliación, remodelación, transferencia y traslado de los existentes, cualquiera fuera su causa". Y exceptuó de ello solo a "las obras que tiendan a limitar las molestias ocasionadas al vecindario y las que tiendan a optimizar la seguridad de los concurrentes".
Esta prohibición fue prorrogada por ciento ochenta días por la ordenanza 3.998/99 dictada el 12 de abril de 1999. Y finalmente, la ordenanza 4.021 de fecha 24 de mayo de 1999 prohibió la instalación, ampliación, remodelación, transferencia y traslado de los existentes en los distritos UC1 y UR (todos) de la ciudad de Luján. Vigente esta última ordenanza, el Secretario de Gobierno y Planificación, mediante resolución de fecha 5 de noviembre de 1999, prohibió, con carácter precautorio y sin perjuicio de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.